CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

LIBRO PRIMERO
Parte general

TÍTULO PRIMERO
Del objeto

Artículo 1.1.- Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general, y tienen por objeto regular las materias que se señalan a continuación, a fin de promover el desarrollo social y económico en el Estado de México:

I. Salud;

II. Educación, ejercicio profesional, investigación científica y tecnológica, cultura, deporte, juventud y mérito civil;

III. Conservación ecológica y protección al ambiente;

IV. Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población;

V. Protección Civil;

VI. Infraestructura vial y transporte;

VII. Tránsito y estacionamientos;

VIII. Fomento y desarrollo agropecuario, acuícola y forestal;

IX. Fomento económico;

X. Protección e integración al desarrollo de las personas con capacidades diferentes.

Artículo 1.2.- Los actos y procedimientos que dicten o ejecuten las autoridades en las materias reguladas por este Código, así como los procesos administrativos que se susciten por la aplicación del mismo, se emitirán, tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones de este Código y el de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Tratándose de la planeación de las materias que regula este Código, se estará a lo dispuesto en la ley especial.

Artículo 1.3.- La ignorancia de las disposiciones de este Código no excusa de su cumplimiento, pero la autoridad administrativa, teniendo en cuenta la falta de instrucción educativa de algunos individuos, su pobreza extrema, su apartamiento de las vías de comunicación o su condición indígena, podrá eximirlos de las sanciones en que hubieren incurrido por la falta de cumplimiento de las disposiciones que ignoraban o, de ser posible, concederles un plazo para que las cumplan, siempre que no se trate de disposiciones que afecten directamente al interés público.

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

TÍTULO SEGUNDO
De las autoridades estatales y municipales

Artículo 1.4.- La aplicación de este Código corresponde al Gobernador del Estado y a los ayuntamientos de los municipios de la entidad, en sus respectivas competencias, quienes actuarán directamente o a través de sus dependencias y organismos auxiliares, en los términos de este ordenamiento, las leyes orgánicas de la Administración Pública del Estado de México y Municipal del Estado de México y los reglamentos correspondientes.

Los titulares de las dependencias, unidades administrativas y organismos descentralizados de la administración pública estatal y municipal, mediante acuerdo publicado en la Gaceta del Gobierno, podrán delegar en los servidores públicos que de él dependan cualquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de ley o reglamento deban ser ejercidas por dichos titulares.

Artículo 1.5.- Son atribuciones de las autoridades estatales y municipales a que se refiere este Código, en las materias que les corresponde aplicar:

I. Interpretar para efectos administrativos las disposiciones de este Código;

II. Formular programas y ajustar su actuación al plan estatal de desarrollo, a los programas estatales y, en su caso, a los planes y programas municipales aplicables;

III. Impulsar y aplicar programas de mejora regulatoria;

IV. Expedir normas técnicas en los casos previstos en este Código y realizar, directamente o a través de terceros autorizados, la evaluación de conformidad. La expedición de una norma técnica estará reservada a las dependencias de la administración pública estatal;

V. Autorizar a terceros para auxiliar en el cumplimiento de sus atribuciones;

VI. Celebrar convenios y acuerdos de coordinación;

VII. Promover la participación de la sociedad y celebrar convenios de concertación con los sectores social y privado;

VIII. Garantizar el derecho a la información;

IX. Desahogar los procedimientos de acción popular que se inicien ante las mismas;

X. Vigilar la aplicación de las disposiciones de este Código y de las que se deriven del mismo, realizar visitas de verificación, ordenar y ejecutar medidas de seguridad y aplicar sanciones. En todo caso, se buscará orientar y educar a los infractores;

XI. Coadyuvar entre sí en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Código y, cuando encontraren irregularidades que a su juicio constituyan violaciones a dichas disposiciones, lo harán del conocimiento de la autoridad competente;

XII. Las demás que establezcan este Código y otras disposiciones aplicables.

Artículo 1.6.- Al ejercer las atribuciones previstas en este Código, las autoridades estatales y municipales deberán aplicar los principios de legalidad, igualdad, imparcialidad, buena fe, veracidad, honradez, respeto, audiencia, publicidad, economía, información, transparencia, jerarquía, desconcentración, descentralización, desregulación, previsión, coordinación, cooperación, eficacia y eficiencia, y abstenerse de comportamientos que impliquen vías de hecho contrarias a las finalidades de las materias reguladas en este ordenamiento.

TÍTULO TERCERO
Del acto administrativo

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 1.7.- Las disposiciones de este Título son aplicables a los actos administrativos que dicten las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, los municipios y los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal con funciones de autoridad, incluso en materias diversas a las listadas en el artículo 1.1.

Para efectos de este Título, se entiende por acto administrativo, toda declaración unilateral de voluntad, externa, concreta y de carácter individual, emanada de las autoridades a que se refiere el párrafo anterior, que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica concreta.

Artículo 1.8.- Para tener validez, el acto administrativo deberá satisfacer lo siguiente:

I. Ser expedido por autoridad competente y, en caso de que se trate de órgano colegiado, se deberá cumplir con las formalidades previstas al efecto en el ordenamiento que lo faculta para emitirlo;

II. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o fin del acto;

III. Ser expedido sin que existan dolo ni violencia en su emisión;

IV. Que su objeto sea posible de hecho, determinado o determinable y esté previsto en el ordenamiento que resulte aplicable;

V. Cumplir con la finalidad de interés público señalada en el ordenamiento que resulte aplicable, sin que puedan perseguirse otros fines distintos;

VI. Constar por escrito, indicar la autoridad de la que emane y contener la firma autógrafa del servidor público, salvo en aquellos casos que el ordenamiento aplicable autorice una forma distinta de emisión;

VII. Tratándose de un acto administrativo de molestia, estar fundado y motivado, señalando con precisión el o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias generales o especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo constar en el propio acto administrativo la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso concreto;

VIII. Expedirse de conformidad con los principios, normas e instituciones jurídicas que establezcan las disposiciones aplicables;

IX. Guardar congruencia en su contenido y, en su caso, con lo solicitado;

X. Señalar el lugar y la fecha de su emisión, así como los datos relativos a la identificación precisa del expediente, documentos, nombre y domicilio de las personas de que se trate;

XI. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse, se hará mención expresa de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo;

XII. Tratándose de resoluciones desfavorables a los derechos e intereses legítimos de los particulares, deberá hacerse mención del derecho y plazo que tienen para promover el recurso administrativo de inconformidad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo;

XIII. Resolver expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos en las disposiciones aplicables.

Artículo 1.9.- El acto administrativo deberá ser preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, de modo que se especifiquen el ámbito territorial de su aplicación y validez, así como el periodo de su duración. Si no se consignan expresamente estas circunstancias, se entenderá que el acto tiene aplicación y validez en todo el territorio del Estado o del municipio de que se trate, según sea emitido por una autoridad estatal o municipal, y que su duración es indefinida.

CAPITULO SEGUNDO
De la validez y eficacia de los actos administrativos

Artículo 1.10.- Todo acto administrativo se presumirá válido mientras no haya sido declarada su invalidez, y será eficaz y exigible desde el momento en que la notificación del mismo surta sus efectos, salvo cuando el acto tenga señalada una fecha de vigencia, en cuyo supuesto se estará a la fecha de inicio de dicha vigencia, siempre y cuando haya surtido efectos la notificación respectiva, o cuando haya operado la afirmativa o negativa ficta. Tratándose de actos administrativos por los que se otorguen beneficios a los particulares, éstos podrán exigir su cumplimiento desde la fecha en que se haya emitido el acto o desde aquélla que tenga señalada para iniciar su vigencia.

Se considera que ha operado la afirmativa ficta cuando la autoridad competente haya expedido la certificación respectiva, o no haya dado respuesta a la solicitud de certificación en el plazo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, o cuando así lo haya declarado el Tribunal Contencioso Administrativo. Tratándose de la negativa ficta, ésta operará cuando el interesado la haga valer al promover el medio de impugnación correspondiente.


CAPITULO TERCERO
De la invalidez de los actos administrativos

Artículo 1.11.- Serán causas de invalidez de los actos administrativos:

I. No cumplir con lo dispuesto en alguna de las fracciones del artículo 1.8;

II. Derivar de un procedimiento con vicios que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de los actos;

III. Incurrir en arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta, desvío de poder o cualquier otra causa similar a éstas.

Artículo 1.12.- En el caso de incumplimiento parcial o total de lo dispuesto en las fracciones I a IX del artículo 1.8, así como en el supuesto de la fracción III del artículo 1.11, el acto administrativo que se declare inválido no será subsanable, sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevo acto.

La declaración de invalidez retrotraerá sus efectos desde la fecha de emisión del acto, salvo cuando se trate de un acto favorable al particular, en cuyo caso la invalidez producirá efectos a partir de la declaración respectiva.

Artículo 1.13.- En caso de incumplimiento parcial o total de lo dispuesto en las fracciones X a XIII del artículo 1.8, la resolución que declare la invalidez del acto, ordenará que se subsane éste mediante el pleno cumplimiento de los elementos y requisitos correspondientes.

La convalidación del acto producirá efectos retroactivos y el acto se considerará como si siempre hubiere sido válido, pero el elemento o requisito subsanado surtirá sus efectos sólo a partir de que su corrección haya sido notificada a los interesados.

Artículo 1.14.- En el caso de la fracción II del artículo 1.11, la resolución que declare la invalidez del acto, ordenará la reposición del procedimiento a partir de la etapa en que se incurrió en el vicio correspondiente.

CAPITULO CUARTO
De la extinción de los actos administrativos

Artículo 1.15.- El acto administrativo se extingue por cualquiera de las causas siguientes:

I. El cumplimiento de su objeto, motivo o fin;

II. La falta de realización de la condición suspensiva dentro del plazo señalado para tal efecto;

III. La realización de la condición resolutoria o la llegada del término perentorio;

IV. La renuncia del interesado, cuando los efectos jurídicos del acto administrativo sean de interés exclusivo de éste, y no se cause perjuicio al interés público;

V. La declaración de invalidez;

VI. La revocación;

VII. El rescate;

VIII. La conclusión de su vigencia;

IX. Las demás que se establezcan en las disposiciones aplicables.

Artículo 1.16.- El titular de la dependencia estatal, el ayuntamiento o el director general del organismo descentralizado, de oficio o a petición de parte interesada, podrá dejar sin efectos un requerimiento o una sanción que hubieren quedado firmes, cuando se trate de un error manifiesto o el particular demuestre que ya había dado cumplimiento con anterioridad.

La tramitación de esta declaratoria de extinción de los efectos del acto administrativo no otorga derechos al particular, no constituirá recurso alguno y tampoco suspenderá la ejecución del acto.

TÍTULO CUARTO
De la mejora regulatoria

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 1.17.- Las administraciones públicas estatal y municipales llevarán a cabo un proceso continuo de mejora regulatoria que contribuya al desarrollo social y económico del Estado.

Artículo 1.18.- Para efectos de este Título, se entiende por:

I. Disposiciones de carácter general: las leyes, reglamentos, decretos, normas técnicas, bandos, circulares y demás disposiciones que impongan obligaciones a los particulares, en las materias a las que se refiere el presente Código;

II. Trámite: cualquier solicitud, aviso o informe que se presente ante una unidad administrativa u organismo auxiliar estatal o municipal.

Artículo 1.19.- La autoridad no podrá expedir disposiciones de carácter interno que prevean obligaciones o cargas adicionales a las que señale el presente Código y su reglamentación en relación con las promociones o actividades de los particulares.

Artículo 1.20.- En las administraciones públicas estatal y municipales habrá un grupo interinstitucional de mejora regulatoria que, en el ámbito de su respectiva competencia, promoverá:

I. La transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones;

II. Que las regulaciones generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad.

Artículo 1.21.- El grupo estatal de mejora regulatoria tendrá las atribuciones siguientes:

I. Formular propuestas de mejora a las regulaciones estatales;

II. Aprobar, modificar o rechazar los proyectos de disposiciones de carácter general que elaboren las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal;

III. Operar el Registro Estatal de Trámites;

IV. Brindar asesoría técnica en materia de mejora regulatoria a las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal, así como a los municipios que lo soliciten.

Artículo 1.22.- Los grupos municipales de mejora regulatoria tendrán las atribuciones siguientes:

I. Formular propuestas de mejora a las regulaciones del municipio correspondiente;

II. Dictaminar los proyectos de disposiciones de carácter general que se pretendan expedir en el municipio respectivo;

III. Aprobar, modificar o rechazar la información a inscribirse en el Registro Municipal de Trámites correspondiente.

CAPITULO SEGUNDO
Del manifiesto de impacto regulatorio

Artículo 1.23.- Los proyectos de disposiciones de carácter general que se formulen en el seno de la administración pública estatal o municipal deberán enviarse al grupo interinstitucional de mejora regulatoria que corresponda, junto con un manifiesto de impacto regulatorio.

Artículo 1.24.- El manifesto de impacto regulatorio deberá reflejar que con la expedición, en su caso, del proyecto de disposición de carácter general a que se refiera, se generarán beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. El manifiesto deberá contener, cuando menos, lo siguiente:

I. El propósito del proyecto propuesto;

II. El fundamento jurídico del proyecto propuesto y los antecedentes regulatorios existentes;

III. Las alternativas consideradas y la solución propuesta;

IV. Los costos y beneficios esperados;

V. La identificación y descripción de trámites que el proyecto pretende eliminar, crear o mantener.

CAPITULO TERCERO
De los registros estatal y municipales de trámites

Artículo 1.25.- En el Registro Estatal de Trámites, que será público, se inscribirá la siguiente información en relación con los trámites que aplican las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal:

I. Nombre y objeto del trámite;

II. Fundamentación jurídica;

III. Supuesto en que es aplicable el trámite;

IV. Forma en que debe presentarse el trámite y en su caso, el formato publicado en la Gaceta del Gobierno;

V. Datos y documentos específicos que debe contener o se deben adjuntar al trámite. En el caso de los trámites regulados en este Código, sólo se inscribirán los datos y documentos previstos en el mismo, su reglamentación y el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México;

VI. Plazo que tiene la unidad administrativa u organismo auxiliar para resolver el trámite y si aplica la afirmativa ficta;

VII. Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables en su caso, o la forma de determinar dicho monto;

VIII. Vigencia de las concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, registros, constancias, cédulas y demás resoluciones que se emitan;

IX. Unidades administrativas ante las que se puede presentar el trámite, así como las que deben resolverlo;

X. Horarios de atención al público;

XI. Números de teléfono, fax y correo electrónico, así como el domicilio y demás datos relativos a cualquier otro medio que permita el envío de consultas, documentos y quejas;

XII. La demás información que se prevea en la reglamentación de este Código.

Artículo 1.26.- Los grupos municipales de mejora regulatoria deberán llevar un Registro Municipal de Trámites, con las características previstas en el artículo anterior.

Artículo 1.27.- No se podrán aplicar trámites adicionales a los inscritos en el Registro Estatal o Municipal de Trámites, ni aplicarlos en forma distinta a como se establezcan en el mismo.

Artículo 1.28.- Las unidades administrativas que apliquen trámites deberán tener a disposición del público la información que al respecto esté inscrita en el Registro Estatal o Municipal de Trámites.


TÍTULO QUINTO
Del Sistema de Apertura Rápida de Empresas
y de la atención a la actividad empresarial

Artículo 1.29.- El Sistema de Apertura Rápida de Empresas es el conjunto de disposiciones e instrumentos de apoyo empresarial, cuyo objetivo es facilitar la regularización, instalación, apertura, operación y ampliación de empresas en la entidad.

La operación del Sistema estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico, la que servirá de enlace entre las empresas y las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal, federal y municipal, para la asesoría y gestión de trámites de instalación, apertura, operación y ampliación de empresas. Para tal efecto, la Secretaría de Desarrollo Económico se apoyará en la Comisión Estatal de Atención Empresarial.

Artículo 1.30.- La Comisión Estatal de Atención Empresarial es un órgano de coordinación interinstitucional integrado por un presidente, que será el Secretario de Desarrollo Económico, y un vocal por cada dependencia y organismo auxiliar de la administración pública estatal que intervengan en la instalación, apertura, operación y ampliación de empresas en la entidad, y contará con la participación de los municipios respectivos cuando se traten asuntos de su ámbito territorial de competencia. Dicha Comisión tendrá las facultades siguientes:

I. Resolver de manera colegiada los trámites de competencia estatal que soliciten las empresas, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico;

II. Coordinar acciones con las autoridades federales y municipales que intervengan en la valoración, dictamen y autorización de trámites y servicios públicos para la instalación, apertura, operación y ampliación de empresas.

TÍTULO SEXTO
De las normas técnicas

Artículo 1.31.- Las dependencias de la administración pública estatal podrán expedir normas técnicas en los casos previstos en este Código, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las finalidades del mismo.

Las normas técnicas son disposiciones administrativas de carácter general consistentes en regulaciones técnicas, directrices, características y prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, establecimiento, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación.

Artículo 1.32.- Las normas técnicas deberán contener:

I. La denominación de la norma y su clave o código, así como las finalidades de la misma;

II. La identificación del producto, proceso, instalación, establecimiento, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación;

III. Las especificaciones y características que correspondan al producto, proceso, instalación, establecimiento, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, que se establezcan en la norma en razón de su finalidad;

IV. Los métodos de prueba aplicables en relación con la norma y, en su caso, los de muestreo;

V. La mención sobre si es obligatorio contar con una evaluación de conformidad y, en su caso, el procedimiento para realizarla y la periodicidad con que debe hacerse dicha evaluación. Por evaluación de conformidad se entiende la determinación del grado de cumplimiento con una norma técnica;

VI. El grado de concordancia con normas y lineamientos nacionales e internacionales y con las normas mexicanas tomadas como base para su elaboración;

VII. La bibliografía que corresponda a la norma, en su caso;

VIII. La mención de las autoridades que vigilarán el cumplimiento de las normas cuando exista concurrencia de competencias;

IX. Las otras menciones que se consideren convenientes para la debida comprensión y alcance de la norma.

Artículo 1.33.- En la elaboración de las normas técnicas participarán, ejerciendo sus respectivas atribuciones, las dependencias y organismos auxiliares a quienes corresponda el control del producto, proceso, instalación, establecimiento, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación a normalizarse.

Artículo 1.34.- La autoridad que expidió una norma técnica autorizará materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternos a aquellos específicos a cuyo uso obligue, en su caso, la norma, cuando el interesado compruebe con evidencia científica u objetiva que con la alternativa planteada se da cumplimiento a las finalidades de la norma respectiva.

La autorización se publicará en la Gaceta del Gobierno y surtirá efectos en beneficio de todo aquel que la solicite, siempre que compruebe ante la autoridad que expidió la norma, que se encuentra en los mismos supuestos de la autorización otorgada.

Artículo 1.35.- Las dependencias de la administración pública estatal podrán requerir de fabricantes, importadores, prestadores de servicios, consumidores o centros de investigación, los datos necesarios para la elaboración de normas técnicas. También podrán recabar de éstos, para los mismos fines, las muestras estrictamente necesarias, las que serán devueltas una vez efectuado su estudio, salvo que haya sido necesaria su destrucción.

La información y documentación que se alleguen las dependencias para la elaboración de normas técnicas se empleará exclusivamente para tales fines y cuando la confidencialidad de la misma esté protegida por alguna disposición legal, el interesado deberá autorizar su uso, si bien en este caso la información no será divulgada, gozando de la protección establecida en materia de propiedad intelectual.

El incumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo se sancionará con multa de cuarenta a cien veces el salario mínimo diario vigente del área geográfica de que se trate al momento de cometer la infracción.

Artículo 1.36.- A falta de disposición expresa, el incumplimiento de lo dispuesto en una norma técnica se sancionará con multa de cien a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el área geográfica de que se trate al momento de cometer la infracción; y la autoridad competente, en su caso, inmovilizará los bienes hasta en tanto se acondicionen, reprocesen o substituyan, o clausurará los establecimientos. De no ser esto posible, se tomarán las providencias necesarias para que no se usen o presten para el fin a que se destinarían de cumplir dichas especificaciones.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución o se publique en la Gaceta del Gobierno.

Los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores serán responsables de recuperar de inmediato los productos.

Quienes resulten responsables del incumplimiento de la norma tendrán la obligación de reponer los productos o servicios cuya venta o prestación se prohiba, por otros que cumplan las especificaciones correspondientes o, en su caso, reintegrar o bonificar su valor, así como cubrir los gastos para el tratamiento, reciclaje o disposición final.

TÍTULO SEPTIMO
De los terceros autorizados

Artículo 1.37.- Las dependencias y organismos auxiliares estatales y municipales podrán autorizar, en los términos de las disposiciones de carácter general que expidan sobre el particular, a personas físicas y morales, previa acreditación de su capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, para la realización de actividades y actos regulados en este Código que no correspondan a actos de molestia.

TÍTULO OCTAVO
De los convenios y acuerdos

Artículo 1.38.- Los convenios de coordinación en las materias de este Código que celebre el Ejecutivo del Estado con las autoridades federales, otras entidades federativas o municipios, podrán tener por objeto:

I. Asumir funciones a cargo de la Federación o de los municipios. Estos convenios deberán publicarse en la Gaceta del Gobierno;

II. Coordinar las actividades en las materias que regula este Código a fin de cumplir eficientemente las atribuciones de cada autoridad.

Los acuerdos de coordinación que celebren las autoridades estatales entre sí, tendrán por objeto lo previsto en la fracción II anterior.

Los convenios de asunción de funciones y de coordinación que celebren los municipios se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal.

Tratándose de convenios de asunción de funciones, el Ejecutivo y los ayuntamientos deberán informar a la Legislatura, en un plazo de seis meses, sobre los resultados obtenidos.

Artículo 1.39.- Las autoridades estatales y municipales, para el cumplimiento de sus atribuciones, podrán celebrar convenios de concertación con los sectores social y privado, en las materias de este Código.

Artículo 1.40.- Los convenios y acuerdos celebrados por las autoridades estatales deberán sujetarse a las bases siguientes:

I. Definirán con precisión las materias y actividades que constituyan el objeto del convenio o acuerdo;

II. Deberán ser congruentes con el plan estatal de desarrollo y los programas estatales;

III. Describirán en su caso los bienes y recursos que aporten las partes, estableciendo cuál será su destino específico y su forma de administración;

IV. Especificarán su vigencia, así como su forma de terminación y de solución de controversia y, en su caso, de prórroga;

V. Contendrán las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para el correcto cumplimiento y evaluación del convenio o acuerdo.

TÍTULO NOVENO
Del derecho a la información

Artículo 1.41.- Toda persona tiene derecho a que las autoridades, en las materias reguladas en este código le proporcionen información en términos de la ley de la materia.

I. Pueda afectarse la seguridad pública estatal o municipal;

II. Por disposición legal, la información sea confidencial, deba negarse o esté protegida por el secreto industrial y comercial;

III. Pueda afectarse la seguridad personal de un tercero a quien se refiera la información.

En su caso, los gastos que se generen correrán por cuenta del solicitante.

En caso de contar con los datos relativos a la ubicación de la persona a que se refiera la información, la autoridad deberá notificarle la solicitud que haya recibido, dentro de los cinco días hábiles siguientes a dicha recepción, para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga.

TÍTULO DECIMO
De la acción popular

Artículo 1.42.- Toda persona tiene derecho a presentar denuncia ante las autoridades, de hechos, actos u omisiones que constituyan infracciones a las disposiciones del presente Código y su reglamentación.

Para dar curso a la acción popular, basta el señalamiento de los hechos que constituyan la causa de la denuncia. Si las autoridades no dan trámite a las denuncias en un plazo de treinta días naturales se configura en favor del denunciante una resolución negativa ficta.

TÍTULO DECIMO PRIMERO
De los servicios gubernamentales por vía electrónica

Artículo 1.43.- Las dependencias y organismos auxiliares estatales y municipales integrarán las tecnologías de información, en la prestación de los servicios gubernamentales a su cargo, observando las disposiciones que se señalen en el reglamento de este título.

Artículo 1.44.- En la prestación de los servicios gubernamentales por vía electrónica, se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información, en su caso.

Artículo 1.45.- Para aquellos servicios gubernamentales que se otorguen por vía electrónica, en los que exista necesidad de identificar electrónicamente tanto al usuario como a la dependencia u organismo prestador del servicio, se establecerá un sistema de certificación del medio de identificación electrónica, que permita comprobar fehacientemente su utilización.

La Secretaría de Administración tendrá a su cargo el sistema de certificación de los medios de identificación que se utilicen.


TÍTULO DECIMO SEGUNDO
Del Consejo Estatal de Población

Artículo 1.46.- El Consejo Estatal de Población es un organismo público desconcentrado, que tiene por objeto asegurar la aplicación de la política nacional de población, en los programas de desarrollo económico y social que formulen los órganos de la administración pública estatal y municipal y vincular los objetivos de éstos con los de los programas nacional y estatal de población, en el marco de los sistemas nacional y estatal de planeación democrática; cuya política incide en el volumen, dinámica, estructura por edades y sexo y distribución de la población en el territorio del país, a fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes y al logro de la participación justa y equitativa de hombres y mujeres en los beneficios del desarrollo sostenido y sustentable.

Artículo 1.47.- El Consejo Estatal de Población para el cumplimiento de su objeto tendrá las atribuciones siguientes:

I. Establecer los instrumentos y promover las acciones necesarias para asegurar la adecuada aplicación de las políticas de población nacional y estatal, en los programas de desarrollo económico y social que formulen los órganos de la administración pública estatal y municipal;

II. Establecer mecanismos que permitan vincular los programas y acciones de gobierno estatal y municipal, con los objetivos de los programas nacional y estatal de población;

III. Proponer estrategias y acciones en materia de población a los órganos de la administración pública estatal y municipal, proporcionándoles los escenarios sociodemográficos para la elaboración, ejecución y evaluación de sus programas de gobierno;

IV. Aprobar el Programa Estatal de Población;

V. Coordinar sus acciones con el Consejo Nacional de Población, así como con los consejos de las entidades federativas y de los municipios del Estado;

VI. Promover la creación de los consejos municipales de población;

VII. Celebrar convenios de coordinación en materia de población con organismos de los sectores público, social y privado;

VIII. Expedir su reglamento interior;

IX. Llevar el manejo de datos e indicadores de migración en el Estado;

X. Auxiliar en la aplicación de la política nacional de población, en el marco de los instrumentos de coordinación y concertación establecidos por la legislación federal en la materia;

XI. Proporcionar semestralmente a la Legislatura a través de la Comisión correspondiente los insumos demográficos generados por la Secretaría Técnica;

XII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

Artículo 1.48.- La dirección y administración del Consejo Estatal de Población estará a cargo de la Asamblea General y la Secretaría Técnica.

El Consejo Estatal de Población contará con una Asamblea General que se integrará por un presidente que será el Secretario General de Gobierno, un vicepresidente, un Secretario Técnico, con dieciocho vocales que serán los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, el Procurador General de Justicia; los directores generales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral y del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

El presidente y los vocales podrán ser suplidos por su inmediato inferior, en términos de sus respectivos reglamentos interiores.

La Asamblea General, por conducto de su presidente, podrá invitar a participar a los representantes del Poder Legislativo y de los gobiernos federal y municipales, así como de los sectores social y privado, para la coordinación y colaboración de las actividades que realice el Consejo Estatal de Población.

La Asamblea General y la Secretaría Técnica tendrán las atribuciones que se establezcan en el Reglamento respectivo; asimismo, la Asamblea General estará facultada para crear una comisión de gobierno, así como las comisiones y grupos de trabajo necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

El titular de la Secretaría Técnica será designado por el Gobernador del Estado, a propuesta del Presidente de la Asamblea General.

La organización y funcionamiento del Consejo Estatal de Población se regirá por el reglamento interno que expida la Asamblea General.

Artículo 1.49.- El Consejo Estatal de Población para el cumplimiento de su objeto contará con:

I. Los bienes con los que actualmente cuenta;

II. Las aportaciones que los gobiernos federal, estatal y municipales le otorguen;

III. Los derechos que tengan sobre los bienes muebles o inmuebles que se le transfieran;

IV. Las aportaciones, donaciones, legados y otros bienes que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto;

V. Los ingresos que obtenga por la realización de sus actividades, en cumplimiento de su objeto;

VI. Los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que obtenga por la inversión de sus recursos.

Los ingresos del Consejo Estatal de Población, así como los productos e instrumentos financieros autorizados serán destinados y aplicados a la ejecución de los programas aprobados por la Asamblea General.


LIBRO SEGUNDO
De la salud

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

CAPITULO PRIMERO
Del objeto y finalidad

Artículo 2.1.- Este Libro tiene por objeto regular los servicios públicos de salud que presta el Estado, y el ejercicio del control sanitario en materia de salubridad local.

Artículo 2.2.- Las disposiciones de este Libro tienen como finalidad garantizar y proteger el derecho a la salud de la población.

CAPITULO SEGUNDO
De las autoridades

Artículo 2.3.- Son autoridades en materia de salud la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud del Estado de México y los municipios, en su caso.

CAPITULO TERCERO
De la Secretaría de Salud

Artículo 2.4.- La Secretaría de Salud del Estado de México, ejercerá las atribuciones que en materia de salud le correspondan al titular del Ejecutivo Estatal de acuerdo a la Ley General de Salud, el presente Código, sus reglamentos y demás disposiciones legales aplicables.

Asimismo, en materia de salubridad general compete a la Secretaría de Salud, ejercer conforme a lo dispuesto en este Libro, las atribuciones correspondientes en materia de salubridad local.

El ejercicio de las atribuciones anteriores corresponde también al Instituto de Salud. Cuando en la Ley General de Salud haga referencia a atribuciones competencia de la Federación a favor de autoridades sanitarias, las ejercerá el Instituto.

CAPITULO CUARTO
Del Instituto de Salud del Estado de México

Artículo 2.5.- El Instituto de Salud del Estado de México es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y funciones de autoridad, que tiene por objeto la prestación de los servicios de salud y el ejercicio del control sanitario en materia de salubridad local.

Artículo 2.6.- La dirección y administración del Instituto está a cargo de un consejo interno y un director general.

El consejo interno se integra en los términos previstos en la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México y cuenta con nueve vocales que son los representantes de las secretarías de Finanzas y Planeación, del Trabajo y de la Previsión Social, de Educación, Cultura y Bienestar Social, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de Desarrollo Agropecuario, de Administración y de Ecología, así como un representante de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y otro de los trabajadores designado por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

El director general será nombrado por el Gobernador del Estado y deberá ser preferentemente ciudadano mexiquense y con experiencia en materias de salud pública y administración de servicios de salud; mayor de cuarenta años de edad; médico cirujano; de reconocida calidad moral, buena conducta, y honorabilidad manifiesta.

La organización y funcionamiento del Instituto se regirá por el reglamento interno que expida el consejo interno.

Artículo 2.7.- El patrimonio del Instituto se integra con:

I. Los bienes con los que actualmente cuenta;

II. Las aportaciones que los gobiernos federal, estatal y municipales le otorguen;

III. Los derechos que tenga sobre los bienes muebles e inmuebles que le transfieran;

IV. Las aportaciones, donaciones, legados y demás análogas que reciba de los sectores social y privado;

V. Las cuotas de recuperación que reciba por los servicios que preste;

VI. Los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que obtenga de la inversión de los recursos a que se refieren las fracciones anteriores;

VII. Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen conforme a la Ley General de Salud y este Libro;

VIII. En general, todos los bienes, derechos y obligaciones que entrañen utilidad económica o sean susceptibles de estimación pecuniaria y que se obtengan por cualquier título.

Los ingresos del Instituto, así como los productos e instrumentos financieros autorizados serán destinados y aplicados a las actividades señaladas en los programas aprobados por el consejo interno.

CAPITULO QUINTO
Del Consejo de Salud del Estado de México

Artículo 2.8.- El Consejo de Salud del Estado de México es una instancia permanente de coordinación, consulta y apoyo para la planeación, programación y evaluación de los servicios de salud.

Artículo 2.9.- El Consejo se integra por el Secretario de Salud, quien fungirá como presidente, los Secretarios de Educación, Cultura y Bienestar Social, y de Ecología, el Secretario Técnico del Consejo Estatal de Población, los Directores Generales del Instituto de Salud del Estado de México, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, el Director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Director General de Protección Civil, así como con los delegados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto Mexicano del Seguro Social, y un representante de los municipios de la Entidad.

A invitación del Presidente, tres representantes de los sectores social y privado.

El Consejo contará con un secretario técnico nombrado por su presidente, así como con las comisiones y grupos de trabajo necesarios para el cumplimiento de su objeto, y operará en términos de su reglamento interno.

Artículo 2.10.- El Consejo tendrá las funciones siguientes:

I. Contribuir a consolidar el sistema estatal de salud, apoyar a los comités municipales de salud y coordinar éstos con los sistemas nacional y estatal de salud;

II. Coordinar los consejos y comités específicos de salud existentes en el Estado;

III. Promover el proceso de descentralización de los servicios de salud para población abierta, a los municipios;

IV. Proponer lineamientos para la coordinación de acciones de atención en materia de salubridad;

V. Unificar criterios para el correcto cumplimiento de los programas de salud pública;

VI. Llevar el seguimiento de las acciones derivadas del programa de descentralización;

VII. Apoyar la evaluación de los programas estatal y municipales de salud;

VIII. Fomentar la cooperación técnica y logística de los servicios de salud;

IX. Inducir y promover la participación social para coadyuvar en el proceso de descentralización de los servicios de salud;

X. Estudiar y proponer esquemas de financiamiento complementario para la atención de la salud pública;

XI. Promover la investigación en materia de salud en el Estado;

XII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

CAPITULO SEXTO
Del Sistema de Información y del Registro Estatal de Salud

Artículo 2.11.- La Secretaría de Salud organizará y coordinará el sistema estatal de información de salud, con el objeto de obtener, generar y procesar la información de la entidad en materia de salud.

Las dependencias y organismos de la administración pública estatal y municipal, así como las personas físicas y morales relacionadas con las actividades de salubridad general y local, deberán proporcionar a la Secretaría de Salud los informes que para tal efecto les requiera dicha dependencia.

Artículo 2.12.- La Secretaría de Salud establecerá el Registro Estatal de Salud, en el que inscribirá de manera sistematizada la información que obtenga a través del sistema a que se refiere el artículo anterior.

El registro será público, no tendrá efectos constitutivos ni surtirá efectos contra terceros.

TÍTULO SEGUNDO
De los Institutos Especializados en Materia
de Salud del Estado de México

Artículo 2.13.- Los Institutos Especializados de Salud son organismos públicos descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tienen por objeto la investigación, enseñanza y prestación de servicios de alta especialidad.

Serán Institutos Especializados de Salud del Estado de México, cada uno de los siguientes:

I. El Instituto Materno Infantil del Estado de México;

II. El Instituto de Genética Humana;

III. Los demás que el Ejecutivo del Estado considere necesarios.

Los Institutos para el cumplimiento de su objeto, tiene las atribuciones siguientes:

I. Promover y desarrollar investigaciones científicas y tecnológicas en las áreas biomédicas, clínicas, sociomédicas y epidemiológicas;

II. Realizar estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas, experimentales, de desarrollo tecnológico y básicas, en las áreas biomédicas y sociomédicas, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de los afectados, así como promover medidas de salud;

III. Publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice, así como difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre;

IV. Promover y realizar reuniones de intercambio científico, de carácter nacional e internacional, y celebrar convenios de coordinación, intercambio y cooperación con instituciones afines;

V. Formular y ejecutar programas de estudio y cursos de capacitación, enseñanza, especialización y actualización de personal profesional, técnico y auxiliar, en sus áreas de especialización y afines, así como evaluar y reconocer el aprendizaje;

VI. Otorgar constancias, diplomas, reconocimientos y certificados de estudios, grados y títulos, en su caso, de conformidad con las disposiciones aplicables;

VII. Prestar servicios de salud en aspectos preventivos, curativos y de rehabilitación en sus áreas de especialización;

VIII. Proporcionar consulta externa, atención hospitalaria y servicios de urgencias a la población que requiera atención médica en sus áreas de especialización, hasta el límite de su capacidad instalada;

IX. Asesorar y formular opiniones a la Secretaría cuando sean requeridos para ello;

X. Asesorar y opinar en asuntos relacionados con el área de su especialización, cuando le sea solicitado por instituciones públicas de salud en el territorio del Estado;

XI. Promover acciones para la prevención de la salud, y en lo relativo a padecimientos propios de sus especialidades;

XII. Regular los procedimientos de selección e ingresos de los interesados en estudios de postgrado y establecer las normas para su permanencia en el Instituto de acuerdo a las disposiciones aplicables;

XIII. Estimular al personal directivo, docente, médico y de apoyo para su superación permanente, favoreciendo la formación profesional;

XIV. Fortalecer el tercer nivel de atención en las áreas de su especialización;

XV. Contribuir en el abatimiento de los índices de morbilidad y mortalidad en sus áreas de especialización;

XVI. Actuar como órgano de consulta técnica y normativa en su materia, de las dependencias y organismos auxiliares del Gobierno del Estado de México;

XVII. Prestar consultoría a título oneroso a personas de derecho privado;

XVIII. Coadyuvar con la Secretaría de Salud en la actualización de las estadísticas sobre la situación sanitaria de la entidad, respecto a la materia de su especialización;

XIX. Realizar las demás actividades que les correspondan para el cumplimiento de su objeto conforme al presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables.

Artículo 2.14.- La dirección y administración de cada uno de los Institutos estará a cargo de un consejo interno y un director general.

El consejo interno de cada Instituto, se integrará en los términos previstos en la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México y Municipios.

El director general de los Institutos será nombrado por el Gobernador del Estado, a propuesta del presidente del consejo interno respectivo.

La organización y funcionamiento de los Institutos se regirá por los reglamentos que expidan sus consejos internos.

Artículo 2.15.- El patrimonio de los Institutos se integrará con:

I. Los ingresos que obtengan por los servicios que presten en el ejercicio de sus atribuciones;

II. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que les otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal;

III. Los legados, herencias, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, y los productos de los fideicomisos en los que se les designe como fideicomisario;

IV. Los bienes muebles e inmuebles que adquieran por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto;

V. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes, derechos y demás ingresos que adquieran por cualquier título legal.

Los ingresos de los Institutos, así como los productos e instrumentos financieros autorizados serán destinados y aplicados a las actividades señaladas en los programas aprobados por sus consejos internos.

TÍTULO TERCERO
De la salubridad general

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 2.16.- Los servicios de salud que presta el Estado en materia de salubridad general son:

I. Atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables;

II. Atención materno-infantil;

III. Planificación familiar;

IV. Salud mental;

V. Organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud;

VI. Promoción de la formación de recursos humanos para la salud;

VII. Coordinación de la investigación para la salud y el control de ésta en seres humanos;

VIII. Información relativa a las condiciones, recursos y servicios de salud;

IX. Educación para la salud;

X. Orientación y vigilancia en materia de nutrición;

XI. Prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre;

XII. Salud ocupacional y saneamiento básico;

XIII. Prevención y control de enfermedades transmisibles, no transmisibles y de accidentes;

XIV. Prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las personas con capacidades diferentes;

XV. Asistencia social;

XVI. Programas contra el alcoholismo y tabaquismo;

XVII. Los demás que se establezcan en la Ley General de Salud y otras disposiciones aplicables.

Artículo 2.17.- El Estado de México está obligado a prestar los servicios de salud en el marco del federalismo y concurrencia establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud.

Artículo 2.18.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo la regulación de los servicios de salud a que se refiere este Título, y el Instituto de Salud del Estado de México estará encargado de la operación de los mismos, así como de ejercer el control sanitario competencia del Estado en materia de salubridad general.

Artículo 2.19.- Los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios de salud y la participación de la comunidad en los mismos se regirá por lo previsto en la Ley General de Salud.

CAPITULO SEGUNDO
Del Sistema Estatal de Salud

Artículo 2.20.- El sistema estatal de salud está constituido por las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal, y las personas físicas y morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud en la Entidad.

Los colegios, asociaciones y organizaciones de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud participarán en el sistema estatal de salud como instancias éticas del ejercicio de las profesiones y promotoras de la superación permanente de sus miembros, así como consultoras de las autoridades de salud.

Artículo 2.21.- El sistema estatal de salud tiene los objetivos siguientes:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población del Estado y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los requerimientos sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas;

II. Contribuir al adecuado desarrollo demográfico;

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante la prestación de servicios de salud, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con capacidades diferentes, para fomentar y propiciar su incorporación a una vida activa en lo económico y social;

IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez;

V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida;

VI. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud;

VII. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud, y con el uso de los servicios que se presten para su protección;

VIII. Promover un sistema de fomento sanitario que contribuya al desarrollo de actividades y servicios que no sean nocivos para la salud.

El sistema estatal de salud podrá auxiliarse de los organismos nacionales e internacionales que estime necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 2.22.- La coordinación del sistema estatal de salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, quien tendrá las atribuciones siguientes:

I. Coordinar los programas de servicios de salud de las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal;

II. Apoyar la coordinación de los programas y servicios de salud de toda dependencia o entidad pública federal, en los términos de la legislación aplicable y de los acuerdos de coordinación que en su caso se celebren;

III. Impulsar, en los términos de los convenios que al efecto se suscriban, la desconcentración y descentralización a los municipios de los servicios de salud;

IV. Determinar la periodicidad y características de la información que deberán proporcionar las dependencias y organismos auxiliares de salud;

V. Coordinar el proceso de programación de las actividades de salud;

VI. Formular recomendaciones a las dependencias y organismos auxiliares competentes sobre la asignación de los recursos que requieran los programas de salud;

VII. Impulsar las actividades científicas y tecnológicas en el campo de la salud;

VIII. Coadyuvar con las dependencias federales competentes en lo relativo a la transferencia de tecnología en el área de salud;

IX. Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y educativas del Estado, para formar y capacitar recursos humanos para la salud y el otorgamiento de campos clínicos;

X. Coadyuvar a que la formación y distribución de los recursos humanos para la salud sea congruente con las prioridades del sistema estatal de salud;

XI. Impulsar la participación de los usuarios de servicios de salud, en el sistema estatal de salud;

XII. Fomentar la coordinación con los proveedores de insumos para la salud para racionalizar y procurar su disponibilidad;

XIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud;

XIV. Impulsar la permanente actualización de las disposiciones legales en materia de salud;

XV. Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del sistema estatal de salud.

CAPITULO TERCERO
Del Centro Estatal de Trasplantes

Artículo 2.23.- El Centro Estatal de Trasplantes es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía técnica y administrativa, y tiene a su cargo las funciones siguientes:

I. Decidir y vigilar la asignación de órganos, tejidos y células;

II. Participar en el Consejo Nacional de Trasplantes;

III. Proporcionar al Registro Nacional de Trasplantes la información correspondiente a la entidad y su actualización;

IV. Promover el diseño, instrumentación y operación del sistema estatal de trasplantes;

V. Proponer políticas, estrategias y acciones para la elaboración y aplicación de los programas en materia de trasplantes;

VI. Sugerir a las autoridades competentes la realización de actividades de investigación y difusión para el fomento de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células;

VII. Establecer los mecanismos para la sistematización y difusión entre los sectores involucrados de la normatividad y de la información científica, técnica y sanitaria en materia de trasplantes;

VIII. Coordinar las acciones de las dependencias y organismos auxiliares de la administración publica del Estado, en la instrumentación de los programas nacional y estatal en materia de trasplantes, así como promover la concertación de acciones con las instituciones de los sectores social y privado que lleven a cabo tareas relacionadas con los programas mencionados;

IX. Coordinar sus acciones con los registros Nacional y Estatal de Trasplantes;

X. Proponer mecanismos de evaluación de los programas de capacitación y atención médica relacionados con los trasplantes;

XI. Coadyuvar con las autoridades competentes en la prevención del tráfico ilegal de órganos, tejidos y células;

XII. Proponer mecanismos de vigilancia y control en la donación de órganos, tejidos y células;

XIII. Crear comisiones para el estudio de las diversas materias de salud relacionadas con trasplantes;

XIV. Organizar, coordinar y vigilar el ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares de la salud en materia de disposición de órganos, tejidos y células con fines de trasplantes;

XV. Proponer a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y al Centro Nacional de Trasplantes, la revocación de la autorización sanitaria o cancelación del registro de los establecimientos y profesionales dedicados a la disposición de órganos, tejidos y células con fines de trasplantes;

XVI. Proponer a la Secretaría de Salud acuerdos de colaboración interinstitucional en materia de trasplantes;

XVII. Las demás que se determinen en los acuerdos de coordinación respectivos.

Artículo 2.24.- La organización y funcionamiento del Centro se determinarán en su reglamento interno.

Artículo 2.25.- Con el objeto de difundir y promover la donación altruista de órganos y tejidos, el Ejecutivo creará un patronato, cuya organización y funcionamiento se regirá por su reglamento interno.

CAPITULO CUARTO
De la Comisión de Conciliación y Arbitraje
Médico del Estado de México

Artículo 2.26.- La Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto contribuir a la solución de los conflictos suscitados entre los usuarios y prestadores de los servicios médicos.

La Comisión, para el cumplimiento de su objeto, tiene las atribuciones siguientes:

I. Brindar asesoría médico-legal e información a los usuarios y prestadores de servicios médicos sobre sus derechos y obligaciones en la materia;

II. Recibir, investigar y substanciar las quejas que presenten los usuarios en contra de prestadores de servicios médicos por supuestas irregularidades en su prestación o por la negativa a otorgarlos;

III. Intervenir en amigable composición para conciliar conflictos derivados de la prestación de servicios médicos, por alguno de los supuestos siguientes:

a) Probables actos u omisiones derivados de la prestación del servicio médico;

b) Probables casos de negligencia con consecuencia en la salud del usuario;

c) Los que determine la Comisión, a través de disposiciones generales.

IV. Fungir como árbitro y pronunciar el laudo que corresponda cuando el usuario y el prestador del servicio médico acepten expresamente someterse al arbitraje;

V. Solicitar a los prestadores de servicios médicos, los datos y documentos que sean necesarios para resolver las quejas y hacer del conocimiento del superior inmediato de aquellos o del órgano de control interno correspondiente, cuando los prestadores tengan en su poder los datos y documentos solicitados y se nieguen a remitirlos a la Comisión;

VI. Solicitar los datos y documentos que sean necesarios para mejor proveer los asuntos que le sean planteados y, en su caso, hacer del conocimiento de las autoridades de salud y los colegios y asociaciones de medicina la negativa expresa o tácita a proporcionarlos, así como informar a las autoridades competentes cuando se detecte que los hechos pudieran llegar a constituir un ilícito;

VII. Elaborar los dictámenes o peritajes médicos que le sean solicitados por las autoridades judiciales, administrativas o el ministerio público, en términos de los convenios que para tal efecto se celebren;

VIII. Intervenir de oficio en cualquier otra cuestión que se considere de interés general en la esfera de sus atribuciones;

IX. Informar a los prestadores de servicios médicos sobre las irregularidades que se adviertan en sus actividades, haciéndolas del conocimiento de la autoridad competente cuando llegaren a ser constitutivas de responsabilidad administrativa o penal;

X. Otorgar a los usuarios asesoría respecto de los trámites a realizar con motivo de su queja;

XI. Convenir con institutos, asociaciones médicas, organizaciones públicas y privadas, la ejecución de acciones que le permitan el desarrollo y fortalecimiento de sus atribuciones;

XII. Celebrar convenios con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, para la substanciación de arbitrajes con motivo de controversias que se susciten entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos establecidos en el Estado;

XIII. Las demás que determinen otras disposiciones legales.

La Comisión se excusará del conocimiento de las inconformidades que se establezcan en la reglamentación respectiva.

