Toluca, México, 31 de julio de 2019 COMUNICADO DE PRENSA No. 0971

ANALIZAN LEGISLADORES INICIATIVAS PARA FORTALECER EL COMBATE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y AL MALTRATO INFANTIL

Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Administración y Procuración de Justicia de la 60 Legislatura continuaron con el análisis de diversas propuestas de reforma en materia de violencia de género, maltrato infantil y registro de los antecedentes penales, presentadas en su momento por los diputados Mariana Uribe Bernal, de morena; Edgar Armando Olvera Higuera e Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del PAN, y Emiliano Aguirre Cruz, también de morena, respectivamente.

En el primer caso, el planteamiento de la legisladora Uribe es para agregar, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, el término ‘persona ofendida’ para los familiares y dependientes económicos de las víctimas de feminicidio y la modalidad de ‘violencia contra la libertad reproductiva’.

Convocada por las Comisiones Unidas para ofrecer su opinión técnica, la comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, María Isabel Sánchez Holguín, sugirió que se considere la categoría de ‘víctima indirecta’ y no de ‘persona ofendida’, ya que es más amplia y garantista, y apuntó que es indispensable que la ley la incluya para garantizar su atención integral.

También invitada para enriquecer el análisis de la propuesta, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, fiscal central de Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, celebró el trabajo legislativo para reforzar el cuerpo legal de protección a las mujeres y señaló que es fundamental la inclusión en la ley de la modalidad de violencia contra la libertad reproductiva, pues sucede en un entorno más allá de los servicio de salud, que es al que se refiere el concepto de violencia obstétrica.

En el análisis de la propuesta participaron los diputados Lorena Marín Moreno (PRI); Valentín González Bautista, Beatriz García Villegas y Margarito González Morales (morena); Sergio García Sosa (PT), y Carlos Loman, quienes en general coincidieron en que es necesario que la justicia llegue no solo a la víctima directa de la violencia de género, sino también a quienes se encuentran en su ámbito cercano.

Las valoraciones al respecto serán consideradas para el dictamen de la iniciativa que se presentará en una próxima reunión.

MALTRATO INFANTIL, DELITO GRAVE

Otra iniciativa analizada por las comisiones fue la presentada por los diputados panistas Edgar Armando Olvera Higuera e Ingrid Krasopani Schemelensky Castro para que en el Código Penal del Estado de México se incluya el maltrato infantil como delito grave y se precise su definición y las sanciones para quien lo cometa.

Esto, para armonizar este ordenamiento con los principios internacionales, la Constitución y las leyes federales y estatales, a fin de salvaguardar el interés superior de los menores.

Al respecto, los diputados Juan Maccise (PRI) y Luis Antonio Guadarrama (PT), junto con los demás integrantes de las comisiones, estimaron viable la propuesta y pidieron que se llame a especialistas de instituciones como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Fiscalía del estado y el Poder Judicial para enriquecer con sus opiniones la iniciativa que habrá de dictaminarse.

ELIMINAR REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES EN CASO DE INOCENCIA O ANULACIÓN DE SENTENCIA

Las Comisiones Unidas analizaron también la iniciativa del diputado morenista Emiliano Aguirre Cruz de adicionar un párrafo al artículo 35 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de México para eliminar de la base de datos de la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de México los antecedentes penales de manera inmediata de las personas sentenciadas que obtengan el reconocimiento de inocencia o anulación de sentencia, para que el ciudadano pueda continuar de manera inmediata su reinserción a la sociedad.

Los comentarios de los integrantes de las comisiones al respecto giraron en torno de la necesidad de garantizar el derecho de las personas procesadas a la reinserción social y de eliminar todo tipo de discriminación o estigmatización que les impida ejercer este y otros derechos y libertades.

En este sentido se pronunciaron las diputadas Karla Fiesco García (PAN), Lorena Marín, Beatriz García Villegas, Luis Antonio Guadarrama, Juan Pablo Villagómez y Margarito González.

También se propuso analizar la conveniencia de que se elimine el registro de quienes cometieron delitos no graves y la presentación de la carta de antecedentes no penales siga siendo un requisito de contratación, salvo en los casos de quienes aspiren a un cargo público o en algún cuerpo policiaco.

Esta iniciativa continuará en estudio, para lo cual las comisiones unidas invitarán a expertos e instituciones y dependencias involucradas.