Artículo 2.27.- La presentación de quejas así como los procedimientos no afectan el ejercicio de otras acciones legales que tengan los usuarios o prestadores de los servicios médicos.

Artículo 2.28.- La dirección y administración de la Comisión estará a cargo de un consejo y un comisionado.

El consejo se integra con el comisionado, quien lo presidirá, ocho vocales que serán los representantes de las secretarías de Finanzas y Planeación, y de Administración, y seis representantes de los sectores social y privado, y un comisario que será el representante de la Secretaría de la Contraloría.

El comisionado es nombrado por el Gobernador del Estado y deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Ser mexicano por nacimiento y ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, con residencia efectiva en el Estado de México de por lo menos 5 años anteriores a su designación;

II. Tener cuando menos 50 años de edad cumplidos al día de su designación;

III. Contar con estudios de posgrado preferentemente en el área medica;

IV. Haberse distinguido por su probidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de las actividades que se vinculen a las funciones de la Comisión;

V. No tener ningún otro empleo, cargo o comisión al momento de asumir su función y durante el ejercicio de la misma, con excepción de actividades honorarias o docencia por cuyo ejercicio no se perciba remuneración alguna.

La organización y funcionamiento de la Comisión se regirá por el reglamento interno que expida el consejo.

Artículo 2.29.- El patrimonio de la Comisión se integra con:

I. Los ingresos que se le asignen para el cumplimiento de su objeto;

II. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos Federal, Estatal y municipal;

III. Los legados, herencias, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, y los productos de los fideicomisos en los que se le designe como fideicomisario;

IV. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto;

V. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.

Los ingresos de la Comisión, así como los productos e instrumentos financieros autorizados serán destinados y aplicados a las actividades señaladas en los programas aprobados por el consejo.

TÍTULO CUARTO
De la salubridad local

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 2.30.- Corresponde al Instituto de Salud del Estado de México ejercer el control sanitario de:

I. Comercio de alimentos y bebidas no alcohólicas en la vía pública;

II. Construcciones, excepto de los establecimientos de salud;

III. Panteones y crematorios;

IV. Limpieza pública;

V. Agua potable y alcantarillado;

VI. Sitios de cría y producción de animales domésticos;

VII. Centros de prevención y readaptación social;

VIII. Baños públicos;

IX. Centros de reunión públicos y espectáculos;

X. Establecimientos dedicados a la prestación del servicio de peluquería, salones de belleza y similares;

XI. Establecimientos de hospedaje;

XII. Transporte de pasajeros;

XIII. Las demás que determine este Libro.

Para efectos de este Título se entiende por control sanitario el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y, en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones.

Artículo 2.31.- Compete a la Secretaría de Salud la expedición de las normas técnicas estatales.

Artículo 2.32.- Compete al Instituto de Salud del Estado de México realizar las acciones de fomento sanitario, que incluyen la difusión de la normatividad aplicable al buen funcionamiento de los establecimientos.

Artículo 2.33.- Los comerciantes que ejerzan su actividad en la vía pública están obligados a conservar las condiciones higiénicas que señalen las normas técnicas estatales.

Artículo 2.34.- Los edificios o locales, incluidos los centros de prevención y readaptación social, deben contar con las instalaciones sanitarias que señalen las normas técnicas estatales correspondientes.

Artículo 2.35.- Los residuos sólidos municipales deben tratarse conforme a lo previsto en las normas técnicas estatales, de tal manera que no signifiquen un peligro para la salud y por ningún motivo se manipularán antes de su tratamiento o disposición final.

Artículo 2.36.- Los animales muertos deben ser incinerados o enterrados antes de que entren en descomposición, por sus propietarios, en los sitios y en la forma que determinen los municipios.

En caso de animales muertos abandonados el Instituto de Salud del Estado de México dictará las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, las cuales deberán ser atendidas por el municipio correspondiente.

Artículo 2.37.- El Instituto de Salud del Estado de México realizará análisis periódicos de la potabilidad de las aguas, conforme a lo previsto en las normas oficiales mexicanas.

Artículo 2.38.- Las localidades del Estado deben contar con sistemas para el desagüe rápido e higiénico de sus desechos, preferentemente por medio de alcantarillado o fosas sépticas.

Queda prohibido que los desechos o líquidos que conduzcan los drenajes sean vertidos en ríos, arroyos, acueductos, corrientes o canales por donde fluyan aguas destinadas al consumo humano.

Artículo 2.39.- Los sitios de cría y producción de animales domésticos deben localizarse fuera de las áreas urbanas y urbanizables.

Artículo 2.40.- Las personas que realicen actividades o presten servicios de salubridad local sujetos al control sanitario del Instituto de Salud del Estado de México, que no requieran autorización sanitaria conforme al Capítulo siguiente, deben dar aviso por escrito al Instituto del inicio de sus operaciones.

Artículo 2.41.- Cuando las construcciones, terrenos, edificios o locales representen un peligro para la población por su insalubridad, el Instituto de Salud del Estado de México podrá ordenar al propietario o poseedor la realización de las obras que estime necesarias para evitar el peligro o, en su defecto, ordenar la ejecución de las obras con cargo al omiso.

Artículo 2.42.- Todo cambio de propietario de un establecimiento, de razón social o denominación o, en su caso, la suspensión de actividades, trabajos o servicios, debe ser comunicado al Instituto de Salud del Estado de México.

Artículo 2.43.- Los proyectos de abastecimiento de agua potable deben ser sometidos a la consideración del Instituto de Salud del Estado de México para la aprobación del sistema adoptado.

Los proyectos para la implantación de sistemas de alcantarillado deben ser estudiados y aprobados por el Instituto.

CAPITULO SEGUNDO
De las autorizaciones sanitarias

Artículo 2.44.- La autorización sanitaria es el acto administrativo mediante el cual el Instituto de Salud del Estado de México permite a una persona física o moral, pública o privada, la realización de actividades relacionadas con la salud humana, en los casos y con los requisitos y modalidades que determinen este Título y su reglamento.

Las autorizaciones sanitarias tendrán el carácter de licencias y permisos.

Artículo 2.45.- Los panteones y crematorios requieren de licencia sanitaria, que deben exhibir en un lugar visible. Cuando los crematorios cambien de ubicación, requerirán nueva licencia.

Artículo 2.46.- Requieren de permiso sanitario previo:

I. El inicio y ocupación de las obras de construcción, reconstrucción, modificación o acondicionamiento de establecimientos, excepto aquellos de salud;

II. El comercio de alimentos y bebidas en la vía pública;

III. El traslado de cadáveres de seres humanos a distancias mayores a cien kilómetros dentro del Estado.

La Secretaría de Salud emitirá normas técnicas en materia de ingeniería sanitaria, tratándose de obras de construcción, reconstrucción, modificación o acondicionamiento de establecimientos.

El Instituto de Salud del Estado de México, con base en las normas a que se refiere el párrafo anterior y a través de disposiciones de carácter general, señalará los casos en que se eximirá de los permisos sanitarios de inicio y ocupación de obras.

Artículo 2.47.- El Instituto de Salud del Estado de México revocará las autorizaciones que haya otorgado en los casos siguientes:

I. Por incumplimiento de las disposiciones de este Libro y su reglamentación;

II. Cuando por causas supervenientes se compruebe que el ejercicio de las actividades que se hubieren autorizado constituyen un riesgo o daño para la salud humana;

III. Por reiterada renuencia de los titulares de la autorización, a acatar las determinaciones que dicte el Instituto en los términos de este Libro y demás disposiciones legales aplicables;

IV. Cuando resulten falsos los datos o documentos proporcionados por el interesado para el otorgamiento de la autorización;

V. Cuando el interesado no se ajuste a los términos, condiciones y requisitos establecidos en la autorización o haga uso indebido o distinto de ésta.

Cuando la revocación de una autorización se funde en los riesgos o daños a la salud, se hará del conocimiento de las dependencias y organismos auxiliares que tengan atribuciones de orientación al consumidor.

La revocación surtirá efectos de clausura, prohibición de uso y de ejercicio de las actividades que hubiesen sido autorizadas.

CAPITULO TERCERO
De la vigilancia

SECCION PRIMERA
De la recolección de muestras

Artículo 2.48.- El Instituto de Salud del Estado de México, independientemente de las visitas de verificación, podrá llevar a cabo la recolección de muestras de productos perecederos y no perecederos, así como de superficies vivas e inertes, para determinar la presencia de microorganismos patógenos causantes de daños a la salud.

La recolección de muestras de productos y superficies se efectuará con sujeción a las disposiciones aplicables de la Ley General de Salud y de las normas oficiales de la materia.

SECCION SEGUNDA
De las medidas de seguridad sanitaria

Artículo 2.49.- El Instituto de Salud del Estado de México, para proteger la salud, está facultado para dictar las medidas de seguridad sanitaria siguientes:

I. El aislamiento, que es la separación de personas o animales infectados durante el periodo de transmisibilidad, a lugares y en condiciones que eviten el peligro de contagio;

II. La cuarentena, que es la limitación a la libertad de tránsito de personas sanas que hubiesen estado expuestas a una enfermedad transmisible;

III. La observación personal, que consiste en la estrecha supervisión sanitaria de los presuntos portadores, sin limitar su libertad de tránsito, con el fin de facilitar la rápida identificación de la infección o enfermedad transmisible;

IV. La vacunación de personas y animales, consistente en la estimulación de la inmunidad artificial y activa para protección de alguna enfermedad específica;

V. La destrucción o control de insectos u otra fauna transmisora y nociva, que es la aplicación de todo procedimiento físico o químico mediante el cual pueda eliminarse en el cuerpo de una persona, en la ropa o en el ambiente, los insectos, roedores u otros que reconocidamente sean capaces de transmitir enfermedades y que vivan en el cuerpo o en las habitaciones de las personas;

VI. La suspensión de trabajos o servicios, consistente en la ejecución de acciones para evitar la realización de actividades en locales, instalaciones, dependencias y anexos, cubiertos o descubiertos, fijos o móviles;

VII. El aseguramiento o destrucción de objetos, productos o substancias, que es el procedimiento mediante el cual la autoridad sanitaria retiene para sí, para custodia de quien los posee o para su destrucción, aplicando mecanismos que considere convenientes, los objetos, productos o substancias que constituyan riesgo inminente o probable para el ser humano;

VIII. La desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y, en general, de cualquier predio, que es el procedimiento mediante el cual los espacios de los locales, sus instalaciones, dependencias y anexos, cubiertos o descubiertos, fijos o móviles, sean de producción, transformación, almacenamiento, distribución de bienes y servicios, de prestación de servicios o de habitación únicamente, se encuentren libres de la presencia de seres humanos y animales domésticos;

IX. La prohibición de actos de uso, que es la determinación mediante la cual se ordena a los poseedores, encargados u ocupantes la utilización de los aparatos, equipos, sustancias, productos terminados, recipientes o cualquier otro implemento empleado en procesos de producción de bienes y servicios o para la prestación de servicios;

X. Las demás que determinen las autoridades sanitarias que tiendan a evitar riesgos o daños a la salud.

Estas medidas serán de inmediata ejecución, durarán el tiempo estrictamente necesario para que desaparezca el peligro y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones correspondientes.

Artículo 2.50.- Las medidas a que se refiere el artículo anterior se ordenarán:

I. El aislamiento de personas o animales, cuando se detecte la presencia de enfermedades infecto-contagiosas en periodo de transmisibilidad;

II. La cuarentena, cuando las personas sanas expuestas a una enfermedad transmisible constituyan un riesgo potencial de contagio;

III. La observación personal, cuando se requiera que el profesionista de la salud realice estrecha supervisión de los presuntos portadores de enfermedades transmisibles;

IV. La vacunación de personas expuestas a contraer enfermedades transmisibles:

a) Cuando no hayan sido vacunadas contra enfermedades transmisibles cuya vacunación sea obligatoria;

b) En caso de epidemia;

c) Cuando exista peligro de invasión de enfermedades transmisibles en el Estado que puedan ser prevenidas mediante vacunación.

V. La destrucción o control de insectos u otra fauna transmisora o nociva, cuando éstos constituyan un peligro grave para la salud de las personas;

VI. La suspensión de trabajos o de servicios, o la prohibición de actos de uso, cuando, de continuar éstos, se ponga en peligro la salud de las personas.

La suspensión de trabajos o servicios será temporal, parcial o total, y se aplicará por el tiempo estrictamente necesario para corregir las irregularidades. Durante la suspensión se podrá permitir el acceso de las personas que estén obligadas a corregir las irregularidades que la motivaron;

VII. El aseguramiento de objetos, productos o sustancias, cuando exista sospecha fundada de que pueden ser nocivos para la salud de las personas o carezcan de los requisitos esenciales que se establezcan en las disposiciones legales aplicables;

VIII. La desocupación o desalojo de predios, casas, edificios o establecimientos, cuando se considere indispensable para evitar un daño a la salud o la vida de las personas.

Artículo 2.51.- El Instituto de Salud del Estado de México podrá retener o dejar los objetos, productos o sustancias en depósito, hasta en tanto no se determine su destino, previo dictamen de laboratorio acreditado.

Si el dictamen reporta que el bien asegurado no es nocivo para la salud o cumple con las disposiciones legales correspondientes, se procederá a su inmediata devolución. En caso de que el interesado no gestione la recuperación dentro del plazo que se señale, se entiende que el bien causa abandono y quedará a disposición del Instituto para su aprovechamiento.

Si del dictamen resulta que el bien asegurado es nocivo para la salud, se podrá someter a un tratamiento que haga posible su aprovechamiento por el interesado o determinar su destrucción.

SECCION TERCERA
De las sanciones

Artículo 2.52.- Son sanciones administrativas:

I. Amonestación con apercibimiento;

II. Multa;

III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total;

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 2.53.- Las infracciones a lo previsto en este Título serán sancionadas por el Instituto de Salud del Estado de México, en los términos siguientes:

I. Con multa equivalente de cuarenta a cien veces el salario mínimo general vigente del área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción, la violación a lo dispuesto en los artículos 2.45, en caso de no exhibir la licencia en un lugar visible, y 2.46;

II. Con multa equivalente de cincuenta a quinientas veces el salario mínimo general vigente del área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción, la violación a lo dispuesto en el artículo 2.34;

III. Con multa equivalente de doscientas cincuenta a dos mil veces el salario mínimo general vigente del área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción, la violación a lo dispuesto en el artículo 2.36;

IV. Con multa equivalente de mil a cuatro mil veces el salario mínimo general vigente del área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción, en caso de no contar con la licencia a que se refiere el artículo 2.45.

Artículo 2.54.- Las infracciones no previstas en esta Sección serán sancionadas con multa equivalente hasta por diez mil veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate al momento de cometer la infracción.

Artículo 2.55.- En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa que corresponda. Se entiende por reincidencia que el infractor cometa la misma violación a las disposiciones de este Título dos o más veces dentro del periodo de un año, contado a partir de la fecha en que se le hubiera notificado la sanción inmediata anterior.

Artículo 2.56.- Procederá la clausura temporal o definitiva, parcial o total, según la gravedad de la infracción y las características de la actividad o establecimiento, en los casos siguientes:

I. Cuando los establecimientos a que se refieren los artículos 2.45 y 2.46 carezcan de la correspondiente autorización sanitaria;

II. Cuando el peligro para la salud de las personas se origine por la violación reiterada de los preceptos de este Título y de las disposiciones que de él emanen, constituyendo rebeldía a cumplir los requerimientos y disposiciones de la autoridad sanitaria;

III. Cuando después de la reapertura de un establecimiento, local, fábrica, construcción o edificio, con motivo de suspensión de trabajos o actividades, o clausura temporal, las actividades que en él se realicen sigan constituyendo un peligro para la salud;

IV. Cuando por la peligrosidad de las actividades que se realicen o por la naturaleza del establecimiento, local, fábrica, construcción o edificio de que se trate, sea necesario proteger la salud de la población;

V. Cuando se compruebe que las actividades que se realizan en un establecimiento violan las disposiciones sanitarias y constituyen un peligro grave para la salud;

VI. Reincidencia por tercera ocasión.

En los casos de clausura definitiva quedarán sin efecto las autorizaciones que, en su caso, se hubiesen otorgado al establecimiento o construcción de que se trate.

Artículo 2.57.- Se sancionará con arresto hasta por treinta y seis horas:

I. A la persona que interfiera o se oponga al ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria;

II. A la persona que en rebeldía se niegue a cumplir los requerimientos y disposiciones de la autoridad sanitaria, provocando con ello un peligro a la salud de las personas.

Sólo procederá esta sanción si previamente se dictó, en tres ocasiones, cualesquiera de otras sanciones a que se refiere esta Sección.

Impuesto el arresto, se comunicará la resolución a la autoridad correspondiente para que la ejecute.

LIBRO TERCERO
De la educación, ejercicio profesional, investigación científica y tecnológica,
cultura, deporte, juventud, instalaciones educativas y mérito civil

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

CAPITULO PRIMERO
Del objeto y finalidad

Artículo 3.1.- Este Libro tiene por objeto regular la educación que imparten el Estado, los municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, el ejercicio profesional y el mérito civil; así como promover e impulsar la investigación científica y tecnológica, la cultura, el deporte y la atención a la juventud.

Artículo 3.2.- Las disposiciones de este Libro tienen como finalidad:

I. Garantizar y fortalecer el derecho de todo individuo a recibir educación;

II. Asegurar que quienes ejerzan una profesión cuenten con los conocimientos necesarios para ello;

III. Impulsar el desarrollo del Estado a través de la investigación científica y tecnológica;

IV. Promover la cultura, el deporte y la atención a la juventud;

V. Reconocer públicamente a quienes por su conducta, actos u obras lo merezcan.

Artículo 3.3.- Son sujetos de las disposiciones de este Libro:

I. Las instituciones de educación pública a cargo del Estado;

II. Los municipios;

III. Los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, que presten servicios educativos en la entidad;

IV. Los organismos públicos descentralizados que presten servicios educativos de carácter estatal o municipal;

V. Las instituciones públicas y privadas dedicadas a la investigación científica y tecnológica, la cultura, el deporte y la atención a la juventud;

VI. Los profesionistas y sus asociaciones o colegios.

CAPITULO SEGUNDO
De las autoridades y sus atribuciones

Artículo 3.4.- Son autoridades para la aplicación de este Libro la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, los municipios y sus organismos públicos descentralizados.

En materia de educación, corresponde a las autoridades a que se refiere el párrafo anterior, el ejercicio de las atribuciones señaladas a favor del Estado y de los municipios, respectivamente, en las leyes General de Educación y para la Coordinación de la Educación Superior, así como las previstas en este Libro.

La Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social verificará que los particulares que presten servicios educativos en la entidad, cuenten con autorización o con reconocimiento de validez de estudios, y en su caso, procederá a imponer las sanciones correspondientes, en términos de este Libro.

Las atribuciones en las materias de ejercicio profesional y mérito civil corresponden a la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, y las relativas a investigación científica y tecnológica al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.

TÍTULO SEGUNDO
De la educación

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 3.5.- Los habitantes del Estado tienen derecho de acceder a los servicios que regula este Libro, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 3.6.- El Estado está obligado a garantizar el derecho a la educación a través de la prestación de los servicios de educación preescolar, primaria y secundaria, en el marco del federalismo y la concurrencia, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación.

Asimismo, deberá promover y apoyar la educación media superior y superior en todas sus modalidades.

Artículo 3.7.- En materia de educación, será aplicable lo dispuesto en las leyes General de Educación y para la Coordinación de la Educación Superior, y en este Libro.

Artículo 3.8.- Son atribuciones de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social:

I. Fortalecer la educación pública;

II. Prestar los servicios de educación inicial básica, - incluyendo la indígena -, la especial, la normal y demás para la formación de maestros;

III. Promover la educación especial para que las personas con capacidades diferentes alcancen un mayor desarrollo de la personalidad y se favorezca su integración social;

IV. Establecer las bases conforme a las cuales la Secretaría, en coordinación con la autoridad educativa federal y la Secretaría General de Gobierno, se presten servicios educativos a las personas internas en los centros de prevención y readaptación social del Estado, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad;

V. Desarrollar innovaciones educativas para mejorar la calidad de la educación;

VI. Establecer programas y promover acciones de capacitación y difusión dirigidas a los padres de familia y tutores, para que orienten y guíen adecuadamente la educación de sus hijos o pupilos, así como para fortalecer la integración familiar;

VII. Equipar, dar mantenimiento y dotar de material educativo a los planteles a cargo del Estado y de sus organismos descentralizados en términos de las disposiciones aplicables;

VIII. Participar con la autoridad educativa federal y con los municipios en la realización de las acciones necesarias para que los planteles educativos a cargo del Estado y de sus organismos descentralizados, cuenten con las condiciones de infraestructura y equipamiento para un adecuado funcionamiento, de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología;

IX. Autorizar el material didáctico para el nivel preescolar y el uso que deba dársele a éste, de conformidad con los requisitos pedagógicos de los planes y programas oficiales;

X. Autorizar el establecimiento, extensión y desarrollo de instituciones de educación superior;

XI. Garantizar y velar, en coordinación con los municipios, por la seguridad de los escolares y de los establecimientos educativos;

XII. Promover que las instituciones que forman parte del sistema educativo estatal formulen y ejecuten, de acuerdo con sus posibilidades, programas que promuevan el otorgamiento de recompensas y estímulos que permitan reconocer el trabajo y méritos de los educadores, así como para el otorgamiento de becas económicas y de exención, y estímulos a los estudiantes que así lo requieran, considerando su situación socioeconómica y desempeño académico;

XIII. Impulsar el establecimiento de centros de desarrollo infantil y de educación para adultos, con el apoyo de los municipios y de los beneficiarios de los servicios;

XIV. Promover y favorecer la educación para la salud, sexual, ambiental, las bellas artes y el deporte, así como la enseñanza de un idioma extranjero, preferentemente el inglés, en todos los tipos y niveles educativos;

XV. Promover la incorporación de los estudiantes de las instituciones públicas y privadas a los servicios de atención médica;

XVI. Propiciar, en coordinación con las instituciones del sector salud y asistenciales, la integración de los niños en edad escolar, condición vulnerable e infortunio familiar a los servicios de educación básica;

XVII. Promover la utilización de los medios de comunicación para acrecentar la educación y la cultura en la entidad;

XVIII. Establecer políticas para el magisterio orientadas a la obtención de mejores condiciones académicas, profesionales, sociales, incluida la vivienda digna, culturales y económicas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Educación;

XIX. Operar los sistemas de créditos y equivalencias que faciliten el tránsito de educandos entre las diferentes instituciones y planteles del sistema educativo estatal, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables;

XX. Imponer sanciones;

XXI. Publicar en el periódico oficial Gaceta del Gobierno, los planes y programas de estudios que la autoridad educativa federal determine conforme a lo establecido por la Ley General.

Artículo 3.9.- Los municipios están facultados para:

I. Promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad, de acuerdo a los programas establecidos;

II. Editar libros y producir materiales didácticos distintos a los libros de texto gratuito, de acuerdo a los programas establecidos y recursos disponibles;

III. Promover permanentemente la investigación que sirva como base a la innovación educativa;

IV. Participar en el mantenimiento y equipamiento de las escuelas públicas ubicadas en el territorio municipal, de acuerdo con los programas y recursos disponibles;

V. Coadyuvar en la vigilancia y seguridad de los planteles escolares;

VI. Promover y apoyar otro tipo de actividades educativas de interés a la sociedad;

VII. Promover la gestión de recursos para contribuir a la atención de las necesidades educativas, sin perjuicio de la participación directa de otras instancias;

VIII. Promover y apoyar los programas y acciones de capacitación y difusión dirigidas a los padres de familia y tutores, para que orienten y guíen adecuadamente la educación de sus hijos o pupilos, así como para fortalecer la integración familiar.

CAPITULO SEGUNDO
Del Sistema Educativo Estatal

Artículo 3.10.- Integran el sistema educativo estatal:

I. Los educandos y educadores;

II. Las autoridades educativas;

III. Los planes, programas, métodos y materiales educativos;

IV. Las instituciones educativas del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados;

V. Las instituciones de los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios;

VI. Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía.

Artículo 3.11.- La Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social contará con un Consejo Técnico de Educación que estará a cargo de la evaluación del sistema educativo estatal.

La evaluación será permanente y sistemática. Sus resultados serán tomados como base para que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas procedentes.

La Secretaría dará a conocer a los educadores, educandos, padres de familia y a la sociedad en general los resultados de las evaluaciones que se realicen y demás información que permita medir el desarrollo y los avances de la educación.

La integración, organización y funcionamiento del Consejo Técnico de Educación se regirá por su reglamento interno.

Artículo 3.12.- Las instituciones educativas establecidas por el Estado y los municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, otorgarán a las autoridades educativas todas las facilidades y colaboración para la evaluación a que se refiere el artículo anterior. Para ello, proporcionarán oportunamente toda la información que se les requiera, tomarán las medidas que permitan la colaboración efectiva de alumnos, maestros, directivos y demás participantes en los procesos educativos, y facilitarán que las autoridades educativas realicen exámenes y estudios para fines estadísticos y de diagnóstico, y recaben directamente en las escuelas la información necesaria.

CAPITULO TERCERO
Del financiamiento de la educación

Artículo 3.13.- El Gobierno del Estado, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes, concurrirá con la autoridad educativa federal al financiamiento de los servicios educativos.

Artículo 3.14.- Conforme a las disposiciones legales aplicables, el Estado proveerá lo conducente para que los municipios reciban recursos para el cumplimiento de las responsabilidades que en términos de la Ley General de Educación estén a cargo de la autoridad municipal.

Artículo 3.15.- Para cumplir con lo dispuesto en los artículos anteriores, el Estado tomará en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo de la entidad.

Asimismo, el Estado procurará fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública.

Artículo 3.16.- Las inversiones que en materia educativa realicen el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y los particulares son de interés social.

CAPITULO CUARTO
De los profesionistas al servicio de la educación del Estado

Artículo 3.17.- Para efectos de este Libro se considera profesionista al servicio de la educación del Estado, a todo aquel individuo que desempeñe actividades en el sistema educativo en materia de docencia, investigación, apoyo técnico, difusión, extensión y administración escolar en los servicios a cargo del Estado.

Artículo 3.18.- Para el ejercicio de la docencia en todos sus niveles se requerirá contar, como mínimo, con nivel de licenciatura o su equivalente, así como cubrir los requisitos que se establezcan en la reglamentación correspondiente. Las autoridades y los particulares con autorización o con o sin reconocimiento de validez oficial de estudios se abstendrán de emplear docentes que no reúnan los requisitos señalados.

Artículo 3.19.- Los servidores públicos docentes tendrán derecho a un salario profesional que les permita acceder a un nivel de vida decoroso para su familia.

CAPITULO QUINTO
De la participación social en la educación

Artículo 3.20.- Para efectos de este Libro se entiende por participación social en la educación, las gestiones, recomendaciones, opiniones, intervenciones y acciones que realizan los padres de familia o tutores de los educandos y sus asociaciones.

Artículo 3.21.- En cada institución o establecimiento educativo de los diferentes niveles se podrá establecer una asociación de padres de familia en términos de lo que dispone la Ley General de Educación.

Artículo 3.22.- La Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social promoverá la participación de la sociedad a través de los consejos de participación social estatal, municipales y escolares, como órganos de consulta, orientación y apoyo, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Educación.

CAPITULO SEXTO
De las recompensas y estímulos

Artículo 3.23.- Las instituciones que forman parte del sistema educativo estatal ejecutarán programas que promuevan el otorgamiento de recompensas y estímulos para los profesionistas de la educación.

Artículo 3.24.- La presea de “Honor Estado de México” se otorga a los profesionistas al servicio de la educación que se distingan en grado eminente por su eficiencia, constancia y méritos profesionales en el servicio de la educación pública y sus diversos tipos, modalidades y niveles educativos, tanto del subsistema educativo estatal como del federalizado. La presea se otorgará anualmente.

Para su otorgamiento la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social contará con un Consejo Técnico, cuya integración y funcionamiento se regirá por la reglamentación correspondiente.

CAPITULO SEPTIMO
De los particulares que imparten educación

Artículo 3.25.- Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades mediante autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios expedidos por la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social.

La autorización o el reconocimiento se otorgarán cuando se satisfagan los requisitos que se establecen en la Ley General de Educación.

Artículo 3.26.- Para impartir la educación primaria, secundaria, normal u otros estudios para la formación de maestros de educación básica, los particulares deberán contar previamente con autorización expresa.

En los demás casos podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios.

TÍTULO TERCERO
Del ejercicio profesional

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 3.27.- Son atribuciones de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social en materia de profesiones:

I. Fortalecer el ejercicio profesional de excelencia, ético y competitivo;

II. Impulsar el desarrollo en materia de profesiones y del ejercicio profesional;

III. Promover la creación de nuevas profesiones o especialidades, a partir de los resultados que arrojen los estudios o investigaciones con estricto apego a los ordenamientos que las rigen;

IV. Otorgar, negar, revocar o cancelar cédulas de pasante, cédula para autorización del ejercicio profesional, y el registro de asociaciones de profesionistas;

V. Promover que las asociaciones de profesionistas mantengan un adecuado funcionamiento en beneficio de sus agremiados;

VI. Impulsar la incorporación de profesionistas a labores de apoyo a la comunidad;

VII. Publicar anualmente en la Gaceta del Gobierno una relación de las asociaciones de profesionistas con registro vigente, así como aquellas a las que se les revoque o cancele el registro.

Artículo 3.28.- Todas las profesiones creadas o que lo fueren en el futuro, en todas sus ramas y especialidades, requerirán título y cédula para su ejercicio.

Artículo 3.29.- Los títulos expedidos en el extranjero podrán obtener la revalidación con apego a lo establecido en la reglamentación correspondiente.

Artículo 3.30.- El Gobernador del Estado, previo dictamen de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social y oyendo la opinión de las instituciones de educación media superior y superior, de las asociaciones de profesionistas, y del Consejo Técnico de Educación, expedirá los reglamentos correspondientes a los distintos campos de acción profesional.


CAPITULO SEGUNDO
De los profesionistas

Artículo 3.31.- Para ejercer una profesión en el Estado o ejercer como perito se requiere cumplir con lo que disponga el reglamento correspondiente.

Para efectos de este Título se entiende por profesión, a la facultad adquirida a través de la formación académica de tipo medio superior o superior, para prestar un servicio profesional, y por profesionista; a la persona que obtenga o revalide el título legalmente expedido por las instituciones facultadas para ello; o el extranjero que obtenga la autorización para ejercer su profesión en la entidad, de la autoridad federal competente, conforme a las leyes aplicables.

Artículo 3.32.- La autorización del ejercicio profesional a los extranjeros en el Estado quedará sujeta a la reciprocidad internacional, los tratados que México celebre, este Título y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 3.33.- Los profesionistas deberán realizar los actos propios de la profesión con diligencia, pericia, excelencia y estricto apego al código de ética de la profesión respectiva, aportando todos los conocimientos, experiencia, recursos técnicos, habilidades, destrezas y vocación, en favor de los usuarios de sus servicios.

Artículo 3.34.- No quedan sujetos a los preceptos de este Título, los profesionistas que ejerzan su profesión en calidad de asalariados.

Artículo 3.35.- Los profesionistas deberán guardar reserva sobre los asuntos, datos, hechos, documentos o circunstancias que les sean confiados con motivo del ejercicio profesional, salvo en los casos siguientes:

I. Cuando expresamente sean autorizados para revelarlos sobre hechos propios;

II. Cuando resulte indispensable para su defensa jurídica;

III. Cuando exista orden judicial escrita, salvo las excepciones que contemplen las leyes de la materia.

Artículo 3.36.- El profesionista deberá expresar en su publicidad el número de cédula que autoriza su ejercicio y el nombre de la institución que hubiere expedido su título profesional.

Artículo 3.37.- En caso de perturbación grave de la paz pública, siniestro, desastre o cualquier otro evento que ponga a la sociedad en peligro o conflicto, los profesionistas y sus asociaciones o colegios deberán prestar su servicio en apoyo a los afectados.

CAPITULO TERCERO
De las asociaciones de profesionistas

Artículo 3.38.- Los profesionistas de una misma rama podrán constituir en el Estado de México colegios, entendiéndose por éstos a las asociaciones de profesionistas que obtengan su registro ante la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social.

Los colegios de profesionistas para su reconocimiento, deberán contar con registro de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social.

Artículo 3.39.- Cada asociación de profesionistas se regirá por sus propios estatutos, que deberán ajustarse a los términos del presente Título, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 3.40.- Para constituir asociaciones de profesionistas se estará a lo dispuesto por la legislación civil y para obtener el registro como colegio de profesionistas, deberán cumplir con los requisitos que se establezcan en la reglamentación respectiva.

Artículo 3.41.- Los colegios de profesionistas refrendarán su registro cada dos años, debiendo informar del cambio de mesa directiva dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que tenga lugar.

Para que un colegio de profesionistas pueda mantener su registro como colegio deberá cumplir con los requisitos señalados en el reglamento.

Artículo 3.42.- Los colegios de profesionistas tendrán, entre otros, los derechos y obligaciones siguientes:

I. Vigilar que el ejercicio profesional de sus agremiados se apegue a la ética y a las disposiciones legales aplicables;

II. Contribuir a la superación de los profesionistas para garantizar a la sociedad servicios profesionales de excelencia;

III. Certificar a los profesionistas de su campo profesional que acrediten tener los conocimientos y práctica profesional que le permitan desarrollar sus actividades profesionales con excelencia y cumplan con el código de ética profesional correspondiente, en términos de la reglamentación respectiva;

IV. Orientar el ejercicio profesional a la satisfacción de demandas sociales y apoyo permanente a la comunidad;

V. Servir de árbitro en los conflictos entre profesionistas o entre éstos y sus clientes, cuando acuerden someterse a arbitraje;

VI. Fomentar las relaciones con otras asociaciones de profesionistas;

VII. Prestar la más amplia colaboración al poder público como cuerpos consultores;

VIII. Formular propuestas a las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal y municipal, para desarrollar y ejecutar programas y acciones en materias relacionadas con su ámbito profesional;

IX. Participar en el diseño, elaboración y ejecución de los programas de evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior en las materias de sus respectivos campos profesionales, a invitación de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social;

X. Elaborar propuestas para mejorar y actualizar los planes de estudios profesionales;

XI. Gestionar el registro de los títulos y la expedición de la cédula profesional de sus agremiados;

XII. Proporcionar a las autoridades servicios periciales profesionales de excelencia;

XIII. Cumplir con lo establecido en el presente Título y la reglamentación que de éste se derive.

Artículo 3.43.- Los colegios de profesionistas serán ajenos a toda actividad de carácter político partidista y religioso.

CAPITULO CUARTO
Del Registro Estatal de Educación

Artículo 3.44.- La Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social establecerá y operará el Registro Estatal de Educación que contendrá:

I. Planes y programas de estudio de educación media superior y superior;

II. Educandos y educadores;

III. Incorporación de servicios educativos al sistema educativo estatal;

IV. Certificados, constancias, diplomas, títulos y cédulas profesionales de educación básica, normal, media superior y superior;

V. Catálogo de instituciones educativas;

VI. Cédulas de pasante y autorizaciones temporales para el ejercicio de una actividad profesional;

VII. Colegios de profesionistas;

VIII. Certificados de profesionistas expedidos por los colegios de profesionistas.

El Registro Estatal de Educación será público, no tendrá efectos constitutivos ni surtirá efectos contra terceros.

Artículo 3.45.- Las autoridades judiciales deberán comunicar oportunamente a la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social las resoluciones que dicten sobre inhabilitación o suspensión en el ejercicio profesional cuando éstas hubiesen causado ejecutoria, con el objeto de que, en su caso, se cancele el registro correspondiente.

TÍTULO CUARTO
Del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

Artículo 3.46.- El Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto promover y apoyar el avance científico y tecnológico a través de una vinculación estrecha entre los sectores productivos y sociales con los centros de investigación científica y desarrollo tecnológico de la entidad.

El Consejo, para el cumplimiento de su objeto, tiene las atribuciones siguientes:

I. Coordinar la integración del Programa Estatal de Ciencia y Tecnología participando en su seguimiento y evaluación;

II. Establecer el sistema estatal de ciencia y tecnología para identificar los recursos, necesidades, mecanismos e información que permitan promover la investigación y la coordinación entre los generadores y los usuarios del conocimiento;

III. Promover la obtención de financiamientos para apoyar la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos, y de divulgación;

IV. Impulsar la participación de la comunidad académica, científica y de los sectores público, productivo y social en proyectos de fomento a la investigación científica y al desarrollo tecnológico;

V. Proponer políticas y estrategias eficientes de coordinación y vinculación entre las instituciones de investigación y de educación superior del Estado, así como con los usuarios de ciencia y tecnología;

VI. Proponer y ejecutar programas y acciones que promuevan la formación, capacitación y superación de recursos humanos, en los diferentes tipos educativos, para impulsar la ciencia y tecnología;

VII. Establecer mecanismos para difundir la ciencia y la tecnología a los sectores de la sociedad, así como para facilitar el acceso a la información del sistema estatal de ciencia y tecnología;

VIII. Ejecutar acciones de articulación y vinculación de las actividades científicas y tecnológicas con los sectores público, social y privado, para el mejoramiento de los niveles socioeconómicos y cultural de la población;

IX. Asesorar al Gobernador del Estado en materia de ciencia y tecnología para sustentar la planeación del desarrollo económico y social de la entidad;

X. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos públicos de la administración pública estatal y municipal para el diseño y ejecución de proyectos de investigación científica y tecnológica; el establecimiento de centros de investigación y de enseñanza científica y tecnológica; y, en general, en asuntos relacionados con su objeto;

XI. Fomentar el desarrollo de una cultura de ciencia y tecnología entre los sectores de la sociedad;

XII. Asesorar y prestar servicios de apoyo en materia de ciencia y tecnología a las personas físicas y morales que lo soliciten;

XIII. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos.

Artículo 3.47.- La dirección y administración del Consejo está a cargo de una junta directiva y un director general.

La junta directiva se integra en los términos previstos en la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México y cuenta con catorce vocales, que son los representantes de las secretarías de: Finanzas y Planeación, de Salud, del Trabajo y de la Previsión Social, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de Desarrollo Agropecuario, de Desarrollo Económico, de Ecología, de Administración, de Comunicaciones y de Transporte, el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense, A. C., y a invitación del presidente de la junta, dos científicos destacados en la materia.

El director general será nombrado por el Gobernador del Estado, a propuesta del presidente de la junta.

La organización y funcionamiento del Consejo se regirá por el reglamento interno que expida la junta directiva.

Artículo 3.48.- El patrimonio del Consejo se integra con:

I. Los bienes con los que actualmente cuenta;

II. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal;

III. Los ingresos que obtenga por la venta de sus productos y la prestación de sus servicios en el ejercicio de sus funciones;

IV. Los legados, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, así como los productos de los fideicomisos en los que se le designe como fideicomisario;

V. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto;

VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.

Los ingresos del Consejo, así como los productos e instrumentos financieros autorizados serán destinados y aplicados a las actividades señaladas en los programas aprobados por la junta directiva.

TÍTULO QUINTO
Del Instituto Mexiquense de Cultura

Artículo 3.49.- El Instituto Mexiquense de Cultura es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto vincular a la sociedad con el quehacer cultural de la entidad y coordinar las acciones que en materia cultural lleva a cabo el Estado de México.

El Instituto, para el cumplimiento de su objeto, tiene las atribuciones siguientes:

I. Propiciar el desarrollo integral de la cultura en el Estado de México, mediante la aplicación de programas adecuados a las características propias de la entidad;

II. Rescatar y preservar las manifestaciones específicas que constituyen el patrimonio cultural del pueblo mexiquense;

III. Impulsar las actividades de difusión y fomento cultural, orientándolas hacia las clases populares y la población escolar;

IV. Coordinar los programas culturales del Estado, con los desarrollados por el gobierno federal en la entidad;

V. Asesorar a los ayuntamientos, cuando así lo soliciten, en la prestación de servicios culturales;

VI. Estimular la producción artística y cultural, de manera individual y colectiva;

VII. Crear, fomentar, coordinar, organizar y dirigir bibliotecas, hemerotecas, casas de cultura y museos, y orientar sus actividades;

VIII. Realizar las publicaciones oficiales de carácter cultural;

IX. Administrar la Orquesta Sinfónica y el Conservatorio de Música del Estado de México;

X. Organizar, preservar y acrecentar el Archivo Histórico del Gobierno del Estado de México;

XI. Mantener actualizado el inventario de bienes que constituyen el patrimonio arqueológico, histórico, artístico y cultura de la entidad;

XII. Impulsar la formación de recursos humanos para el desarrollo, promoción y administración de actividades culturales y recreativas;

XIII. Promover y desarrollar actividades de fomento y rescate de las manifestaciones del arte popular;

XIV. Promover y desarrollar el nivel cultural de los habitantes de la entidad, a través del mejoramiento y ampliación de la infraestructura respectiva;

XV. Las demás que se establezcan en otras disposiciones legales.

Artículo 3.50.- La dirección y administración del Instituto está a cargo de un consejo directivo y un director general.

El consejo directivo se integra en los términos previstos en la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México y cuenta con tres vocales, que son los representantes de las secretarías de Finanzas y Planeación, y de Administración, y el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México.

El director general es nombrado por el Gobernador del Estado, a propuesta del presidente del consejo.

La organización y funcionamiento del Instituto se rige por el reglamento interno expedido por el consejo directivo.

Artículo 3.51.- El patrimonio del Instituto se integra con:

I. Los bienes con los que actualmente cuenta;

II. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de su objeto;

III. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal;

IV. Los legados, herencias, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, y los productos de los fideicomisos en los que se le designe como fideicomisario;

V. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto;

VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.

Los ingresos del Instituto, así como los productos e instrumentos financieros autorizados serán destinados y aplicados a las actividades señaladas en los programas aprobados por el consejo directivo.

TÍTULO SEXTO
Del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte

Artículo 3.52.- El Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto planear, organizar, coordinar, promover, ejecutar y evaluar las políticas, programas y acciones necesarias para desarrollar la cultura física y el deporte en el Estado.

El Instituto, para el cumplimiento de su objeto, tiene las atribuciones siguientes:

I. Elaborar el Programa Estatal de Cultura Física y Deporte, con base en los planes nacional y estatal de desarrollo, y realizar las acciones que se deriven del mismo;

II. Coordinar el sistema estatal de cultura física y deporte, instalar su consejo y promover los sistemas correspondientes en los municipios;

III. Coordinar con las asociaciones deportivas estatales el establecimiento de programas específicos para el desarrollo del deporte, especialmente en materia de actualización y capacitación de recursos humanos para el deporte, eventos selectivos y de representación estatal, desarrollo de talentos deportivos y atletas de alto rendimiento;

IV. Colaborar con las organizaciones de los sectores público, social y privado, en el establecimiento de programas específicos para el desarrollo de las actividades físicas para la salud y la recreación, especialmente en materia de actualización y capacitación de recursos humanos, eventos promocionales, programas vacacionales y de financiamiento;

V. Establecer y operar en coordinación con las federaciones deportivas nacionales y las asociaciones deportivas estatales, centros para el deporte de alto rendimiento;

VI. Promover la creación de escuelas de enseñanza, desarrollo y práctica del deporte, en coordinación con los sectores público, social y privado;

VII. Apoyar a los municipios en la planeación y ejecución de programas de promoción e impulso de la cultura física y el deporte;

VIII. Convenir con los sectores público, social y privado la ejecución de acciones para promover y fomentar la cultura física y el deporte en el Estado;

IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

Artículo 3.53.- La dirección y administración del Instituto está a cargo de un consejo directivo y un director general.

El consejo directivo se integra en los términos previstos en la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México y cuenta con cinco vocales, que son los representantes de las secretarías de Finanzas y Planeación, de Desarrollo Económico, y de Administración, y dos representantes del sector privado.

El director general es nombrado por el Gobernador del Estado, a propuesta del presidente del consejo.

La organización y funcionamiento del Instituto se rige por el reglamento interno expedido por el consejo directivo.

Artículo 3.54.- El patrimonio del Instituto se integra con:

I. Los bienes con los que actualmente cuenta;

II. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en ejercicio de sus atribuciones y el cumplimiento de su objeto;

III. Las instalaciones deportivas de alto rendimiento y centros recreativos;

IV. Las transferencias, subsidios, donaciones y aportaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal, y del sector privado;

V. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal o provengan de sus actividades.

Los ingresos del Instituto, así como los productos e instrumentos financieros autorizados serán destinados y aplicados a las actividades señaladas en los programas aprobados por el consejo directivo.

TÍTULO SEPTIMO
Del Instituto Mexiquense de la Juventud

Artículo 3.55.- El Instituto Mexiquense de la Juventud es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto planear, programar y ejecutar acciones específicas que garanticen el desarrollo integral de la juventud.

El Instituto, para el cumplimiento de su objeto, tiene las atribuciones siguientes:

I. Planear, programar, coordinar, promover, ejecutar y evaluar acciones que favorezcan la organización juvenil;

II. Definir, con base en los planes nacional y estatal de desarrollo, el programa estatal de atención a la juventud y ejecutar las acciones necesarias para su cumplimiento;

III. Formular programas de carácter interinstitucional de acuerdo con el programa estatal de atención a la juventud;

IV. Promover y fortalecer modelos de organización juvenil;

V. Fomentar la cooperación de los sectores público, social y privado, en la realización de acciones de bienestar social en las que participen los jóvenes;

VI. Favorecer la capacitación de los jóvenes en sus empleos e incentivar una actitud empresarial, particularmente en la micro y pequeña empresa, así como ampliar la información sobre el mercado de trabajo disponible;

VII. Apoyar el desarrollo de actividades artísticas, culturales y la expresión creativa de los jóvenes;

VIII. Propiciar la mejor utilización del tiempo libre de los jóvenes, ampliando sus espacios de encuentro y reconocimiento entre los distintos sectores sociales a los que pertenezcan, para favorecer la convivencia y el intercambio cultural;

IX. Desarrollar programas para la adecuada orientación vocacional y profesional; el aprovechamiento del servicio social y la diversificación de los servicios educativos, incorporando entre otras modalidades, la educación a distancia, la bilingüe y la disminución del analfabetismo;

X. Fomentar acciones institucionales de la sociedad organizada, encaminadas a garantizar la seguridad y plena impartición de justicia a la población joven;

XI. Fomentar la atención a los problemas de salud de los jóvenes, principalmente en medicina preventiva, orientación y asesoramiento en el campo de la sexualidad, planificación familiar, adicciones y salud mental;

XII. Promover y realizar investigaciones que permitan definir políticas y acciones para la atención integral de los jóvenes menos favorecidos y las personas con capacidades diferentes;

XIII. Actuar como intermediario entre las dependencias gubernamentales y los jóvenes, a fin de ser el enlace con los organismos que tengan similares objetivos;

XIV. Promover con los gobiernos municipales, el establecimiento de órganos o unidades administrativas para atender a la juventud;

XV. Establecer mecanismos de coordinación con organizaciones sociales y privadas, así como con autoridades federales, estatales y municipales, para el cumplimiento de sus fines;

XVI. Desarrollar programas de difusión de sus actividades, conjuntamente con los sectores de la sociedad, para sensibilizar y favorecer la participación de la comunidad en las acciones del Instituto;

XVII. Convenir con los sectores público, social y privado, nacionales y extranjeros, la ejecución de acciones que le permitan el desarrollo y fortalecimiento de sus atribuciones.

Artículo 3.56.- La dirección y administración del Instituto está a cargo de un consejo directivo y un director general.

El consejo directivo se integra en los términos previstos en la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México y cuenta con ocho vocales, que son los representantes de las secretarías de Finanzas y Planeación, del Trabajo y de la Previsión Social, y de Administración, de los institutos de Salud del Estado de México, Mexiquense de Cultura, Mexiquense de Cultura Física y Deporte, de la Coordinación General de Desarrollo Social y de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal.

El director general será nombrado por el Gobernador del Estado, a propuesta del presidente del consejo.

La organización y funcionamiento del Instituto se regirá por el reglamento interno que expida el consejo directivo.

Artículo 3.57.- El patrimonio del Instituto se integra con:

I. Los bienes con los que actualmente cuenta;

II. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipales;

III. Los ingresos que obtenga por la venta de sus productos y la prestación de sus servicios en el ejercicio de sus funciones;

IV. Los legados, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, así como los productos de los fideicomisos en los que se le designe como fideicomisario;

V. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto;

VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.

Los ingresos del Instituto, así como los productos e instrumentos financieros autorizados serán destinados y aplicados a las actividades señaladas en los programas aprobados por el consejo directivo.

TÍTULO OCTAVO
Del Comité de Instalaciones Educativas

Artículo 3.58.- El Comité de Instalaciones Educativas del Estado de México es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto planear y programar la construcción, reparación, mantenimiento, habilitación y equipamiento de la infraestructura educativa en todos los niveles y modalidades, para contribuir a la ampliación de la cobertura del servicio.

El Comité, para el cumplimiento de su objeto, tiene las atribuciones siguientes:

I. Formular, conducir, normar, regular y evaluar la política de construcción, rehabilitación, mantenimiento, habilitación y equipamiento de la infraestructura educativa;

II. Organizar, dirigir y llevar a cabo los programas para la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de los espacios educativos para la educación básica, normal, inicial, especial, indígena, para los adultos, media superior y superior, con arreglo a los planes de desarrollo urbano estatales y municipales;

III. Promover, en forma permanente y progresiva, la participación de las administraciones municipales para que asuman gradualmente su responsabilidad en la planeación, programación, ejecución y supervisión de la construcción de los espacios educativos;

IV. Alentar la participación social de las comunidades en la supervisión de la construcción de espacios educativos, así como de su conservación y mantenimiento;

V. Proporcionar asesoría y apoyo técnico y administrativo a los municipios para mejorar sus capacidades en el desarrollo de la infraestructura educativa;

VI. Realizar estudios y proyectos que permitan definir las políticas y acciones para el desarrollo de programas de construcción, mantenimiento, habilitación y equipamiento de espacios educativos;

VII. Establecer mecanismos para el control y evaluación de la infraestructura educativa;

VIII. Supervisar las obras de infraestructura educativa para que éstas se ejecuten conforme a las especificaciones, proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en los contratos de obra;

IX. Las demás que se establezcan en otras disposiciones legales.

Artículo 3.59.- La dirección y administración del Comité está a cargo de una junta directiva y un director general.

La junta directiva se integra en los términos previstos en la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México y cuenta con seis vocales, que son los representantes de las secretarías de Finanzas y Planeación, y de Administración; los subsecretarios de Educación Básica y Normal, de Educación Media Superior y Superior, y de Planeación y Administración; y el Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México.

El director general será nombrado por el Gobernador del Estado, a propuesta del presidente de la junta.

La organización y funcionamiento del Instituto se regirá por el reglamento interno que expida la junta directiva.

Artículo 3.60.- El patrimonio del Comité se integra con:

I. Los bienes, instalaciones, derechos y activos que aporten los gobiernos federal, estatal y municipal;

II. Las aportaciones y recursos que le proporcionen la Federación y el Estado, en términos de los convenios o acuerdos de coordinación que se suscriban;

III. Los ingresos que genere por la realización de sus actividades y la inversión productiva de su patrimonio y de sus activos;

IV. Los subsidios y donaciones que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal y las personas físicas o morales de carácter público o privado;

V. Los bienes o recursos que reciba por cualquier título legal.

Los ingresos del Comité, así como los productos e instrumentos financieros autorizados serán destinados y aplicados a las actividades señaladas en los programas aprobados por la junta directiva.

TÍTULO NOVENO
Del mérito civil

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 3.61.- Son reconocimientos públicos que otorga el Estado:

I. Presea "Estado de México", que se crea en favor de los mexiquenses, en las modalidades y denominaciones siguientes:

a) De ciencias "José Antonio Alzate";

b) De artes y letras "Sor Juana Inés de la Cruz";

c) De pedagogía y docencia “Agustín González Plata”;

d) De deportes "Filiberto Navas Valdés";

e) De periodismo e información "José María Cos";

f) Al mérito cívico "Isidro Fabela Alfaro";

g) Al mérito municipal "Alfredo del Mazo Vélez";

h) Al trabajo "Fidel Velázquez Sánchez";

i) A la juventud "Felipe Sánchez Solís";

j) A la perseverancia en el servicio a la sociedad "Gustavo Baz Prada";

k) A la administración pública "Adolfo López Mateos";

l) Al impulso económico "Filiberto Gómez";

m) Al mérito en la preservación del ambiente "José Mariano Mociño Suárez Lozada";

n) "José María Luis Mora", que se entregará a quienes, sin ser mexiquenses, reúnan los requisitos previstos en el reglamento;

ñ) A residentes en el extranjero “José María Heredia y Heredia”.

II. Los especiales “León Guzmán” que, a propuesta de personas físicas o morales, o a juicio del Gobernador del Estado, se podrán conceder, en cualquier tiempo, a las personas con un mérito civil relevante. Estos reconocimientos podrán otorgarse post-mortem;

III. La inhumación en la Rotonda de los Hombres Ilustres.

Artículo 3.62.- Los reconocimientos públicos se otorgarán cuando se acredite una conducta o trayectoria singularmente ejemplares, así como también la realización de determinados actos u obras relevantes, en beneficio de la humanidad, del país, del Estado o de la comunidad.

CAPITULO SEGUNDO
De la Presea “Estado de México”

Artículo 3.63.- La Presea "Estado de México" también podrá concederse post-mortem a quienes, teniendo merecimientos para ello, hayan fallecido en el año inmediato anterior al de la premiación.

Artículo 3.64.- La presea podrá usarse por sus titulares únicamente en solemnidades y actos públicos en que sea pertinente ostentarlas.

El derecho al uso de la presea a que se refiere este Capítulo, se extingue por sentencia ejecutoriada condenatoria por la comisión de un delito doloso.

Artículo 3.65.- Una misma persona podrá recibir la presea en distintas modalidades y denominaciones, pero nunca podrá ser reconocida, por segunda ocasión, en la misma modalidad y denominación.

Artículo 3.66.- Podrán concurrir como triunfadoras varias personas con derecho a presea, cuando así se dictamine, en cuyo caso se distribuirá a partes iguales entre los premiados, la entrega en numerario.

CAPITULO TERCERO
De la inhumación en la Rotonda de los Hombres
Ilustres del Estado de México

Artículo 3.67.- El Gobernador del Estado tiene la facultad para decretar la inhumación de los restos de mexiquenses ilustres en la Rotonda de los Hombres Ilustres, creada para tal efecto dentro del cementerio municipal de la ciudad de Toluca de Lerdo.

Artículo 3.68.- Los ayuntamientos, las organizaciones culturales, científicas, cívicas y políticas de la entidad podrán solicitar al Gobernador del Estado, la inhumación de los restos de un mexiquense en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Estado de México.

TÍTULO DECIMO
De las infracciones y sanciones

Artículo 3.69.- Para efectos de este Libro, se consideran como infracciones de quienes presten servicios educativos, adicionalmente a aquellas previstas en la Ley General de Educación, las siguientes:

I. Desatender las auditorías y revisiones que la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social ordene practicar a los archivos de los planteles con autorización o reconocimiento de validez oficial;

II. Discriminar a los educandos, a sus padres o tutores por su situación económica, de raza, de religión, de sexo o de ideología política;

III. Tolerar que se impongan castigos que denigren la persona del educando;

IV. Imponer medidas disciplinarias a los educandos, distintas a trabajos académicos extra - clase;

V. Condicionar la realización de un trámite escolar a conceptos o aportaciones voluntarias que fijen las asociaciones de padres de familia;

VI. Realizar o favorecer de cualquier forma actividades políticas de tipo partidista dentro del plantel o en la prestación del servicio educativo;

VII. Incumplir cualesquiera de los preceptos de este Libro, así como, las demás disposiciones expedidas con fundamento en él.

Artículo 3.70.- La revocación de la autorización otorgada a particulares producirá efectos de clausura del servicio educativo de que se trate.

Cuando la revocación se dicte durante un ejercicio lectivo la institución podrá seguir funcionando, a juicio y bajo la vigilancia de la autoridad, hasta que aquél concluya, para evitar perjuicios a los educandos.

Artículo 3.71.- El retiro del reconocimiento de validez oficial se referirá a los estudios que se impartan a partir de la fecha en que se dicte la resolución. Los realizados en el lapso en que la institución contaba con reconocimiento, mantendrán su validez oficial.

La Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social adoptará las medidas que sean necesarias para evitar perjuicios a los educandos.

Artículo 3.72.- Las infracciones previstas en la Ley General de Educación y el artículo 3.69 serán sancionadas por la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social con arreglo a la ley general.

Para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de este Libro, así como para imponer sanciones a los particulares que prestan servicios educativos, la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social podrá actuar de oficio o a petición de parte.

Artículo 3.73.- Los delitos cometidos por profesionistas en el ejercicio de su profesión, serán sancionados en términos de las disposiciones de la ley de la materia.

Artículo 3.74.- Al profesionista que ejerza sin contar con el registro de su título profesional, se le aplicará por primera vez una multa de cuarenta veces el salario mínimo general vigente del área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción; y en caso de reincidencia se aumentará sucesivamente, sin que pueda ser mayor de doscientas veces el salario mínimo general vigente del área geográfica que corresponda.

Artículo 3.75.- Los profesionistas que ejerzan sin contar con registro, en ningún caso podrán cobrar honorarios.

Artículo 3.76.- Las asociaciones de profesionistas que se ostenten con el carácter de colegios, sin contar con registro de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, serán sancionadas con multa de cien a mil veces el salario mínimo general vigente del área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción.

LIBRO CUARTO
De la conservación ecológica y protección al
ambiente para el desarrollo sustentable

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

CAPITULO PRIMERO
Del objeto y finalidad

Artículo 4.1.- Este Libro tiene por objeto regular las acciones a cargo del Estado y los municipios en materia de conservación ecológica y protección al ambiente en el marco de las políticas establecidas para el desarrollo sustentable.

Artículo 4.2.- Las disposiciones de este Libro tienen como finalidad:

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar;

II. Realizar un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;

III. Fomentar la participación corresponsable de la sociedad en la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Artículo 4.3.- Son aplicables a este Libro los conceptos previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y los que se establezcan en la reglamentación correspondiente.


CAPITULO SEGUNDO
De las autoridades y sus atribuciones

Artículo 4.4.- Son autoridades para la aplicación de este Libro la Secretaría de Ecología y los ayuntamientos, a quienes competen el ejercicio de las atribuciones señaladas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás ordenamientos en la materia.

CAPITULO TERCERO
Del Consejo Consultivo para el desarrollo
sustentable del Estado de México

Artículo 4.5.- El Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable del Estado de México es un órgano de asesoría, consulta, estudio y opinión del Ejecutivo en materia de conservación ecológica y protección al ambiente en la entidad, así como de promoción de acciones de coordinación y concertación entre los sectores público, social y privado.

Artículo 4.6.- El Consejo se integra por los representantes de instituciones educativas y de investigación, de organizaciones sociales y no gubernamentales, del sector privado, legisladores locales y federales, delegados de dependencias y entidades federales, presidentes municipales, ambientalistas distinguidos y especialistas en la materia que designe o invite a participar el Gobernador del Estado. Fungirá como presidente un ciudadano que no tenga el carácter de servidor público y sea reconocido por sus conocimientos o actividades relacionadas con el objeto de este Libro.

El Consejo contará con un secretario técnico, designado por el Secretario de Ecología, y con los comités, comisiones y grupos de trabajo necesarios para el cumplimiento de su objeto, y operará en términos del reglamento interno que aprueben sus integrantes.

Artículo 4.7.- La Secretaría de Ecología otorgará al Consejo, los apoyos necesarios para el cumplimiento de su objeto.

Artículo 4.8.- La Secretaría de Ecología promoverá ante los ayuntamientos de la entidad la creación de consejos municipales de protección al ambiente, a fin de que les sirvan como órganos de apoyo para el mejor desempeño de sus funciones. Así mismo se fomentará la constitución de comités comunitarios o vecinales con objeto de alentar la participación social en el cuidado, conservación y restauración del ambiente en sus localidades.

CAPITULO CUARTO
De la información ambiental

SECCION PRIMERA
Del Sistema Estatal de Información Ambiental, Registro
Estatal Ambiental y Centro Geomático

Artículo 4.9.- La Secretaría de Ecología organizará el Sistema Estatal de Información Ambiental y coordinará el Centro Geomático Ambiental, con el objeto de obtener, generar y procesar la información relativa al agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales en general.

Artículo 4.10.- La Secretaría de Ecología establecerá el Registro Estatal Ambiental, en el que inscribirá la información que obtenga a través del sistema y centro a que se refiere el artículo anterior.

El registro será público, no tendrá efectos constitutivos ni surtirá efectos contra terceros.

SECCION SEGUNDA
Del derecho a la información ambiental

Artículo 4.11.- Toda persona tiene derecho a que las autoridades, en las materias reguladas en este Libro, le proporcionen los datos contenidos en el Sistema Estatal de Información Ambiental, con las excepciones a que se refiere el artículo 1.41 de este Código, y a las siguientes:

I. Se trate de información relativa a procedimientos administrativos en donde la autoridad no ha emitido resolución o dictamen definitivo, salvo en los casos de manifestaciones de impacto ambiental, informes preventivos y denuncia popular;

II. Se trate de información sobre inventarios e insumos y tecnologías de proceso, incluyendo la descripción del mismo.

TÍTULO SEGUNDO
De la política ambiental y sus instrumentos

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 4.12.- Para la formulación y conducción de la política ambiental estatal y municipal, la Secretaría de Ecología y los gobiernos municipales observarán y aplicarán los principios que al respecto prevé la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Son instrumentos de política ambiental:

I. Los programas en la materia;

II. La regulación ambiental de los asentamientos humanos;

III. Las normas técnicas estatales;

IV. La evaluación del impacto ambiental;

V. Los instrumentos económicos;

VI. La autorregulación y auditorias ambientales;

VII. La educación, cultura e investigación ambiental.

Los instrumentos previstos en las fracciones I, IV y VI, se aplicarán de conformidad con lo dispuesto en los Capítulos correspondientes de este Título; las normas técnicas a que se refiere la fracción III se sujetarán a lo previsto en el Título Sexto del Libro Primero de este Código, así como en este Libro, y los demás instrumentos se regirán por lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

CAPITULO SEGUNDO
De la educación, cultura e investigación ambiental

Artículo 4.13.- El Ejecutivo Estatal en el ámbito de su competencia, incorporará en los diversos niveles, tipos y modalidades educativas contenidos ecológicos y ambientales, teórico-práctico, en los programas de los diversos ciclos educativos, hasta el medio superior, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud, dentro de las facultades que les correspondan.

El Ejecutivo Estatal promoverá ante las instituciones de enseñanza media y superior o de investigación científica y tecnológica desarrollen planes y programas de educación ambiental, incorporando criterios y metas de desarrollo sustentable.

Para los fines establecidos en el párrafo anterior se podrán celebrar acuerdos con instituciones de educación superior, centros de investigación, organismos del sector social y privado, organizaciones no gubernamentales, investigadores y especialistas de la materia que operen dentro o fuera del territorio del Estado de México.

El Ejecutivo Estatal desarrollará políticas de comunicación social a través de los medios de comunicación y organismos del sector social y privado, con el objeto de fortalecer la conciencia ecológica de todos los sectores de la población.

CAPITULO TERCERO
De los programas de ordenamiento ecológico

Artículo 4.14.- La Secretaría de Ecología elaborará, actualizará y gestionará el programa de ordenamiento ecológico del Estado de México y los programas de ordenamiento ecológico regionales, sujetándose a las disposiciones de la legislación en materia de planeación y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Los Ayuntamientos expedirán su programa de ordenamiento ecológico local que, a diferencia de los mencionados en el párrafo anterior, son de carácter obligatorio para los particulares y, serán congruentes con el programa de ordenamiento ecológico estatal y los regionales.

Su actualización y elaboración deberá regirse bajo la guía metodológica que expida la Secretaría de Ecología.

Artículo 4.15.- Los programas de ordenamiento ecológico local se sujetarán a las reglas siguientes:

I. La autoridad municipal competente formulará el proyecto de programa de ordenamientos ecológicos o sus modificaciones, y dará aviso público del inicio del proceso de consulta;

II. En el aviso a que se refiere la fracción anterior, se deberá establecer el plazo y el calendario de audiencias públicas para que los particulares presenten por escrito los planteamientos que consideren respecto del proyecto de ordenamiento o de sus modificaciones. Dicho plazo no podrá ser inferior a treinta días naturales y las audiencias correspondientes deberán realizarse, por lo menos, una vez por semana;

III. Se analizarán las opiniones recibidas y las modificaciones del proyecto deberán fundamentarse y estarán a disposición de los interesados en las oficinas de la autoridad correspondiente durante un plazo que no podrá ser menor a un mes;

IV. Cumplidas las formalidades anteriores, el programa de ordenamiento local o sus modificaciones se aprobarán y expedirán, en su caso, por el ayuntamiento correspondiente y se publicarán en la Gaceta del Gobierno, así como en los periódicos de mayor circulación del municipio respectivo;

V. Una vez publicado el programa de ordenamiento local o sus modificaciones, éste y sus documentos integrantes se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y en el Registro Estatal Ambiental;

VI. Los particulares podrán auxiliar a las autoridades municipales correspondientes en la ejecución, vigilancia y evaluación de los programas de ordenamiento a través de los consejos municipales de protección al ambiente.

Artículo 4.16.- Los programas de ordenamiento ecológico regional se sujetarán a las siguientes disposiciones:

I. La Secretaría de Ecología participará en la elaboración, actualización y/o modificación de los ordenamientos ecológicos regionales que involucren dos o más municipios;

II. Los ordenamientos ecológicos regionales tendrán que considerar como base las unidades ambientales establecidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal;

III. El Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Ecología podrá celebrar convenios con las entidades federativas para la realización de ordenamientos regionales.

CAPITULO CUARTO
De la evaluación del impacto ambiental

Artículo 4.17.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría de Ecología autoriza la procedencia ambiental de proyectos específicos, así como las condiciones a que se sujetarán los mismos para la realización de obras o actividades, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos en el equilibrio ecológico o el ambiente.

Están sujetos a evaluación del impacto ambiental los proyectos que impliquen la realización de las obras y actividades siguientes:

I. Obra pública estatal y municipal;

II. Procesadoras de alimentos, rastros y frigoríficos; procesadoras de bebidas, ladrilleras, textiles, maquiladoras y curtidurías;

III. Corredores, parques y zonas industriales, a excepción de aquellas en las que se prevean la realización de actividades altamente riesgosas de competencia federal;

IV. Exploración, explotación, extracción y procesamiento físico de sustancias minerales que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos, tales como la roca y demás materiales pétreos, o productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales, construcción u ornamento de obras;

V. Sistemas de manejo y disposición de residuos sólidos e industriales no peligrosos;

VI. Confinamientos, rellenos sanitarios, estaciones de transferencia, e instalaciones de tratamiento o de eliminación de residuos sólidos municipales e industriales no peligrosos;

VII. Conjuntos urbanos, nuevos centros de población y los usos de suelo que requieran de dictamen de impacto regional en términos del Libro Quinto de este Código;

VIII. Terminales de transporte para pasajeros y de carga, de carácter estatal o municipal;

IX. Clínicas y hospitales;

X. Plantas de tratamiento o eliminación de aguas residuales, sistemas de drenaje y alcantarillado, represamientos y plantas de potabilización de aguas;

XI. Granjas agrícolas o pecuarias de explotación intensiva;

XII. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia estatal o municipal;

XIII. Centrales de abasto y mercados;

XIV. Panteones y crematorios;

XV. Estaciones de servicios o gasolineras y estaciones de carburación de gas, bodegas de almacenamiento de cilindros y contenedores de gas y actividades donde se manejen sustancias riesgosas, cuando no sean competencia del Gobierno Federal;

XVI. Las demás que se establezcan en el reglamento de este Libro que puedan causar impactos ambientales significativos de carácter adverso y que, por razón de la obra o actividad de que se trate no sean de jurisdicción federal.

La reglamentación de este Libro podrá eximir de la evaluación del impacto ambiental a aquellos proyectos que, si bien se encuentren previstos en este artículo, no produzcan impactos ambientales significativos de carácter adverso o no causen desequilibrios ambientales debido a su ubicación, dimensiones o características.

Artículo 4.18.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo anterior, los interesados presentarán a la Secretaría de Ecología una manifestación de impacto ambiental, la cual será elaborada por un prestador de servicios ambientales. Dicha manifestación deberá contener, por lo menos, una descripción y evaluación de los efectos que previsiblemente podrá tener el proyecto específico en el o los ecosistemas, considerando el conjunto de los elementos que los conforman, así como las medidas preventivas, de mitigación y las necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. En el caso de las actividades riesgosas a que se refiere el artículo 4.59, la manifestación de impacto ambiental deberá de acompañarse de un estudio de riesgo.

Una vez recibida la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría de Ecología la pondrá a disposición del público, en los términos que se establezcan en el reglamento correspondiente.

La Secretaría de Ecología, a solicitud del promovente, integrará en la resolución de la autorización en materia de impacto ambiental los demás permisos, licencias y autorizaciones de su competencia que se requieran para la realización del proyecto correspondiente.

Artículo 4.19.- Cuando los interesados consideren que la obra o actividad que realizarán no producirá impactos ambientales significativos de carácter adverso, podrán exhibir ante la Secretaría de Ecología un informe previo que permita establecer en forma mínima las condiciones, objetivos e infraestructura del proyecto correspondiente. La Secretaría elaborará y publicará las guías generales y específicas a las que deberá ajustarse la presentación del informe previo.

Mediante la evaluación y análisis del informe previo, la Secretaría de Ecología determinará si es necesario o no elaborar y exhibir la manifestación de impacto ambiental para la autorización del proyecto respectivo, así como la modalidad en la que, en su caso, deberá formularse, y señalará los lineamientos, condiciones y normas oficiales mexicanas y normas técnicas estatales aplicables para la obra o actividad de que se trate.

En todo caso, se presentará un informe previo cuando:

I. Existan normas oficiales mexicanas o normas técnicas estatales que regulen las emisiones, descargas, aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades;

II. Las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas en un plan o programa de desarrollo urbano o de centro de población, o en un ordenamiento ecológico que haya sido evaluado por la Secretaría de Ecología;

III. Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales previamente autorizados.

Artículo 4.20.- Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se realizan modificaciones al proyecto de la obra o actividad, los interesados deberán hacerlas del conocimiento de la Secretaría de Ecología, a fin de que ésta determine si es necesaria la presentación de información adicional para evaluar los efectos al ambiente.

Asimismo, si después de obtenida la autorización en materia de impacto ambiental, el titular o responsable de la obra o actividad deciden no ejercerla, deberán comunicarlo por escrito a la Secretaría de Ecología.

Artículo 4.21.- Quienes suscriban los informes previos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo serán responsables ante la Secretaría de Ecología. Asimismo, declararán bajo protesta de decir verdad que en ellos se incorporaron las mejores técnicas y metodologías existentes, así como la información y medidas de prevención y mitigación más efectivas.

CAPITULO QUINTO
De la autorregulación y auditorias ambientales

Artículo 4.22.- La Secretaría de Ecología y los ayuntamientos promoverán acciones que induzcan a las empresas a alcanzar objetivos superiores a los previstos en la normatividad ambiental establecida, así como para que, de manera voluntaria, realicen auditorias ambientales, generando un beneficio en materia de protección al ambiente.

Artículo 4.23.- Quienes realicen auditorias ambientales podrán practicar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de la contaminación y el riesgo que generen, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger al ambiente.


TÍTULO TERCERO
De la conservación ecológica

CAPITULO PRIMERO
De las áreas naturales protegidas

SECCION PRIMERA
De los tipos y características de las
áreas naturales protegidas

Artículo 4.24.- Son áreas naturales protegidas de competencia estatal las reservas y parques estatales; y, de competencia municipal las zonas de preservación ecológica de los centros de población.

Artículo 4.25.- Las reservas estatales se constituirán en áreas biogeográficas relevantes a nivel estatal, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser preservados o restaurados, o en los que habiten especies representativas de la biodiversidad estatal o nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.

En tales reservas podrá determinarse la existencia de la superficie o superficies mejor conservadas o no alteradas que alojen ecosistemas o fenómenos naturales de especial importancia, o especies de flora y fauna que requieran protección especial, y que serán conceptuadas como zona o zonas núcleo. En estas zonas sólo podrá autorizarse la realización de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación científica y educación ambiental, y limitarse o prohibirse aprovechamientos que alteren los ecosistemas.

En las propias reservas deberán determinarse la superficie o superficies que protejan la zona núcleo del impacto exterior, que serán conceptuadas como zonas de amortiguamiento, en donde sólo podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria respectiva o con su participación, que sean estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable, en los términos de la declaratoria respectiva y del programa de manejo que se formule y expida, considerando las previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que resulten aplicables.

Artículo 4.26.- En las zonas núcleo a que se refiere el artículo anterior, quedará expresamente prohibido:

I. Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce, vaso o acuífero, así como desarrollar cualquier actividad contaminante;

II. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos;

III. Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestres;

IV. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto en este Libro, la declaración respectiva y las demás disposiciones que de ellas se deriven.

Artículo 4.27.- Los parques estatales se constituirán, tratándose de representaciones biogeográficas a nivel estatal o municipal, de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo o de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna representativa del Estado, por los servicios ambientales que proporcionen, por su aptitud para el desarrollo del turismo o bien, por otras razones análogas de interés general.

En los parques estatales sólo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y, en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación y educación ambiental, y proyectos productivos sustentables, conforme al programa de manejo.

Artículo 4.28.- Las zonas de preservación ecológica de los centros de población se integran por los parques, corredores, andadores, camellones y, en general, cualquier área de uso público en zonas industriales o circunvecinas de los asentamientos humanos, en las que existan ecosistemas, que se destinen a preservar los elementos naturales indispensables para el equilibrio ecológico y el bienestar de la población.


SECCION SEGUNDA
De las declaratorias para el establecimiento, administración
y vigilancia de las áreas naturales protegidas

Artículo 4.29.- Las áreas naturales protegidas de competencia estatal se establecerán mediante declaratoria expedida por el Gobernador del Estado, con la participación de los municipios.

Las zonas de preservación ecológica de los centros de población se establecerán en los planes municipales de desarrollo urbano.

Artículo 4.30.- Previamente a la expedición de la declaratoria a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría de Ecología o los interesados en su caso, realizarán los estudios que la justifiquen, los que una vez concluidos deberán ser puestos a disposición del público para su consulta por un plazo no menor de treinta días naturales.

La Secretaría de Ecología deberá tomar en cuenta los comentarios recibidos y poner a disposición de los interesados en su caso, la respuesta a dichos comentarios.

Artículo 4.31.- La declaratoria para el establecimiento de las áreas naturales protegidas a que se refiere este Capítulo contendrá, por lo menos, los aspectos siguientes:

I. La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicación y deslinde, así como la zonificación correspondiente;

II. Las modalidades a que se sujetará, dentro del área, el uso o aprovechamiento de los elementos y recursos naturales en general, o específicamente de aquellos sujetos a protección;

III. La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente y las modalidades y limitaciones a que se sujetarán;

IV. La causa de utilidad pública que en su caso fundamente la expropiación de terrenos para que el Estado o municipio adquiera su dominio, cuando así fuere necesario;

V. Los lineamientos generales para la administración, el establecimiento de comités técnicos representativos y la creación de fondos o fideicomisos;

VI. Los lineamientos para la realización de las acciones de preservación, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales dentro de las áreas naturales protegidas, para su administración y vigilancia, así como para la elaboración de las reglas administrativas a que se sujetarán las actividades dentro del área respectiva;

VII. Los lineamientos para la elaboración del programa de manejo del área.

Artículo 4.32.- En la declaratoria a que se refiere el artículo anterior, se determinará la forma como deban realizarse las acciones y medidas de protección al ambiente; de preservación y restauración del equilibrio ecológico; y, en su caso, los límites y condiciones a los que deberá sujetarse el aprovechamiento de los recursos y elementos naturales dentro de las áreas naturales protegidas, así como los lineamientos para su administración y vigilancia.

Artículo 4.33.- La declaratoria deberá publicarse en la Gaceta del Gobierno e inscribirse posteriormente en el Registro Público de la Propiedad.

Artículo 4.34.- Las áreas naturales protegidas establecidas podrán comprender predios sujetos a cualquier régimen de propiedad.

La Secretaría de Ecología promoverá que las autoridades federales, estatales y municipales, dentro del ámbito de sus competencias y en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables y, en su caso, los programas de manejo, den prioridad a proyectos productivos dentro de las áreas naturales protegidas.

Artículo 4.35.- Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada su extensión y, en su caso, los usos del suelo permitidos o cualquiera de sus disposiciones por la autoridad que la haya establecido.

Artículo 4.36.- En el otorgamiento o expedición de concesiones, permisos, licencias y, en general, cualquier autorización en las áreas naturales protegidas a que se refiere este Capítulo, la autoridad competente observará las disposiciones de este Libro, las declaratorias de creación de dichas áreas y programas de manejo correspondientes.

Artículo 4.37.- La Secretaría de Ecología o el ayuntamiento, según corresponda, formulará, dentro del plazo de un año contado a partir del establecimiento de un área natural protegida, el programa de manejo correspondiente, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los gobiernos municipales, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas.

El programa de manejo deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

I. La descripción general de las características físicas, biológicas, sociales, culturales e históricas del área natural protegida, así como el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva;

II. Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazos, estableciendo su vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo, así como con los programas sectoriales correspondientes. Dichas acciones comprenderán, entre otras las siguientes: de investigación y educación ambientales; protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la flora y la fauna; para el desarrollo de actividades recreativas, turísticas, obras de infraestructura y demás actividades productivas; de financiamiento para la administración del área natural; de prevención y control de contingencias; de vigilancia y las demás que por las características propias del área natural protegida se requieran;

III. La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, así como de todas aquellas personas, instituciones y organizaciones interesadas en su protección y aprovechamiento sustentable;

IV. Los objetivos específicos del área natural protegida;

V. La referencia a las normas oficiales mexicanas, normas técnicas estatales y demás disposiciones legales aplicables a todas y cada una de las actividades a que esté sujeta el área;

VI. Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar;

VII. Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen en el área natural protegida de que se trate.

La Secretaría de Ecología y los ayuntamientos, según corresponda, deberán publicar en la Gaceta del Gobierno un resumen del programa de manejo respectivo y el plano de localización del área natural protegida.

Artículo 4.38.- La Secretaría de Ecología podrá, una vez que cuente con el programa de manejo respectivo, otorgar a los gobiernos municipales, así como a ejidos, comunidades agrarias, pueblos autóctonos, grupos y organizaciones sociales y demás personas físicas o morales interesadas, la administración de las áreas naturales protegidas. Asimismo, para tal efecto, se deberán suscribir los convenios o acuerdos correspondientes.

Artículo 4.39.- En el establecimiento, administración, manejo y desarrollo de las áreas naturales protegidas se impulsará la participación de las organizaciones sociales y privadas, dando preferencia a los propietarios o poseedores.

Artículo 4.40.- Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, posesión o cualquier derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en áreas naturales protegidas deberán contener referencia de la declaratoria correspondiente y de sus datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos sólo podrán autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los que intervengan, cuando se cumpla con lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 4.41.- Los ingresos que el Estado y los municipios recauden por concepto de otorgamiento de concesiones, permisos, licencias y en general cualquier autorización en materia de áreas naturales protegidas, conforme a las disposiciones fiscales aplicables, se destinarán a la realización de acciones de conservación de la biodiversidad, dentro de las áreas en las que se generen dichos ingresos.

CAPITULO SEGUNDO
De las áreas voluntarias de conservación ecológica

Artículo 4.42.- Las personas interesadas podrán destinar voluntariamente sus predios a acciones de conservación ecológica de los ecosistemas y su biodiversidad representativos del Estado. Para tal efecto, solicitarán a la Secretaría de Ecología la expedición del certificado que reconozca sus predios como área voluntaria de conservación ecológica.

CAPITULO TERCERO
De la flora y la fauna silvestres

Artículo 4.43.- La Secretaría de Ecología y los Ayuntamientos, en coordinación con las autoridades federales competentes, coordinarán y promoverán acciones sobre vedas, conservación, repoblamiento y aprovechamiento racional de la flora y fauna silvestres.

Artículo 4.44.- Queda prohibido en la entidad el tráfico de especies y subespecies silvestres de flora y fauna, terrestres o acuáticas, de conformidad con lo dispuesto por las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables.

Artículo 4.45.- Para el manejo, control y remediación de los problemas asociados a ejemplares y poblaciones ferales se estará a lo dispuesto en las normas técnicas estatales que al efecto se dicten, así como en las demás disposiciones aplicables.

Para efectos de este artículo se entiende por ejemplares o poblaciones ferales, aquellos pertenecientes a especies domésticas que al quedar fuera del control del hombre, se establecen en el hábitat de la vida silvestre.

Artículo 4.46.- El Ejecutivo Estatal promoverá el establecimiento de zoológicos, jardines botánicos, viveros, criaderos y granjas piscícolas, con la participación de los ayuntamientos, los propietarios o poseedores del predio en cuestión y organismos sociales.

CAPITULO CUARTO
Del aprovechamiento sustentable del agua

Artículo 4.47.- El Estado y los municipios observarán los criterios señalados en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en:

I. Los planes y programas estatales;

II. El otorgamiento de concesiones, permisos y, en general, toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento del agua o la realización de actividades que puedan afectar el ciclo hidrológico y los mantos acuíferos, así como para el establecimiento de plantas de tratamiento, reciclaje y reuso de aguas residuales;

III. La operación y administración de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición final de aguas residuales;

IV. Las medidas que adopte el Ejecutivo Estatal para evitar el deterioro de la calidad del agua;

V. Las regulaciones de las descargas de aguas residuales de carácter municipal, de origen industrial o de actividades agropecuarias o de servicios.

Artículo 4.48.- Con objeto de garantizar el uso y disponibilidad del agua, así como el de abatir su desperdicio, la Secretaría de Ecología y los ayuntamientos promoverán el ahorro del agua potable, el reuso de aguas residuales tratadas, la realización de obras destinadas a la captación y utilización de aguas pluviales, y la recarga de mantos acuíferos.

Artículo 4.49.- La Secretaría de Ecología promoverá acciones para evitar y, en su caso, controlar los procesos de deterioro y de contaminación en las corrientes y cuerpos de agua en la entidad.

TÍTULO CUARTO
De la protección al ambiente

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 4.50.- Para la prevención y control de la contaminación de la atmósfera, del agua, de los ecosistemas acuáticos y del suelo, así como de la contaminación visual, por emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales, y el aprovechamiento de sustancias no reservadas a la Federación que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obras, se estará a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, este Libro, la Ley del Agua del Estado de México, la reglamentación estatal, las normas oficiales mexicanas y normas técnicas estatales y demás disposiciones aplicables.

Las actividades riesgosas, los residuos sólidos municipales e industriales no peligrosos y las contingencias ambientales estarán a lo dispuesto en este Título y, en su caso, a las normas oficiales mexicanas y normas técnicas estatales correspondientes.

La prevención y control de la contaminación generada por la prestación de los servicios públicos municipales, se sujetará a las disposiciones de carácter general que emitan los ayuntamientos.

Artículo 4.51.- El Gobernador del Estado podrá declarar una zona crítica cuando los niveles de contaminación imperantes en un área determinada pongan en riesgo la salud de la población o los ecosistemas.

Artículo 4.52.- Corresponderá a la Secretaría de Ecología, emitir dictámenes de factibilidad en materia ambiental de conformidad con lo que establezca el programa de ordenamiento ecológico.

Artículo 4.53.- La Secretaría de Ecología deberá llevar un inventario de emisiones atmosféricas y de residuos industriales no peligrosos. Los ayuntamientos llevarán el inventario de emisiones atmosféricas de las fuentes fijas de su competencia.

CAPITULO SEGUNDO
De la prevención y control de la
contaminación atmosférica

Artículo 4.54.- La Secretaría de Ecología, en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica:

I. Establecerá medidas de prevención y control para reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera y exigirá su cumplimiento;

II. Vigilará el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, así como los criterios y normas técnicas estatales que emita para la protección de la atmósfera;

III. Además de lo anterior, en caso de contaminación producida por fuentes fijas:

a) Requerirá, en caso de considerarlo necesario, la instalación de equipos o sistemas de control de emisiones contaminantes y el uso de combustibles;

b) Vigilará el cumplimiento de los criterios ecológicos en los planes de desarrollo urbano estatal, regionales y municipales para el mejoramiento de la calidad del aire;

c) Autorizará los servicios de instalación, mantenimiento, verificación y suministro de equipo y sistemas de recuperación de vapores de gasolina para estaciones de servicio y autoconsumo.

IV. En caso de fuentes móviles, además de lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo:

a) Autorizará y regulará el establecimiento y operación de sistemas de verificación de emisiones de vehículos automotores en circulación;

b) Exigirá a los propietarios o poseedores de vehículos automotores el cumplimiento de las medidas de control dispuestas y en su caso, retirará de la circulación a aquellos vehículos que no acaten la normatividad;

c) Implementará las medidas necesarias para el mejoramiento de la vialidad y transporte colectivo, con el fin de evitar la concentración de emisiones contaminantes, y en caso necesario se coordinará para lograrlo con otras dependencias y entidades federales, estatales y municipales.

Tratándose de prevención y control de la contaminación producida por fuentes móviles, la Secretaría según sea el caso, directamente o mediante acuerdos de colaboración que celebre con los ayuntamientos observará lo dispuesto en este artículo en sus fracciones I y IV.

Artículo 4.55.- Los propietarios de los vehículos automotores de uso privado o de servicio público deberán:

I. Observar los límites permitidos de emisiones señalados en la normatividad aplicable;

II. Verificar periódicamente las emisiones de contaminantes a la atmósfera, de acuerdo con los programas, mecanismos y disposiciones establecidos;

III. Observar las medidas y restricciones que las autoridades competentes dicten para prevenir y controlar emergencias y contingencias ambientales.

Artículo 4.56.- Se considerarán fuentes fijas y móviles de jurisdicción municipal:

I. Los hornos o mecanismos de incineración de residuos derivados de los servicios de limpia, cuya regulación no corresponda al gobierno federal, así como los depósitos para el confinamiento de dichos residuos;

II. Los hornos o mecanismos de incineración de residuos producidos en mercados públicos, tiendas de autoservicio, centrales de abasto y los residuos producidos en estos establecimientos;

III. Los trabajos de pavimentación de calles y construcción de obras públicas y privadas de competencia municipal;

IV. Los baños, balnearios, instalaciones o clubes deportivos, públicos o privados;

V. Los hoteles y establecimientos que presten servicios similares o conexos;

VI. Los restaurantes, panaderías, tortillerías, molinos de nixtamal y, en general, toda clase de establecimientos fijos o móviles que expendan, procesen, produzcan o comercialicen de cualquier manera, al mayoreo o menudeo, alimentos o bebidas al público, directa o indirectamente;

VII. Los hornos de producción de ladrillos, tabiques o similares y aquellos en los que se produzca cerámica de cualquier tipo;

VIII. Los criaderos de todo tipo de aves o de ganado;

IX. Los talleres mecánicos automotrices, de hojalatería y pintura, vulcanizadoras y demás similares o conexos;

X. Los fuegos artificiales en fiestas y celebraciones públicas;

XI. Los espectáculos públicos culturales, artísticos o deportivos de cualquier clase;

XII. Las instalaciones y establecimientos de cualquier clase en ferias populares;

XIII. Las demás fuentes fijas que funcionen como establecimientos comerciales o de servicios al público en los que se emitan olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera.

Artículo 4.57.- La Secretaría y los ayuntamientos correspondientes, en materia de contaminación atmosférica, en el ámbito de su competencia, tendrán las siguientes atribuciones:

I. Aplicará los criterios generales para la protección a la atmósfera, en los planes de desarrollo urbano de su competencia, definiendo las zonas en que sea permitida la instalación de industrias contaminantes;

II. Requerirán a los responsables de la operación de fuentes fijas de su jurisdicción, el cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes, de conformidad con lo establecido por las disposiciones jurídicas que resulten aplicables en las normas oficiales mexicanas;

III. Integrarán y mantendrán actualizado el inventario de fuentes de contaminación atmosférica;

IV. Establecerán y operarán, con el apoyo técnico, en su caso, de la Secretaría del ramo a nivel federal, sistemas de monitoreo de la calidad del aire; y remitirán los reportes locales de monitoreo atmosférico a dicha dependencia para integrarlos al Sistema Nacional de Información Ambiental;

V. Establecerán requisitos y procedimientos para regular las emisiones de transporte público dentro del ámbito de sus respectivas competencias, así como las medidas de tránsito respectivas; y, en su caso, la suspensión de la circulación de vehículos automotores, en casos de contingencia ambiental en las fases de grave contaminación;

VI. Tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales por contaminación atmosférica;

VII. Elaborarán los informes sobre el estado del medio ambiente en su ámbito jurisdiccional según se convenga con la Secretaría del ramo a nivel federal, a través de los acuerdos de coordinación que se celebren;

VIII. Impondrán las sanciones y medidas correctivas de su competencia por infracciones a esta ley, sus reglamentos y los bandos municipales respectivos;

IX. Formularán y aplicarán, con base en las normas oficiales mexicanas emitidas para establecer la calidad ambiental en el territorio nacional, programas de gestión de calidad del aire.

Artículo 4.58.- Requieren de permiso de la Secretaría de Ecología las personas que realicen quema de materiales a cielo abierto.

CAPITULO TERCERO
De las actividades riesgosas

Artículo 4.59.- La Secretaría de Ecología, mediante acuerdo publicado en la Gaceta del Gobierno, establecerá la clasificación de las actividades que deban considerarse riesgosas para el equilibrio ecológico o el ambiente, en virtud de las características de los materiales que se generen o manejen en establecimientos industriales, comerciales o de servicios, tomando en cuenta los volúmenes de manejo y la ubicación del establecimiento.

Artículo 4.60.- Cuando se realicen actividades riesgosas, los programas para la prevención en caso de accidentes, se deberán sujetar a la aprobación de la Secretaría de Ecología y de la autoridad de protección civil.

Artículo 4.61.- Para la determinación de los usos del suelo en los planes de desarrollo urbano, la Secretaría de Ecología promoverá la especificación de las áreas en las que se permitirá el establecimiento de industrias o servicios considerados riesgosos, por los efectos que puedan generar en el ambiente, para lo cual se considerarán:

I. Las condiciones geológicas y meteorológicas de las zonas, de manera que se facilite la rápida dispersión de contaminantes;

II. Su proximidad a centros de población, previendo las tendencias de expansión o de creación de nuevos asentamientos;

III. Los impactos que tendría un posible evento extraordinario de la industria, comercio o servicio de que se trate, sobre los centros de población y los recursos naturales;

IV. La compatibilidad con otras actividades de las zonas;

V. La infraestructura existente y necesaria para la atención de emergencias ambientales;

VI. La infraestructura para la dotación de servicios básicos.

Artículo 4.62.- Cuando cambien las condiciones en las que se otorgó una autorización para el establecimiento de una fuente fija que lleve a cabo actividades consideradas riesgosas, la Secretaría de Ecología podrá requerir información adicional para ser evaluada y, en su caso, determinar las acciones y medidas para reducir los riesgos que impliquen.

Artículo 4.63.- La Secretaría de Ecología promoverá ante la autoridad competente que en los programas de desarrollo urbano se disponga que en las zonas intermedias de salvaguarda decretadas no se permitan los usos habitacionales, comerciales y otros que pongan en riesgo a la población.

CAPITULO CUARTO
Prevención y control de la contaminación por ruido, vibraciones, energía
térmica y lumínica, olores, vapores, gases y contaminación visual

Artículo 4.64.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, olores, vapores, gases y la generación de contaminación visual, en cuanto rebase los límites máximos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y en los criterios y normas estatales que para ese efecto se expidan, considerando los valores de concentración máxima permisibles para el ser humano, de contaminación en el ambiente que se determinen. La Secretaría y las autoridades de los municipios del Estado de México, en términos de lo dispuesto por este Libro y los bandos municipales, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y aplicarán las sanciones correspondientes.

En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o lumínica, ruido o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las existentes, deben llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente.

CAPITULO QUINTO
De los residuos sólidos municipales e industriales no peligrosos

Artículo 4.65.- La Secretaría de Ecología emitirá las normas técnicas estatales que regularán la localización, instalación y funcionamiento de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, separación, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales e industriales no peligrosos.

Para efectos de este Capítulo, se entiende por residuos sólidos municipales a aquellos que se generan en casas habitación, parques, jardines, vía pública, oficinas, sitios de reunión, mercados, comercios y establecimientos de servicios y no sean considerados como peligrosos, conforme a la normatividad ambiental.

Artículo 4.66.- Queda sujeto a la autorización de la Secretaría de Ecología el manejo, transporte, tratamiento y disposición final de residuos industriales no peligrosos.

Para la utilización de residuos industriales no peligrosos se requerirá llevar un control interno por el responsable, así como la presentación de un informe semestral a la Secretaría de Ecología. Para estos efectos, se entenderá por residuo industrial no peligroso, a aquel material derivado de un proceso productivo, que no rebase los parámetros establecidos en el Código CRETIB (corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso).

Artículo 4.67.- Para la localización, instalación y funcionamiento de sistemas de manejo, separación, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales e industriales no peligrosos se tomarán en cuenta las normas oficiales mexicanas, normas técnicas estatales, los ordenamientos ecológicos y los planes estatales y municipales de desarrollo urbano.

Artículo 4.68.- Los ayuntamientos, directamente o bajo el régimen de concesión a particulares, construirán y operarán estaciones de transferencia, plantas de selección y tratamiento, y sitios de disposición final de residuos sólidos municipales e industriales no peligrosos.

Artículo 4.69.- El establecimiento de sitios de disposición final de residuos sólidos municipales e industriales no peligrosos, es de utilidad pública, por lo que el Gobernador del Estado podrá declarar la expropiación de terrenos para este fin y establecer medidas para restringir el uso del suelo dentro de estas zonas, previa la comprobación técnica a cargo de los interesados, de que el sitio elegido es el que reúne las condiciones para realizar un confinamiento controlado que garantice la no afectación al ambiente.

Artículo 4.70.- Cuando se trate de residuos industriales no peligrosos, que provengan de un tratamiento efectuado a un residuo peligroso, eliminando su peligrosidad, éstos serán manejados conforme a lo dispuesto en este Libro, el reglamento que al efecto se expida y las normas oficiales mexicanas y las normas técnicas estatales.

Artículo 4.71.- La Secretaría de Ecología y los ayuntamientos podrán celebrar convenios o acuerdos de coordinación, colaboración y asesoría, con la participación de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipales competentes, así como con instituciones públicas o privadas de enseñanza superior, para promover:

I. El establecimiento y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales e industriales no peligrosos;

II. El uso y la fabricación de empaques y embalajes de toda clase de productos, cuyos materiales permitan minimizar la generación de residuos sólidos municipales e industriales no peligrosos y facilitar su reutilización y reciclaje, así como su disposición final; o

III. El establecimiento de rellenos sanitarios para el tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales e industriales no peligrosos.

Artículo 4.72.- Con el objeto de prevenir y controlar los efectos nocivos que puedan ocasionar los residuos sólidos municipales e industriales no peligrosos depositados en predios baldíos, vía pública y en general en terrenos o áreas utilizadas como tiraderos a cielo abierto, los municipios deberán promover y establecer programas de limpieza y control para su erradicación y evitar que se transformen en lugares permanentes de disposición irregular de dichos residuos, así como en focos de insalubridad pública y contaminación ambiental.

Artículo 4.73.- En ningún caso podrán introducirse residuos peligrosos o no peligrosos para su derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, incineración o cualquier otro tratamiento para su destrucción o disposición final en el territorio del Estado sin contar con el previo consentimiento de la Secretaría de Ecología y de la autoridad municipal correspondiente.

CAPITULO SEXTO
De las contingencias ambientales

Artículo 4.74.- Las autoridades competentes declararán contingencia ambiental cuando se presente o se prevea, con base en análisis objetivos y en el monitoreo de la contaminación ambiental, una concentración de contaminantes o un riesgo ecológico derivado de actividades humanas o fenómenos naturales que pueden afectar la salud de la población o al ambiente, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas, en cuyo caso se aplicarán las medidas establecidas en este Libro, en la propia declaratoria y en el Programa de Contingencia Ambiental publicado en la Gaceta del Gobierno.

Artículo 4.75.- La declaratoria deberá darse a conocer conjuntamente con las medidas correspondientes, a través de los medios de comunicación masiva y de los instrumentos que se establezcan para tal efecto. Dichas medidas entrarán en vigor:

I. Tratándose de fuentes fijas localizadas en el Estado de México y sus municipios, en el momento en que se den a conocer;

II. Tratándose de los vehículos automotores que circulen en el Estado de México y sus municipios, al día siguiente al que se den a conocer.

Artículo 4.76.- Las declaratorias de contingencia ambiental especificarán el plazo durante el cual permanecerán vigentes las medidas establecidas conforme a lo dispuesto en este Libro, así como los términos que, en su caso, podrán prorrogarse.

La Secretaría de Ecología o los ayuntamientos, para controlar una situación de emergencia ecológica o de contingencia ambiental, podrán aplicar las medidas siguientes:

I. Tratándose de fuentes móviles:

a) Restringir o suspender la circulación de vehículos automotores, incluidos los de servicio público local y federal, y los que cuenten con placas de otras entidades federativas o del extranjero, en términos del programa de emergencia o de contingencia y de la declaratoria respectiva, conforme a los criterios siguientes:

1. Número de placas de circulación;

2. Zonas o vías determinadas;

3. Engomado, por día o período determinado.

b) Retirar de la circulación los vehículos que no respeten las limitaciones, suspensiones o restricciones establecidas, e imponer las sanciones correspondientes.

II. Tratándose de fuentes fijas, determinar la reducción o en su caso suspensión de actividades, en los términos y porcentajes indicados en el programa de emergencia o contingencia y en la declaratoria correspondiente;

III. Las demás que se establezcan en los programas de emergencia o contingencia y en la declaratoria respectiva.

La Secretaría de Ecología o el ayuntamiento, según corresponda, podrán exentar a los particulares que lo soliciten del programa de contingencia ambiental, de conformidad con lo que se establezca en la reglamentación correspondiente.

Artículo 4.77.- Las limitaciones a la circulación de los vehículos automotores previstas en caso de contingencia ambiental, no serán aplicables a los vehículos siguientes:

I. Servicio médico;

II. Seguridad pública;

III. Bomberos y rescate;

IV. Servicio público de transporte de pasajeros;

V. Servicio de transporte de carga, cuando utilicen fuentes de energía, sistemas y equipos anticontaminantes, que así determine la Secretaría de Ecología para minimizar o prevenir sus emisiones;

VI. Cualquier servicio, tratándose de vehículos que no emitan contaminantes o que usen para su locomoción energía solar, eléctrica, gas, gasolina, diesel o cualquier otra fuente de energía, siempre que no excedan los límites de emisiones contaminantes establecidos por las normas oficiales mexicanas o normas técnicas estatales que al efecto se expidan;

VII. Servicio particular en casos en que se acredite o sea manifiesta una emergencia médica;

VIII. En caso de que el vehículo sea utilizado para transportar a una o varias personas con capacidades diferentes.

TÍTULO QUINTO
De los prestadores de servicios ambientales

Artículo 4.78.- Las empresas o particulares que presten servicios ambientales deberán obtener su registro ante la Secretaría de Ecología.

Artículo 4.79.- La Secretaría de Ecología tendrá a disposición del público una lista de las empresas o particulares que presten servicios ambientales y que cuenten con el registro correspondiente.

TÍTULO SEXTO
De los proveedores de equipos y
servicios de verificación

Artículo 4.80.- Los proveedores de equipos y servicios para la operación de los centros de verificación vehicular, deberán contar con autorización de la Secretaría de Ecología.

Artículo 4.81.- Los proveedores de equipos, programas de cómputo y servicios para la operación de los centros de verificación de emisiones generadas por fuentes móviles están obligados a:

I. Suministrar equipos, programas de cómputo y servicios que cumplan con la normatividad aplicable y proporcionar los manuales de operación;

II. Que el personal que efectúe la instalación, suministro y mantenimiento esté debidamente capacitado;

III. En su caso, prestar los servicios de mantenimiento a los equipos instalados cerciorándose de que éstos cumplan con los requisitos previstos en las disposiciones aplicables;

IV. Llevar un registro con la información de las operaciones de mantenimiento y reparación de equipos, remitiendo un informe mensual a la Secretaría de Ecología;

V. Dar aviso a la Secretaría de Ecología cuando dejen de prestar el servicio de suministro y mantenimiento de equipos y programas de cómputo;

VI. Mantener en vigor la fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la confidencialidad durante la vigencia de la autorización correspondiente. La fianza se hará efectiva en caso de que la prestación del servicio contravenga las disposiciones aplicables.

TÍTULO SEPTIMO
De los verificadores y laboratorios ambientales

Artículo 4.82.- La Secretaría atendiendo las necesidades de los servicios de verificación de fuentes de su competencia, expedirá autorizaciones a los interesados que cumplan los requisitos correspondientes. Para tal efecto, emitirá previamente convocatoria pública en la Gaceta del Gobierno, en la cual se determinará la capacidad técnica y financiera y demás condiciones que se deberán reunir para obtener la autorización, las normas y procedimientos de verificación que se deberán observar, así como el número y ubicación de las instalaciones de los verificadores ambientales a ser autorizados.

Artículo 4.83.- La Secretaría podrá autorizar las siguientes clases de verificadores ambientales:

I. De fuentes fijas;

II. De fuentes móviles.

Artículo 4.84.- Quienes realicen verificaciones y entreguen los documentos que acrediten su aprobación sin contar con la autorización correspondiente, serán sancionados en los términos de este Libro y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 4.85.- Otorgada la autorización para prestar el servicio de verificación de emisiones contaminantes, el interesado contará con el plazo que se fije en la autorización, para iniciar la operación, garantizando previamente el cumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas. El interesado deberá presentar una fianza, cuyo monto será fijado por la Secretaría, tomando en cuenta las circunstancias particulares de los servicios que prestará el propio interesado, misma que deberá ser expedida por compañía autorizada. La fianza deberá permanecer en vigor durante el tiempo que dure la autorización.

Artículo 4.86.- La autorización para prestar el servicio de verificación de emisiones contaminantes tendrá la vigencia que señale en la autorización respectiva, la que podrá revalidarse en términos del Reglamento correspondiente. La Secretaría podrá revocar la autorización anticipadamente por resolución fundada y motivada, oyendo previamente al interesado. A quien se le revoque la autorización, no podrá volver a otorgársele.

Artículo 4.87.- Los verificadores ambientales están obligados a:

I. Operar conforme a los sistemas, procedimientos, instalaciones, equipos, plazos y condiciones establecidos en este Libro, las normas oficiales mexicanas, normas técnicas estatales, el programa de verificación, la convocatoria, circulares y autorización correspondientes;

II. Que el personal que efectúe las verificaciones esté debidamente capacitado;

III. Mantener sus instalaciones y equipos calibrados y en óptimas condiciones, así como observar los requisitos señalados en la autorización que otorgue la Secretaría de Ecología para la debida prestación del servicio de verificación;

IV. Destinar exclusivamente a la verificación de emisiones contaminantes sus establecimientos, sin efectuar en éstos reparaciones mecánicas, venta de refacciones automotrices o cualquier otra actividad industrial, comercial o de servicios distinta a la verificación;

V. Llevar un registro con la información de las verificaciones efectuadas y remitir a la Secretaría de Ecología los datos obtenidos en términos de la reglamentación correspondiente;

VI. Dar aviso inmediato a la Secretaría de Ecología cuando dejen de prestar el servicio de verificación o los equipos e instalaciones no funcionen adecuadamente, en cuyo caso se abstendrán de realizar verificaciones hasta en tanto funcionen correctamente;

VII. Conservar en depósito y manejar debidamente los documentos que reciban de la Secretaría de Ecología para acreditar la aprobación de la verificación, hasta que éstos sean entregados al interesado y, en su caso, adheridos a la fuente emisora de contaminantes;

VIII. Dar aviso inmediato a la Secretaría de Ecología en caso de robo o uso indebido de los documentos utilizados para acreditar la aprobación de la verificación, independientemente de la denuncia ante el ministerio público;

IX. Enviar a la Secretaría de Ecología, en los términos establecidos en la reglamentación correspondiente, la documentación requerida para la supervisión y control de la verificación;

X. Que sus establecimientos cuenten con los elementos distintivos determinados por la Secretaría de Ecología;

XI. Cobrar las tarifas autorizadas por la Secretaría de Ecología por la prestación del servicio de verificación;

XII. Mantener en vigor la fianza correspondiente durante la vigencia de la autorización para prestar el servicio de verificación.

Artículo 4.88.- La Secretaría de Ecología autorizará a los centros de educación superior e investigación, empresas y particulares que realicen servicios de laboratorio que demuestren contar con los recursos humanos y materiales necesarios para realizar análisis de contaminantes en el aire, agua, suelo, subsuelo, materiales o residuos sólidos, ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, olores y vapores, y contaminación visual.

Artículo 4.89.- Para los efectos del artículo anterior serán reconocidos los laboratorios acreditados de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. La Secretaría de Ecología llevará el registro correspondiente.

TÍTULO OCTAVO
De la vigilancia

CAPITULO PRIMERO
De las medidas de seguridad

Artículo 4.90.- Cuando la Secretaría de Ecología o la autoridad municipal competente observen que exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico o de daño o deterioro graves a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, u operación indebida de programas de cómputo y equipos que alteren la verificación vehicular, permitiendo la circulación de vehículos que emitan contaminantes excediendo la norma, podrán ordenar alguna o algunas de las medidas de seguridad siguientes:

I. La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones en que se manejen o almacenen productos o subproductos de sustancias contaminantes o residuos peligrosos o se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere este artículo;

II. El aseguramiento precautorio de materiales que se manejen en la realización de actividades riesgosas, así como de especimenes, bienes, vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta que dé lugar a la imposición de la medida de seguridad;

III. La neutralización o cualquier acción análoga para impedir que materiales que se manejen en la realización de actividades riesgosas generen los efectos previstos en este artículo;

IV. La suspensión de obras o actividades.

La Secretaría de Ecología o la autoridad municipal podrán promover ante la autoridad competente la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos.

Artículo 4.91.- Cuando la autoridad competente ordene alguna de las medidas de seguridad a que se refiere el artículo anterior indicará al interesado, cuando proceda, las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades, así como los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas, se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta.

CAPITULO SEGUNDO
De las infracciones y sanciones

Artículo 4.92.- Las sanciones por faltas administrativas que impongan la Secretaría de Ecología y las autoridades municipales, en las materias de su competencia, son:

I. Apercibimiento;

II. Amonestación;

III. Multa;

IV. Impedir la circulación de vehículos, remitiéndolos en su caso a los depósitos correspondientes;

V. Suspensión o revocación de concesiones, permisos o autorizaciones;

VI. Arresto administrativo;

VII. Clausura temporal o definitiva, parcial o total;

VIII. Reparación del daño ambiental.

Artículo 4.93.- Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior se observarán las reglas siguientes:

I. El apercibimiento, amonestación, remisión de vehículos a depósitos y el arresto administrativo serán aplicadas por la Secretaría de Ecología o la autoridad municipal, pero nunca por ambos a la vez;

II. El apercibimiento y la amonestación constarán por escrito y se aplicarán preferentemente antes de cualquier tipo de sanción, según la gravedad de la infracción cometida;

III. Las multas serán aplicadas por la Secretaría de Ecología o la autoridad municipal, en el ámbito de su competencia, por los montos y bajo las condiciones establecidas en este Libro y demás disposiciones que resulten aplicables;

IV. La suspensión y clausura de actividades y obras, y la suspensión o revocación de concesiones, permisos o autorizaciones, serán aplicadas por la Secretaría de Ecología o la autoridad municipal en su ámbito de competencia;

V. La reparación del daño ambiental será impuesta por autoridad competente previo dictamen técnico.

Artículo 4.94.- Se sancionará con multa por el equivalente de cuarenta a cien días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción, a quien:

I. Genere residuos sólidos de origen doméstico sin atender las disposiciones dictadas por los ayuntamientos;

II. No cumpla con las medidas de ahorro de agua potable;

III. Genere emisiones contaminantes por ruido, vibraciones o energía térmica, lumínica o visual que rebasen los límites fijados en las normas ambientales aplicables;

IV. Pode o trasplante un árbol público o afecte negativamente áreas verdes o jardineras públicas, incluyendo las localizadas en banquetas y camellones, sin la autorización previa de la autoridad competente;

V. Realice actividades que puedan afectar considerablemente la calidad del suelo, porque no apliquen medidas de conservación, protección o restauración dictadas por la autoridad;

VI. No observe los límites permitidos de emisiones señalados en los reglamentos y normas ambientales aplicables a vehículos automotores, ni su periodicidad para verificar;

VII. Derribe un árbol perteneciente a un área natural protegida o en zonas colindantes con ésta, sin la autorización previa de la autoridad competente.

Artículo 4.95.- Se sancionará con multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción, cuando se:

I. Impida al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección ambiental, en los términos previstos en la orden escrita;

II. Rebase los límites máximos permitidos de emisiones contaminantes en fuentes fijas o impida la verificación de sus emisiones, salvo tratándose del supuesto a que se refiere la fracción III del artículo anterior;

III. Construya una obra nueva, amplíe una existente o realice nuevas actividades industriales, comerciales o de servicios que puedan afectar al ambiente, sin contar previamente con la autorización del informe preventivo, en los casos en que éste se requiera, así como, a quien contando con autorización, no dé cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidos en la misma;

IV. Realice quemas de materiales a cielo abierto sin contar con el permiso correspondiente o que, contando con él, no cumpla con las condicionantes del mismo;

V. Deposite o arroje residuos en la infraestructura vial o queme éstos o cualquier material no peligroso al aire libre;

VI. Genere descargas de agua residual sin cumplir las normas ambientales aplicables;

VII. Realice el manejo y disposición final de residuos sin contar con la autorización respectiva;

VIII. Rebase los límites máximos permisibles contenidos en las normas ambientales aplicables para fuentes móviles, de conformidad con la constancia respectiva;

IX. Deposite materiales o residuos que obstruyan las redes de drenaje y alcantarillado o cuerpos receptores de los municipios;

X. No cumpla con las medidas de tratamiento y reuso de aguas tratadas;

XI. Sea propietaria o poseedora de un vehículo retirado de la circulación por rebasar los límites contenidos en las normas oficiales mexicanas o en los criterios y normas técnicas estatales, de conformidad con la constancia respectiva;

XII. Realice actividades que puedan afectar considerablemente la calidad del suelo, por que no aplique las medidas de conservación, protección, restauración y recuperación dictadas por la autoridad correspondiente;

XIII. Generen descargas domésticas de agua residual o emisiones contaminantes a la atmósfera, agua, suelo o subsuelo, rebasando los límites establecidos en las normas oficiales mexicanas, los criterios y normas técnicas estatales o condiciones particulares de descarga.

Artículo 4.96.- Se sancionará con multa por el equivalente de mil a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción, a quien:

I. Realice obras de actividades de explotación o aprovechamiento de recursos en áreas naturales protegidas, sin sujetarse al programa de manejo del área respectiva;

II. Opere sistemas o plantas de tratamiento sin cumplir con las condiciones particulares de descarga de aguas residuales, así como suspender su operación sin dar aviso a la Secretaría de Ecología, cuando menos con diez días hábiles de anticipación si la suspensión estaba prevista o programada, o dentro de los cinco días hábiles siguientes si la suspensión fue imprevisible;

III. Incumpla las medidas que apliquen las autoridades competentes para limitar, suspender o restringir la circulación vehicular en caso de contingencia ambiental;

IV. No cumpla con los términos y condiciones establecidos en la autorización de la manifestación de impacto ambiental correspondiente;

V. No cuente con la autorización para proveer de equipos y servicios para la operación de los centros de verificación vehicular o, contando con ella, no cumpla con las obligaciones establecidas en el Título Sexto de este Libro;

VI. Siendo propietaria o poseedora de fuentes fijas:

a) No cuente con las autorizaciones en materia de prevención y control de la contaminación a la atmósfera o para el manejo y disposición final de residuos industriales no peligrosos o que, contando con ellas, incumpla los términos y condiciones establecidos en las mismas;

b) Incumpla con los requisitos, procedimientos y métodos de medición y análisis establecidos en las normas ambientales aplicables;

c) No realice la verificación periódica de emisiones contaminantes que le corresponda;

d) No cuente con plataformas o puertos de muestreo para la medición y análisis de emisiones contaminantes, cuando así lo determinen las normas ambientales aplicables;

e) No minimice el consumo de energía o agua, o no restaure la calidad de ésta, de acuerdo con el presente Libro y las normas ambientales aplicables;

f) No cumpla con los programas de prevención, minimización, reciclaje, tratamiento, reuso y disposición de contaminantes y residuos, cuando éstos se requieran por la cantidad o naturaleza de los contaminantes o residuos generados, de conformidad con las normas ambientales aplicables;

g) No de aviso inmediato a las autoridades competentes o no tome las medidas conducentes en caso de emisiones contaminantes por accidentes, fugas, derrames, explosiones o incendios que pongan en peligro o afecten la integridad de las personas o causen un daño ambiental;

h) No acate las medidas que establezcan la Secretaría de Ecología y las demás autoridades competentes en caso de contingencia ambiental o emergencia ecológica, o sean impuestas como medidas de seguridad;

i) Preste el servicio público de transporte de pasajeros en vehículos que no utilicen las fuentes de energía, sistemas y equipos determinados por la autoridad competente, para prevenir o minimizar sus emisiones contaminantes.

Artículo 4.97.- Se sancionará con multa por el equivalente de mil a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción, a quienes verifiquen fuentes móviles que no cumplan con las obligaciones establecidas en el Título Séptimo de este Libro, o que:

I. Expidan constancias o reportes de verificación alteradas, o que no reúnan los requisitos correspondientes;

II. No entreguen al propietario o poseedor de una fuente emisora de contaminantes la constancia correspondiente o, en caso de ser aprobatoria, no adhiera la calcomanía o el documento respectivo en dicha fuente;

III. Realicen verificaciones para las cuales no estén autorizados;

IV. Usen o entreguen constancias, calcomanías o documentos que acrediten la aprobación de la verificación de emisiones contaminantes, sin haber aprobado la verificación correspondiente.

Sin perjuicio de lo anterior, quien incumpla cualquiera de las obligaciones establecidas en el Título Séptimo de este Libro, será sancionado con la revocación de la autorización correspondiente.

Artículo 4.98.- Se sancionará con multa por el equivalente de mil a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción, a verificadores de fuentes fijas que:

I. No cuente con la autorización correspondiente;

II. No mantenga sus instalaciones y equipos calibrados y en las condiciones de funcionamiento establecidas en las disposiciones aplicables;

III. No lleve el registro con la información de las verificaciones efectuadas o no remita a la Secretaría de Ecología los datos obtenidos en los términos fijados por ésta;

IV. No de aviso inmediato a la Secretaría de Ecología cuando por cualquier causa se dejen de prestar los servicios de verificación o cuando los equipos e instalaciones no funcionen debidamente o se realicen verificaciones no obstante esto último;

V. Expida o emita reportes de verificación alterados o que no reúnan los requisitos correspondientes;

VI. Realice actividades para las cuales no esté autorizado;

VII. No opere conforme a los sistemas, procedimientos, instalaciones, equipos y plazos de verificación establecidos en las normas ambientales aplicables o los determinados por la Secretaría de Ecología en el programa, convocatoria y autorización respectivos.

Artículo 4.99.- Se sancionará con multa por el equivalente de cuatrocientos a siete mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción, a quien:

I. Construya una obra nueva, amplíe una existente realizando actividades que puedan resultar riesgosas sin contar previamente con la autorización del estudio de riesgo en los casos en que éste se requiera o que, contando con esa autorización, incumpla los requisitos y condiciones establecidos en la misma;

II. Realice actividades no riesgosas contraviniendo las medidas preventivas, de control o correctivas establecidas en las normas ambientales aplicables para prevenir y controlar accidentes;

III. Trafique, en los asuntos no reservados a la Federación, con una o más especies o subespecies silvestres de flora o fauna terrestre o acuática en peligro de extinción, amenazadas, raras o sujetas a protección especial de conformidad con las normas ambientales aplicables, sin perjuicio de la denuncia ante el ministerio público.

Artículo 4.100.- Quien realice obras, actividades o aprovechamientos sin contar con la previa autorización de la manifestación de impacto ambiental, en los casos en que ésta sea exigible, se hará acreedor a una multa de tres mil a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción. En caso de que ya se hubiere iniciado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la Secretaría de Ecología, además de imponer la sanción correspondiente, podrá negar la autorización respectiva.

Artículo 4.101.- Se considerará que incurre en ecocidio y se sancionará con multa de cuatro mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción, a quien:

I. Realice actividades que puedan afectar la salud o integridad de las personas o al ambiente;

II. Ocupe, use, aproveche o deteriore sin derecho un área natural protegida;

III. No repare los daños ecológicos que ocasione al ambiente, recursos naturales o áreas naturales protegidas. Lo dispuesto en esta fracción será aplicable a la exploración, explotación o manejo de minerales o cualquier depósito del subsuelo, cuando no se reforeste el área o no se restaure el suelo, subsuelo, entornos volcánicos y estructuras geomorfológicas afectadas;

IV. En los casos no reservados a la Federación, transporte materiales o residuos peligrosos contraviniendo lo establecido en las disposiciones aplicables y se afecte con este motivo la integridad de las personas o se cause un daño al ambiente.

Artículo 4.102.- Quien incurra en falsedad en los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo que elabore, será sancionado con:

I. Amonestación y multa de trescientos a mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción;

II. Arresto de hasta treinta y seis horas y multa de mil quinientos a siete mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción;

III. La pérdida del registro y multa de tres mil a quince mil días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción.

Artículo 4.103.- Tratándose de fuentes fijas, si persiste la infracción una vez vencido el plazo concedido por la Secretaría de Ecología o las autoridades municipales correspondientes para corregir las irregularidades detectadas, podrán imponerse multas adicionales por cada día que subsista la contravención, sin perjuicio de la multa originalmente impuesta. El monto total de las multas no podrá exceder del equivalente a cuarenta mil días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción.

Artículo 4.104.- El infractor que pague la multa dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su imposición, tendrá derecho a un descuento cuyo monto determinará la Secretaría de Ecología, siempre que no se trate de una reincidencia, el que en ningún caso será mayor al cincuenta por ciento de la multa impuesta.

Artículo 4.105.- Sin perjuicio de la aplicación de las multas establecidas en los artículos anteriores, se aplicarán las siguientes sanciones cuando se incurra en las infracciones referidas a continuación:

I. Clausura total y definitiva de la obra o actividad cuando ésta requiera autorización en materia de impacto ambiental y carezca de la misma, en cuyo caso el infractor deberá reparar los daños ambientales causados;

II. Clausura temporal, parcial o total, de la obra o actividad, en caso de incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la autorización en materia de impacto ambiental, hasta que los mismos se cumplan;

III. Retiro de la circulación y remisión de los vehículos respectivos a los depósitos autorizados durante veinticuatro horas:

a) En caso de incumplimiento a las limitaciones establecidas por las autoridades competentes para la circulación de vehículos automotores;

b) Cuando no se acate lo establecido en los programas, mecanismos o disposiciones, para disminuir la emisión de contaminantes provenientes de vehículos automotores ostensiblemente contaminantes.

IV. Revocación de las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Ecología de conformidad con este Libro, en caso de:

a) Modificación o desistimiento del proyecto presentado en el informe preventivo, manifestación o estudio de impacto ambiental o de riesgo, con anterioridad a que la Secretaría dicte la resolución correspondiente y sin dar el aviso respectivo;

b) Que el informe preventivo, manifestación o estudio de impacto ambiental o de riesgo conforme a los cuales se haya dictado la autorización respectiva, contenga información falsa o incorrecta u omita la identificación de impactos negativos por impericia, negligencia, mala fe o dolo;

c) Que después de otorgada la autorización de impacto ambiental, la obra o actividad respectiva se amplíe o modifique respecto de la generación de contaminantes o del uso o afectación de recursos naturales, sin la previa autorización de la Secretaría;

d) Que no se cumpla con los requisitos y condiciones establecidos en este Libro o en la autorización de impacto ambiental.

Artículo 4.106.- A los terceros autorizados se aplicará, además de lo establecido en los artículos precedentes, la suspensión de la autorización para verificar emisiones contaminantes por treinta días hábiles, en los casos siguientes:

I. Que no se inicie la prestación del servicio de verificación dentro del plazo establecido en la autorización;

II. Que no se presente a la Secretaría de Ecología, previamente al inicio de la operación del servicio de verificación, la fianza establecida en este Libro;

III. Que en cualquier tiempo y por cualquier causa no permanezca en vigor la fianza durante la vigencia de la autorización;

IV. Que no se envíe a la Secretaría de Ecología en los términos establecidos por ésta, la documentación requerida para la supervisión y control de la verificación;

V. Que los establecimientos de verificación no cuenten con los elementos distintivos determinados por la Secretaría de Ecología para su identificación;

VI. Que realicen verificaciones para las cuales no estén autorizados;

VII. Que no operen conforme a los sistemas, procedimientos, instalaciones, equipos y personal técnico de verificación establecidos en este Libro y en las normas técnicas o determinados por la Secretaría de Ecología en el programa, convocatoria, circulares respectivos, así como cuando se alteren los sistemas, procedimientos, instalaciones y equipos de verificación;

VIII. Que usen o entreguen indebidamente constancias, calcomanías o documentos que acrediten la aprobación de la verificación de emisiones contaminantes;

IX. Que cobren por la verificación una cantidad superior a la autorizada por la Secretaría de Ecología.

Artículo 4.107.- Las infracciones a las disposiciones de este Libro que no tengan sanción específica, serán sancionadas mediante amonestación con apercibimiento de que en caso de incurrir nuevamente en la misma infracción, se aplicará multa por el equivalente a veinte días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción. Si aplicada la multa se comete nuevamente la misma infracción, se estará a lo dispuesto en este Capítulo en materia de reincidencia.

Artículo 4.108.- Cuando el infractor en uno o más hechos viole varias disposiciones de este Libro, se acumularán y aplicarán las sanciones correspondientes a cada una de ellas.

Artículo 4.109.- La reincidencia se sancionará con multa por dos tantos de la originalmente impuesta. Se considerará que hay reincidencia cuando una persona haya sido sancionada por contravenir una disposición de este Libro e infringir nuevamente la misma en un período de tres años.

En caso de reincidencia tratándose de fuentes fijas, además de lo dispuesto en este artículo, se aplicará como sanción la clausura total por treinta días naturales de la actividad o fuente específica que haya dado lugar a la infracción. Asimismo, si se contraviene por tercera ocasión en un lapso de dos años la misma disposición, se aplicará como sanción la clausura total y definitiva.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable en caso de infracciones que tengan sanción específica.

Artículo 4.110.- Para la ejecución de las órdenes expedidas por la Secretaría de Ecología o las autoridades municipales competentes, podrá hacerse uso de la fuerza pública. Quien se oponga o impida el cumplimiento de dichas órdenes será sancionado con multa por el equivalente de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción, o arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, pero si el infractor no pagare la multa impuesta, se permutará ésta por el arresto.

Artículo 4.111.- No se impondrá sanción cuando se haya incurrido en infracción a este Libro por caso fortuito o fuerza mayor, así como cuando se cumplan espontáneamente las obligaciones respectivas y se reparen los daños causados al ambiente previamente a que la Secretaría de Ecología o la autoridad municipal competente descubran la infracción.

Artículo 4.112.- Procede la suspensión parcial o temporal y/o la clausura contra quien:

I. Realice obras o actividades que pudieran causar una alteración significativa en el ambiente;

II. Realice actividades u obras riesgosas sin presentar el estudio de impacto y/o riesgo ambiental y un programa que establezca las acciones de prevención y control en caso de emergencia o contingencias ambientales;

III. Omita la instalación de equipos y sistemas de control de emisiones contaminantes, provenientes de fuentes fijas y/o no adopten las medidas establecidas para el control de emisiones;

IV. Rebase los límites permitidos de emisiones contaminantes de fuentes fijas;

V. Descargue al suelo sustancias, residuos o materiales que rebasen los límites permitidos;

VI. Incumpla las normas ambientales aplicables relativas a las condiciones particulares de descarga;

VII. Omita la instalación de plataformas o puertos de muestreo en fuentes fijas;

VIII. Omita la instalación de sistemas o plantas de tratamiento de aguas residuales, cuando se rebasen los límites permitidos de contaminantes.

Artículo 4.113.- Procede la retención o remisión de depósitos de vehículos, a quienes no acaten lo establecido en los programas, mecanismos o disposiciones para disminuir la emisión de contaminantes provenientes de vehículos automotores que ostensiblemente contaminan, para lo cual se deberá coordinar con la autoridad estatal o municipal competente que realicen las funciones de vialidad y tránsito.

Artículo 4.114.- Procede el arresto administrativo por desacato a las disposiciones de la autoridad en esta materia o por obstaculizar las funciones de la misma. Impuesto el arresto, la autoridad lo hará del conocimiento de la unidad administrativa correspondiente a efecto de que proceda a su ejecución.

Artículo 4.115.- Procede la reparación del daño causado al ambiente, previo dictamen técnico emitido por la autoridad competente.

TÍTULO NOVENO
De la Participación Social

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Artículo 4.116.- El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Ecología y las demás dependencias públicas, deberá promover la participación corresponsable de la sociedad en planeación, ejecución y evaluación de la política ambiental y de recursos naturales, la cual deberá fomentar, de forma fundamental, la protección al ambiente y el equilibrio de los ecosistemas.

Artículo 4.117.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, la Secretaría deberá:

I. Convocar a los representantes de las organizaciones obreras, empresariales, de las instituciones educativas y demás organizaciones representativas de la sociedad; así como otras instituciones privadas con fines no lucrativos y de asistencia privada, para que manifiesten sus opiniones y formulen propuestas concretas;

II. Celebrar convenios de concertación con los diversos grupos sociales con objeto de establecer, controlar y administrar áreas naturales protegidas ubicadas en el territorio del Estado de México, así como para brindar asesoría en las actividades relacionadas con el aprovechamiento racional de recursos naturales;

III. Promover la celebración de convenios y acuerdos con los diversos medios de comunicación masiva para la difusión, información y promoción de acciones ecológicas. Para tales efectos, se buscará la participación de grupos de intelectuales, artistas, científicos e investigadores, así como todas aquellas personalidades cuyos conocimientos contribuyan a formar y orientar a la opinión pública;

IV. Promover el establecimiento de reconocimientos a quienes hayan realizado los esfuerzos y contribuciones más destacados de la sociedad, con miras a preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el medio ambiente.

CAPITULO SEGUNDO
Personas Físicas y Morales con fines ambientalistas

Artículo 4.118.- Toda persona física o moral que se dedique de manera habitual a actividades relacionadas con la protección al ambiente, la preservación del equilibrio ecológico, defensa y protección de los animales, la difusión de una cultura ambiental de respeto y armonía con la naturaleza o, en general, a cualquier actividad análoga que no tenga como objeto la realización de un fin económico de lucro tendrá derecho a los estímulos establecidos en este Libro.

Artículo 4.119.- La Secretaría de Ecología y las autoridades municipales en el Estado de México respetarán y fomentarán la independencia y posiciones críticas de las personas físicas o morales a que se refiere el artículo anterior, para lo cual facilitarán y cooperarán con todos los medios necesarios, en la medida de sus posibilidades, de conformidad con lo dispuesto en este Libro y sus reglamentos, para la realización plena de sus objetivos, sin perjuicio de dar a todo interesado en asuntos ambientales, aún cuando sea de carácter eventual, la oportunidad de participar en los procedimientos establecidos en este ordenamiento.

Sección Primera
Constitución y Registro

Artículo 4.120.- La Secretaría de Ecología llevará un registro de todas las personas físicas o morales, en el Estado de México, que se dediquen de manera habitual a las actividades a que se refiere el presente capítulo; dicho registro será voluntario para las personas señaladas y tendrá como finalidad contar con un listado de organizaciones sociales y privadas, empresas, colegios de profesionistas e instituciones de educación superior e investigación, con el fin de hacer efectivos los derechos de participación social establecidos en este ordenamiento.

Artículo 4.121.- Las personas morales que deseen obtener el registro al que se refiere este capítulo deberán constituirse como asociaciones civiles en términos de lo dispuesto por el Código Civil de la entidad y estar inscritas en el Registro Público de la Propiedad; dichas asociaciones se regirán por sus estatutos; sin embargo, en éstos deberá constar de manera expresa y principal la realización de algunos de los fines establecidos en este ordenamiento, para ser sujeto del registro respectivo ante la Secretaría, sin perjuicio de otros fines diversos autorizados por las leyes aplicables para las asociaciones civiles.

Artículo 4.122.- Las personas morales cuyo domicilio se encuentre fuera del Estado de México, podrán darse de alta en el registro, siempre y cuando cumplan con los requisitos señalados en el artículo anterior.

Sección Segunda
Estímulos

Artículo 4.123.- El Ejecutivo Estatal instrumentará, en el ámbito de su competencia, en la Ley de Ingresos del Estado, los estímulos fiscales que deban obtener las personas físicas o morales y las organizaciones sociales o privadas, que cumplan con los requisitos establecidos en este Libro, que realicen actividades relacionadas con la protección del ambiente y la preservación del equilibrio ecológico.

La Secretaría de Ecología asesorará a toda persona que realice actividades ambientalistas determinadas en este Libro, para obtener estímulos fiscales subsidiados por el Estado en la Ley de Ingresos del Estado.

Artículo 4.124.- En los programas ambientales del Ejecutivo Estatal, necesariamente se incluirán como apoyos y estímulos para las organizaciones sociales a que se refiere este capítulo, los siguientes:

I. Podrán recibir financiamiento público directo del Gobierno del Estado de México, o privado de cualquier especie, para la implementación y operación de programas de preservación o restauración del equilibrio ecológico; uso o aprovechamiento sustentable de elementos naturales; de educación o difusión de la cultura ambientalista; o de cualquier otra clase que tenga por objeto la consecución de los fines de interés público regulados por este Libro y que, eventualmente, sea autofinanciable. A tal financiamiento tendrán derecho, en la forma y términos que disponga el reglamento respectivo, siempre y cuando estén registradas y cumplan con las disposiciones de este Libro;

II. Dentro de los tiempos oficiales a los que tenga derecho el Gobierno del Estado en los medios electrónicos de comunicación local, tendrán acceso de manera conjunta y en la manera y términos establecidos en el reglamento respectivo, a un tiempo suficiente en televisión y radio, para difundir libre y responsablemente los programas que estimen convenientes para la realización de sus fines.

Artículo 4.125.- Las personas físicas o morales que se dediquen de manera habitual a las actividades ambientales reconocidas en este Libro, no podrán obtener el derecho al beneficio de los estímulos fiscales, cuando realicen de manera sistemática conductas prohibidas por este Libro.

La Secretaría gestionará ante las autoridades fiscales correspondientes la pérdida de estímulos cuando se viole este Libro o sus reglamentos, sin perjuicio de hacer la denuncia pública ante los medios de comunicación.

Sección Tercera
Del Fondo de Apoyo a Proyectos Ambientales

Artículo 4.126.- El Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Ecología, promoverá con los sectores social, privado y público, así como con el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la Entidad, la constitución de un Fondo que esté destinado a apoyar e impulsar los proyectos que se sometan a su consideración y que, por su vinculación con las estrategias estatales de desarrollo sustentable resulten seleccionadas.

CAPITULO TERCERO
Denuncia Popular

Artículo 4.127.- Es derecho de toda persona u organización social denunciar de manera pacífica y respetuosa ante la Secretaría de Ecología o ante las autoridades municipales, según el caso, los hechos, actos u omisiones que puedan producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente o alteraciones en la salud o calidad de vida de la población.

Si en la localidad no existiere representación de la Secretaría o de la dependencia que resulte competente, la denuncia se podrá formular ante cualquier otra autoridad estatal o municipal o, a elección del denunciante, ante las oficinas más próximas de dicha representación.

Si la denuncia fuera presentada ante diversas autoridades estatales o ante la autoridad municipal, estas deberán remitirla sin demora a la Secretaría y podrán imponer las medidas de seguridad que resulten urgentes y que sean necesarias, en auxilio de dicha autoridad.

Artículo 4.128.- Cuando se ejercite la denuncia popular, las facultades de la autoridad competente en materia de inspección, verificación, vigilancia y sanción, así como de imposición de las medidas de seguridad que procedan, respecto de los hechos denunciados, se considerarán ejercidas de oficio por la autoridad, sin perjuicio de que el denunciante pueda coadyuvar en las diligencias indagatorias aportando los elementos de convicción y alegatos que estime convenientes.

En los procedimientos administrativos derivados de una denuncia popular se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y los reglamentos respectivos.

Artículo 4.129.- Cuando por infracción a las disposiciones de este Libro se hubieren ocasionado daños o perjuicios, el o los interesados podrán solicitar a la Secretaría de Ecología, la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá el valor de prueba, en caso de ser promovido el juicio respectivo.

Artículo 4.130.- Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que resulten procedentes, toda persona que contamine, deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligado a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable.

LIBRO QUINTO
Del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos
y del desarrollo urbano de los centros de población

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

CAPITULO PRIMERO
Del objeto y finalidad

Artículo 5.1.- Este Libro tiene por objeto fijar las bases para planear, ordenar, regular, controlar, vigilar y fomentar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población en la entidad.

Artículo 5.2.- Las disposiciones de este Libro tienen como finalidad mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural de la entidad, mediante:

I. La adecuada distribución en el territorio estatal de la población y sus actividades, así como la eficiente interrelación de los centros de población, en función del desarrollo social y económico del Estado y del País;

II. La vinculación armónica entre la ciudad y el campo, para garantizar un desarrollo urbano sustentable que, a la vez de satisfacer el crecimiento urbano, proteja las tierras agropecuarias y forestales, y distribuya equitativamente los beneficios y cargas del proceso de urbanización;

III. El ordenamiento de las zonas metropolitanas y de las áreas urbanas consolidadas, así como el impulso a centros de población de dimensiones medias para propiciar una estructura regional equilibrada;

IV. La racionalización y orientación de los procesos de urbanización que experimentan los centros de población, a través de una relación eficiente entre las zonas de producción y trabajo con las de vivienda y equipamiento;

V. La distribución, construcción, conservación y mejoramiento de la urbanización, infraestructura, equipamiento y servicios públicos de los centros de población;

VI. La regulación del suelo urbano, preferentemente el destinado a la vivienda de los estratos de más bajos ingresos, para propiciar un mercado competitivo, incrementar su oferta y frenar su especulación;

VII. La prevención de los asentamientos humanos irregulares;

VIII. El fortalecimiento de los municipios, mediante una mayor participación en la planeación, administración y operación del desarrollo urbano;

IX. El fomento a la participación de los sectores público, social y privado, para atender las necesidades urbanas en la entidad;

X. La participación ciudadana en la planeación urbana y en la vigilancia de su cumplimiento;

XI. La promoción y ejecución de programas de vivienda para los sectores sociales de escasos recursos, para garantizar el derecho constitucional de toda persona de disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

Artículo 5.3.- Los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio estatal, estarán sujetos, cualquiera que sea su régimen jurídico o su condición urbana o rural, a las disposiciones de este Libro.

Artículo 5.4.- Para efectos de este Libro se consideran causas de utilidad pública:

I. La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

II. La ejecución de los planes de desarrollo urbano y sus programas;

III. La constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda;

IV. La regularización de la tenencia de la tierra;

V. La ejecución de programas de vivienda social progresiva, de interés social y popular;

VI. La ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;

VII. La protección del patrimonio histórico, artístico y cultural.

CAPITULO SEGUNDO
De las autoridades

Artículo 5.5.- Son autoridades para la aplicación de este Libro la Legislatura, el Gobernador del Estado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y los municipios.

Artículo 5.6.- Las acciones de planeación, programación, ejecución, supervisión, administración, control, seguimiento y evaluación relativas al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y al desarrollo urbano de los centros de población en el Estado, deberán realizarse por las autoridades de los distintos órdenes de gobierno de manera coordinada y concurrente.

Artículo 5.7.- Corresponde a la Legislatura del Estado decretar la fundación de los nuevos centros de población que el desarrollo urbano requiera, así como celebrar foros de consulta popular en materia de asentamientos humanos.

Artículo 5.8.- Son atribuciones del Gobernador del Estado:

I. Planear, regular, controlar, vigilar y fomentar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población;

II. Aprobar y modificar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, así como los planes regionales de Desarrollo Urbano y sus respectivos planes parciales;

III. Crear órganos técnicos de consulta, de coordinación interinstitucional, evaluación y seguimiento, para el mejor cumplimiento de sus atribuciones;

IV. Proponer ante la Legislatura del Estado la fundación de nuevos centros de población;

V. Las demás que le confieran las disposiciones legales.

Artículo 5.9.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas tiene las atribuciones siguientes:

I. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y los parciales que de este deriven;

II. Elaborar, ejecutar y evaluar los planes regionales de desarrollo urbano y los parciales que deriven de ellos;

III. Establecer la congruencia del Plan Estatal de Desarrollo Urbano con el Plan de Desarrollo del Estado de México, así como con el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales de carácter nacional y los programas de ordenación de zonas conurbadas interestatales;

IV. Emitir dictámenes de congruencia de los planes municipales de desarrollo urbano, de los planes de centros de población y de los planes parciales, con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y los planes regionales de desarrollo urbano, en su caso;

V. Publicar en la Gaceta del Gobierno los planes de desarrollo urbano;

VI. Suscribir convenios urbanísticos;

VII. Promover, financiar, gestionar, concertar y ejecutar acciones y programas de suelo y vivienda, preferentemente para la población de más bajos recursos económicos;

VIII. Participar en las comisiones e instancias de coordinación de carácter regional y metropolitano, en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;

IX. Intervenir en los órganos técnicos de consulta, de coordinación interinstitucional, evaluación y seguimiento, en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;

X. Promover la participación social en los procesos de formulación de los planes de desarrollo urbano, así como en la vigilancia de los usos y destinos del suelo previstos en ellos;

XI. Crear, establecer, administrar y vigilar la utilización de los instrumentos necesarios para la ejecución y administración del desarrollo urbano en el Estado;

XII. Constituir y administrar reservas territoriales y ejercer el derecho de preferencia del Estado para adquirir predios e inmuebles en el territorio estatal;

XIII. Emitir dictámenes para usos de impacto regional y dictámenes de factibilidad;

XIV. Autorizar la fusión y subdivisión de predios, conjuntos urbanos, división del suelo para condominios y las relotificaciones correspondientes;

XV. Autorizar los proyectos ejecutivos y el inicio de obras de urbanización, infraestructura y equipamiento urbano; prórrogas; promoción y publicidad; enajenación o gravamen y ocupación de lotes; liberación y sustitución de garantías; subrogación del titular de la autorización; cambio del tipo; y las demás inherentes, en los casos de autorizaciones de fusión y división del suelo, en términos de la reglamentación de este Libro;

XVI. Supervisar las obras de urbanización, infraestructura y equipamiento urbano de los conjuntos urbanos y subdivisiones de más de 6,000 metros cuadrados de superficie, así como intervenir en su entrega - recepción a los municipios;

XVII. Autorizar la apertura, prolongación, ampliación o cualquier modificación de vías públicas;

XVIII. Establecer medidas y ejecutar acciones para evitar asentamientos humanos irregulares;

XIX. Regularizar la tenencia de la tierra privada para su incorporación al desarrollo urbano, con la participación de los municipios;

XX. Operar el Registro Estatal de Desarrollo Urbano;

XXI. Expedir los nombramientos de peritos;

XXII. Emitir normas técnicas en materia de desarrollo urbano, vivienda y construcciones;

XXIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales.

Artículo 5.10.- Los municipios tendrán las atribuciones siguientes:

I. Elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar y modificar los planes municipales de desarrollo urbano, los planes de centros de población y los parciales que deriven de ellos;

II. Participar en la elaboración o modificación del respectivo plan regional de desarrollo urbano, cuando incluya parte o la totalidad de su territorio municipal;

III. Participar en los órganos de coordinación de carácter regional y metropolitano, en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;

IV. Promover, financiar, gestionar, concertar y ejecutar acciones y programas de suelo y vivienda, preferentemente para la población de más bajos recursos económicos;

V. Participar en la creación y administración de las reservas territoriales de su circunscripción territorial;

VI. Ejercer el derecho de preferencia indistintamente con el Estado, para adquirir predios e inmuebles en el territorio municipal;

VII. Convocar a los ciudadanos, a las organizaciones sociales y a la sociedad en general, para recabar su opinión en los procesos de formulación de los planes de desarrollo urbano aplicables en su territorio;

VIII. Difundir entre la población los planes de desarrollo urbano, así como informarle sobre los trámites para obtener las autorizaciones y licencias de su competencia;

IX. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo y otorgar licencias de uso del suelo y de construcción;

X. Autorizar cambios de uso del suelo, de densidad e intensidad y altura de edificaciones;

XI. Autorizar la explotación de bancos de materiales para construcción, en términos de las disposiciones legales respectivas;

XII. Expedir cédulas informativas de zonificación;

XIII. Intervenir con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en la suscripción de convenios urbanísticos;

XIV. Vincular la construcción de la infraestructura y equipamiento urbanos, así como la administración y funcionamiento de los servicios públicos, con los planes de desarrollo urbano y sus programas;

XV. Emitir dictámenes y autorizaciones de su competencia en el seno de los órganos técnicos estatales de coordinación interinstitucional, evaluación y seguimiento, en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda, en relación con asuntos de su circunscripción territorial;

XVI. Emitir dictámenes de factibilidad para la dotación de servicios públicos;

XVII. Establecer medidas y ejecutar acciones para evitar asentamientos humanos irregulares;

XVIII. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra, para su incorporación al desarrollo urbano;

XIX. Participar en la supervisión de obras de urbanización, infraestructura y equipamiento de conjuntos urbanos, subdivisiones y lotificaciones para condominios, así como recibirlas mediante actas de entrega -recepción;

XX. Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para ordenar el desarrollo urbano del municipio, de conformidad con lo dispuesto por este Libro y su reglamentación;

XXI. Las demás que le confieran las disposiciones legales.

CAPITULO TERCERO
De la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda

Artículo 5.11.- La Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda es un órgano técnico de coordinación interinstitucional, que tiene por objeto promover el desarrollo urbano ordenado de los centros de población y alentar la producción formal de vivienda en la entidad.

La Comisión es presidida por el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y se integra con las dependencias y organismos que concurren en las actividades relacionadas con su objeto y contará con la intervención de los municipios respectivos, cuando se traten asuntos de su ámbito territorial de competencia.

Artículo 5.12.- Corresponde a la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda:

I. Coordinar acciones con dependencias y organismos de la administración pública federal, estatal y municipal en materia de desarrollo urbano y vivienda;

II. Integrar los dictámenes de factibilidad y de impacto regional, que incluirán los respectivos dictámenes, autorizaciones y licencias de los organismos auxiliares y autoridades participantes, en relación con un predio o proyecto determinado;

III. Proponer a las autoridades competentes la adopción de las medidas necesarias para la mejora regulatoria y la desgravación de los procesos de administración y operación urbana y de producción de vivienda;

IV. Promover medidas y mecanismos para simplificar y agilizar los procedimientos de autorización de trámites en la materia;

V. Proponer programas, acciones y proyectos estratégicos en materia de desarrollo urbano y vivienda;

VI. Elaborar y promover ante las instancias correspondientes, proyectos de inversión y financiamiento para el desarrollo urbano y la vivienda;

VII. Promover investigaciones científicas y tecnológicas sobre desarrollo urbano y vivienda, así como formular recomendaciones sobre la normatividad respectiva;

VIII. Proponer convenios relacionados con las materias de su competencia;

IX. Expedir su reglamento interno para regular su integración, organización y funcionamiento;

X. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

CAPITULO CUARTO
Del Consejo Consultivo Estatal de Desarrollo Urbano

Artículo 5.13.- El Consejo Consultivo Estatal de Desarrollo Urbano es un órgano de asesoría, consulta y participación social en asuntos materia de desarrollo urbano de interés estatal, que estará presidido por el Gobernador del Estado.

Artículo 5.14.- Corresponde al Consejo Consultivo Estatal de Desarrollo Urbano:

I. Promover la participación social en el proceso de elaboración del Plan Estatal de Desarrollo Urbano, los planes regionales de desarrollo urbano y los parciales que deriven de éstos, recabando sus opiniones y propuestas;

II. Formular propuestas en materia de planeación, regulación e inversión para el desarrollo urbano de la entidad;

III. Proponer medidas para la ordenación sustentable del territorio del Estado;

IV. Plantear mecanismos e instrumentos para la ejecución de los programas derivados de los planes estatales de desarrollo urbano;

V. Proponer medidas legislativas y administrativas que tiendan a mejorar la planeación, ordenación, regulación y promoción del desarrollo urbano en el Estado;

VI. Sugerir las bases conforme a las cuales se celebren convenios de concertación con instituciones públicas, sociales o privadas, en esta materia;

VII. Expedir su reglamento interno para regular su integración, organización y funcionamiento;

VIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.


TÍTULO SEGUNDO
De las conurbaciones y zonas metropolitanas

Artículo 5.15.- Cuando dos o más centros de población ubicados en territorios de municipios distintos formen o tiendan a formar una conurbación o zona metropolitana por su continuidad física y demográfica, el Estado y los municipios correspondientes, en el ámbito de sus competencias, la planearán y regularán de manera conjunta y coordinada.

Artículo 5.16.- El Gobernador del Estado y los municipios respectivos deberán convenir la delimitación de una zona conurbada o metropolitana cuando:

I. Sea procedente el estudio y resolución conjunta del desarrollo urbano de dos o más centros de población situados en el territorio de municipios vecinos que por sus características geográficas y su tendencia económica y urbana deban considerarse como una zona conurbada o metropolitana;

II. Se proyecte o funde un centro de población y se prevea su expansión física o influencia funcional en territorio de municipios vecinos;

III. Solamente uno de los centros de población crezca sobre la zona conurbada o metropolitana.

Artículo 5.17.- El convenio que se celebre con base en lo previsto en el artículo anterior se publicará en la Gaceta del Gobierno y las gacetas municipales respectivas.

El convenio a que se refiere el párrafo anterior deberá contener:

I. La localización, extensión y delimitación de la zona conurbada o metropolitana;

II. Los compromisos del Estado y los municipios respectivos para planear y regular conjunta y coordinadamente los centros de población conurbados o metropolitanos, con base en un plan regional de desarrollo urbano;

III. La integración, organización y funcionamiento del órgano respectivo de coordinación metropolitana;

IV. Las demás acciones que convengan el Estado y los municipios correspondientes.

Artículo 5.18.- El órgano de coordinación metropolitana previsto en el convenio a que se refiere el artículo anterior, tendrá carácter permanente y en él participarán el Estado y los municipios respectivos. Será presidido por el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y funcionará como mecanismo de coordinación interinstitucional y de concertación de acciones e inversiones con los sectores social y privado.

Artículo 5.19.- Para la ordenación y regulación de las zonas conurbadas o metropolitanas interestatales, el Estado y los municipios respectivos participarán con la Federación y las entidades federativas limítrofes, en la elaboración, aprobación y ejecución de planes y programas, así como en la suscripción de convenios en materia de desarrollo urbano, conforme a la legislación federal aplicable.

Artículo 5.20.- En los planes y programas que ordenen y regulen las zonas conurbadas y metropolitanas interestatales, podrán incluirse todos aquellos elementos de carácter técnico que se requieran, siempre que no conlleven a la renuncia o alteración de las atribuciones constitucionales del Estado y de los municipios sobre su territorio.

TÍTULO TERCERO
Del sistema estatal de planes de desarrollo urbano y de las
regulaciones a la propiedad en los centros de población

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 5.21.- El sistema estatal de planes de desarrollo urbano, es el conjunto de instrumentos técnicos y normativos que formulan las autoridades estatales y municipales, con la participación de la sociedad.

Artículo 5.22.- Los ciudadanos del Estado, en los términos de este Libro y su reglamentación, tienen derecho de participar en la formulación de propuestas en los procesos de elaboración de los planes de desarrollo urbano, así como coadyuvar con las autoridades estatales y municipales en la vigilancia de la normatividad prevista en ellos.

Artículo 5.23.- El sistema estatal de planes de desarrollo urbano, está integrado por:

I. El Plan Estatal de Desarrollo Urbano;

II. Los planes regionales de desarrollo urbano;

III. Los planes municipales de desarrollo urbano;

IV. Los planes de centros de población;

V. Los planes parciales.

Artículo 5.24.- Los planes de desarrollo urbano son el conjunto de disposiciones para alcanzar los objetivos previstos de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos en el Estado y de crecimiento, conservación y mejoramiento de los centros de población de la entidad, a fin de lograr una distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas.

Los planes de desarrollo urbano se sujetarán a las normas generales siguientes:

I. Se integrarán con la identificación o diagnóstico de la situación urbana, su problemática y sus tendencias; la evaluación del plan que se revisa, en su caso; la determinación de los objetivos por alcanzar; las estrategias y políticas; la zonificación del territorio; la programación de acciones y obras, así como los demás aspectos que orienten, regulen y promuevan el desarrollo urbano sustentable de la entidad;

II. Incorporarán a su contenido, de manera obligatoria, políticas y normas técnicas en materias de población, suelo, protección al ambiente, vialidad, agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales, protección civil, vivienda, desarrollo agropecuario, salud, desarrollo económico y conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural, así como las demás materias que resulten necesarias, con el fin de imprimirles un carácter integral para propiciar el desarrollo urbano sustentable del Estado;

III. Estarán vinculados entre sí y con otros instrumentos de planeación, en las materias relacionadas con el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, de manera que exista entre ellos la adecuada congruencia;

IV. Adoptarán la estructura, contenido, terminología y demás elementos que establezca la reglamentación de este Libro.

Artículo 5.25.- Los planes de desarrollo urbano de competencia municipal y sus programas, deberán sujetarse a las políticas y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo Urbano y cuando corresponda, a las del respectivo plan regional de desarrollo urbano. Los que se realicen en contravención a esta disposición, serán nulos y no producirán efecto jurídico alguno.

Artículo 5.26.- Las disposiciones normativas contenidas en los planes de desarrollo urbano serán obligatorias para las autoridades y los particulares.

Las acciones e inversiones que se lleven a cabo en el territorio estatal, deberán ser congruentes con los planes de desarrollo urbano a que se refiere este Libro.

Artículo 5.27.- En los planes municipales de desarrollo urbano y en los de centros de población, se establecerá la zonificación que deberán administrar los municipios, así como las acciones para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

El ejercicio del derecho de propiedad, posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en los centros de población, se sujetará a lo dispuesto en los planes a que se refiere el párrafo anterior y en las autorizaciones y licencias de que trata este Libro.

Artículo 5.28.- Los planes de desarrollo urbano, para su elaboración, aprobación publicación e inscripción, se sujetarán a las reglas siguientes:

I. La autoridad administrativa estatal o municipal competente formulará el proyecto de plan, o de sus modificaciones en su caso, y dará aviso público del inicio del proceso de consulta;

II. En el aviso a que se refiere la fracción anterior, se deberá establecer el plazo y el calendario de audiencias públicas para que los particulares presenten por escrito los planteamientos que consideren respecto del proyecto de plan, o de sus modificaciones. Dicho plazo no podrá ser inferior a un mes, debiéndose celebrar al menos dos audiencias;

III. Se analizarán las opiniones recibidas y con ellas se integrará el proyecto definitivo del plan correspondiente, o de su modificación. En el caso de los de competencia municipal, se recabará previamente, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el dictamen de congruencia del proyecto de plan con las políticas y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo Urbano y las del plan regional de desarrollo urbano aplicable, en su caso. Será requisito obligatorio para la validez jurídica del plan, integrar al mismo el dictamen de congruencia mencionado;

IV. Cumplidas las formalidades anteriores, el plan o su modificación, se aprobará y expedirá, según sea el caso, por el Gobernador del Estado, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas o el ayuntamiento correspondiente;

V. Los planes, una vez aprobados, deberán publicarse conjuntamente con el acuerdo de aprobación respectivo, en la Gaceta del Gobierno a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación;

VI. Los planes serán inscritos, con todos sus documentos integrantes, en el Registro Público de la Propiedad y en el Registro Estatal de Desarrollo Urbano, dentro de los quince días siguientes al de su publicación.

Artículo 5.29.- Los planes de desarrollo urbano podrán ser modificados conforme al mismo procedimiento establecido para su elaboración, aprobación, publicación e inscripción.

No constituirá modificación al respectivo plan municipal de desarrollo urbano, de centro de población o los parciales que deriven de ellos, la autorización sobre el cambio de uso del suelo a otro que se determine sea compatible, el cambio de la densidad e intensidad de su aprovechamiento o el cambio de la altura máxima de edificación prevista, siempre y cuando el predio se encuentre ubicado en áreas urbanas o urbanizables del centro de población y el cambio no altere las características de la estructura urbana prevista, vial, hidráulica y sanitaria, ambiental y las de su imagen.

La autorización correspondiente será expedida, mediante acuerdo motivado y fundado, por el ayuntamiento respectivo a través de la dependencia administrativa competente, quien oirá previamente a la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal.

Tratándose de usos del suelo de impacto regional, para la autorización se deberá obtener previamente y en sentido favorable, el dictamen respectivo emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Bajo ninguna circunstancia se podrá cambiar el uso del suelo de terrenos de dominio público destinados a vías públicas y equipamiento.

Artículo 5.30.- El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán, promoverán y buscarán desgravar la producción de vivienda, orientando prioritariamente sus acciones y programas a la vivienda de los tipos social progresiva, de interés social y popular, para beneficiar a la población de menores recursos económicos.

CAPITULO SEGUNDO
De la clasificación del territorio

Artículo 5.31.- Para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio estatal, el suelo se clasifica en:

I. Areas urbanas: son las constituidas por zonas edificadas parcial o totalmente, en donde existen al menos servicios de agua potable, drenaje y energía eléctrica, sin perjuicio de que coexistan con predios baldíos o carentes de servicios;

II. Areas urbanizables: son las previstas para el crecimiento de los centros de población por reunir condiciones para ser dotadas de infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos, sea que estén o no programadas para ello;

III. Areas no urbanizables: son las áreas naturales protegidas; distritos de riego; zonas de recarga de mantos acuíferos; tierras de alto rendimiento agrícola, pecuario o forestal; derechos de vía; zonas arqueológicas y demás bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural; los terrenos inundables y los que tengan riesgos previsibles de desastre; los que acusen fallas o fracturas en su estratificación geológica o que contengan galerías o túneles provenientes de laboreos mineros agotados o abandonados que no puedan rehabilitarse; las zonas de restricción que establezcan las autoridades competentes alrededor de los cráteres de volcanes y barrancas, así como los terrenos ubicados por encima de la cota que establezcan los organismos competentes para la dotación del servicio de agua potable; y, las demás que como no urbanizables defina el plan de desarrollo urbano respectivo, en atención a políticas y estrategias de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Artículo 5.32.- Las áreas de ordenamiento y regulación del territorio estatal, son aquellas en que se aplicarán, según corresponda, las políticas que a continuación se definen:

I. De impulso, aplicables a los centros de población seleccionados por presentar condiciones favorables para incidir o reforzar un proceso acelerado de desarrollo, así como de rápido crecimiento demográfico y que presuponen una importante concentración de recursos;

II. De consolidación, aplicables a centros de población que sólo requieren de un ordenamiento de su estructura básica y que, sin afectar su dinámica actual, procuran evitar los efectos negativos de la desordenada concentración urbana;

III. De control, que buscan disminuir o desalentar el ritmo de crecimiento de centros de población en los que la concentración provoca problemas crecientemente agudos de congestión e ineficiencia económica y social, o bien, cuando tales centros de población muestran síntomas de saturación por carecer de suelo apto para su expansión y tener, entre otras, limitaciones en las disponibilidades de agua e infraestructura vial, lo que obliga a restringir su desarrollo preferentemente al interior de la estructura urbana existente, rehabilitando y reconstruyendo sus áreas deterioradas, insalubres o deficientemente aprovechadas.

CAPITULO TERCERO
De la zonificación y de la conservación, mejoramiento
y crecimiento de los centros de población

Artículo 5.33.- La zonificación que contengan los planes de desarrollo urbano respectivos, determinará:

I. Las áreas que integran y delimitan los centros de población;

II. Los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas de los centros de población;

III. Los usos y destinos del suelo permitidos o prohibidos;

IV. La compatibilidad entre los usos y destinos permitidos;

V. Las densidades e intensidades de aprovechamiento y ocupación del suelo;

VI. Las medidas para la protección de los derechos de vía y zonas de restricción de inmuebles de propiedad pública;

VII. Las zonas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

VIII. Las reservas para la expansión de los centros de población;

IX. Las demás disposiciones que de acuerdo con la legislación aplicable sean procedentes.

Artículo 5.34.- Para la ejecución de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, se estará a las bases siguientes:

I. Deberán considerarse los criterios de regulación que establezcan los programas de ordenamiento ecológico del Estado, así como los criterios en materia de regulación ambiental de los asentamientos humanos previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

II. En cuanto a las áreas susceptibles de desarrollo:

a) Se orientará la expansión hacia los terrenos que comparativamente requieran una menor inversión por concepto de infraestructura y equipamiento urbanos, siempre que no se afecte el equilibrio de los ecosistemas;

b) Se evitará el crecimiento habitacional hacia las áreas que deben ser preservadas y protegidas, por ser de alto o mediano aprovechamiento sus recursos agrícolas, forestales o pecuarios, tratarse de zonas industriales u otras, así como por contener bellezas naturales o elementos que conforman el equilibrio ecológico del ambiente.

III. Se propiciará que el aprovechamiento del suelo en colonias y predios se haga de modo combinado o mixto para facilitar a la población el acceso a los servicios, obtener un mayor aprovechamiento del suelo, mantener en forma constante la actividad urbana y lograr una mayor seguridad para los habitantes;

IV. En relación con la infraestructura y equipamiento urbano:

a) Las plazas cívicas, jardines y espacios semejantes, se ubicarán de preferencia en sitios centrales de cada uno de los distintos barrios o colonias del centro de población y a su alrededor se situarán edificios destinados a fines que, guardando concordancia con el carácter de tales espacios, contribuyan a elevar la imagen del entorno;

b) Los edificios de establecimientos dedicados a la atención de la salud y a la educación se ubicarán de preferencia en las inmediaciones de las áreas verdes, procurando que queden alejados del ruido y demás elementos contaminantes y, en caso de los establecimientos de educación, evitar que tengan acceso directo a vías públicas primarias;

c) Para las colonias o barrios y los nuevos desarrollos urbanos de los centros de población, se deberán contemplar los servicios de comercio, educación, salud y otros que fueren necesarios para la atención de las necesidades básicas de sus habitantes;

d) Se deberán observar las disposiciones que en materia de prestación de servicios a personas con capacidades distintas prevé este Código.

V. En cuanto a la localización de industrias:

a) Los parques o zonas industriales deben ubicarse separadamente de las áreas de vivienda;

b) Las de alto riesgo deberán situarse fuera de las áreas urbanas de los centros de población o a la distancia que determine el estudio de riesgo correspondiente, así como rodearse de un área de amortiguamiento, en los términos que precise la reglamentación de este Libro;

c) Las que se permitan establecer dentro o próximas a zonas habitacionales, serán señaladas en la reglamentación de este Libro, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas y normas técnicas estatales ambientales aplicables y considerando la opinión de la Secretaría de Desarrollo Económico en cuanto a giros industriales y dimensión de las mismas.

VI. Por lo que se refiere a la protección del entorno ambiental:

a) Se protegerán y en su caso aprovecharán los recursos con que cuentan los cerros, bosques, cuerpos de agua superficiales, mantos de aguas subterráneas y zonas de recarga acuífera, que sirvan para mantener o mejorar la calidad del ambiente;

b) En el aprovechamiento de los predios se respetará la conformación natural del terreno, los cauces de escurrimientos superficiales, la vegetación y del mismo modo el arbolado existente;

c) La forestación de los espacios abiertos públicos o privados, se llevará a cabo o se complementará con especies propias de la localidad o nuevas de fácil adaptación, para así mejorar el ambiente y el aspecto de calles, plazas y zonas de edificios;

d) Se contemplarán las áreas aptas para el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, al igual que las que fueren necesarias para los materiales y residuos peligrosos.

VII. En relación a la conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural:

a) Se identificarán los sitios y los edificios que signifiquen para la comunidad un testimonio valioso de su historia y su cultura;

b) Las edificaciones que se localicen en su entorno deberán ser armónicas y compatibles con aquéllas en lo que al estilo, materiales y forma se refiere;

c) Los propietarios de las edificaciones tendrán obligación de conservarlas en buen estado de estabilidad, servicios, aspecto e higiene, y evitarán su utilización en actividades incompatibles con su valor histórico, artístico, cultural o arquitectónico;

d) En las zonas y construcciones declaradas del patrimonio histórico, artístico y cultural, no se permitirá colocar anuncios.

El patrimonio histórico, artístico y cultural estará constituido por los inmuebles vinculados a la historia local o nacional o que tengan valor arquitectónico, las plazas, parques y calles que contengan expresiones de arte o que constituyan apariencia tradicional, y las zonas arqueológicas y poblados típicos.

Artículo 5.35.- La existencia de asentamientos humanos irregulares o la gestación de éstos, podrá ser denunciada por cualquier persona ante la autoridad estatal o municipal competente, a efecto de que se suspenda cualquier obra, división de predios o venta de lotes, sin perjuicio de que se presenten las denuncias penales correspondientes.

En casos de flagrancia en la gestación y radicación de asentamientos humanos irregulares, las autoridades estatales o municipales de desarrollo urbano podrán instrumentar y ejecutar operativos de desalojo inmediato, como medida de seguridad para evitar su consolidación.

Para los efectos de este Libro, se considera asentamiento humano irregular al conjunto de personas que se encuentra radicado en áreas o predios, cualquiera que sea su régimen jurídico de tenencia de la tierra, en contravención a las disposiciones de este Libro, su reglamentación o los planes de desarrollo urbano.

TÍTULO CUARTO
De las autorizaciones y licencia estatal y municipales

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 5.36.- Las autorizaciones y licencias que emitan las autoridades de desarrollo urbano, se ajustarán a lo establecido por este Libro, su reglamentación y los planes de desarrollo urbano. Las que se expidan en contravención a esta disposición serán nulas y no producirán efecto jurídico alguno.

Artículo 5.37.- Los notarios al protocolizar escrituras públicas relativas a actos, convenios y contratos sobre propiedad, posesión o cualquier otro derecho, vigilarán que se cumpla con las disposiciones aplicables de los planes de desarrollo urbano y las autorizaciones correspondientes. En su caso, harán mención de las autorizaciones y licencias relativas.

Artículo 5.38.- Los registradores de la propiedad sólo inscribirán las escrituras públicas a que se refiere el artículo anterior, cuando contengan la mención de las autorizaciones y licencias correspondientes de desarrollo urbano.

Artículo 5.39.- Las resoluciones de los tribunales judiciales y administrativos y del Registro Público de la Propiedad, relativas a la transmisión o adquisición de la propiedad o posesión, que se dicten en contravención a las disposiciones del presente Libro, serán nulas y no producirán efecto jurídico alguno.

CAPITULO SEGUNDO
De los conjuntos urbanos

Artículo 5.40.- El conjunto urbano es una modalidad en la ejecución del desarrollo urbano que tiene por objeto estructurar, ordenar o reordenar, como una unidad espacial integral, el trazo de la infraestructura vial, la división del suelo, la zonificación y normas de usos y destinos del suelo, la ubicación de edificios y la imagen urbana de un sector territorial de un centro de población o de una región.

Artículo 5.41.- Los conjuntos urbanos podrán ser de los tipos siguientes:

I. Habitacional, que podrá ser: social progresivo, de interés social, popular, medio, residencial, residencial alto y campestre;

II. Industrial o agroindustrial;

III. Abasto, comercio y servicios;

IV. Mixto.

Artículo 5.42.- El conjunto urbano se sujetará a las normas generales siguientes:

I. Deberá encuadrarse dentro de los lineamientos de regulación urbana establecidos en los planes de desarrollo urbano aplicables;

II. Podrá comprender inmuebles de propiedad pública o privada, así como la mezcla de usos del suelo;

III. La autorización correspondiente comprenderá, según el caso, las relativas a fusiones, subdivisiones, lotificaciones para condominios, apertura, ampliación o modificación de vías públicas y las demás de competencia estatal o municipal que sean necesarias para su total ejecución.

En conjuntos urbanos habitacionales y en mixtos que incluyan vivienda, una vez emitida la autorización de enajenación o venta de lotes, no se podrá incrementar la superficie enajenable o vendible ni excederse el número de viviendas aprobadas.

Artículo 5.43.- La autorización de los conjuntos urbanos se integrará con las autorizaciones, licencias y dictámenes que emitan las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública federal, estatal y municipal que concurran a la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, en ejercicio de sus respectivas atribuciones y competencias.

Los municipios, a través de sus autoridades administrativas correspondientes, expedirán en el seno de la Comisión, la licencia de uso del suelo, los cambios de uso del suelo, de densidad e intensidad de aprovechamiento o de la altura máxima permitida, la factibilidad de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, y la certificación de clave catastral.

Artículo 5.44.- El titular de la autorización de un conjunto urbano tendrá las obligaciones siguientes:

I. Ceder a título gratuito al Estado y al municipio, superficies de terreno para vías públicas y áreas de donación destinadas a equipamiento urbano;

II. Construir obras de infraestructura, urbanización y equipamiento urbano, conforme a los proyectos, especificaciones y plazos autorizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y demás autoridades competentes;

III. Dedicar definitivamente al uso para el que fueron hechas, las instalaciones del conjunto urbano, tales como clubes, construcciones para actividades deportivas, culturales o recreativas y otras que se utilicen como promoción para la venta de lotes;

IV. Garantizar la construcción de las obras de infraestructura, urbanización y equipamiento urbano;

V. Garantizar que las obras de infraestructura, urbanización y equipamiento urbano, se hayan ejecutado sin defectos ni vicios ocultos;

VI. Participar con las autoridades estatales y municipales, en la supervisión de las obras de infraestructura, urbanización y equipamiento;

VII. Inscribir en el Registro Público de la Propiedad el acuerdo de autorización respectivo y sus planos correspondientes;

VIII. Abstenerse de enajenar lotes, otorgados en garantía a favor del Estado o del respectivo municipio;

IX. Precisar en los actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes, los gravámenes o garantías constituidas sobre éstos;

X. Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes;

XI. Dar aviso de la terminación de las obras de infraestructura, urbanización y equipamiento y hacer su entrega-recepción al municipio respectivo, con la intervención de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas;

XII. Las demás inherentes que establezca la reglamentación de este Libro.

Las organizaciones sociales que sean titulares de autorizaciones de conjuntos urbanos habitacionales social progresivos, no estarán sujetas a las obligaciones establecidas en las fracciones IV y V de este artículo.

Las obligaciones anteriores se sujetarán a los términos que indique la reglamentación de este Libro.

Artículo 5.45.- Los municipios, una vez terminadas, recibirán las obras de infraestructura, urbanización y equipamiento, así como las respectivas áreas de donación.

Las áreas destinadas a vías públicas y equipamiento urbano pasarán a ser del dominio público de los municipios donde se ubiquen, desde el momento de su entrega definitiva. Los ayuntamientos deberán inscribir los inmuebles respectivos en el Registro Público de la Propiedad.

No procederá la desafectación de las áreas de donación destinadas a infraestructura, equipamiento urbano y vías públicas.

Artículo 5.46.- La promoción y publicidad sobre lotes de un conjunto urbano deberá apegarse a la autorización respectiva y será de tal naturaleza, que permita una adecuada orientación al posible adquirente.

En consecuencia, queda prohibida la propaganda engañosa que ofrezca condiciones, situaciones o bienes que no estén apegados a la realidad.

Artículo 5.47.- Cuando no se reúnan en una sola persona las condiciones de titular de la autorización de conjunto urbano y propietario del suelo, ambos serán solidariamente responsables de las obligaciones impuestas.

Cuando se lleve a cabo un conjunto urbano con el propósito de cumplir un fideicomiso, el fideicomitente, la fiduciaria en lo que corresponda y el fideicomisario, serán solidariamente responsables de todas y cada una de las obligaciones señaladas en este Libro.

El comprador de lotes en bloque será solidariamente responsable con el titular de la autorización del conjunto urbano, respecto de las obligaciones establecidas en la autorización correspondiente.


CAPITULO TERCERO
De las subdivisiones, fusiones y sus relotificaciones

Artículo 5.48.- La subdivisión de predios procederá en los casos siguientes:

I. En áreas urbanas y urbanizables, cuando los lotes resultantes queden con frente a vías públicas existentes que cuenten, al menos, con los servicios públicos de agua potable y drenaje, o que el interesado convenga con el municipio la realización de los mismos;

II. Por la apertura o prolongación de vías públicas o introducción de redes de infraestructura urbana;

III. Por la disolución de la copropiedad o la partición hereditaria;

IV. Las provenientes de inmatriculaciones administrativas, informaciones de dominio, usucapiones u otras figuras jurídicas que den como resultado la división de predios.

La autoridad estatal o municipal que ejecute la apertura, prolongación, ampliación o modificación de una vía pública, gestionará a favor de los afectados la regularización de la subdivisión de los predios resultantes.

Será aplicable para las subdivisiones, como corresponda, la tipología prevista en este Libro para los conjuntos urbanos.

Artículo 5.49.- La dimensión mínima de los lotes resultantes de una subdivisión, será la que determine el respectivo plan municipal de desarrollo urbano, el plan del centro de población correspondiente o, en su caso, la reglamentación de este Libro.

Artículo 5.50.- La subdivisión de un predio situado en áreas no urbanizables, se autorizará siempre que los lotes resultantes queden con frente o acceso a vías públicas existentes y no se dediquen a fines urbanos.

Artículo 5.51.- Los titulares de las subdivisiones de predios de más de seis mil metros cuadrados de superficie, situados en áreas urbanas y urbanizables, estarán obligados a ceder áreas de donación destinadas a equipamiento urbano y a ejecutar obras de infraestructura, urbanización y equipamiento urbano, en forma proporcional a los usos que se autoricen.

La reglamentación de este Libro señalará los casos de exención de las obligaciones establecidas en este artículo.

Artículo 5.52.- La fusión de predios es el acto mediante el cual dos o más predios que estén contiguos se convierten en uno solo.

No procederá autorizar la fusión de predios, cuando:

I. Tenga por objeto convertir en urbanizables, áreas o predios que no lo sean;

II. Se busque incorporar predios colindantes a lotes de conjuntos urbanos, subdivisiones o áreas privativas de condominios autorizados, con objeto de incrementarles la densidad e intensidad de su ocupación, cambiarles su uso o dotarlos de servicios públicos;

III. Se pretenda dar al predio por fusionar, el uso, densidad o intensidad de ocupación del suelo que tiene aquél al que se fusiona, siendo incompatible;

IV. Se trate de constituir servidumbre de paso o transformar en vía pública el lote resultante de la fusión, para dar paso a los predios colindantes.

Artículo 5.53.- La relotificación de predios es el acto por el cual a dos o más lotes resultantes de una fusión o división del suelo, se le modifican sus dimensiones y superficies o su localización originalmente establecidas en la autorización respectiva.

Artículo 5.54.- En las autorizaciones de fusión, subdivisión y sus relotificaciones, se dejará constancia del uso del suelo de los lotes resultantes y de su densidad e intensidad de aprovechamiento.

CAPITULO CUARTO
De la lotificación para condominios

Artículo 5.55.- Los condominios podrán ser de tipo vertical, horizontal y mixto.

Para los efectos de este Libro se entenderá por:

I. Condominio vertical: la modalidad en la cual cada condómino es propietario exclusivo de un piso, departamento, vivienda o local de un edificio y además copropietario de sus elementos o partes comunes, así como del terreno e instalaciones de uso general;

II. Condominio horizontal: la modalidad en la cual cada condómino es propietario exclusivo de un área privativa del terreno y en su caso, de la edificación que se construya en ella, a la vez que copropietario de las áreas, edificios e instalaciones de uso común;

III. Condominio mixto: La combinación en un mismo predio de las modalidades señaladas en las fracciones precedentes.

Los condominios adoptarán la tipología establecida en este Libro para los conjuntos urbanos.

En condominios habitacionales de cualquier modalidad, el número máximo de viviendas será de 60 por cada predio o cada lote resultante de la subdivisión o conjunto urbano que al efecto se lleve a cabo.

Artículo 5.56.- Se requerirá la autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para llevar a cabo la lotificación de un predio en áreas privativas y comunes que dé origen a los condominios horizontales o mixtos a que se refiere el artículo anterior.

En la escritura pública de constitución del respectivo condominio, se insertará copia integra de la autorización de referencia.

Artículo 5.57.- Los desarrolladores de los condominios habitacionales que alojen más de sesenta viviendas, así como los de otros tipos que involucren más de cinco mil metros cuadrados de construcción, quedan afectos a la obligación de ceder áreas destinadas a equipamiento y de ejecutar obras de equipamiento semejantes a las que para análogos tipos de conjunto urbano se establecen en este Libro y su reglamentación.

No estarán afectos a la obligación precedente los condominios que se proyecte realizar en los lotes provenientes de conjuntos urbanos o subdivisiones autorizadas, en las que se hayan ya establecido tales obligaciones.

Artículo 5.58.- Los condominios contarán con conexiones únicas a las redes de infraestructura. La operación y mantenimiento de vialidades, obras de infraestructura y equipamiento, así como de los servicios urbanos al interior de los condominios, correrá a cargo de los propios condóminos.


CAPITULO QUINTO
De la licencia de uso del suelo y de la cédula
informativa de zonificación

Artículo 5.59.- El aprovechamiento con fines urbanos o la edificación en cualquier predio ubicado en la entidad, requerirá de licencia de uso del suelo, la cual se sujetará a los lineamientos siguientes:

I. Estará vigente hasta en tanto no se modifique el plan municipal de desarrollo urbano o el plan de centro de población que la sustente;

II. Tendrá por objeto autorizar:

a) El uso del suelo;

b) La densidad de construcción;

c) La intensidad de ocupación del suelo;

d) La altura máxima de edificación;
e) El número de cajones de estacionamiento;

f) El alineamiento y número oficial.

III. En su caso, incluirá el señalamiento de las restricciones federales, estatales y municipales y dejará constancia de los dictámenes en materia de protección civil, conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural, entre otros;

IV. Incluirá, en su caso, el dictamen de impacto regional, que emita la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

No se requerirá de licencia de uso del suelo para cada uno de los lotes resultantes de subdivisiones, conjuntos urbanos o lotificaciones para condominio que hayan sido previamente autorizados, siempre y cuando para su aprovechamiento se sujeten al uso del suelo y el alineamiento previstos en la autorización correspondiente.

Artículo 5.60.- A la solicitud de la licencia de uso del suelo, se deberá acompañar:

I. Croquis de localización del predio;

II. Documento que acredite la propiedad o posesión del predio;

III. Dictamen favorable de impacto regional, expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, tratándose de usos del suelo que generen impacto regional.

La licencia de uso del suelo que se obtenga no faculta a su titular para iniciar la ejecución de construcciones, obras o actividades industriales o comerciales.

Artículo 5.61.- Los usos del suelo que requieren del dictamen de impacto regional son:

I. Los desarrollos habitacionales de más de sesenta viviendas;

II. Las gaseras, gasoneras y gasolineras;

III. Los ductos e instalaciones para el almacenamiento, procesamiento o distribución de combustibles;

IV. La explotación de bancos de materiales para la construcción;

V. Cualquier uso que implique la construcción de más de cinco mil metros cuadrados u ocupen predios de más de seis mil metros cuadrados de terreno;

VI. En general, todo uso que produzca un impacto significativo sobre la infraestructura y equipamiento urbanos y los servicios públicos previstos para una región o para un centro de población en relación con su entorno regional, que será establecido en el plan municipal de desarrollo urbano o el plan de centro de población respectivo;

VII. Los cambios de uso, densidad e intensidad de su aprovechamiento y altura de edificaciones en los casos a que se refieren las fracciones anteriores.

Artículo 5.62.- Las cédulas informativas de zonificación serán expedidas por los respectivos municipios y tendrán por objeto precisar usos del suelo, densidades e intensidades de su aprovechamiento u ocupación, así como restricciones aplicables a un determinado predio.

Para su obtención, los interesados deberán incluir en la solicitud respectiva, el croquis de localización del predio de que se trate.

La cédula informativa de zonificación no constituirá autorización para ejecución de obra alguna, ni requisito para la obtención de autorizaciones o licencias.

CAPITULO SEXTO
De la licencia de construcción

Artículo 5.63.- Las construcciones se sujetarán a lo siguiente:

I. Requerirán de la correspondiente licencia de construcción, salvo los casos de excepción que se establezcan en la reglamentación;

II. Se sujetarán a la normatividad contenida en los planes de desarrollo urbano correspondientes y, en su caso, a los demás ordenamientos legales aplicables;

III. Dispondrán de lugares de estacionamiento para vehículos;

IV. Garantizarán la iluminación, ventilación y asoleamiento, así como la mitigación de efectos negativos hacia las construcciones vecinas;

V. Cumplirán los requisitos de seguridad estructural que les permitan satisfacer los fines para los cuales fueron proyectadas;

VI. Estarán provistas de los servicios básicos de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica;

VII. Dispondrán de espacios y muebles sanitarios de bajo consumo de agua, en número suficiente para su utilización por los usuarios;

VIII. Cumplirán con las previsiones correspondientes de protección civil, ingeniería sanitaria y para personas con capacidades diferentes;

IX. Las que se ubiquen en zonas de valor arqueológico, histórico, artístico y cultural, deberán cumplir las normas que señalen los ordenamientos legales aplicables, debiendo las del entorno, ser armónicas y compatibles con aquellas;

X. Las construcciones de equipamiento turístico y gasolineras, serán las únicas que se permitirán en una franja de cien metros medida, a partir del derecho de vía de carreteras federales, estatales o municipales, y a cada lado de éste;

XI. Las dedicadas a servicios de radiotelecomunicación o similares y anuncios publicitarios que requieran elementos estructurales, se ajustarán a las disposiciones reglamentarias.

Artículo 5.64.- Las previsiones correspondientes a las personas con capacidades diferentes son:

I. Los edificios públicos y comerciales deberán contar con rampas para dar servicio a personas en silla de ruedas, con muletas y aparatos ortopédicos y/o con padecimientos que impidan su desplazamiento. De ninguna forma puede ser considerada como rampa la de servicio de carga y descarga de los diferentes edificios;

II. Los proyectos de construcción de conjuntos urbanos deberán prever estas directrices, a fin de que los inmuebles resulten accesibles a las personas con capacidades diferentes;

III. Las construcciones o modificaciones que se hagan en edificios públicos y comerciales deben incluir facilidades urbanísticas y arquitectónicas adecuadas a las necesidades de las personas con capacidades diferentes, de conformidad con las disposiciones aplicables;

IV. Los servicios sanitarios de los edificios deberán tener al menos un cubículo destinado a dar servicio a las personas con capacidades diferentes, debiendo preferentemente localizarse cerca del vestíbulo de entrada;

V. Las cabinas sanitarias para personas con capacidades diferentes deben ser cuando menos de noventa centímetros de ancho por ciento sesenta y cinco centímetros de fondo, las puertas deben tener ochenta centímetros de ancho completamente libres y deben abrir hacia afuera. El asiento de la tasa debe encontrarse a cuarenta y siete centímetros de altura a nivel del piso terminado. Los lavamanos deben permitir el acceso fácil a una silla de ruedas y tener aislados los tubos inferiores de agua caliente para evitar quemaduras;

VI. Los comedores de autoservicio, restaurantes y cafeterías, sin la necesidad de instalaciones especiales o servicios segregados que impliquen cualquier necesidad de instalación o discriminación, deben contar cuando menos con una mesa rectangular que tenga un mínimo de setenta y cinco centímetros libres del piso hasta la parte inferior de la mesa;

VII. Las bibliotecas de instituciones públicas y privadas deberán contar con espacios reservados para las personas con capacidades diferentes;

VIII. Cuando menos uno de cada cinco teléfonos de servicio público que se instalen deben contar con el disco y el auricular a no menos de ciento veinte centímetros de altura sobre el nivel del piso, para facilitar su uso a las personas en silla de ruedas;
IX. En salas de conferencias, auditorios, teatros y cines los empresarios y administradores deben destinar y respetar los espacios designados a las personas en silla de ruedas, así como habilitar espacios para personas con capacidades diferentes cuyas limitaciones les impidan utilizar los asientos o butacas;

X. La señalización para la identificación de espacios en edificios, dependencias públicas, centros comerciales y centros de espectáculos debe hacerse mediante el empleo de placas con número, leyendas o símbolos estampados y con colores contrastantes que faciliten su identificación a débiles visuales;

XI. Los diferentes tipos de señales deben ser fijados en muros o lugares no abatibles y a una altura no mayor de ciento ochenta centímetros;

XII. Las vías públicas contarán con placas en las que se consigne el nombre y la orientación de la misma, así como con guías en las banquetas para identificar el límite de la guarnición.

Artículo 5.65.- La licencia de construcción tendrá por objeto autorizar:

I. La obra nueva;

II. La construcción de edificaciones en régimen de condominio;

III. La ampliación o modificación de la obra existente;

IV. La reparación de una obra existente;

V. La demolición parcial o total;

VI. La excavación y relleno;

VII. La construcción de bardas;

VIII. Las obras de conexión de agua potable y drenaje, realizadas por particulares;

IX. El cambio de la construcción existente a régimen de condominio;

X. La ocupación de la vía pública;

XI. La modificación del proyecto de una obra autorizada;

XII. La construcción e instalación de antenas para radiotelecomunicaciones y de anuncios publicitarios que requieran de elementos estructurales.

La licencia de construcción podrá autorizar uno o más de los rubros señalados, conforme a las necesidades del solicitante y en el caso de las fracciones I, II, III y IX, podrá autorizarse simultáneamente con la licencia de uso del suelo.

Artículo 5.66.- A la solicitud de licencia municipal para construcción se acompañará el documento que acredite la propiedad o posesión del predio, y de acuerdo al tipo de autorización que se solicite, se anexará lo siguiente:

I. Para obra nueva, así como para la ampliación, modificación o reparación que afecte elementos estructurales de una obra existente:

a) Licencia de uso del suelo vigente;

b) Planos arquitectónicos del proyecto, y en el caso de construcciones menores de sesenta metros cuadrados, croquis arquitectónico de la obra. Tratándose de ampliación, modificación o reparación de la construcción existente, se señalarán las superficies, ubicación y uso de ésta;

c) Planos estructurales. Tratándose de usos de impacto regional, además, la memoria de cálculo correspondiente;

d) Planos y memoria de cálculo de instalaciones hidráulica, sanitaria, eléctrica y especiales, tratándose de usos de impacto regional;

f) Los dictámenes técnicos que, en su caso, se señalen en la respectiva licencia de uso del suelo.

II. Para construcciones en régimen de condominio, además de lo señalado en la fracción anterior, se acompañará el reglamento interior del condominio;

III. Para reparación que no afecte elementos estructurales de una obra existente: croquis arquitectónico de la construcción, señalando el área donde se va a realizar la reparación;

IV. Para demolición parcial o total:

a) Croquis arquitectónico de la construcción existente, indicando el área a demoler;

b) Memoria y programa del proceso de demolición.

No se requerirá licencia para demolición, cuando ésta sea ordenada por autoridad administrativa o judicial competente, como resultado de la aplicación de una medida de seguridad o sanción.

V. Para excavación o relleno:

a) Croquis de localización del área donde se va a realizar;

b) Memoria y programa del procedimiento respectivo.

VI. Para construcción de barda: croquis arquitectónico, indicando las dimensiones de la misma;

VII. Para conexión de agua potable y drenaje y sus obras:

a) Autorización de la conexión correspondiente;

b) Croquis de la obra a realizar.

VIII. Para cambio de la construcción existente a régimen de condominio:

a) Licencia de uso del suelo vigente;

b) Planos arquitectónicos, en los que se indiquen los pisos, departamentos, viviendas o locales que serán áreas privativas o del dominio exclusivo de los condóminos, los elementos comunes de la construcción y las áreas de uso común del predio, así como tabla de indivisos y memoria descriptiva de las instalaciones;

c) Reglamento interior del condominio.

IX. Para ocupación temporal de la vía pública:

a) Croquis, señalando ubicación, superficie y tipo de material;

b) Licencia de construcción vigente, en su caso.

X. Para modificación del proyecto de una obra autorizada:

a). Licencia de construcción vigente o, en su caso, constancia de suspensión voluntaria de obra;

b). Planos de las modificaciones arquitectónicas y estructurales; tratándose de usos de impacto regional, la correspondiente memoria de cálculo.

XI. Para la construcción e instalación de antenas para radiotelecomunicaciones y de anuncios publicitarios que requieran elementos estructurales: planos y memoria de cálculo de la estructura sustentante.

Cuando así proceda, las licencias de uso del suelo y de construcción se podrán acreditar con la exhibición en copia simple de la que hubiese emitido la autoridad municipal respecto de la obra en cuestión, o en su defecto, proporcionar los datos necesarios para su identificación en los archivos de la propia autoridad.

Artículo 5.67.- Tratándose de construcciones mayores de sesenta metros cuadrados o con claros mayores de cuatro metros, la solicitud de la licencia de construcción y sus planos respectivos llevarán la firma del perito responsable de la obra, acompañándose asimismo la constancia de su inscripción en el Registro Estatal de Desarrollo Urbano.

Artículo 5.68.- Una vez concluida parcial o totalmente la obra o demolición, o en los casos de suspensión voluntaria a petición del interesado, se deberá recabar la respectiva constancia de terminación o suspensión expedida por la autoridad municipal correspondiente, para lo cual proporcionará la licencia de construcción vigente o su prórroga.

CAPITULO SEPTIMO
De la autorización para la explotación de bancos
de materiales para la construcción

Artículo 5.69.- La explotación de bancos de materiales para la construcción se sujetará a las normas básicas siguientes:

I. La explotación sólo podrá efectuarse en áreas urbanizables no programadas y en áreas no urbanizables;

II. No deberá alterar o dañar los elementos naturales del área de influencia, ni tampoco la infraestructura existente en su entorno;

III. Contará con acceso a carreteras federales, estatales o municipales;

IV. Se ejecutará a cielo abierto en ladera, prohibiéndose efectuarla en forma de túneles o galerías. La inclinación de los taludes deberá corresponder al ángulo de reposo natural del material que se explote y sus condiciones de saturación de humedad;

V. Se dejará libre de explotación una franja no menor de veinte metros de ancho en todo el perímetro de las colindancias del predio o mayor según fueren las características del material. Cuando en el predio o en alguno de sus linderos se encontrara una zona de restricción federal o estatal, la franja se contará a partir del límite de dicha zona o del correspondiente derecho de vía;

VI. Se rehabilitará el terreno laboreado para su aprovechamiento posterior sin riesgo de derrumbes o daños a terceros.

Artículo 5.70.- A la solicitud de autorización de explotación de bancos de materiales para la construcción, se acompañará:

I. Dictamen favorable de impacto regional, que emita la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas;

II. Título que acredite la propiedad, inscrito en el Registro Público de la Propiedad o carta de aceptación del comisariado ejidal o de bienes comunales, tratándose de predios sujetos a régimen ejidal o comunal, respectivamente;

III. En su caso, el título de la concesión pública o el contrato privado que permitan al solicitante llevar a cabo la explotación;

IV. Proyecto de explotación, procedimiento para la ejecución de las faenas mismas y, en su caso, programa de obras de rehabilitación del suelo, los cuales requerirán de la responsiva de perito inscrito en el Registro Estatal de Desarrollo Urbano.

TÍTULO QUINTO
Del Registro Estatal de Desarrollo Urbano

Artículo 5.71.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas establecerá y operará el Registro Estatal de Desarrollo Urbano, que incluirá al menos las secciones relativas a:

I. Planes de desarrollo urbano y sus programas;

II. Peritos;

III. Explotación de bancos de materiales para la construcción;

IV. Conjuntos urbanos, fusiones y subdivisiones de predios, lotificaciones para condominios y las relotificaciones correspondientes;

V. Apertura, prolongación o ampliación de vías públicas.

La reglamentación de este Libro regulará la integración, organización y funcionamiento del registro.

Artículo 5.72.- La calidad de perito se adquiere por la correspondiente inscripción en el Registro Estatal de Desarrollo Urbano y su oportuno refrendo, habiendo cumplido previamente con los requisitos que fije la reglamentación de este Libro. El perito asumirá la responsabilidad de constatar que los actos en que intervenga, respecto de una obra o peritaje determinado, se ajusten a lo dispuesto por este Libro, su reglamentación y los planes de desarrollo urbano aplicables, debiendo vigilar que se cumpla con los términos de la autorización correspondiente.

La sección de peritos del Registro Estatal de Desarrollo Urbano, tendrá por objeto inscribir en sus correspondientes categorías, las personas físicas habilitadas para el desempeño de las funciones propias de su especialización pericial en cualquier parte de la entidad, vigilar su correcto desempeño y dar fe de su idoneidad mientras esté vigente su inscripción.


TÍTULO SEXTO
De las medidas de seguridad y sanciones

CAPITULO PRIMERO
De las medidas de seguridad

Artículo 5.73.- Las medidas de seguridad son determinaciones preventivas ordenadas por las autoridades de desarrollo urbano, que serán de ejecución inmediata y durarán todo el tiempo en que persistan las causas que las motivaron.

Las medidas de seguridad tendrán por objeto evitar la consolidación de acciones o hechos contrarios a las disposiciones contenidas en este Libro, su reglamentación y los planes de desarrollo urbano, así como los daños a personas o bienes que puedan causar las construcciones, instalaciones, explotaciones y obras de cualquier índole, en razón de existir deficiencias en su edificación, ser de mala calidad los materiales empleados, estar en estado ruinoso o presentar otra circunstancia análoga.

Artículo 5.74.- Las medidas de seguridad que podrán adoptar las autoridades de desarrollo urbano son:

I. Suspensión temporal, parcial o total, de la construcción, instalación, explotación, obras o servicios;

II. Desocupación o desalojo parcial o total de predios o inmuebles;

III. Prohibición de actos de utilización de inmuebles;

IV. Demolición parcial o total;

V. Retiro de materiales e instalaciones;

VI. Evacuación de personas y bienes;

VII. Cualquiera otra acción o medida que tienda a garantizar el orden legal y el estado de derecho, así como evitar daños a personas o bienes.

CAPITULO SEGUNDO
De las infracciones y sanciones

Artículo 5.75.- Las infracciones a las disposiciones de este Libro, de su reglamentación y de los planes de desarrollo urbano, se sancionarán por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas o por el municipio respectivo, con:

I. Clausura provisional o definitiva, parcial o total, de las instalaciones, construcciones, obras y explotaciones de bancos de materiales;

II. Suspensión provisional o definitiva, parcial o total, de servicios públicos;

III. Demolición parcial o total de construcciones;

IV. Retiro de materiales o instalaciones;

V. Revocación de las autorizaciones o licencias otorgadas y, en su caso, la intervención del desarrollo respectivo;

VI. Multa, atendiendo a la gravedad de la infracción:

a) De mil a quinientas mil veces el salario mínimo general vigente del área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción, tratándose de usos que generen impacto regional y de actos de división del suelo;

b) De mil a cinco mil veces el salario mínimo general vigente del área geográfica que corresponda, al momento de cometer la infracción, en los demás casos.

VII. Suspensión o cancelación de la inscripción del perito en el Registro Estatal de Desarrollo Urbano.

Las multas se duplicarán en caso de reincidencia y se podrán aplicar conjuntamente con cualquiera de las sanciones contempladas en las fracciones I a V de este artículo.

Artículo 5.76.- Las sanciones se impondrán sin perjuicio de las medidas de seguridad que en su caso se hubiesen adoptado, y serán independientes de la responsabilidad civil o penal que se finque por los hechos o actos constitutivos de la infracción administrativa.

La demolición parcial o total que ordene la autoridad competente, como medida de seguridad o sanción, será ejecutada por el afectado o infractor a su costa y dentro del plazo que fije la resolución respectiva. En caso contrario, la autoridad la mandará ejecutar por cuenta y cargo del afectado o infractor y su monto constituirá un crédito fiscal.

LIBRO SEXTO
De la protección civil

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

CAPITULO PRIMERO
Del objeto y finalidad

Artículo 6.1.- Este Libro tiene por objeto regular las acciones de protección civil en el Estado de México.

Artículo 6.2.- Las disposiciones de este Libro tienen como finalidad la prevención, auxilio y recuperación de la población en caso de riesgo o desastre.

Artículo 6.3.- Son aplicables a este Libro los conceptos, principios y lineamientos establecidos en la Ley General de Protección Civil.

CAPITULO SEGUNDO
De las autoridades y sus atribuciones

Artículo 6.4.- Son autoridades en materia de protección civil, la Secretaría General de Gobierno y los ayuntamientos con las atribuciones que les otorga este Libro.

TÍTULO SEGUNDO
De los sistemas de protección civil

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 6.5.- Los sistemas de protección civil se constituyen por el conjunto de órganos, instrumentos, métodos y procedimientos que establecen las dependencias, organismos y entidades del sector público estatal o municipal, según corresponda, con la participación de los sectores social y privado, para la ejecución coordinada de acciones de protección civil.

CAPITULO SEGUNDO
Del Sistema Estatal de Protección Civil

Artículo 6.6.- El sistema estatal de protección civil, se integra por:

I. El Gobernador del Estado;

II. El Consejo Estatal de Protección Civil;

III. Los sistemas y consejos municipales de protección civil;

IV. Las unidades internas;

V. Los grupos voluntarios.

Artículo 6.7.- La coordinación ejecutiva del sistema estatal de protección civil estará a cargo de la Secretaría General de Gobierno, quien ejercerá las atribuciones siguientes:

I. Vincular el sistema estatal de protección civil con el sistema nacional de protección civil;

II. Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas en la materia;

III. Establecer las instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de carácter técnico, operativo, de servicios y logística para prevenir y atender un desastre;

IV. Establecer la metodología para la elaboración de programas internos y específicos de protección civil, grupos voluntarios y grupos de ayuda mutua;

V. Solicitar al Gobernador del Estado la expedición de las declaratorias de emergencia;

VI. Promover la creación de fondos para las acciones de protección civil;

VII. Solicitar el apoyo del Gobierno Federal para el auxilio y recuperación en los casos de emergencia o desastre cuando la capacidad operativa y financiera del Estado sea superada;

VIII. Aplicar los recursos estatales y federales a las acciones de prevención, auxilio y recuperación;

IX. Informar al sistema nacional de protección civil de la ocurrencia de riesgos y desastres en el territorio del Estado para la concertación y coordinación de acciones;

X. Apoyar la creación, desarrollo y consolidación de los consejos municipales de protección civil, grupos voluntarios y grupos de ayuda mutua;

XI. Promover la creación, actualización y desarrollo de los atlas municipales de riesgos;

XII. Proponer la adquisición de equipo especializado de transporte, comunicación, prevención y atención de desastres con cargo a los fondos disponibles;

XIII. Ejecutar las acciones de protección civil en coordinación con los municipios, grupos voluntarios y unidades internas;

XIV. Investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños provenientes de elementos, agentes naturales o humanos generadores de riesgo o desastres;

XV. Promover, desarrollar, vigilar y evaluar los programas de capacitación a la población en la materia;

XVI. Asesorar y apoyar a las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos públicos estatales, a los municipios y a las instituciones, personas, grupos y asociaciones de carácter civil y privado en materia de protección civil;

XVII. Establecer, operar o enlazarse con redes de detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos, en coordinación con otras autoridades;

XVIII. Desarrollar, actualizar y difundir el Atlas de Riesgos del Estado de México;

XIX. Expedir y vigilar la aplicación de las normas técnicas estatales y demás disposiciones en materia de protección civil;

XX. Recibir, evaluar y aprobar los programas de las unidades internas de protección civil;

XXI. Impulsar y difundir la cultura de protección civil en el Estado. Para tal efecto, la Secretaría General de Gobierno difundirá entre las autoridades estatales y municipales, y la población en general los resultados de los trabajos que se realicen, así como la información que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de una cultura en la materia;

XXII. Las demás que le confieren este Libro y las demás disposiciones legales aplicables.

CAPITULO TERCERO
Del Consejo Estatal de Protección Civil

Artículo 6.8.- El Consejo Estatal de Protección Civil es un órgano de consulta y de coordinación del Gobierno del Estado para convocar, concertar, inducir e integrar las actividades de los participantes e interesados en la materia, a fin de garantizar el cumplimiento del objeto del sistema estatal de protección civil.

Artículo 6.9.- El Consejo Estatal de Protección Civil tendrá las atribuciones siguientes:

I. Participar en la elaboración y evaluación del Programa Estatal de Protección Civil, y coadyuvar en su aplicación, procurando su amplia difusión en la entidad;

II. Fomentar la participación de los sectores de la sociedad en la formulación y ejecución de los programas de protección civil;

III. Convocar, coordinar y armonizar la participación de los grupos sociales y los municipios, con pleno respeto a la libertad municipal, en la definición y ejecución de las acciones en la materia;

IV. Promover el estudio, investigación y capacitación en materia de protección civil, identificando sus problemas y tendencias, y proponiendo normas y procedimientos que permitan su solución;

V. Promover la generación, desarrollo y consolidación de la cultura de protección civil;

VI. Coordinar campañas permanentes en materia de protección civil;

VII. Promover ante las autoridades educativas la adopción de programas en materia de protección civil en las instituciones de educación en todos sus niveles y grados;

VIII. Constituirse en sesión permanente en los casos de riesgo o desastre para formular opiniones y recomendaciones sobre las acciones que deban tomarse;

IX. Coadyuvar en la vigilancia de la aplicación de los recursos que se destinen a los programas y acciones de protección civil;

X. Las demás que se prevean en la reglamentación de este Libro.

Artículo 6.10.- El Consejo Estatal de Protección Civil se integra por un presidente, que será el Gobernador del Estado; un secretario ejecutivo, que será el Secretario General de Gobierno; un Secretario Técnico, que será el Director General de Protección Civil, y los demás miembros que designe o invite el Gobernador del Estado.

El cargo de miembro del Consejo Estatal de Protección Civil será honorífico.

El consejo contará con los comités, comisiones y grupos de trabajo necesarios para el cumplimiento de su objeto, y operará en los términos de su reglamento interno.

CAPITULO CUARTO
De los sistemas y consejos municipales
de protección civil

Artículo 6.11.- Los municipios establecerán sistemas de protección civil, que se integran por:

I. El Presidente Municipal;

II. El Consejo Municipal de Protección Civil;

III. Las unidades internas;

IV. Los grupos voluntarios.

Los sistemas municipales deberán vincularse y coordinarse con el sistema estatal de protección civil.

Artículo 6.12.- Los consejos municipales son órganos de consulta y de coordinación de los gobiernos municipales para convocar, concertar, inducir e integrar las acciones de los sistemas municipales de protección civil. Asimismo, tendrán las atribuciones que determinen los ayuntamientos de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 6.13.- Los ayuntamientos determinarán la estructura y funcionamiento de sus respectivos sistemas y consejos municipales.

CAPITULO QUINTO
De los grupos voluntarios

Artículo 6.14.- Son grupos voluntarios las instituciones, organizaciones y asociaciones que cuenten con registro de la Secretaría General de Gobierno.

Los grupos voluntarios estarán integrados por personas físicas o morales con conocimiento y experiencia en materia de protección civil, que cuenten con recursos y equipo para prestar sus servicios a la población de manera altruista y comprometida.

Artículo 6.15.- Son derechos y obligaciones de los grupos voluntarios:

I. Portar en un lugar visible de sus vehículos y vestimenta el distintivo oficial que acredite su registro;

II. Vincular sus programas de capacitación y adiestramiento con los programas estatales de la materia;

III. Contar con un directorio actualizado de sus miembros;

IV. Refrendar anualmente su registro y el de sus miembros;

V. Coordinarse bajo el mando de las autoridades de protección civil en los casos de riesgo o desastre;

VI. Abstenerse de solicitar o recibir contraprestación alguna de las personas a quienes presten ayuda;

VII. Utilizar para el servicio que presten, los bienes y equipo previamente registrados ante la Secretaría General de Gobierno;

VIII. Comunicar a las autoridades de protección civil la presencia de una situación de riesgo o desastre;

IX. Participar en las acciones de protección civil para las que estén aptos;

X. Coadyuvar en la difusión de programas de protección civil;

XI. Promover y difundir la cultura de protección civil en el Estado.

CAPITULO SEXTO
De las unidades internas

Artículo 6.16.- Los poderes Legislativo y Judicial, las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos públicos estatales y municipales, así como las personas de los sectores social y privado en los casos previstos en la reglamentación de este Libro, deberán establecer y operar unidades internas de protección civil, con el objeto de procurar la seguridad tanto de las personas que estén en sus instalaciones como de sus bienes, a través de acciones de prevención, auxilio y recuperación en caso de riesgo o desastre.

Artículo 6.17.- Las unidades internas deberán elaborar programas de protección civil que presentarán para su registro ante la Secretaría General de Gobierno.

Artículo 6.18.- Las personas de los sectores social y privado podrán establecer grupos de ayuda mutua o comités vecinales que realizarán las acciones de prevención, auxilio y recuperación en caso de riesgo o desastre.

TÍTULO TERCERO
Del Instituto de Protección Civil del Estado de México

Artículo 6.19.- El Instituto de Protección Civil del Estado de México es un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, que tiene por objeto:

I. Fomentar la capacitación y adiestramiento teórico y práctico, a individuos con actitud y espíritu en materia de protección civil, comprometidos con la sociedad, para intervenir en acciones de prevención y salvaguarda de las personas y sus bienes, en caso de riesgo, siniestro o desastre;

II. Promover investigaciones científicas y técnicas y su aplicación en materia de protección civil;

III. Contribuir al fortalecimiento del sistema estatal de protección civil.

Artículo 6.20.- El Instituto para el cumplimiento de su objeto, tiene las atribuciones siguientes:

I. Coadyuvar en la promoción permanente de la cultura de autoprotección, de prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población;

II. Desarrollar programas de formación, capacitación, adiestramiento y actualización de servidores públicos estatales y municipales, organizaciones sociales, privadas y académicas y, en general, de cualquier persona interesada en la protección civil;

III. Participar en la formación, capacitación, adiestramiento y actualización de personal profesional y de servidores públicos estatales y municipales relacionados con la protección civil;

IV. Otorgar constancias, diplomas, reconocimientos, certificados y distinciones especiales, a quienes hayan participado en programas de formación, capacitación, adiestramiento y actualización;

V. Desarrollar investigaciones científicas y tecnológicas en materia de protección civil y promover su aplicación;

VI. Proponer al titular de la Secretaría General de Gobierno la normatividad técnica en materia de protección civil;

VII. Establecer los montos de las cuotas de recuperación y elaborar un programa de becas y exenciones;

VIII. Asesorar a los sectores público, social y privado en la planeación, programación y operación de las actividades en materia de protección civil;

IX. Coordinar sus acciones con la Dirección General de Protección Civil;

X. Las demás que le confieran otros ordenamientos.

Artículo 6.21.- El Instituto estará a cargo de un director general que será nombrado por el Gobernador del Estado.

La organización y funcionamiento del Instituto se rige por su reglamento interno.

TÍTULO CUARTO
De los simulacros y señalizaciones

Artículo 6.22.- En los edificios públicos, escuelas, fábricas, industrias, comercios, oficinas, unidades habitacionales, centros de espectáculos o diversiones, en todos los establecimientos abiertos al público y en vehículos de transporte escolar y de personal, deberán practicarse simulacros de protección civil, por lo menos una vez al año, en coordinación con las autoridades competentes.

Asimismo, deberán colocarse, en lugares visibles, material e instructivos adecuados para casos de emergencia, en los que se establezcan las reglas que deberán observarse antes, durante y después del desastre, así como las zonas de seguridad y salidas de emergencia.

Lo dispuesto en este artículo se hará en términos de la reglamentación de este Libro y de las normas técnicas que al efecto emita la Secretaría General de Gobierno.

TÍTULO QUINTO
De las autorizaciones, registros y dictámenes

Artículo 6.23.- Requieren dictamen de protección civil expedido por la Secretaría General de Gobierno las construcciones que produzcan un impacto regional sobre la infraestructura y equipamiento urbanos y los servicios públicos, en los términos previstos en el artículo 5.61 del Libro Quinto de este Código.

Una vez concluidas las construcciones a que se refiere el párrafo anterior, para el inicio de operaciones se requerirá de la autorización de la Secretaría General de Gobierno.

Artículo 6.24.- Requieren autorización de la Secretaría General de Gobierno las actividades que, pudieran generar fenómenos perturbadores.

La reglamentación de este Libro establecerá las actividades que requieren autorización.

Artículo 6.25.- Deberán inscribirse en el Registro Estatal de Protección Civil:

I. Los programas de protección civil;

II. Los grupos voluntarios y de ayuda mutua;

III. Los análisis de vulnerabilidad y riesgo;

IV. Las personas que se dediquen a prestar servicios de consultoría o capacitación en materia de protección civil.

TÍTULO SEXTO
De las declaratorias de emergencia y desastre

Artículo 6.26.- El Gobernador del Estado expedirá una declaratoria de emergencia ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un desastre que ponga en riesgo la vida humana, y solicitará al gobierno federal la expedición de una declaratoria de desastre, cuando uno o varios fenómenos perturbadores hayan causado daños severos a la población y la capacidad de respuesta del Estado se vea superada.

Artículo 6.27.- Las declaratorias de emergencia y de desastre deberán identificar el riesgo o desastre y la zona afectada, así como prever, según corresponda, las acciones de prevención, auxilio y recuperación a aplicarse.

Artículo 6.28.- Las declaratorias previstas en este Título deberán ser publicadas en la Gaceta del Gobierno, sin perjuicio de que se difundan a través de los medios de comunicación masiva. Las declaratorias podrán publicarse en la Gaceta del Gobierno con posterioridad a las acciones de protección civil.

TÍTULO SEPTIMO
Del sistema estatal de información de protección
civil y registro estatal de protección civil

Artículo 6.29.- La Secretaría General de Gobierno organizará y desarrollará el sistema estatal de información de protección civil, con el objeto de obtener, generar y procesar la información necesaria para la planeación y evaluación de las actividades en materia de protección civil.

Las dependencias y organismos de la administración pública estatal y municipal, así como los grupos voluntarios, deberán proporcionar a la Secretaría General de Gobierno los informes que les requiera.

Artículo 6.30.- La Secretaría General de Gobierno establecerá el Registro Estatal de Protección Civil, en el que se inscribirá de manera sistematizada la información a que se refiere el artículo anterior.

El Registro será público, no tendrá efectos constitutivos, ni surtirá efectos contra terceros.


TÍTULO OCTAVO
De la vigilancia

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 6.31.- Corresponde a la Secretaría General de Gobierno el ejercicio de las atribuciones de vigilancia y aplicación de medidas de seguridad y sanciones, tratándose de generadores de mediano y alto riesgo, y a los municipios los de bajo riesgo.

CAPITULO SEGUNDO
De las medidas de seguridad

Artículo 6.32.- En caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la emisión de la declaratoria de emergencia, la Secretaría General de Gobierno y los municipios dictarán de inmediato las medidas de seguridad conducentes, a fin de proteger la vida de la población y sus bienes, la planta productiva y el ambiente, así como para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 6.33.- Son medidas de seguridad:

I. La evacuación;

II. La suspensión de actividades;

III. La clausura temporal, parcial o total;

IV. La desocupación de predios, casas, edificios o establecimientos;

V. El aseguramiento y destrucción de objetos, productos o sustancias;

VI. El aislamiento de áreas afectadas.

Artículo 6.34.- Cuando se aplique alguna o algunas de las medidas de seguridad, se indicará su temporalidad y, en su caso, las acciones que se deben llevar a cabo para ordenar el retiro de las mismas.

CAPITULO TERCERO
De las infracciones y sanciones

Artículo 6.35.- Las infracciones a las disposiciones de este Libro y su reglamentación serán sancionadas por la Secretaría General de Gobierno y los municipios, en su caso, con:

I. Amonestación con apercibimiento;

II. Multa;

III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total;

IV. Revocación de los registros a que se refiere este Libro;

V. Demolición de una obra o instalación.

Se podrá imponer una o más sanciones de las previstas en este artículo por una misma infracción, atendiendo a la gravedad de la misma.

Artículo 6.36.- Serán sancionadas con multa las infracciones siguientes:

I. Con tres mil días de salario mínimo general vigente del área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción, a quien:

a) No cuente con registro de la Secretaría General de Gobierno, estando obligado a obtenerlo;

b) No cumpla con la calendarización de acciones establecidas en su programa específico de protección civil.

II. Con cuatro mil días de salario mínimo general vigente del área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción, a quien:

a) No cuente con dictamen de viabilidad;

b) Haya iniciado operaciones sin la autorización correspondiente;

c) No permita el acceso al personal designado para realizar verificaciones en inmuebles, instalaciones y equipos.

III. Con cinco mil días de salario mínimo general vigente del área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción, a quien de manera dolosa o culposa ponga en riesgo a las personas o a la población en general.

LIBRO SEPTIMO
De las comunicaciones y transporte

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

CAPITULO PRIMERO
Del objeto y finalidad


Artículo 7.1.-
Este libro tiene por objeto regular las comunicaciones de jurisdicción local y el transporte.

Las comunicaciones de jurisdicción local comprenden la infraestructura vial primaria y los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad, incluyendo las estaciones de transferencia modal.

Artículo 7.2.- Las disposiciones de este Libro tienen como finalidad:

I. Que se cuente con las comunicaciones necesarias y seguras para la integración del Estado y los municipios al desarrollo estatal y nacional.

II. Que se cuente con transporte seguro, eficiente y de calidad.

Artículo 7.3.- Se considera de utilidad pública e interés general, la construcción, conservación, operación, explotación, rehabilitación y mantenimiento de las comunicaciones de jurisdicción local, así como la prestación del servicio público de transporte.

CAPITULO SEGUNDO
De las autoridades y sus atribuciones

Artículo 7.4.- Son autoridades para la aplicación de este Libro:

I. El Gobernador del Estado;

II. La Secretaría de Comunicaciones a quien corresponden las atribuciones relativas a las comunicaciones de jurisdicción local;

III. La Secretaría de Transporte, a quien corresponden las atribuciones relativas al transporte público, de uso particular y comercial;

IV. La Junta de Caminos del Estado de México, que tendrá a su cargo las atribuciones que le confiere este Libro en materia de infraestructura vial primaria libre de peaje;

V. El Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, al que corresponden las atribuciones que le confiere este Libro en materia de infraestructura vial primaria de cuota;

VI. Los municipios, que tendrán a su cargo las facultades relativas a la infraestructura vial local.

TÍTULO SEGUNDO
De la infraestructura vial

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 7.5.- Para efectos de este Libro se entiende por infraestructura vial al conjunto de vías jerarquizadas que facilitan la comunicación entre las diferentes áreas de la actividad económica y se clasifica en:

I. Infraestructura vial primaria, aquella que está integrada por carreteras, pasos vehiculares, avenidas, calzadas y calles que comunican a dos o más municipios de la entidad, permitiendo los viajes de largo recorrido y aquellas que por sus características de ubicación, operación y vocación de servicio permitan la integración de la red vial primaria, así como las que comuniquen a instalaciones estratégicas estatales;

II. Infraestructura vial local, aquella que está integrada por pasos vehiculares, avenidas, calzadas, calles y cerradas que permiten la comunicación al interior del municipio y la integración con la red vial primaria.

La infraestructura vial primaria estará a cargo del Estado y la infraestructura vial local, de los municipios.

La infraestructura vial podrá ser libre de peaje, y de cuota.

Artículo 7.6.- La Secretaría de Comunicaciones emitirá el dictamen de incorporación e impacto vial, tratándose de las autorizaciones de impacto regional a que se refiere el Libro Quinto de este Código.

La reglamentación determinará los casos en que no será exigible este dictamen.

Artículo 7.7.- El Estado podrá operar, construir, explotar, conservar, rehabilitar y dar mantenimiento a la infraestructura vial de su competencia y a la infraestructura de los sistemas de transporte masivo, incluyendo las estaciones de transferencia modal, directamente o a través de particulares, mediante el otorgamiento de concesiones y contratos.

Artículo 7.8.- Las concesiones a que se refiere este Título se otorgarán mediante concurso público a sociedades mercantiles constituidas conforme a las leyes mexicanas, en los términos que se establezcan en el presente Libro y los reglamentos respectivos, de conformidad con el procedimiento siguiente:

I. La Secretaría de Comunicaciones, de oficio o a petición de parte interesada, previo estudio, podrá expedir convocatoria pública para que, en el plazo que se establezca en la reglamentación, de este Libro, se presenten propuestas en sobre cerrado, que será abierto en día prefijado y en presencia de los participantes;

II. La convocatoria se publicará simultáneamente en la Gaceta del Gobierno, en un periódico de amplia circulación nacional y en otro de amplia circulación estatal, así como en los medios electrónicos de difusión;

III. Las bases del concurso incluirán como mínimo las características técnicas de la construcción de la infraestructura vial o del sistema de transporte masivo, el anteproyecto técnico, plazo de la concesión, aforos estimados, condiciones financieras básicas, características de la operación y tarifas iniciales.

IV. Podrán participar uno o varios interesados que demuestren su solvencia económica, así como su capacidad legal, técnica, administrativa y financiera, y cumplan con los demás requisitos que establezcan las bases que expida la Secretaría de Comunicaciones;

V. A partir del acto de apertura de propuestas y durante el plazo en que las mismas se estudien y homologuen, se informará a todos los interesados de aquellas que se desechen y las causas principales que motivaren tal determinación;

VI. La Secretaría de Comunicaciones, con base en el análisis comparativo de las propuestas admitidas, emitirá su fallo, el cual será dado a conocer a todos los participantes. La propuesta ganadora estará a disposición de los interesados durante diez días hábiles a partir de que se haya dado a conocer el fallo correspondiente, para que manifiesten lo que a su derecho convenga;

VII. No se otorgará la concesión cuando ninguna de las propuestas presentadas cumpla con las bases del concurso o por caso fortuito o fuerza mayor. En este caso, se declarará desierto el concurso y se procederá a expedir una nueva convocatoria.

Artículo 7.9.- Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de treinta años y podrán ser prorrogadas hasta por un plazo equivalente al establecido originalmente, atendiendo al cumplimiento de las obligaciones inherentes a la concesión respectiva.

La Secretaría de Comunicaciones contestará en definitiva la solicitud de prórroga, dentro de un plazo de sesenta días hábiles contado a partir de la fecha de presentación de la misma debidamente requisitada y establecerá las nuevas condiciones de la concesión, para lo cual deberá tomar en cuenta la inversión, los costos futuros de ampliación y mejoramiento, y las demás proyecciones financiera y operativas que considere la rentabilidad de la concesión.

Artículo 7.10.- Se requiere permiso para la ejecución de obras e instalaciones que tengan acceso directo a la infraestructura vial primaria o local, para la ocupación, utilización, construcción, conservación, rehabilitación y adaptación de cualquier tipo de obra, anuncio o publicidad en la infraestructura o en el derecho de vía.

No requerirán permiso ni autorización alguna los trabajos de urgencia y mantenimiento que sean necesarios para la conservación y buen funcionamiento de la infraestructura vial, o aquellos trabajos comprendidos en los títulos de concesiones otorgados o derivados de los mismos.

Para efectos de este artículo, se entiende por derecho de vía la franja de terreno de anchura variable, determinada en las normas técnicas que emita la Secretaría de Comunicaciones que se requiere para la construcción, conservación, rehabilitación, ampliación, protección y, en general, para el uso adecuado de la infraestructura vial.

Artículo 7.11.- Son obligaciones de los concesionarios y permisionarios de la infraestructura vial y de los sistemas de transporte masivo:

I. En todos los casos:

a) Diseñar, proyectar, explotar y operar la infraestructura vial y los sistemas de transporte masivo, o realizar la construcción, conservación, rehabilitación y adaptación correspondiente en términos de la concesión o permiso otorgado.

b) Acatar las normas técnicas estatales correspondientes;

c) Presentar aviso a la autoridad competente en caso de enfrentar dificultades que pongan en riesgo el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el título de concesión o permiso;

d) Coadyuvar en la vigilancia y preservación del derecho de vía y dar aviso a la autoridad sobre cualquier anomalía, invasión o daño que le afecte;

e) Vigilar que el personal a su cargo cumpla con las disposiciones legales en materia de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo, y las contenidas o derivadas del titulo de concesión o permiso.

f) Proporcionar en todo tiempo a la autoridad competente los datos, informes y documentos que le sean solicitados relacionados con el objeto de la concesión o permiso, y otorgar las facilidades necesarias a dicha autoridad para la realización de visitas de verificación, inspección y calificación;

g) Resarcir, a los usuarios y a los terceros, los daños que se les causen con motivo de la concesión o permiso;

h) Constituir en tiempo y forma las garantías, en los términos establecidos en la reglamentación de este Libro;

i) Las demás que se señalen en este Libro.

II. Además de lo anterior, los concesionarios deberán:

a) Atender las instrucciones y recomendaciones que en su caso realice la autoridad competente respecto de las tarifas y la operación de la infraestructura y de los sistemas de transporte masivo concesionados.

b) Presentar aviso por la terminación de la obra, con el objeto de que la autoridad competente constate que su construcción se ajusta al proyecto y especificaciones aprobadas y que cuenta con los señalamientos establecidos en la norma técnica correspondiente;

c) Solicitar y justificar mediante el estudio correspondiente cualquier modificación a las cuotas de peaje, conforme a las bases de la concesión.

Artículo 7.12.- Cuando se requiera el retiro o reubicación de cualquier instalación que se encuentre dentro del derecho de vía, se realizará con cargo al usuario del mismo.

Artículo 7.13.- Las autoridades competentes, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, podrán proyectar y construir los libramientos necesarios, con objeto de distribuir adecuadamente el paso del transporte por las poblaciones.

Artículo 7.14.- La autoridad competente podrá exigir a los propietarios de los predios colindantes a la infraestructura vial y a los sistemas de transporte masivo que, por razones de seguridad, los cerquen respecto del derecho de vía.

Los accesos que se construyan dentro del derecho de vía se considerarán auxiliares a la infraestructura vial.

Artículo 7.15.- En los terrenos adyacentes a la infraestructura vial y a los sistemas de transporte masivo, hasta en una distancia de cien metros del límite del derecho de vía, no podrán establecerse trabajos de explotación de minas, canteras o cualquier tipo de obras que requieran el empleo de explosivos o gases nocivos.

Artículo 7.16.- Los usuarios de la infraestructura vial tendrán las obligaciones siguientes:

I. Respetar el derecho de vía;

II. Cubrir las tarifas correspondientes en la infraestructura vial de cuota;

III. Cubrir los daños que ocasionen a la infraestructura vial.

Artículo 7.17.- Los municipios tendrán las atribuciones a que se refiere este Título y el Título Cuarto, respecto de la infraestructura de su competencia.

CAPITULO SEGUNDO
De la Junta de Caminos del Estado de México

Artículo 7.18.- La Junta de Caminos del Estado de México es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto la planeación, programación, presupuestación, ejecución, conservación, mantenimiento y administración de la infraestructura vial primaria libre de peaje.

La Junta, para el cumplimiento de su objeto, tiene las atribuciones siguientes:

I. Otorgar y declarar la terminación de permisos para la utilización del derecho de vía, así como vigilar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los mismos;

II. Vigilar que se respete el derecho de vía en la infraestructura vial a su cargo, así como preservar, administrar y regular el uso, aprovechamiento y restricciones del mismo, de acuerdo a la normatividad reglamentaria;

III. Proyectar, instalar y mantener en operación el señalamiento y los dispositivos de seguridad en la infraestructura vial a su cargo;

IV. Administrar, operar y mantener la maquinaria y equipo de construcción a su cuidado o de su propiedad;

V. Asesorar a los ayuntamientos en la realización de obras a su cargo relacionadas con la infraestructura vial;

VI. Efectuar el cobro de derechos conforme a la ley por la expedición de permisos para la utilización del derecho de vía;

VII. Proporcionar servicios técnicos a terceros, cuando le sean solicitados, para la realización de obras de infraestructura vial;

VIII. Las demás que se señalen en este Libro y otras disposiciones.

Artículo 7.19.- La dirección y administración de la Junta está a cargo de un consejo directivo y un director general.

El consejo directivo se integra en los términos previstos en la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México y cuenta con seis vocales, que son los representantes de las secretarías de Finanzas y Planeación, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de Administración y de Ecología, y los directores generales de Vialidad y del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México.

El director general será nombrado por el Gobernador del Estado, a propuesta del presidente del consejo directivo.

La organización y funcionamiento de la Junta se rige por el reglamento interno que expida el consejo directivo.

Artículo 7.20.- El patrimonio de la Junta se integra con:

I. Los bienes, instalaciones, derechos y activos que le aporten los gobiernos federal, estatal y municipales, o los particulares;

II. Las aportaciones, recursos y demás ingresos que le proporcionen la Federación, el Estado, los municipios y los particulares en términos de los convenios y acuerdos respectivos;

III. Los subsidios y donaciones que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipales, y las personas físicas o morales de carácter público o privado;

IV. Los ingresos que obtenga por la realización de sus actividades, en cumplimiento de su objeto;

V. Los bienes o recursos que reciba por cualquier título legal.

Los ingresos del Instituto, así como los productos e instrumentos financieros autorizados serán destinados y aplicados a las actividades señaladas en los programas aprobados por el consejo directivo.

CAPITULO TERCERO
Del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios
Conexos y Auxiliares del Estado de México

Artículo 7.21.- El Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto coordinar los programas y acciones relacionados con la infraestructura vial de cuota, así como efectuar investigaciones y estudios que permitan al Gobierno del Estado sustentar las solicitudes de concesiones o permisos ante las autoridades federales para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeródromos civiles en territorio estatal.

El Sistema, para el cumplimiento de su objeto, tiene las atribuciones siguientes:

I. Proponer y ejecutar planes, programas, proyectos y acciones para el diseño, construcción, administración, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial de cuota;

II. Otorgar y declarar la terminación de permisos para el aprovechamiento y explotación de la infraestructura vial y el derecho de vía;

III. Efectuar el cobro de derechos conforme a la ley por la expedición de permisos para la utilización de la infraestructura vial y el derecho de vía;

IV. Celebrar contratos para el aprovechamiento y explotación de la infraestructura vial;

V. Efectuar las calificaciones de operación y conservación de la infraestructura vial para determinar el monto de los recursos que deban aplicarse para su adecuado funcionamiento;

VI. Promover y fomentar la participación de la iniciativa privada en la construcción, administración, operación, mantenimiento, rehabilitación y conservación de infraestructura vial;

VII. Autorizar los ajustes y supervisar la correcta aplicación de las cuotas de peaje;

VIII. Presentar a la consideración de la Secretaría de Comunicaciones, conforme a las disposiciones aplicables, proyectos sustentados de otorgamiento o ampliación de concesiones para la construcción, administración, operación, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura vial;

IX. Contratar financiamiento, empréstitos y créditos con cargo a su patrimonio para el cumplimiento de su objeto;

X. Las demás que se señalen en este Libro y otras disposiciones.

Artículo 7.22.- La dirección y administración del Sistema está a cargo de un consejo directivo y un director general.

El consejo directivo se integra en los términos previstos en la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México y cuenta con seis vocales, que son los representantes de las secretarías de Finanzas y Planeación, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de Administración y de Ecología, y los directores generales de Vialidad y de la Junta de Caminos del Estado de México.

El director general será nombrado por el Gobernador del Estado, a propuesta del presidente del consejo directivo.

La organización y funcionamiento del Sistema se rige por el reglamento interno expedido por el consejo directivo.

Artículo 7.23.- El patrimonio del Sistema se integra con:

I. Los bienes y recursos que obtenga con motivo de las concesiones y contratos que se otorguen o celebren en materia de infraestructura vial de cuota;

II. Los bienes, instalaciones, derechos y activos que le aporten los gobiernos federal, estatal y municipales, o los particulares;

III. Los legados, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, y los productos de los fideicomisos en los que se le designe como fideicomisario;

IV. Los bienes o recursos que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto;

V. Los bienes que reviertan a favor del Estado de México con motivo de las concesiones o contratos.

Los ingresos del Instituto, así como los productos e instrumentos financieros autorizados serán destinados y aplicados a las actividades señaladas en los programas aprobados por el consejo directivo.

TÍTULO TERCERO
Del transporte

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 7.24.- El transporte que se realiza en la infraestructura vial se clasifica en:

I. De pasajeros, que puede ser:

a) Colectivo, que es el que se ofrece al público en general, de manera colectiva, uniforme y permanente;

b) De alta capacidad o masivo, que es aquel que se presta en vías específicas o confinadas y/o con equipo vehicular capaz de transportar a más de cien personas a la vez;

c) Individual, que es el que se presta a uno o más pasajeros en vehículos denominados taxis;

d) Especializado, que es el que comprende al de personal, al escolar y de turismo.

II. De carga, que se refiere al porte de mercancías que se presta a terceros, que puede ser:

a) En general;

b) De materiales de construcción y similares;

c) Especializado.

III. Mixto;

IV. De uso particular, que es el destinado para transporte de pasajeros o de carga, sin lucro alguno;

V. De uso comercial, que es el destinado al servicio particular de carga de un establecimiento mercantil.

En la normatividad reglamentaria respectiva podrán establecerse otras modalidades que esta clase de servicios requieran.

Artículo 7.25.- La Secretaría de Transporte expedirá las normas técnicas relativas a las características de los equipos, sistemas, dispositivos y accesorios de seguridad con que deberán contar los vehículos que transiten por la infraestructura vial.

Corresponde a la Secretaría de Transporte matricular los vehículos destinados al transporte de pasajeros, de carga y mixto, así como al de uso particular y uso comercial, expidiendo las placas de matriculación, calcomanías, tarjetas de circulación y demás elementos de identificación que se estimen necesarios.

Tratándose de transporte de uso particular y comercial, en tanto se expiden las placas y documentos a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Transporte podrá otorgar permisos provisionales.

Artículo 7.26.- Los conductores de unidades de las distintas clases de transporte tendrán las obligaciones siguientes:

I. En todos los casos:

a) Obtener y portar la licencia o permiso para conducir correspondiente;

b) Mostrar a las autoridades de transporte o tránsito cuando se les solicite la licencia o permiso para conducir, y, en su caso, la documentación que faculte la prestación del servicio;

c) Abstenerse de conducir cuando estén impedidos para hacerlo por circunstancias de salud o de cualquier otra que implique disminución de sus facultades físicas o mentales.

II. Además de lo anterior, los conductores de los servicios sujetos a concesión o permiso deberán:

a) Abstenerse de prestar el servicio en vehículos no autorizados;

b) Aprobar los exámenes médicos, psicológicos, farmacológicos y otros que se establezcan en las disposiciones administrativas;

c) Acreditar, en términos de las disposiciones reglamentarias, estar debidamente capacitados;

d) Otorgar un servicio eficiente y un trato amable a los usuarios.

Artículo 7.27.- Los propietarios o poseedores de vehículos de transporte de uso particular o comercial, tendrán las obligaciones siguientes:

I. Contar con el equipo de seguridad y accesorios necesarios de acuerdo al tipo de vehículo que se trate;

II. Tramitar ante la Secretaría de Transporte los cambios de domicilio, de propietario, de motor u otras modificaciones al vehículo;

III. Responder por los daños y perjuicios causados a terceros y a la infraestructura vial por el uso del vehículo;

IV. Adicionalmente, tratándose de transporte de uso comercial:

a) Someter los vehículos a la revisión físico mecánica con la periodicidad y términos que señalen las disposiciones secundarias;

Para estos efectos, los concesionarios y permisionarios que cuenten con los elementos técnicos conforme a la norma oficial respectiva podrán realizar la verificación, en términos de las disposiciones secundarias correspondientes;

b) Utilizar vehículos que reúnan las condiciones de peso, dimensión, capacidad y otras especificaciones establecidas en las normas oficiales correspondientes.

CAPITULO SEGUNDO
De las concesiones, permisos y autorizaciones

Artículo 7.28.- El transporte de pasajeros colectivo, de alta capacidad e individual, así como el mixto, constituye un servicio público cuya prestación corresponde al Gobierno del Estado, quien puede prestarlo directamente o través de personas físicas o sociedades mercantiles constituidas conforme a las leyes mexicanas, mediante concesiones, que se otorguen en términos del presente Libro.

En caso de concurrencia de dos o más personas físicas o morales para obtener concesiones, el otorgamiento se hará a quienes garanticen un mejor servicio en razón de las condiciones de seguridad, higiene y comodidad de los vehículos, mejor equipo e instalaciones, así como de la eficiencia y buen trato del personal con los usuarios.

Artículo 7.29.- Las disposiciones reglamentarias aplicables y las secretarías de Comunicaciones y de Transporte, en el ámbito de su respectiva competencia, mediante disposiciones de carácter general, fijarán los requisitos que se deben satisfacer para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 7.30.- Las concesiones y permisos en materia de transporte público no otorgan exclusividad a los concesionarios en la prestación del servicio. La autoridad podrá negar las concesiones cuando puedan originar acaparamiento o acumulación, o contravenir las disposiciones en materia de competencia económica.

Las Secretarías de Comunicaciones y de Transporte, en el ámbito de su respectiva competencia, establecerán mediante disposiciones administrativas de carácter general, las previsiones necesarias para evitar el acaparamiento o acumulación de las concesiones.

Artículo 7.31.- La vigencia de las concesiones y permisos será temporal, no pudiendo exceder de diez años la primera, salvo lo previsto en el artículo siguiente, y de dos los segundos; podrán ser objeto de prórroga en los términos previstos en este Libro y el reglamento de la materia.

Ninguna autorización que se otorgue tendrá una vigencia mayor a la de las concesiones o permisos que complementen.

Artículo 7.32.- Tratándose de concesiones para el servicio público de transporte de alta capacidad o masivo, la vigencia y su prórroga se determinarán considerando el monto de la inversión, el tiempo para su recuperación y la obligación del concesionario para renovar, conservar y mantener en buen estado de funcionamiento las vías, instalaciones, equipo y flota vehicular con que se preste el servicio, apegándose a la normatividad de protección al ambiente.

Artículo 7.33.- Requerirán permiso:

I. Los servicios de transporte de pasajeros especializado y el de carga;

II. Los servicios auxiliares de arrastre, arrastre y salvamento, y depósito de vehículos;

III. Los servicios conexos, que son las terminales de pasajeros, bases, bahías de ascenso y descenso, y cobertizos;

IV. La instalación y explotación de anuncios publicitarios en los diversos tipos de vehículos y servicios auxiliares y conexos.

Artículo 7.34.- El servicio público de transporte, en sus diversas clases y modalidades, deberá ser prestado de manera regular y uniforme, mediante retribución de los usuarios. Las concesiones obligan a sus titulares a la prestación directa del servicio.

Artículo 7.35.- Los concesionarios y permisionarios serán solidariamente responsables con sus conductores de los daños que causen con motivo de la prestación del servicio.

Las disposiciones reglamentarias aplicables y las secretarías de Comunicaciones y de Transporte, en el ámbito de su respectiva competencia, establecerán las medidas conducentes y el procedimiento para garantizar la adecuada reparación de dichos daños.

Artículo 7.36.- Los concesionarios o permisionarios de los servicios de transporte podrán prestarlos con vehículos de su propiedad o en su posesión, en los términos que señalen las disposiciones reglamentarias.

Artículo 7.37.- Las secretarías de Comunicaciones y de Transporte, en el ámbito de su respectiva competencia, podrán autorizar y modificar en todo tiempo rutas, tarifas, itinerarios, horarios, frecuencias, así como ordenar el cambio de bases, paraderos y terminales, y señalar la forma de identificación de los vehículos, siempre en atención a la satisfactoria prestación del servicio y a las necesidades públicas.

Artículo 7.38.- Son obligaciones de los concesionarios y permisionarios:

I. Prestar el servicio en los términos del presente Libro, de su reglamento y de la concesión o permiso;

II. Prestar el servicio obligatoriamente cuando lo requieran las secretarías de Comunicaciones o de Transporte, en casos de riesgo o desastre, con arreglo a las disposiciones del Libro Sexto de este Código;

III. Vigilar que sus conductores y personal relacionado con el servicio cumpla con las disposiciones legales en materia de infraestructura vial y transporte;

IV. Proporcionar en todo tiempo a la Secretaría de Comunicaciones o a la de Transporte los datos, informes y documentos que le sean solicitados relacionados con la operación de la concesión o permiso, y otorgarle las facilidades necesarias para la realización de las visitas de verificación e inspección;

V. Proporcionar capacitación continua y permanente al personal a su cargo, conforme a los programas autorizados por las secretarías de Comunicaciones o de Transporte;

VI. Resarcir a los usuarios y a los terceros, de los daños que se les causen con motivo de la concesión o permiso;

VII. Constituir en tiempo y forma las garantías en los términos establecidos en las disposiciones reglamentarias de este Libro;

VIII. Prestar el servicio con vehículos que reúnan las condiciones de peso, dimensión, capacidad y otras especificaciones, así como controles gráficos o electrónicos de velocidad máxima establecidos en las normas oficiales correspondientes;

IX. Someter los vehículos a la revisión físico mecánica con la periodicidad y en los términos que señalen las disposiciones secundarias.

Para estos efectos, los concesionarios y permisionarios que cuenten con los elementos técnicos conforme a la norma oficial respectiva, podrán realizar la verificación, en términos de las disposiciones secundarias correspondientes;

X. Mantener los vehículos y servicios auxiliares o conexos en condiciones de seguridad, comodidad e higiene para el servicio;

XI. Obtener las inscripciones en el Registro Estatal de Transporte o en el de Comunicaciones, conforme a lo dispuesto en este Libro y su reglamentación;

XII. Solicitar autorización previa de la Secretaría de Transporte para sustituir el vehículo o vehículos con que se presta el servicio;

XIII. Cumplir con la cromática y demás elementos de identificación de los vehículos, en términos de las disposiciones reglamentarias y administrativas;

XIV. Abstenerse de realizar actos que impliquen competencia desleal respecto de otros concesionarios o permisionarios;

XV. Obtener autorización previa de la secretarías de Comunicaciones o de Transporte para la cesión de derechos derivados de la concesión o permiso, así como para la constitución de hipoteca o demás garantías sobre los derechos de la concesión o permiso y los bienes destinados a la prestación del servicio;

XVI. Cooperar con el Estado para el mantenimiento de los caminos, calzadas, avenidas y calles por donde transiten;

XVII. Las demás que señalen este Libro y otras disposiciones legales, reglamentarias y administrativas.

Adicionalmente, los concesionarios deberán respetar las tarifas, rutas, itinerarios, recorridos, horarios y frecuencias autorizados por las secretarías de Comunicaciones o de Transporte; en caso de requerir alguna modificación a los mismos, el concesionario deberá solicitar la autorización previa a dicha dependencia.

Artículo 7.39.- Cualquier persona puede hacer uso del transporte público previo pago de la tarifa en vigor y, en consecuencia, los concesionarios estarán obligados a prestarlo, salvo cuando el solicitante:

I. Se encuentre en notorio estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos;

II. Ejecute o haga ejecutar a bordo de los vehículos actos que atenten contra la tranquilidad, seguridad e integridad de los usuarios;

III. En general, pretenda que la prestación del servicio se haga contraviniendo las disposiciones legales aplicables o sus reglamentos.

Artículo 7.40.- Pueden constituirse hipotecas sobre los derechos de la concesión y los bienes muebles e inmuebles afectos al servicio concesionado, así como sobre los capitales del concesionario destinados a la explotación y administración del servicio, el dinero en caja y los derechos otorgados al concesionario por terceros.

La hipoteca podrá constituirse por un lapso que en ningún caso comprenderá la última quinta parte del tiempo en que deba finalizar la concesión.

Artículo 7.41.- En la escritura de hipoteca se insertará la autorización de las secretarías de Comunicaciones o de Transporte para hipotecar, el término de la concesión y la prohibición de que por ningún motivo pueden adquirir la concesión las personas que no reúnan los requisitos que se establezcan para ser concesionario.


TÍTULO CUARTO
Disposiciones comunes en materia de
infraestructura vial y transporte

CAPITULO PRIMERO
De las concesiones y permisos

Artículo 7.42.- El Gobernador del Estado queda facultado para decretar la intervención de un servicio público o de un bien del dominio público concesionados, cuando se interrumpa o afecte la prestación eficiente del servicio o la explotación del bien.

La intervención durará estrictamente el tiempo por el que subsista la causa que lo motivó, para el solo efecto de que no se interrumpa el servicio o la explotación del bien.

Artículo 7.43.- El otorgamiento de una concesión sobre la infraestructura vial o para la prestación de los servicios de transporte es facultad del Ejecutivo del Estado, sujeta siempre a las necesidades públicas.

Artículo 7.44.- Las concesiones y permisos se sujetarán, adicionalmente a lo establecido en los Títulos Segundo y Tercero de este Libro, a lo siguiente:

I. Requerirán autorización previa de quien haya otorgado la concesión o permiso para ceder los derechos y obligaciones correspondientes, conforme se establezca en el reglamento;

II. En ningún caso se podrán ceder, ni en forma alguna gravar, transferir o enajenar los derechos que deriven de las concesiones o permisos a ningún gobierno o estado extranjero;

III. Requerirán autorización previa para la constitución de garantías.

Bajo ninguna circunstancia se podrán gravar los bienes del dominio público objeto de la concesión, lo cual se hará constar en las escrituras públicas correspondientes;

IV. Tratándose de concesiones sobre la infraestructura vial o transporte de alta capacidad o masivo de personas:

a) Se podrán celebrar contratos de obras y de prestación de servicios con personas físicas o morales, previa autorización de la autoridad. En este caso, los concesionarios serán los únicos responsables por las obligaciones establecidas en la concesión;

b) Al término de la concesión o sus prórrogas, los bienes objeto de la concesión o afectos al servicio, pasarán al dominio del Estado sin costo alguno y libre de todo gravamen.

Artículo 7.45.- Las concesiones y permisos terminan por:

I. Vencimiento del plazo establecido en el título de la concesión o permiso, o de la prórroga que se hubiera otorgado;

II. Renuncia del titular;

III. Revocación;

IV. Rescate, tratándose de concesiones;

V. Desaparición del objeto o de la finalidad de la concesión o permiso;

VI. Disolución, liquidación o quiebra del titular;

VII. Muerte de su titular, siempre y cuando no se hubiesen designado beneficiarios o si dentro del término de noventa días contados a partir de la fecha del fallecimiento, no se presentan los beneficiarios designados en términos de las disposiciones aplicables, a solicitar la transmisión de la concesión o prórroga;

VIII. Las demás causas que se establezcan en la concesión, permiso o en el reglamento de la materia.

La terminación de la concesión o el permiso no exime a su titular de las responsabilidades contraídas durante su vigencia con el Gobierno Estatal y con terceros.

Artículo 7.46.- Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

I. No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones o condiciones de las concesiones y permisos en los términos establecidos en ellos;

II. Interrumpir el concesionario la operación de la vía o la prestación del servicio de transporte, parcial o totalmente, sin causa justificada;

III. Reincidir en la aplicación de tarifas superiores a las autorizadas;

IV. Ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios o permisionarios que tengan derecho a ellos;

V. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la operación de la infraestructura vial o la prestación de los servicios;

VI. Ceder, hipotecar, gravar o transferir las concesiones y permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, sin previa autorización;

VII. Modificar o alterar sustancialmente la naturaleza o condiciones de la infraestructura vial o de los servicios sin previa autorización;

VIII. Prestar servicios distintos a los señalados en la concesión o permiso respectivo;

IX. No otorgar o no mantener en vigor la garantía de daños contra terceros;

X. Incumplir reiteradamente cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en este Libro, las disposiciones que de él emanen o la concesión o permiso;

XI. Por carecer, no renovar o reemplazar los vehículos, equipo e instalaciones con las que se preste el servicio, en los plazos señalados por las autoridades de transporte;

XII. Alterar la documentación que ampara la concesión o la circulación de los vehículos, o permitir que con dicha documentación presten el servicio dos o más unidades o cuando se preste con un vehículo distinto al registrado ante las autoridades;

XIII. No proporcionar la información requerida por la autoridad o impedir o dificultar las visitas de verificación e inspección;

XIV. Las demás previstas en este Libro y la concesión o permiso respectivo.

El titular de una concesión o permiso que hubiere sido revocado estará imposibilitado para obtener otro nuevo dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de que hubiere quedado firme la resolución respectiva.

CAPITULO SEGUNDO
De los registros estatales de comunicaciones y de transporte

Artículo 7.47.- El Registro Estatal de Comunicaciones tiene por objeto integrar la información relacionada con la infraestructura vial y los sistemas de transporte masivo, y el Registro Estatal de Transporte tiene por objeto integrar la información relacionada con el transporte.

Los registros estatales de comunicaciones y de transporte, contendrán la información siguiente:

I. El Registro de Comunicaciones contendrá:

a) Concesiones y permisos estatales;

b) Constitución de garantías;

c) Estatutos y representación de concesionarios y permisionarios;

d) Las demás que señale el reglamento correspondiente.

II. El Registro Estatal de Transporte contendrá:

a) Concesiones y permisos estatales;

b) Matriculas;

c) Constitución de garantías;

d) Estatutos y representación de concesionarios y permisionarios;

e) Padrón de operadores;

f) Licencias para conducir;

g) Las demás que señale el reglamento correspondiente.

El Registro Estatal de Comunicaciones será público y tendrá efectos declarativos.

El Registro Estatal de Transporte será público, tendrá efectos declarativos y surtirá efectos contra terceros.

TÍTULO QUINTO
De las medidas de seguridad, infracciones y sanciones

Artículo 7.48.- Las autoridades podrán imponer como medida de seguridad, la retención del vehículo cuando se violen flagrantemente las disposiciones de este Libro y las disposiciones que de él emanen, o bien, cuando los vehículos no se encuentren en condiciones para la prestación del servicio público de transporte o pongan en peligro la seguridad de los usuarios del servicio o de terceros. Asimismo, la autoridad podrá ordenar la clausura de depósitos de vehículos, terminales de pasajeros o paradores o bien, el retiro de anuncios publicitarios, cuando se ponga en riesgo la seguridad de los usuarios o de terceros.

La retención del vehículo podrá determinarse hasta que las faltas que dieron origen a la retención sean corregidas.

El presente artículo no será aplicable tratándose de los sistemas de transporte masivo.

Artículo 7.49.- Independientemente de las medidas de seguridad impuestas, la autoridad podrá aplicar las sanciones que correspondan en términos del presente Título.

Artículo 7.50.- La aplicación de las sanciones por infracciones a las disposiciones de este Libro y su reglamentación, se hará independientemente de que se exija el pago de contribuciones y sus demás accesorios, así como las responsabilidades de orden administrativo, civil o penal previstas en los ordenamientos legales respectivos.

Artículo 7.51.- Las infracciones a las disposiciones de este Libro y las que de él emanen, en materia de comunicaciones de jurisdicción local, serán sancionadas con:

I. Amonestación;

II. Multa hasta de un siete por ciento del monto total de la inversión de la obra o instalaciones;

III. Demolición de la obra o retiro de las instalaciones a costa del infractor, en caso de que se ponga en riesgo la seguridad de los usuarios o se interrumpa la prestación del servicio;

IV. Suspensión temporal o definitiva, parcial o total, de la obra o instalaciones.

V. Revocación de la concesión, permiso o autorización;

VI. Retiro de anuncios publicitarios.

Artículo 7.52.- Las infracciones a las disposiciones de este Libro y las que de él emanen en materia de transporte, serán sancionadas con:

I. Amonestación;

II. Multa;

III. Retención del vehículo;

IV. Revocación de la concesión, permiso o autorización;

V. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, tratándose de depósitos de vehículos o de servicios conexos;

VI. Retiro de anuncios publicitarios;

VII. Cancelación de la licencia de conducir;

VIII. Cancelación de las placas de matriculación.

Artículo 7.53.- Las infracciones a las disposiciones de este Libro y las que de él emanen en materia de transporte, serán sancionadas en la forma siguiente:

I. Multa de quinientas a dos mil veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate al momento de cometer la infracción, a quien preste el servicio público de transporte sin la concesión o permiso correspondiente;

II. Multa de cien a quinientas veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate al momento de cometer la infracción, a quien modifique o altere las tarifas, itinerarios y horarios o cualquier otra transgresión a las condiciones de prestación del servicio, siendo responsables solidarios los concesionarios o permisionarios por los actos de sus empleados o trabajadores;

III. Multa de cincuenta a cien veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate al momento de cometer la infracción, a los titulares de la concesión o permiso cuando se niegue a prestar el servicio, sin causa justificada, así como por actos de maltrato al usuario;

IV. Multa de hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate al momento de cometer la infracción, independientemente de que se proceda a la retención del vehículo hasta que cumpla con las normas establecidas, a quien transporte materiales, sustancias o residuos tóxicos o peligrosos sin contar con el permiso correspondiente, o sin cumplir con las normas oficiales;

V. Multa de ochenta a doscientas veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate al momento de cometer la infracción, a quien transporte carga en vehículos de cualquier tipo sin contar con la concesión o permiso respectivo;

VI. Multa de cincuenta a doscientas veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate al momento de cometer la infracción, a quien permita que las unidades en las que se preste el servicio sean conducidas por personas menores de edad o que carezcan de licencia o permiso;

VII. Multa de doscientas cincuenta a trescientas veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate al momento de cometer la infracción, a quien:

a) Conduzca la unidad bajo los influjos de bebidas alcohólicas, enervantes o cualquier otra sustancia tóxica. Esta sanción se aplicará sin perjuicio de la retención del vehículo y la responsabilidad en que se pudiera incurrir, siendo igualmente solidario el concesionario o permisionario por los actos del personal a su servicio;

b) Se niegue a la práctica de exámenes médicos, psicológicos, farmacológicos y otros que determine la Secretaría de Transporte en términos del Reglamento correspondiente;

c) No acreditar haber cumplido con la capacitación requerida para conducir vehículos sujetos a concesión o permiso.

VIII. Clausura definitiva de depósito de vehículos, terminales de pasajeros y paraderos, cuando éstos pongan en riesgo la seguridad de los usuarios o terceros;

IX. Retiro de anuncios publicitarios en los medios de transporte, cuando éstos puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios o terceros;

X. Multa de cuarenta a cien veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate al momento de cometer la infracción, a quien cometa cualquier otra violación al presente Libro, las disposiciones que de él emanen y a las condiciones establecidas en el título de concesión o permiso, cuya sanción no esté expresamente prevista, con la responsabilidad solidaria de los titulares de la concesión o permiso.

Artículo 7.54.- Los conductores de los servicios sujetos a concesión o permiso se harán acreedores a la cancelación de su licencia para conducir cuando reincidan en las infracciones señaladas en la fracción VII del artículo anterior.

Artículo 7.55.- La autoridad correspondiente podrá cancelar la licencia o permiso para conducir o bien, retirar las placas de matriculación, cuando se hayan obtenido con base en información falsa, o por mandamiento de autoridad judicial competente.

Artículo 7.56.- Sólo después de haber cubierto el importe de las multas, traslados o depósitos, si los hubiere, se procederá a la entrega de los vehículos, en términos de lo dispuesto en este Libro y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 7.57.- Tratándose de la infracción consistente en prestar el servicio público sin autorización, en caso de que el vehículo retenido porte colores de empresa o ruta de servicio público autorizado, deberá ser despintado por el interesado, previo a la liberación.

Artículo 7.58.- El importe de la multa que se imponga a los concesionarios o permisionarios, por infracciones en la prestación del servicio público, será garantizado con el vehículo, debiendo quedar en los depósitos de guarda y custodia que designe la autoridad.

Artículo 7.59.- Cuando el infractor en uno o varios hechos viole diversas disposiciones de este Libro o de las disposiciones que de él emanen, le serán acumuladas y aplicadas las sanciones correspondientes a cada una de ellas.

Artículo 7.60.- Cuando se incurra dos o más veces en infracciones que sean sancionadas con multa, en un periodo de seis meses, contado a partir de la primera, se considerará reincidencia, aplicándose el doble del monto inicial de la multa, sin perjuicio de que le sea aplicable la revocación de la concesión o permiso.

LIBRO OCTAVO
Del tránsito y estacionamientos de servicio al público

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

CAPITULO PRIMERO
Del objeto y finalidad

Artículo 8.1.- Este Libro tiene por objeto regular el tránsito de vehículos, personas y objetos que se realiza en la infraestructura vial primaria y local, así como el establecimiento de estacionamientos de servicio al público.

Artículo 8.2.- Las disposiciones de este Libro tienen como finalidad garantizar la seguridad de los peatones, conductores y pasajeros que utilizan la infraestructura vial.


CAPITULO SEGUNDO
De las autoridades y sus atribuciones

Artículo 8.3.- Son autoridades para la aplicación de este Libro la Secretaría General de Gobierno y los municipios.

Corresponde a la Secretaría General de Gobierno ejercer las atribuciones relativas al tránsito en la infraestructura vial primaria, y a los municipios en la infraestructura vial local. Asimismo, compete a los municipios el ejercicio de las atribuciones en materia de estacionamientos de servicio al público.

TÍTULO SEGUNDO
Del tránsito

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 8.4.- Cualquier persona tiene derecho a transitar en la infraestructura vial con las limitaciones establecidas en este Libro y su reglamentación.

Artículo 8.5.- La reglamentación de este Libro deberá prever:

I. Las reglas de circulación que deberán observar los conductores, peatones y, en su caso, pasajeros del servicio de transporte al utilizar la infraestructura vial. Estas reglas incluirán las indicaciones de los dispositivos para el control del tránsito;

II. Las limitaciones y restricciones que se establezcan para el tránsito de vehículos en la infraestructura vial, con objeto de mejorar la vialidad, preservar el ambiente y salvaguardar la seguridad de personas y el orden público.

Artículo 8.6.- En las vías públicas tienen preferencia de paso las ambulancias, las patrullas de policía, los vehículos del cuerpo de bomberos cuando circulen con la sirena y con la torreta encendida, así como los convoyes militares, el ferrocarril y cualquier tipo de transporte de alta capacidad o masivo. Los peatones y conductores tienen la obligación de cederles el paso.

Artículo 8.7.- Los conductores no deberán seguir a los vehículos de emergencia, ni detenerse o estacionarse a una distancia que pueda significar riesgo o entorpecimiento de la actividad del personal de dichos vehículos.

Artículo 8.8.- Los usuarios de la infraestructura vial deberán abstenerse de realizar acto alguno que pueda constituir un obstáculo para el tránsito de peatones y vehículos, poner en peligro a las personas o causar daño a la propiedad pública o privada.

Artículo 8.9.- Los lugares para el estacionamiento de vehículos en las vías locales serán fijados por las autoridades de tránsito municipal, cuidando en todo momento que no se interrumpa el flujo vehicular.

Artículo 8.10.- Son facultades de la Secretaría General de Gobierno y los municipios:

I. Promover la aplicación de programas de educación vial para peatones, conductores y pasajeros;

II. Coordinar y ejecutar las acciones y medidas de auxilio que se adopten en relación con el tránsito de peatones y de vehículos en caso de terremoto, explosión, inundación o cualquier otro siniestro, asalto, actos de vandalismo, manifestaciones y marchas, accidentes graves o cualquier alteración del orden público;

III. Ordenar medidas de seguridad para prevenir daños con motivo de la circulación de vehículos.

CAPITULO SEGUNDO
De los vehículos

Artículo 8.11.- El tránsito de vehículos se condiciona al cumplimiento de los requisitos siguientes:

I. Que estén matriculados o registrados en la República Mexicana o el extranjero;

II. Que reúnan las especificaciones de seguridad y salubridad exigidas por las leyes y reglamentos;

III. Que tengan el equipo y accesorios necesarios que señalen las normas correspondientes, de acuerdo con el tipo de vehículo de que se trate y el destino de su operación o fin;

IV. Que estén provistos de placas de matriculación o permisos vigentes.

Artículo 8.12.- Para los efectos de este Libro los vehículos se clasifican en:

I. Vehículos movidos por motores de combustión interna;

II. Vehículos movidos por motores eléctricos;

III. Vehículos de propulsión no mecánica;

IV. Remolques.

Artículo 8.13.- Las placas de matriculación se instalarán en el lugar del vehículo destinado para ello por los fabricantes, en la parte media, de manera tal que vaya una en la parte delantera y otra en la parte posterior, excepto en los vehículos que requieran de una sola placa, en cuyo caso ésta se colocará en la parte posterior. La calcomanía correspondiente deberá ser adherida en lugar visible.

Artículo 8.14.- Queda prohibido:

I. Que los vehículos porten en parabrisas y ventanillas rótulos, carteles y objetos opacos que obstaculicen la visibilidad del conductor. Los cristales no deberán ser obscurecidos o pintados para impedir la visibilidad interior;

II. Que en los vehículos se instalen y usen torretas, faros rojos en la parte delantera o blancos en trasera, sirena y accesorios de uso exclusivo para vehículos destinados a los cuerpos de seguridad pública, de tránsito y de emergencia; así como cualquier tipo de luz de alta intensidad que afecte la visibilidad de los conductores;

III. La circulación de vehículos de carga cuando ésta rebase las dimensiones laterales del mismo, sobresalga de la parte posterior en más de un metro, dificulte la estabilidad o conducción del vehículo, estorbe la visibilidad lateral del conductor, se derrame o esparza la carga en la vía pública, oculte las luces y placas de matriculación del vehículo, no se encuentre debidamente cubierta tratándose de materiales a granel o no esté debidamente sujeta con los amarres necesarios.

Artículo 8.15.- Las autoridades de tránsito podrán establecer restricciones para el tránsito de vehículos con el propósito de mejorar la circulación, preservar el ambiente y salvaguardar la seguridad de las personas, sus bienes y el orden público.

CAPITULO TERCERO
De los conductores

Artículo 8.16.- Son obligaciones de los conductores de vehículos automotores:

I. Manejar siempre con precaución, en uso de sus facultades físicas y mentales, sujetando con ambas manos el volante, sin llevar en los brazos a personas u objeto alguno;

II. Revisar las condiciones mecánicas de la unidad que manejen, comprobar el buen funcionamiento de las llantas, limpiadores, luces y frenos, así como verificar que se cuenta con llanta de refacción y extinguidor;

III. Traer consigo la licencia o el permiso vigente para conducir, así como la documentación que autorice la circulación del vehículo;

IV. Usar cinturón de seguridad y, en su caso, obligar a usarlo a quien lo acompañe en el asiento delantero;

V. Cumplir con las disposiciones relativas a las señales preventivas y restrictivas, de estacionamiento, sobre contaminación ambiental y límites de velocidad;

VI. Respetar el carril derecho de circulación, así como el carril de contra flujo exclusivo para vehículos de transporte público;

VII. Ceder el paso a todo vehículo que se encuentre ostensiblemente dentro de una intersección, incluyendo las glorietas;

VIII. Extremar las precauciones respecto a las preferencias de paso, al incorporarse a cualquier vía, al pasar cualquier crucero, al rebasar, al cambiar de carril, al dar vuelta a la izquierda, derecha o en “u”, al circular en reversa, cuando esté lloviendo y en los casos de accidente o emergencia;

IX. Hacer alto total a una distancia mínima de cinco metros del riel más cercano del cruce del ferrocarril o de cualquier tipo de transporte de alta capacidad o masivo;

X. Abstenerse de:

a) Molestar a los peatones y demás conductores con el uso irracional de bocinas y escapes;

b) Formarse en segunda fila;

c) Rebasar el cupo de pasajeros autorizados;

d) Conducir un vehículo que no haya cumplido con los requisitos sobre contaminación ambiental o con limitación de circulación;

e) Conducir bajo el efecto de drogas o psicotrópicos, o en estado de ebriedad;

f) Retroceder en vías de circulación continua o intersecciones, excepto por una obstrucción en la vía que le impida continuar la marcha;

g) Encender fósforos o encendedores, o fumar en el área de carga de combustible;

h) Cargar combustible con el vehículo en marcha;

i) Obstaculizar los pasos destinados para peatones;

j) Pasarse las señales rojas o ámbar de los semáforos;

k) Efectuar carreras o arrancones en la vía pública;

l) Obstruir los accesos y espacios destinados a las personas con capacidades diferentes.

TÍTULO TERCERO
De los estacionamientos de servicio al público

Artículo 8.17.- Los municipios podrán otorgar permisos para el establecimiento de estacionamientos de servicio al público, los cuales tendrán las instalaciones necesarias para la seguridad de las personas y de los vehículos, respondiendo por los daños que a los mismos se ocasionen.

Para efectos del párrafo anterior, se consideran estacionamientos de servicio al público, los locales destinados a la prestación al público del servicio de recepción, guarda y protección de vehículos a cambio del pago de una tarifa autorizada.

TÍTULO CUARTO
De las infracciones y sanciones

Artículo 8.18.- Las infracciones a las disposiciones de este Libro y las que de él emanen se sancionarán conforme a lo siguiente:

I. En materia de tránsito, con multa de:

a) Tres veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate al momento de la infracción, cuando se cometa por primera ocasión;

b) Veinte veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate al momento de cometer la infracción, en caso de reincidencia.

II. En materia de estacionamientos, la multa se calculará multiplicando el número o rango de cajones por la tarifa al usuario.

La autoridad de tránsito calificará la infracción e impondrá la sanción que corresponda. Para estos efectos, se estará a lo que disponga la reglamentación correspondiente.

Artículo 8.19.- Las autoridades de tránsito están facultadas para:

I. Ordenar el retiro de la vía pública de vehículos, objetos, personas o animales que obstaculicen o pongan en peligro el tránsito, remitiéndolos a los depósitos correspondientes y presentando a las personas ante las autoridades competentes en caso de delito o falta grave;

II. Obtener la tarjeta de circulación del vehículo con el que se cometa una infracción para garantizar el pago de la sanción. A falta de este documento, se podrá retener la licencia del conductor y, a falta de ambos, la placa de matriculación del vehículo;

III. Detener la marcha de cualquier vehículo cuando el conductor esté cometiendo alguna infracción a las disposiciones en materia de tránsito, procediendo a levantar la boleta de infracción.

Los agentes de tránsito del Estado y los municipios están facultados para ejercer las atribuciones a que se refiere este artículo.

Artículo 8.20.- Sólo procederá la retención de vehículos y su remisión inmediata al depósito más cercano, en los casos siguientes:

I. Cuando al cometer una infracción, su conductor carezca de licencia o permiso para manejar, y el vehículo no tenga tarjeta de circulación o el documento que justifique la falta de los documentos;

II. Cuando al vehículo le falten ambas placas de matriculación o el documento que justifique la falta de placas;

III. Cuando las placas de matriculación del vehículo no coincidan en números y letras con la calcomanía o la tarjeta de circulación;

IV. Cuando estando obligado a ello, el vehículo carezca de la constancia que acredite emisión de contaminantes dentro de los límites permitidos o cuando circule en días no permitidos;

V. Por encontrarse el conductor en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes o psicotrópicos;

VI. Por participar en un accidente de tránsito en el que se produzcan hechos que pudiesen configurar delito;

VII. Por interferir, obstaculizar o impedir deliberadamente la circulación de vehículos en la infraestructura vial;

VIII. Cuando lo establezcan otras disposiciones legales.

En los casos a que se refiere este artículo, salvo tratándose de la fracción VI, el conductor tiene el derecho de conducir su vehículo hasta el depósito más cercano que la autoridad le indique y sólo en caso de negativa o de abandono de la unidad, el traslado podrá efectuarse por medio del servicio autorizado de arrastre.

Artículo 8.21.- En el caso de vehículos estacionados en lugar prohibido o en doble fila se deberá atender a las disposiciones siguientes:

I. La autoridad competente sólo podrá retirar al vehículo de que se trate para remitirlo al depósito correspondiente, cuando no esté presente el conductor, o bien éste no quiera o no pueda mover el vehículo;

II. En caso de que esté presente el conductor y mueva su vehículo del lugar prohibido, sólo se levantará la infracción que proceda;

III. Una vez remitido el vehículo al depósito correspondiente, los agentes deberán informar de inmediato a las autoridades, procediendo a sellar el vehículo para garantizar su conservación y la guarda de los objetos que en él se encuentren.

Artículo 8.22.- Sólo después de haberse cubierto el importe de las multas, traslado y depósito, si los hubiere, se procederá a la entrega de los vehículos.

LIBRO NOVENO
Del fomento y desarrollo agropecuario,
acuícola y forestal

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

CAPITULO PRIMERO
Del objeto y finalidad

Artículo 9.1.- Este Libro tiene por objeto regular el fomento y desarrollo de las actividades agropecuarias, acuícolas y forestales.

Artículo 9.2.- Las disposiciones de este Libro tienen como finalidad lograr en la entidad un incremento sostenido de las actividades agropecuarias, acuícolas y forestales para contribuir al desarrollo rural del Estado.

CAPITULO SEGUNDO
De las autoridades y sus atribuciones

Artículo 9.3.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario el fomento y desarrollo de las actividades agropecuarias, acuícolas y forestales, en los términos de este Libro.

Artículo 9.4.- Los municipios podrán participar en las acciones reguladas en este Libro.

CAPITULO TERCERO
De las organizaciones de productores

Artículo 9.5.- Los productores podrán constituirse en Asociaciones Locales de Productores Rurales y éstas, en Asociaciones Municipales, Uniones Regionales y Federaciones Estatales de Productores Rurales, mediante su registro en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en los términos de la reglamentación correspondiente, fecha a partir de la cual tendrán personalidad jurídica.

Se entiende por productor rural la persona física que directa o indirectamente se dedique a la producción de especies vegetales o animales, o quienes agreguen valor a su producción mediante procesos de transformación y comercialización.

TÍTULO SEGUNDO
Del fomento y desarrollo de las actividades
agropecuarias, acuícolas y forestales

CAPITULO PRIMERO
De la producción y transformación

Artículo 9.6.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario impulsará:

I. La identificación e inducción de las oportunidades de producción, preferentemente mediante proyectos integrales, de acuerdo con el potencial productivo y rentabilidad económica de cada zona y procurando la conservación y mejoramiento de los recursos naturales;

II. La expansión, modernización y tecnificación de la infraestructura y equipo, así como la adopción de procesos y tecnologías que contribuyan al óptimo aprovechamiento de las tierras y recursos hidráulicos disponibles y a elevar la producción y calidad de los productos, para reducir los desequilibrios regionales;

III. Los programas de sanidad vegetal y animal que contribuyan a la obtención de productos o subproductos de calidad;

IV. La organización de los productores con el objeto de que logren economías de escala, mejoren los volúmenes de producción y eleven los índices de productividad;

V. La compactación de superficies en unidades de producción, cuando ello sea un factor determinante para aumentar la rentabilidad de su explotación;

VI. El establecimiento y desarrollo de unidades de transformación;

VII. La integración de cadenas productivas;

VIII. Los mecanismos que permitan la obtención de financiamientos con tasas preferenciales;

IX. La utilización de instrumentos de mercado para la administración de riesgos. Lo anterior, sin perjuicio de gestionar recursos y apoyos ante los gobiernos federal y municipales para atender a los productores afectados por desastres naturales.

Artículo 9.7.- El impulso del desarrollo agropecuario, acuícola y forestal tendrá presente en todo momento el desarrollo sustentable de la producción primaria, bajo criterios de conservación, recuperación, rehabilitación y uso óptimo de los suelos, el agua, los bosques y demás recursos naturales, así como de prevención y mitigación del impacto ambiental de las actividades productivas en los ecosistemas y la biodiversidad.

Para tal efecto, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario promoverá:

I. La aplicación de métodos, técnicas y prácticas que aseguren la conservación del suelo, el agua y los recursos naturales utilizados en los procesos productivos, así como la reducción de la pérdida de estos recursos, y que hagan posible el mejor aprovechamiento de los mismos;

II. La reconversión productiva de zonas en las que se pueda atender de manera prioritaria a los productores en ellas localizados, cuando la degradación o exceso de explotación de los recursos así lo amerite, o cuando la localización regional de la producción respecto a los mercados no permita la sustentabilidad de la misma;

III. Que los programas para la tecnificación del riego que realicen los diferentes ámbitos de gobierno den atención prioritaria a las regiones en las que se registre sobreexplotación de los acuíferos o degradación de la calidad de las aguas, en correspondencia con los compromisos de organizaciones y productores de ajustar la explotación de los recursos en términos que garanticen la sustentabilidad de la producción;

IV. La erradicación del sistema de rosa, tumba y quema y de incendios inducidos para fines de explotación agropecuarias.

CAPITULO SEGUNDO
De la comercialización

Artículo 9.8.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario impulsará:

I. La organización de los productores con el objeto de reducir costos de comercialización y acceder a los mercados en condiciones más competitivas;

II. El cumplimiento de normas relativas a los productos agropecuarios, acuícolas y forestales para facilitar su comercialización;

III. La certificación de origen de los productos agropecuarios, acuícolas y forestales;

IV. El establecimiento de servicios de consultoría, asesoría e información para la ubicación de mercados y oportunidades específicas de exportación, así como en materia de comercio exterior y tratados comerciales, sin perjuicio de que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario pueda prestar directamente estos servicios;

V. La adopción de esquemas modernos de acopio, distribución y comercialización;

VI. La formación y capacitación de árbitros, así como la constitución de unidades de arbitraje para dar certidumbre respecto de las transacciones en materia agropecuaria, acuícola y forestal;

VII. La integración de cadenas productivas, y mecanismos que permitan la obtención de financiamientos con tasas preferenciales, en materia de comercialización.

CAPITULO TERCERO
De la investigación, transferencia
de tecnología y capacitación

SECCION PRIMERA
De las facultades de la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario

Artículo 9.9.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario promoverá:

I. Proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en materia agropecuaria, acuícola y forestal;

II. Que la realización de la investigación y desarrollo tecnológico sea de carácter multidisciplinario e interinstitucional, considerando, además, su vinculación con las prioridades que demande el sector agropecuario, acuícola y forestal;

III. La creación, desarrollo y vinculación de agrupaciones, patronatos, fundaciones, institutos y fideicomisos que impulsen la investigación y desarrollo tecnológico de las áreas agropecuarias, acuícolas y forestales en la entidad;

IV. Acciones de demostración y capacitación teórico-práctica a productores y técnicos de los resultados de la investigación;

V. La educación, capacitación, asistencia técnica y difusión de tecnología, en las materias de este Libro, para que tengan un carácter integral e incluyente;

VI. La actualización y modernización de los programas educativos en la materia;

VII. La integración de un directorio de profesionistas individuales o asociados para facilitar a los productores la contratación de los servicios técnicos y de asesoría que requieran.

SECCION SEGUNDA
Del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria,
Acuícola y Forestal del Estado de México

Artículo 9.10.- El Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto elevar la productividad agropecuaria, acuícola y forestal, a través de la investigación y capacitación, para lograr la autosuficiencia alimentaria en el Estado y aumentar los niveles de bienestar social de los habitantes del campo y de la sociedad en general.

El Instituto, para el cumplimiento de su objeto, tiene las atribuciones siguientes:

I. Realizar investigaciones básicas y aplicadas en materia agropecuaria, acuícola y/o forestal, aplicando las metodologías más avanzadas posibles en biotecnología, cultivo de tejidos, ingeniería genética, agricultura sustentable y utilización de la flora silvestre con fines comestibles, de ornato, medicinales y otros usos;

II. Establecer la infraestructura necesaria que se requiera para la investigación y capacitación agropecuaria, acuícola y forestal;

III. Generar, validar y transferir tecnologías de producción agropecuaria, acuícola y forestal;

IV. Brindar capacitación teórica y práctica a los productores y técnicos relacionados con las actividades agropecuarias, acuícolas y forestales de la entidad;

V. Fomentar y fortalecer la vinculación con las instituciones de investigación y docencia, suscribiendo convenios de intercambio científico y tecnológico con instituciones públicas, privadas y del sector social, en materia agropecuaria, acuícola y forestal establecidas dentro y fuera de la entidad;

VI. Validar y difundir entre los productores, las tecnologías generadas por el Instituto y por organismos estatales, nacionales e internacionales, de carácter público y privado, que puedan ser de utilidad para mejorar las condiciones socioeconómicas y agroecológicas en la entidad;

VII. Desarrollar programas y acciones para la producción de semillas y material vegetativo de especies y variedades en materia agropecuaria, acuícola y forestal, que sean las más adecuadas de acuerdo con los resultados que arrojen las investigaciones al respecto, según las condiciones climatológicas y la vocación del suelo, así como las tradicionales de la zona que denoten su eficacia;

VIII. Establecer y fomentar la coordinación en materia de investigación y transferencia de tecnología, con las dependencias de los gobiernos federal, estatales y municipales, y con los propios productores de la entidad, además de los organismos internacionales especializados;

IX. Divulgar y promover los servicios que presta el Instituto, entre los productores agropecuarios, acuícolas y forestales, instituciones públicas, privadas y académicas;

X. Desarrollar y validar tecnologías para implementar sistemas de producción orgánica, y emitir las normas y metodologías para verificar y certificar los resultados obtenidos;

XI. Promover la integración de los comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios en los programas de investigación y capacitación;

XII. Las demás que le asigne el Gobernador del Estado.

Artículo 9.11.- La dirección y administración del Instituto está a cargo de un consejo directivo y un director general.

El consejo directivo se integra en los términos previstos en la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México y cuenta con cuatro vocales, que son los representantes de las secretarías de Finanzas y Planeación, de Desarrollo Agropecuario, de Administración y de Ecología.

Son invitados permanentes del consejo: siete líderes de la producción, en las áreas agropecuaria, acuícola y forestal de la entidad, a propuesta del presidente del órgano de gobierno y cuyo perfil responda al interés de sus representados, de entre los comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios; los delegados de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la entidad; un representante del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en la entidad; y dos representantes académicos, uno de la Universidad Autónoma del Estado de México y otro de la Universidad Autónoma de Chapingo.

El director general será nombrado por el Gobernador del Estado, a propuesta del presidente del consejo directivo.

La organización y funcionamiento del Instituto se regirá por el reglamento interno que expida el consejo directivo.

Artículo 9.12.- El patrimonio del Instituto se integra con:

I. Los bienes con los que actualmente cuenta;

II. Los ingresos que obtenga en el ejercicio de sus atribuciones;

III. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal;

IV. Los legados, asignaciones, donaciones y demás bienes otorgados en su favor;

V. Los bienes que adquiera por cualquier título legal para el cumplimento de su objeto;

VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal o que provengan de sus actividades.

Los ingresos del Instituto, así como los productos e instrumentos financieros autorizados, serán destinados y aplicados a las actividades señaladas en los programas aprobados por el consejo directivo.

CAPITULO CUARTO
De la Protectora de Bosques del Estado de México

Artículo 9.13.- La Protectora de Bosques del Estado de México es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto la protección, conservación, reforestación, fomento y vigilancia de los recursos forestales en el Estado de México.

La Protectora de Bosques del Estado de México, para el cumplimiento de su objeto, se coordinará con las autoridades federales en la materia y tendrá las atribuciones siguientes:

I. Planear y programar la protección, conservación, reforestación, fomento y vigilancia de los recursos forestales del Estado;

II. Realizar el estudio dasonómico que permita clasificar los bosques y suelos de vocación forestal en el territorio estatal; formular y actualizar permanentemente el inventario forestal;

III. Proponer, para el fomento y desarrollo de los recursos forestales, el establecimiento de áreas de reserva para proteger la biosfera, de monumentos naturales, así como de zonas de protección forestal para la conservación de los ecosistemas;

IV. Organizar la limpieza y saneamiento de los bosques y el control de los aprovechamientos forestales para el abastecimiento de los núcleos de población rural;

V. Organizar campañas permanentes para prevención y combate de incendios, plagas y enfermedades, así como controlar el pastoreo de zonas forestales;

VI. Realizar trabajos de reestructuración y reforestación, defensas de suelos y otros encaminados a proteger y utilizar con mayor provecho los bosques, los suelos y las aguas, así como organizar a la sociedad en general para estos fines;

VII. Realizar programas de investigación para el desarrollo de los recursos y especies forestales y para el perfeccionamiento de sus técnicas, sistemas y procedimientos;

VIII. Promover y coordinar con los sectores público, social y privado, la creación de viveros y zonas de reforestación;

IX. Inspeccionar y vigilar las zonas forestales, así como los aprovechamientos autorizados;

X. Organizar los servicios técnicos, así como el registro y control de los peritos forestales;

XI. Adquirir toda clase de bienes y realizar los actos que se requieran para el cumplimiento de su objeto;

XII. Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y los convenios o acuerdos en la materia.

Artículo 9.14.- La dirección y administración de la Protectora de Bosques está a cargo de un consejo directivo y un director general.

El consejo directivo se integra en los términos previstos en la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México y cuenta con cuatro vocales, que son los representantes de las secretarías de Finanzas y Planeación, de Administración, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y de Ecología.

El director general será nombrado por el Gobernador del Estado, a propuesta del presidente del consejo directivo.

La organización y funcionamiento del organismo se rige por el reglamento interno que expida el consejo directivo.

Artículo 9.15.- El patrimonio de la Protectora de Bosques se integra con:

I. Los bienes con los que actualmente cuenta;

II. Los ingresos que obtenga en el ejercicio de sus atribuciones;

III. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal;

IV. Los legados, asignaciones, donaciones y demás bienes otorgados en su favor;

V. Los bienes que adquiera por cualquier título legal para el cumplimento de su objeto;

VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal o que provengan de sus actividades.

Los ingresos del organismo, así como los productos e instrumentos financieros autorizados, serán destinados y aplicados a las actividades señaladas en los programas aprobados por el consejo directivo.

CAPITULO QUINTO
De los apoyos y estímulos

Artículo 9.16.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y los municipios podrán otorgar, en función de la disponibilidad y autorización de las partidas presupuestales correspondientes, apoyos y estímulos a los productores, organizados o individuales, que operen de acuerdo con las acciones de impulso reguladas en este Libro. Los apoyos y estímulos serán congruentes con esas acciones y podrán ser en dinero o en especie.

Artículo 9.17.- Para el establecimiento y otorgamiento de apoyos y estímulos se observará lo siguiente:

I. Precisión en cuanto a su naturaleza generalizada o diferenciada por tipo de productor o grupo de ellos, ubicación geográfica y nivel socioeconómico de los beneficiarios;

II. Certidumbre de su temporalidad, hasta en tanto no se modifiquen las condiciones que dieron origen a los requisitos para su entrega y los montos de apoyo;

III. De ser posible, la concurrencia de recursos estatales, federales o municipales y de los propios beneficiarios, a fin de asegurar la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, y multiplicar el efecto del gasto público;

IV. Transparencia mediante la difusión de las reglas para su acceso y la publicación de los montos y el tipo de apoyo por actividad productiva o proyecto a realizar;

V. Su carácter evaluable, considerando su impacto económico y social, la eficiencia en su administración y la pertinencia de las reglas para su otorgamiento;

VI. Los mecanismos de responsabilidad de los productores respecto a la utilización de los apoyos, conforme al destino de los mismos y a las reglas para su otorgamiento;

VII. Considerar a quienes no puedan por sí mismos llevar a cabo las inversiones necesarias.


TÍTULO TERCERO
Del Sistema Estatal de Información de Desarrollo
Agropecuario, Acuícola y Forestal

Artículo 9.18.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario organizará y coordinará el sistema estatal de información de desarrollo agropecuario, acuícola y forestal, con el objeto de obtener, generar y procesar la información necesaria para planear el fomento y evaluar el desarrollo de las actividades a que se refiere este Libro, así como para proveer de información oportuna a quienes participan en dichas actividades y al público en general.

Las dependencias y organismos de la administración pública estatal y municipal, así como las empresas del sector agropecuario que cuenten con el certificado de empresa mexiquense deberán proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario los informes que les requiera.

TÍTULO CUARTO
De las infracciones y sanciones

Artículo 9.19.- Son infracciones a las disposiciones de este Libro:

I. Destinar los apoyos y estímulos recibidos a un uso distinto al previsto en su otorgamiento;

II. Incumplir con cualquiera de los compromisos a los que se haya obligado el beneficiario de apoyo o estímulo;

III. Negarse a proporcionar la información que se le requiera, conforme al segundo párrafo del artículo 9.18, o proporcionarla falsamente.

Artículo 9.20.- Las infracciones a que se refiere el artículo anterior se sancionarán conforme a lo siguiente:

I. En caso de la fracción I, el beneficiario deberá devolver los apoyos y estímulos recibidos o su equivalente, y no podrá volver a ser sujeto de apoyos o estímulos;

II. Tratándose de las fracciones II y III, el beneficiario deberá devolver los apoyos y estímulos recibidos o su equivalente y no podrá ser sujeto de nuevos apoyos o estímulos por un plazo de dos años, contado a partir de la devolución correspondiente.

LIBRO DECIMO
Del fomento económico

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

CAPITULO PRIMERO
Del objeto y finalidad

Artículo 10.1.- Este Libro tiene por objeto regular el fomento de las actividades económicas.

Para efectos de este Libro, se entiende por actividad económica toda aquella que tenga por objeto extraer, producir, transformar, industrializar o comercializar recursos, bienes o servicios; y, por empresa, toda persona física o moral que directa o indirectamente se dedique a una actividad económica.

Artículo 10.2.- Las disposiciones de este Libro tienen como finalidad lograr en la entidad un incremento sostenido de las actividades económicas.

CAPITULO SEGUNDO
De las autoridades y sus atribuciones

Artículo 10.3.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico el fomento de las actividades económicas en los términos de este Libro, en coordinación con las demás dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal, federal y municipal.

Artículo 10.4.- Las dependencias y organismos auxiliares estatales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvarán al fomento de las actividades económicas en la entidad.

Artículo 10.5.- Los municipios realizarán acciones de fomento económico que sean congruentes con las previstas en este Libro a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico y el Plan de Desarrollo Estatal.

CAPITULO TERCERO
De los consejos consultivos económicos

SECCION PRIMERA
Del Consejo Consultivo Económico Estatal

Artículo 10.6.- El Consejo Consultivo Económico Estatal es un órgano técnico de asesoría del Ejecutivo del Estado, para la promoción de las actividades económicas y el impulso del desarrollo integral de la entidad.

Artículo 10.7.- El Consejo propondrá acciones y programas para la satisfacción de los siguientes objetivos:

I. Promover la inversión para que esta contribuya a la creación de empleos, a ampliar y modernizar la capacidad productiva e incrementar la oferta de bienes y servicios, particularmente los destinados a la exportación o a la sustitución de importaciones;

II. Estimular la calidad y productividad de las empresas, con el propósito de elevar la competitividad del aparato productivo.

Artículo 10.8.- El Consejo se integrará por un Presidente, que será designado por el Gobernador del Estado, un Vicepresidente, que será el Secretario de Desarrollo Económico; un Secretario Técnico; y Consejeros representantes de los sectores público, social y privado, los que serán nombrados por el Presidente del Consejo y ejercerán sus funciones de manera honorífica.

El Consejo contara con los comités, comisiones y grupos de trabajo necesarios para el cumplimiento de su objeto y operará en los términos del reglamento interno que al efecto se expida.

SECCION SEGUNDA
De los consejos consultivos económicos
regionales y municipales

Artículo 10.9.- La Secretaría de Desarrollo Económico conjuntamente con el Consejo Consultivo Económico Estatal promoverá la creación de consejos consultivos económicos regionales y municipales, bajo los siguientes lineamientos:

I. Que tengan por objeto promover las actividades económicas y el impulso del desarrollo de una determinada región o municipio;

II. Que los consejos consultivos económicos regionales se integren por un presidente designado por los presidentes municipales y cuando menos dos representantes por cada uno de los sectores privado y social, a invitación del presidente del consejo respectivo;

III. Que los consejos consultivos económicos municipales se integren por un presidente, que será el presidente municipal correspondiente, y cuando menos dos representantes por cada uno de los sectores privado y social, a invitación del presidente del consejo respectivo;

IV. Que los integrantes de los consejos ejerzan sus funciones de manera honorífica;

V. Que cuenten con un vicepresidente y un secretario técnico, nombrado por su presidente, así como con los comités, comisiones y grupos de trabajo necesarios para el cumplimiento de su objeto;

VI. Que operen en los términos del reglamento interno que al efecto expidan;

VII. Que actúen de manera coordinada con el Consejo Consultivo Económico Estatal.

Para la creación de los consejos consultivos regionales se estara a la regionalización establecida por el Plan de Desarrollo del Estado de México.

TÍTULO SEGUNDO
Del fomento empresarial

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 10.10.- La Secretaría de Desarrollo Económico impulsará el establecimiento de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y el incremento de sus niveles de calidad, productividad y competitividad, para lo que promoverá:

I. Instrumentos de apoyo empresarial con objeto de facilitar y agilizar los trámites, ante las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal, federal y municipal, para la instalación, apertura, operación y ampliación de empresas;

II. La formación y capacitación empresarial, con el objeto de identificar y resolver problemas relacionados con la organización, producción y mercado de las empresas;

III. La formación y capacitación para y en el trabajo, atendiendo las necesidades del aparato productivo;

IV. La modernización de los procesos productivos de las empresas;

V. La adquisición de procesos y tecnologías que contribuyan a la protección al ambiente y al óptimo aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente los energéticos y el agua, así como una cultura para el uso racional de dichos recursos;

VI. La asociación de micro y pequeñas empresas, y su vinculación con las medianas y grandes para elevar la integración y eficiencia de las cadenas productivas;

VII. El establecimiento de parques y corredores industriales, así como de zonas comerciales;

VIII. A las empresas y productos estatales en los ámbitos regional, nacional e internacional, a través de:

a) La organización de misiones comerciales, la celebración de encuentros empresariales y la participación en ferias y exposiciones regionales, nacionales e internacionales;

b) La colaboración del Estado con entidades públicas de los demás estados de la Federación y del extranjero en materia de intercambio comercial y cooperación para el desarrollo.

IX. La proveeduría como un medio para fortalecer las cadenas productivas y sustituir las importaciones;

X. Servicios de consultoría, asesoría e información para la ubicación de mercados y oportunidades específicas de exportación y de coinversión, así como en materia de comercio exterior, tratados comerciales y cooperación para el desarrollo;

XI. La vinculación del sector productivo con centros de investigación científica y tecnológica, colegios y asociaciones de profesionistas e instituciones de educación media superior y superior;

XII. Mecanismos que permitan la obtención de financiamiento con tasas preferenciales para las micro y pequeñas empresas;

XIII. La creación de consorcios, asociaciones y uniones de crédito;

XIV. La gestión para la adquisición de terrenos y naves industriales, en caso de medianas y grandes empresas;

XV. La integración de medianas y grandes empresas a los programas de conservación de empleo, protección de la planta productiva y sustitución de importaciones;

XVI. La inversión extranjera directa en la entidad, para lo cual difundirá en el extranjero las ventajas comparativas del Estado frente a otras entidades federativas e identificará, informará, asesorará y apoyará a inversionistas extranjeros;

XVII. El rescate, preservación, fortalecimiento y fomento de la actividad artesanal y las artes populares, a través del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México;

XVIII. El desarrollo minero, a través del Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México;

XIX. El desarrollo turístico.

Artículo 10.11.- El Gobierno del Estado podrá otorgar apoyos y estímulos a las empresas que operen de manera acorde a las acciones que impulse la Secretaría de Desarrollo Económico, conforme a lo dispuesto en este Libro y que cuenten con el certificado de empresa mexiquense.

Artículo 10.12.- La Secretaría de Desarrollo Económico expedirá normas técnicas en materia de funcionalidad y operatividad de centrales y módulos de abasto, mercados de venta al detalle, rastros, plazas y explanadas comerciales, tianguis y otras construcciones relacionadas con el comercio.

CAPITULO SEGUNDO
Del Instituto de Investigación y Fomento de
las Artesanías del Estado de México

Artículo 10.13.- El Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto el rescate, preservación, fortalecimiento y fomento de la actividad artesanal y las artes populares en la entidad.

El Instituto, para el cumplimiento de su objeto, tiene las atribuciones siguientes:

I. Desarrollar investigaciones para el rescate, preservación y mejora de las técnicas y diseños artesanales, respetando los valores culturales de cada región;

II. Convenir con instituciones educativas y los sectores público, social y privado, en materia de investigación, capacitación, organización, comercialización y financiamiento de la actividad artesanal;

III. Promover el abasto de materias primas e insumos en mejores condiciones para los artesanos;

IV. Fomentar la organización de los artesanos;

V. Brindar capacitación y asesoría a los artesanos;

VI. Promover la comercialización de los productos artesanales en los mercados regionales, nacional e internacional;

VII. Gestionar financiamientos con tasas preferenciales para la actividad artesanal;

VIII. Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en la protección, rehabilitación y racionalización de las fuentes de recursos naturales que se utilizan en la producción de artesanías;

IX. Desarrollar y ejecutar programas de desconcentración administrativa, que le permita prestar sus servicios con inmediatez a los artesanos;

X. Determinar la regionalización del territorio del Estado para fines de desarrollo artesanal.

Artículo 10.14.- La dirección y administración del Instituto está a cargo de un consejo directivo y un director general.

El consejo directivo se integra en los términos previstos en la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México y cuenta con cuatro vocales, que son los representantes de las secretarías de Finanzas y Planeación, del Trabajo y de la Previsión Social, de Educación, Cultura y Bienestar Social, y de Administración.

Son invitados permanentes del Consejo, un representante de los artesanos por cada región de desarrollo artesanal.

El director general será nombrado por el Gobernador del Estado, a propuesta del presidente del consejo directivo.

La organización y funcionamiento del Instituto se rige por el reglamento interno que expida el consejo directivo.

Artículo 10.15.- El patrimonio del Instituto se integra con:

I. Los bienes con los que actualmente cuenta;

II. Los ingresos que obtenga en el ejercicio de sus atribuciones;

III. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal;

IV. Los legados, asignaciones, donaciones y demás bienes otorgados en su favor;

V. Los bienes que adquiera por cualquier título legal para el cumplimento de su objeto;

VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal o que provengan de sus actividades.

Los ingresos del Instituto, así como los productos e instrumentos financieros autorizados, serán destinados y aplicados a las actividades señaladas en los programas aprobados por el consejo directivo.

CAPITULO TERCERO
Del Instituto de Fomento Minero y Estudios
Geológicos del Estado de México

Artículo 10.16.- El Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto impulsar el desarrollo minero en la entidad y realizar estudios geológicos aplicados a la actividad minera y a la geología ambiental.

El Instituto, para el cumplimiento de su objeto, tiene las atribuciones siguientes:

I. Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos minerales;

II. Realizar investigaciones geológicas aplicadas a la exploración, aprovechamiento óptimo de los recursos minerales y a la interpretación de los eventos geológicos que les dieron origen;

III. Practicar estudios de exploración detallados que permitan conocer el potencial y la calidad de yacimientos minerales, seleccionados por la viabilidad de su comercialización;

IV. Coadyuvar en la formulación de normas técnicas relativas a la exploración y explotación de minerales de competencia estatal;

V. Apoyar a las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal y municipal con estudios geológicos aplicados a las materias de su competencia;

VI. Coadyuvar con la autoridad federal para mantener actualizado el padrón de concesionarios mineros;

VII. Participar con la Secretaría de Ecología y los municipios, en su caso, en la elaboración y desarrollo de programas de mitigación de impacto ambiental provocado por la actividad minera, disposición de residuos sólidos municipales, contaminación de mantos acuíferos y otros en los que se involucre el entorno geológico.

Artículo 10.17.- La dirección y administración del Instituto está a cargo de un consejo directivo y un director general.

El consejo directivo se integra en los términos previstos en la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México y cuenta con seis vocales, que son los representantes de las secretarías de Finanzas y Planeación, de Administración, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y de Ecología; el Vocal Ejecutivo de la Comisión del Agua del Estado de México y el Director General de Protección Civil.

Son invitados permanentes del Consejo, los delegados en el Estado de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

El director general será nombrado por el Gobernador del Estado, a propuesta del presidente del consejo directivo.

La organización y funcionamiento del Instituto se rige por el reglamento interno que expida el consejo directivo.

Artículo 10.18.- El patrimonio del Instituto se integra con:

I. Los bienes con los que actualmente cuenta;

II. Los ingresos que obtenga en el ejercicio de sus atribuciones;

III. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal;

IV. Los legados, asignaciones, donaciones y demás bienes otorgados en su favor;

V. Los bienes que adquiera por cualquier título legal para el cumplimento de su objeto;

VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal o que provengan de sus actividades.

Los ingresos del Instituto, así como los productos e instrumentos financieros autorizados, serán destinados y aplicados a las actividades señaladas en los programas aprobados por el consejo directivo.

CAPITULO CUARTO
Del turismo

Artículo 10.19.- Con objeto de fomentar el desarrollo turístico en la entidad, la Secretaría de Desarrollo Económico impulsará:

I. El interés, responsabilidad, respeto y la conservación del patrimonio turístico, especialmente de zonas arqueológicas, poblaciones y demás lugares susceptibles de desarrollo turístico, cuidando el entorno ecológico;

II. El espíritu de servicio, hospitalidad y seguridad para el turista;

III. La expedición, por parte del Gobernador del Estado, de decretos de zonas de interés turístico;

IV. La difusión de los atractivos turísticos;

V. El turismo social y la inversión para la creación de infraestructura para ese efecto;

VI. El establecimiento de oficinas promotoras de turismo;

VII. La capacitación, formación y actualización del personal relacionado con la actividad turística.

Artículo 10.20.- Los decretos de zonas de interés turístico se publicarán en la Gaceta del Gobierno y deberán contener:

I. La delimitación de su extensión territorial;

II. En su caso, la restricción existente del uso del suelo;

III. Las características y condiciones para la práctica del turismo;

IV. La descripción del equipamiento, instalaciones, infraestructura, recursos naturales y atractivos turísticos;

V. La conformidad de la autoridad municipal correspondiente;

VI. El programa de fomento al turismo de la zona respectiva;

VII. La información estadística de la zona vinculada al turismo.

Para efectos de este artículo, se entiende por zona de interés turístico aquella parte del territorio del Estado que cuenta con equipamiento, instalaciones, infraestructura, atractivos y que recibe turistas, así como la que presenta características idóneas para realizar actividades turísticas.

TÍTULO TERCERO
Del Sistema Estatal de Información de Desarrollo Económico
y Registro Estatal de Desarrollo Económico

Artículo 10.21.- La Secretaría de Desarrollo Económico organizará y coordinará el sistema estatal de información de desarrollo económico, con el objeto de obtener, generar y procesar la información necesaria para planear el fomento y evaluar el desarrollo de las actividades económicas a que se refiere este Libro, así como para proveer de información oportuna a los agentes económicos que participan en dichas actividades.

Las dependencias y organismos de la administración pública estatal y municipal, así como las empresas que cuenten con el certificado de empresa mexiquense deberán proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Económico los informes que les solicite.

Artículo 10.22.- La Secretaría de Desarrollo Económico establecerá el Registro Estatal de Desarrollo Económico, en el que inscribirá de manera sistematizada la información que obtenga a través del sistema a que se refiere el artículo anterior.

El registro será público, no tendrá efectos constitutivos ni surtirá efectos contra terceros.

Artículo 10.23.- Las empresas establecidas en la entidad podrán solicitar a la Secretaría de Desarrollo Económico su inscripción en el Registro Estatal de Desarrollo Económico, por lo que deberán proporcionar la información relativa a sus características, en términos de la reglamentación correspondiente. La información solamente podrá ser utilizada para fines del sistema y registro. La Secretaría de Desarrollo Económico al realizar la inscripción de la empresa en el registro, expedirá el certificado de empresa mexiquense.

La inscripción en el registro y la expedición del certificado serán gratuitos.

La empresa deberá dar aviso a la Secretaría de Desarrollo Económico de las modificaciones a la información previamente proporcionada.

Artículo 10.24.- La inscripción a que se refiere el artículo anterior y el certificado de empresa mexiquense se cancelarán cuando:

I. Lo solicite el interesado;

II. Por fallecimiento, en caso de persona física, o fusión, liquidación o extinción, tratándose de persona moral.

TÍTULO CUARTO
Del otorgamiento de apoyos

Artículo 10.25.- Las empresas que tengan el certificado de inscripción en el Registro Estatal de Desarrollo Económico, gozarán de los beneficios que se deriven del presente Libro, en los casos en que cumplan con alguno de los requisitos siguientes:

I. Generen nuevos empleos; o utilicen procesos productivos intensivos en mano de obra;

II. Hagan nuevas inversiones productivas;

III. Realicen directamente actividades de capacitación, investigación o adquisición de nuevas tecnologías;

IV. Mejoren sus procesos productivos, reduciendo sus niveles de contaminación ambiental;

V. Instalen procesos de producción con bajo consumo de agua o utilicen aguas recicladas;

VI. Hagan uso óptimo de los energéticos;

VII. Modernicen la infraestructura hidroagrícola para elevar los niveles de productividad;

VIII. Participen activamente en los programas de fomento agropecuario;

IX. Diversifiquen sus cultivos, de acuerdo a la vocación productiva de cada región, fomentando el establecimiento de agroindustrias.

Artículo 10.26.- Las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos de la administración pública estatal y los municipios podrán otorgar a las empresas inscritas en el Registro Estatal de Desarrollo Económico, algunos de los apoyos siguientes:

I. Participación preferentemente en los programas de fomento económico que lleven a cabo las dependencias de la administración pública estatal, los municipios, y sus organismos auxiliares;

II. Los beneficios que señalen los ordenamientos fiscales estatales, conforme a las disposiciones legales respectivas;

III. Preferencia, en igualdad de condiciones, en la adquisición de bienes, así como en la contratación de servicios, arrendamientos y obras públicas. En su caso, las convocatorias y bases de licitación podrán establecer porcentajes diferenciales en precio en favor de las empresas mexiquenses, el cual nunca podrá ser superior al 5%;

IV. Participación en los programas de identificación y promoción, nacionales e internacionales de sus productos, bienes y servicios;

V. Promover y facilitar la adquisición de terrenos, en aquellas zonas en las que se pretenda desarrollar las actividades económicas.

TÍTULO QUINTO
Del Premio Estatal a la Excelencia
Empresarial Mexiquense

Artículo 10.27.- La Secretaría de Desarrollo Económico organizará anualmente el Premio Estatal a la Excelencia Empresarial Mexiquense, que se otorgará conforme a las bases que establezca el comité organizador, que se constituya en términos de la reglamentación correspondiente, a las empresas con certificado de empresa mexiquense que atiendan la convocatoria correspondiente y hayan obtenido logros sobresalientes en alguna de las modalidades siguientes:

I. Desarrollo tecnológico;

II. Desarrollo social;

III. Protección y mejoramiento del ambiente;

IV. Exportación.


LIBRO DECIMO PRIMERO
De la protección e integración al desarrollo de
las personas con capacidades diferentes

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

CAPITULO PRIMERO
Del objeto y finalidad

Artículo 11.1.- Este Libro tiene por objeto regular los servicios y las acciones a cargo del Estado en favor de las personas con capacidades diferentes.

Para los efectos de este Libro, las personas con capacidades diferentes son aquellas que sufren una pérdida, alteración o disminución de un órgano o función física, sensorial o intelectual, que limita las actividades de la vida diaria e impide su desarrollo individual y social; y capacidad diferente es la limitación de una persona para realizar por sí misma actividades necesarias para su desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico como consecuencia de una pérdida, alteración o disminución de un órgano o función física, sensorial o intelectual.

Artículo 11.2.- Las disposiciones de este Libro tienen como finalidad procurar el desarrollo personal y la integración plena a la sociedad de las personas con capacidades diferentes.

Artículo 11.3.- Los servicios que presten las instituciones para la rehabilitación de personas con capacidades diferentes, aún cuando se denominen, ostenten o constituyan bajo otra modalidad, se sujetarán a las disposiciones previstas en la Ley General de Salud y este Libro.

CAPITULO SEGUNDO
De las autoridades y sus atribuciones

Artículo 11.4.- Las secretarias General de Gobierno, de Salud, del Trabajo y de la Previsión Social, de Educación, Cultura y Bienestar Social, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de Comunicaciones, y de Transporte, el Instituto de Salud del Estado de México, así como las autoridades de tránsito y desarrollo urbano municipales, en el ámbito de su respectiva competencia, tendrán atribuciones para lograr la integración a la sociedad de las personas con capacidades diferentes, de conformidad con lo establecido en este Libro.

Artículo 11.5.- Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México normar y coordinar las actividades relativas a la prevención de la discapacidad y la rehabilitación e integración social de las personas con capacidades diferentes.

Artículo 11.6.- El Gobierno del Estado de México procurará que se elimine toda barrera física, social, cultural y económica que implique discriminación en contra de las personas con capacidades diferentes, con el objeto de garantizar su derecho a la igualdad de oportunidades.

Artículo 11.7.- Las disposiciones de este Libro se aplicarán sin perjuicio de lo previsto en las Leyes Generales de Salud y de Educación, los Libros Segundo, Tercero, Quinto y Séptimo, así como la legislación en materia de asistencia social y privada.

CAPITULO TERCERO
Del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México

Artículo 11.8.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México tendrá las atribuciones siguientes:

I. Elaborar y mantener actualizado el registro de las personas con capacidades diferentes que soliciten los servicios de rehabilitación e integración social;

II. Detectar los principales problemas que afectan a las personas con capacidades diferentes, así como elaborar y aplicar propuestas de atención, induciendo la participación de los organismos públicos y privados de salud de la entidad;

III. Establecer políticas e impulsar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los programas estatales y municipales que tengan como objetivo la incorporación plena a la sociedad de las personas con capacidades diferentes;

IV. Realizar programas que fomenten la autonomía y la integración social de las personas con capacidades diferentes;

V. Proporcionar atención médica especializada en materia de rehabilitación y canalizar a las personas con capacidades diferentes, cuando así lo requieran, a los institutos nacionales donde puedan recibir atención de alto nivel;

VI. Llevar a cabo acciones en materia de prevención de discapacidades y de rehabilitación de personas con capacidades diferentes, en centros no hospitalarios;

VII. Formar, capacitar y actualizar recursos humanos para el trato adecuado de los diferentes tipos de discapacidad que aquejan a la población;

VIII. Intervenir ante las instituciones gubernamentales o de asistencia privada, con el objeto de conseguir financiamiento para la adquisición de aparatos o equipos que requieran las personas con capacidades diferentes;

IX. Promover, entre las instituciones de educación superior y de investigación científica y tecnológica, la inclusión en sus líneas de investigación, el desarrollo de dispositivos, prótesis, herramientas, accesorios y equipos que propicien la autosuficiencia de las personas con capacidades diferentes;

X. Informar, a través de los medios de comunicación masiva, sobre las características de la discapacidad, la identificación temprana y la atención oportuna de los factores que la causan;

XI. Proporcionar apoyo y orientación a los familiares de las personas con capacidades diferentes para que les ofrezcan mayor cuidado y atención, así como organizar a terceras personas que apoyen su incorporación a la sociedad;

XII. Promover los derechos de las personas con capacidades diferentes, así como las disposiciones legales que les protegen;

XIII. Proporcionar orientación y asistencia jurídica en juicios de interdicción y en acciones legales, con particular atención de las personas con discapacidad mental.

CAPITULO CUARTO
Del Consejo Estatal para la Protección de las Personas con Capacidades
Diferentes y su Integración al Desarrollo Social

Artículo 11.9.- El Consejo Estatal para la Protección de las Personas con Capacidades Diferentes y su Integración al Desarrollo Social tendrá a su cargo las funciones de gestión, coordinación y promoción de programas que faciliten la incorporación a la sociedad de las personas con capacidades diferentes en condiciones de igualdad.

El Gobernador del Estado presidirá el Consejo, su integración se hará a propuesta del Ejecutivo, y su funcionamiento se regirá por su reglamento interno.

Artículo 11.10.- Corresponde al Consejo:

I. Organizar y evaluar la prestación de los servicios de atención a personas con capacidades diferentes;

II. Promover acciones de prevención de la discapacidad en la población en general a través de las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal;

III. Promover la integración educativa, laboral, recreativa, cultural y deportiva de las personas con capacidades diferentes.

Artículo 11.11.- En cada municipio se creará un consejo para la protección de las personas con capacidades diferentes y su integración al desarrollo social, que se coordinará con el Consejo Estatal para la Protección de las Personas con Capacidades Diferentes y su Integración al Desarrollo Social.

Los ayuntamientos determinarán la estructura y funcionamiento de sus respectivos consejos municipales.

TÍTULO SEGUNDO
De la prestación de los servicios a personas
con capacidades diferentes

CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 11.12.- La prestación de servicios a las personas con capacidades diferentes comprenderá:

I. Atención médica;

II. Educación regular y especial;

III. Orientación y rehabilitación para el trabajo;

IV. Acciones en materia de transporte y tránsito;

V. Facilidades urbanísticas y arquitectónicas;

VI. Actividades deportivas, recreativas y culturales;

VII. Atención integral a personas con capacidades diferentes;

VIII. Atención y orientación a la familia o a terceros que tengan a su cargo personas con capacidades diferentes.

Artículo 11.13.- A efecto de valorar la discapacidad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, establecerá una o varias comisiones de valoración, integradas por profesionales de las ramas de medicina, psicología, trabajo social y educación, procurando incluir a personas con capacidades diferentes que reúnan, en igualdad de circunstancias, los requisitos para el ejercicio de las profesiones señaladas.

Será función de las comisiones de valoración, la calificación de la presunta discapacidad, determinando el tipo y grado de los beneficios y servicios que requieran los solicitantes, sin perjuicio del apoyo que corresponda efectuar a otros organismos públicos similares.

De acuerdo con el resultado del diagnóstico que hayan emitido la o las comisiones de valoración, la persona con capacidades diferentes recibirá los servicios a que se refiere el presente Libro que le permitan integrarse al trabajo, la educación, la cultura y el deporte.

La calificación realizada por las comisiones de valoración responderá a criterios técnicos unificados y tendrá validez ante cualquier dependencia, organismo público o privado del Estado.

CAPITULO SEGUNDO
De la atención médica

Artículo 11.14.- Los servicios de atención médica deberán prestarse inmediatamente después de la detección o diagnóstico de cualquier anomalía o deficiencia.

Artículo 11.15.- Las acciones de rehabilitación de las personas con capacidades diferentes comprenderán:

I. Rehabilitación médico-funcional;

II. Orientación y tratamiento psicológico;

III. Atención integral de las personas con capacidades diferentes, incluyendo la adaptación de prótesis, órtesis y ayudas funcionales que requieran;

IV. Rehabilitación socio-económica y laboral;

V. Apoyo para obtener financiamiento en la adquisición de dispositivos, prótesis, herramientas, accesorios y equipos para su autosuficiencia;

VI. Facilitar la adquisición de dispositivos, prótesis, herramientas, accesorios y equipos para personas con capacidades diferentes, concediendo descuentos, previo estudio socio-económico, a aquellos que lo necesiten.

Artículo 11.16.- Para fomentar el desarrollo de programas públicos de atención médica a personas con capacidades diferentes, el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, en coordinación con el Consejo Estatal para la Protección de las Personas con Capacidades Diferentes y su Integración al Desarrollo Social, y las dependencias y organismos auxiliares estatales del sector salud, promoverá la canalización de recursos y apoyo técnico para investigación, prevención, curación y rehabilitación de personas con capacidades diferentes.

El Ejecutivo del Estado podrá aprobar programas de becas para la atención de personas con capacidades diferentes, en especial para niños mexiquenses con alguna limitación física, sensorial o intelectual, con el objeto de que tengan acceso a recursos que se destinen a cubrir los gastos para su rehabilitación e incorporación a la sociedad.

Para la ejecución de los programas, el Ejecutivo del Estado designará las dependencias u organismos auxiliares de la administración pública estatal que deban coordinarse con los sectores público, social y privado.

Artículo 11.17.- La Secretaría de Salud emitirá el cuadro básico que agrupará, caracterizará y codificará los insumos para la atención de las personas con capacidades diferentes, al que deberán ajustarse las dependencias e instituciones que presten servicios de salud a estas personas.

Artículo 11.18.- Los integrantes del sistema estatal de salud contribuirán al logro de los objetivos siguientes:

I. Procurar la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de atención a personas con capacidades diferentes, preferentemente en las regiones menos desarrolladas y entre los grupos más vulnerables;

II. Establecer y llevar a cabo conjuntamente programas interinstitucionales que aseguren la atención integral de la población con capacidades diferentes.

CAPITULO TERCERO
De la educación regular y especial

Artículo 11.19.- Las guarderías, jardines de niños y escuelas de educación básica regular, promoverán actividades de detección de discapacidad y los casos que detecten los harán del conocimiento de los padres o tutores para su atención.

Artículo 11.20.- La educación especial para los alumnos con capacidades diferentes con posibilidades de integración, se impartirá mediante programas de apoyo en las instituciones públicas o privadas del sistema educativo estatal y de acuerdo con las condiciones que afecten a cada alumno, debiéndose iniciar tan pronto como lo requiera cada caso. Asimismo, se establecerán programas para el otorgamiento de becas económicas en los que se consideren, primordialmente, factores socioeconómicos.

Artículo 11.21.- La educación especial tendrá los objetivos siguientes:

I. Superar las deficiencias y sus consecuencias o secuelas en los individuos;

II. Desarrollar habilidades, aptitudes y conocimientos que permitan a la persona con capacidades diferentes la mayor autonomía posible;

III. Fomentar las potencialidades de la persona con capacidades diferentes que favorezcan el desarrollo armónico de su personalidad;

IV. Lograr la incorporación de la persona con capacidades diferentes a la vida social y a un sistema de trabajo que le permita autorealizarse, servirse a sí misma y a la sociedad.

Artículo 11.22.- Cuando la severidad de la discapacidad lo haga imprescindible, la educación se llevará a cabo en centros especiales de educación que funcionarán en coordinación con los centros ordinarios.

Artículo 11.23.- Las guarderías, jardines de niños, escuelas, institutos y, en general, aquellos establecimientos, cualquiera que sea su denominación o régimen jurídico, en que se lleven a cabo actividades de educación especial y rehabilitación de discapacidades somáticas o psicológicas, se sujetarán a las normas técnicas estatales que para tal efecto establezca la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social.

Artículo 11.24.- Las instituciones educativas públicas o privadas de todos los niveles, deben ofrecer facilidades administrativas para el libre ingreso de personas con capacidades diferentes.

Artículo 11.25.- Los hijos de trabajadores con capacidades diferentes gozarán de servicio gratuito de guardería, para ello, las instituciones educativas y sanitarias estatales promoverán la prestación del servicio hasta satisfacer la demanda.

CAPITULO CUARTO
De la orientación y rehabilitación para el trabajo

Artículo 11.26.- La orientación y rehabilitación para el trabajo comprenderá, entre otras, las prestaciones siguientes:

I. Los tratamientos de rehabilitación médico-funcional específicos para el desempeño de la función laboral;

II. La orientación laboral;

III. La formación, readaptación y reeducación laboral;

IV. La colocación de acuerdo a la aptitud y actitud ante el trabajo;

V. El seguimiento y evaluación del proceso de recuperación, desde el punto de vista físico, psicológico y laboral de la persona con capacidades diferentes;

VI. Gestionar prerrogativas fiscales para las personas con capacidades diferentes y beneficios de esta índole, para los patrones que los empleen y eliminen barreras arquitectónicas que dificulten la movilidad de los trabajadores con capacidades diferentes en los centros de trabajo.

Artículo 11.27.- En la orientación laboral se tomarán en cuenta las potencialidades de la persona con capacidades diferentes, educación escolar, capacitación laboral o profesional adquirida, las perspectivas de empleo existentes para cada caso y se atenderán sus motivaciones y preferencias vocacionales.

Artículo 11.28.- Se promoverá la integración de los trabajadores con capacidades diferentes al sistema ordinario de trabajo y, en su caso, se les incorporará al sistema productivo donde puedan desempeñar trabajos acordes a sus capacidades, asesorando a quienes deseen establecerse como trabajadores autónomos en microempresas.

La integración al empleo de los trabajadores con capacidades diferentes requerirá de acciones previas de capacitación y rehabilitación profesional.

Artículo 11.29.- Para efectos de este Capítulo, la Secretaría del Trabajo y de la Previsión Social tendrá las atribuciones siguientes:

I. Establecer programas de promoción del empleo de las personas con capacidades diferentes, creando una bolsa de trabajo en la que se concentren listas de aspirantes con sus aptitudes y capacidades;

II. Gestionar el apoyo de los sectores público e industrial para colocar a las personas con capacidades diferentes en puestos vacantes, así como para que las autoridades competentes otorguen a los solicitantes con capacidades diferentes permisos y licencias de funcionamiento comercial en la infraestructura vial y en locales de mercados públicos.


CAPITULO QUINTO
Del tránsito y transporte

Artículo 11.30.- Las personas con capacidades diferentes tendrán las prerrogativas siguientes:

I. Las terminales y rutas de transporte público deberán contar con zonas reservadas en la infraestructura vial, debidamente señalizadas, para el ascenso y descenso exclusivo de personas con capacidades diferentes;

II. El uso de asientos exclusivos en los diversos medios de transporte público que determine la autoridad competente;

III. Estacionarse en zonas de estacionamiento restringido y ocupar los espacios de uso exclusivo en los estacionamientos de servicio al público que sean destinados para personas con capacidades diferentes, los que deberán estar diseñados y señalizados de acuerdo a requerimientos específicos.

Los concesionarios del servicio de transporte de pasajeros están obligados a prestar el servicio a las personas con capacidades diferentes sin discriminación alguna.

Artículo 11.31.- Para el cumplimiento de la fracción III del artículo anterior, la Secretaría General de Gobierno otorgará calcomanías distintivas que deberán fijarse en el parabrisas, medallón y placa de circulación de los vehículos en que viajen personas con capacidades diferentes. Las calcomanías serán gratuitas.

La Secretaría llevará un registro y control de las calcomanías que otorgue.

Artículo 11.32.- Las autoridades de tránsito estatales y municipales tendrán las obligaciones siguientes:

I. Permitir el estacionamiento de vehículos particulares en los que viajen personas con capacidades diferentes y que cuenten con la calcomanía correspondiente en zonas de estacionamiento restringido, siempre y cuando no se afecte de manera sustancial el tránsito y sea por el menor tiempo posible;

II. Diseñar e instrumentar programas y campañas permanentes de educación vial y cortesía urbana, encaminados a inculcar respeto y amabilidad hacia las personas con capacidades diferentes durante su tránsito por la vía, edificios y sitios públicos.

Artículo 11.33.- Los prestadores de servicio público de transporte deberán reservar, para ser utilizados por personas con capacidades diferentes, dos asientos en vehículos de más de cuatro plazas y un asiento en vehículos menores, conforme a las normas siguientes:

I. Deberán estar situados cerca de la puerta o puertas de acceso de los vehículos y contarán con un emblema o leyenda que los identifique;

II. Podrán ser utilizados por cualquier usuario, en tanto no sean requeridos por alguna persona con capacidades diferentes.

Adicionalmente, deberán equipar el cinco por ciento de sus unidades con mecanismos que faciliten el acceso a personas con capacidades diferentes y equipo de apoyo.

CAPITULO SEXTO
De las facilidades urbanísticas y arquitectónicas

Artículo 11.34.- Las personas con capacidades diferentes tendrán los derechos siguientes:

I. Libre acceso y facilidad de desplazamiento en los espacios laborales, comerciales, oficiales y recreativos, mediante construcciones que cuenten con las especificaciones arquitectónicas apropiadas;

II. Disfrute de los servicios públicos en igualdad de circunstancias.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, las autoridades competentes incluirán en sus planes de desarrollo urbano o de centros de población, la prestación de facilidades urbanísticas y arquitectónicas para las personas con capacidades diferentes y harán recomendaciones a organismos públicos y empresas privadas.

Artículo 11.35.- Se consideran barreras arquitectónicas todos aquellos obstáculos que dificultan, entorpecen o impiden el libre desplazamiento de las personas con capacidades diferentes en los espacios públicos exteriores o interiores del sector público, social o privado.

Las barreras arquitectónicas que en la infraestructura vial deben ser eliminadas o readecuadas para brindar facilidad de desplazamiento a las personas con capacidades diferentes son: banquetas, coladeras, estacionamientos, escaleras, rampas, teléfonos públicos y tensores para postes.

CAPITULO SEPTIMO
De las actividades deportivas, recreativas y culturales

Artículo 11.36.- Las personas con capacidades diferentes tendrán libre acceso a las instalaciones públicas deportivas, culturales y recreativas de la entidad. Cuando la gravedad de la discapacidad de sectores significativos de la población lo justifique, el Gobierno del Estado proporcionará instalaciones especiales para la práctica del deporte y otras actividades culturales y recreativas.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, y demás dependencias y organismos auxiliares competentes, apoyarán programas de promoción deportiva y desarrollo socio-cultural que permitan la integración de las personas con capacidades diferentes.

CAPITULO OCTAVO
De la atención integral a las personas
con capacidades diferentes

Artículo 11.37.- La atención en materia de servicios para las personas con capacidades diferentes se regirá por los criterios siguientes:

I. Todas las personas con capacidades diferentes tienen derecho a los servicios establecidos en el presente Libro;

II. Los servicios podrán ser prestados tanto por las instituciones públicas como por instituciones o asociaciones privadas sin fines de lucro;

III. La prestación de los servicios procurará la permanencia de las personas con capacidades diferentes en su entorno familiar.

Artículo 11.38.- Además de las medidas específicas previstas en este Libro, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México otorgará, previo estudio, servicios y prestaciones económicas a las personas con capacidades diferentes que se encuentren en situación de necesidad extrema y carezcan de los recursos indispensables para hacer frente a contingencias resultantes de sus limitaciones físicas. La prestación económica cesará al momento de superarse la contingencia que le dio lugar.

CAPITULO NOVENO
De la atención y orientación a familiares de las personas
con capacidades diferentes o terceros

Artículo 11.39.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México coordinará un programa estatal para informar, capacitar y adiestrar a las familias y a los terceros, para aumentar su capacidad de estimular y atender el desarrollo de las personas con capacidades diferentes, así como propiciar un entorno familiar adecuado a sus necesidades de rehabilitación con las instituciones del sector salud.

TÍTULO TERCERO
De los derechos y obligaciones de los usuarios
y participación de la comunidad

Artículo 11.40.- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México promoverá la participación de los medios de comunicación, las organizaciones sociales y privadas, y de atención a personas con capacidades diferentes, así como de la comunidad en general en los programas de difusión para fomentar los hábitos de seguridad, higiene y educación para mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes.

Artículo 11.41.- Las autoridades sanitarias del Estado y las propias instituciones de salud, establecerán procedimientos de orientación y asesoría para las personas con capacidades diferentes respecto al uso de los servicios que requieran, así como de las prestaciones a su alcance y las condiciones de acceso a las mismas.

TÍTULO CUARTO
De los profesionales, técnicos y auxiliares para
los servicios de salud y la educación

Artículo 11.42.- El Gobierno del Estado, a través de las Secretarías de Salud y de Educación, Cultura y Bienestar Social, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y de la Universidad Autónoma del Estado de México, impulsará y fomentará la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos responsables de la atención de personas con capacidades diferentes, de conformidad con los objetivos y prioridades del Sistema Estatal de Salud y los programas educativos.

TÍTULO QUINTO
De las sanciones

Artículo 11.43.- Para los efectos del presente Libro, la autoridad competente aplicará, a petición de parte o de oficio, independientemente de lo preceptuado por otras disposiciones legales, las sanciones siguientes:

I. Multa equivalente de treinta veces el salario mínimo general vigente del área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción, a quienes ocupen indebidamente los espacios: de estacionamiento preferencial, o bien obstruyan las rampas o accesos para personas con capacidades diferentes y otros con el mismo fin;

II. Multa equivalente de cincuenta a cien veces el salario mínimo general vigente del área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción, a los prestadores del servicio público de transporte que nieguen u obstaculicen el uso del servicio, de acuerdo a lo dispuesto por el presente Libro;

III. Multa equivalente de quinientas veces el salario mínimo general vigente del área geográfica que corresponda al momento de cometer la infracción a:

a) Los empresarios, administradores y organizadores de espectáculos públicos que omitan o ubiquen discriminatoriamente los espacios reservados, así como las facilidades de acceso para personas con capacidades diferentes;

b) Las empresas o constructoras de conjuntos urbanos que no brinden las facilidades arquitectónicas previstas por el presente Libro;

c) Los propietarios de restaurantes y centros comerciales que no brinden las facilidades arquitectónicas previstas en este Libro.

En caso de reincidencia, se podrá duplicar el monto de la multa y proceder a la clausura temporal o definitiva de acuerdo con la gravedad que determine la autoridad. En el caso del inciso a) de la fracción III, la clausura procederá en caso de incurrir el infractor en tres ocasiones en la misma falta.

LIBRO DECIMO SEGUNDO
De la obra pública

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 12.1.- Este Libro tiene por objeto regular los actos relativos a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control de la obra pública, así como los servicios relacionados con la misma que, por sí o por conducto de terceros, realicen:

I. Las secretarías y unidades administrativas del Poder Ejecutivo del Estado;

II. La Procuraduría General de Justicia;

III. Los ayuntamientos de los municipios del Estado;

IV. Los organismos auxiliares y fideicomisos públicos del Estado y municipios;

V. Los tribunales administrativos.

Serán aplicables las disposiciones conducentes de este Libro, a los particulares que tengan el carácter de licitantes o contratistas.

Los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos, aplicarán los procedimientos previstos en este Libro en todo lo que no se oponga a los ordenamientos legales que los regulan.

No se regirán por las disposiciones de este Libro, la obra pública o servicios relacionados con la misma, derivados de convenios celebrados entre dependencias, entidades, instituciones públicas y ayuntamientos, entre sí o con los de otros estados o de la Federación, excepto cuando intervenga un particular con el carácter de licitante o contratista.

Artículo 12.2.- Las disposiciones de este Libro tienen como finalidad asegurar al Gobierno del Estado y a los municipios, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en la contratación de la obra pública y servicios relacionados con la misma, en un marco de legalidad y transparencia.

Artículo 12.3.- Para los efectos de este Libro se entenderá por:

I. Dependencias, a las señaladas en las fracciones I y II del artículo 12.1;

II. Entidades, a las mencionadas en la fracción IV del artículo 12.1;

III. Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Finanzas y Planeación;

IV. Contraloría, a la Secretaría de la Contraloría y órganos de control interno de las dependencias, entidades estatales y de los municipios;

V. Secretaría del Ramo, a la Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo;

VI. Licitante, a la persona que participe en un procedimiento de licitación de obra pública o de servicios relacionados con la misma;

VII. Contratista, a la persona que celebre un contrato de obra pública o de servicios relacionados con la misma;

VIII. Contratante, a la dependencia, entidad, ayuntamiento o tribunal administrativo, que celebre un contrato regulado por este Libro;

IX. Propuesta solvente, a la proposición presentada por una persona en un procedimiento de licitación o de invitación restringida, que cumpla con las bases del concurso, garantice el cumplimiento del contrato y considere costos de mercado.

Artículo 12.4.- Se considera obra pública todo trabajo que tenga por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar o demoler bienes inmuebles, con cargo a recursos públicos estatales o municipales.

Quedan comprendidos dentro de la obra pública:

I. El mantenimiento, restauración, desmantelamiento o remoción de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble;

II. Los proyectos integrales o comúnmente denominados llave en mano, en los cuales el contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnología;

III. Los trabajos de exploración, localización y perforación; mejoramiento del suelo y/o subsuelo; desmontes y extracción y aquellos similares que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentran en el suelo y/o subsuelo;

IV. Los trabajos de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola;

V. La instalación, montaje, colocación y/o aplicación, incluyendo las pruebas de operación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre que dichos muebles sean proporcionados por la convocante al contratista o bien, cuando su adquisición esté incluida en los trabajos que se contraten y su precio sea menor al de estos últimos;

VI. Los demás que tengan por objeto alguno de los conceptos a que se refiere el párrafo primero de este artículo.

Artículo 12.5.- Se consideran servicios relacionados con la obra pública, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con los actos que regula este Libro; la dirección y supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.

Quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con la obra pública:

I. La planeación, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, estructural de instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública;

II. La planeación, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbanístico, arquitectónico, de diseño gráfico o artístico y de cualquier otra especialidad del diseño, la arquitectura y el urbanismo, que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública, así como los estudios inherentes al desarrollo urbano en el Estado;

III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, sismología, topografía, geología, geodesia, geofísica, geotermia, meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito;

IV. Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico económica, ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones;

V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y control de calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías industriales; de preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente;

VI. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a las materias que regulan este Libro;

VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico normativas, y estudios aplicables a la obra pública;

VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de las instalaciones en un bien inmueble;

IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología, entre otros;

X. Los demás que tengan por objeto alguno de los conceptos a que se refiere el párrafo primero de este artículo.

Artículo 12.6.- La aplicación del presente Libro corresponderá al Ejecutivo, a través de la Secretaría del Ramo, así como a las dependencias, entidades, ayuntamientos y tribunales administrativos, que celebren contratos de obra pública o servicios relacionados con la misma.

Corresponde a la Secretaría del Ramo y a los ayuntamientos, en el ámbito de su respectiva competencia, la expedición de políticas, bases, lineamientos y criterios para la exacta observancia de este Libro y su Reglamento.

Artículo 12.7.- La ejecución de la obra pública o servicios relacionados con la misma que realicen las dependencias, entidades o ayuntamientos con cargo total o parcial a fondos aportados por la Federación, estarán sujetas a las disposiciones de la ley federal de la materia, conforme a los convenios respectivos.

Artículo 12.8.- Corresponde a la Secretaría del Ramo y a los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejecutar la obra pública, mediante contrato con terceros o por administración directa.

La Secretaría del Ramo podrá autorizar a las dependencias y entidades estatales, a ejecutar obras, por contrato o por administración directa, cuando a su juicio éstas cuenten con elementos propios y organización necesarios. El acuerdo de autorización deberá publicarse en la Gaceta del Gobierno.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a los ayuntamientos, tratándose de la realización de obras con cargo a fondos estatales total o parcialmente.

Para la mejor planeación de la obra pública en el Estado, las dependencias, entidades y ayuntamientos que ejecuten obra, deberán dar aviso a la Secretaría del Ramo, de sus proyectos y programación de ejecución, independientemente del origen de los recursos.

Artículo 12.9.- Cuando por las condiciones especiales de la obra pública o de los servicios relacionados con la misma, se requiera la intervención de dos o más dependencias, entidades o ayuntamientos, quedará a cargo de cada una de ellas la responsabilidad sobre la ejecución de la parte de la obra o del servicio que le corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeación y programación del conjunto.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, las dependencias y entidades deberán contar con autorización de la Secretaría del Ramo, en términos del artículo precedente.

Previamente a la ejecución de las obras a que se refiere este artículo, se deberán establecer, con la participación de la Secretaría del Ramo, convenios mediante los que se especifiquen los términos para la coordinación de las acciones de las dependencias, entidades o ayuntamientos que intervengan.

Artículo 12.10.- Las dependencias y entidades que cuenten con autorización de la Secretaría del Ramo, y los ayuntamientos formularán un inventario de la maquinaria y equipo de construcción a su cuidado o de su propiedad, y lo mantendrán actualizado.

Las dependencias, entidades o ayuntamientos, llevarán el catálogo y archivo de los estudios y proyectos que realicen sobre la obra pública o los servicios relacionados con la misma.

Las dependencias y entidades estatales remitirán sus respectivos inventarios y catálogos a la Secretaría del Ramo.

Lo anterior será sin perjuicio de las facultades que en materia de inventarios, correspondan a otras dependencias del Ejecutivo.

Artículo 12.11.- Los contratos y convenios que se realicen en contravención a lo dispuesto por este Libro, serán nulos.

La invalidez podrá ser declarada de oficio en sede administrativa por la dependencia, entidad o ayuntamiento. Los particulares afectados podrán ocurrir a demandar la invalidez ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

CAPITULO SEGUNDO
De la planeación, programación
y presupuestación

Artículo 12.12.- En la planeación de la obra pública o de los servicios relacionados con la misma, las dependencias, entidades y ayuntamientos en lo que les corresponda, deberán:

I. Ajustarse a las políticas, objetivos y prioridades señalados en los planes de desarrollo estatal y municipales. Los programas de obra municipales serán congruentes con los programas estatales;

II. Jerarquizar las obras públicas en función de las necesidades del Estado o del municipio, considerando el beneficio económico, social y ambiental que representen;

III. Sujetarse a lo establecido por las disposiciones legales;

IV. Contar con inmuebles aptos para la obra pública que se pretenda ejecutar. Tratándose de obra con cargo a recursos estatales total o parcialmente, se requerirá dictamen de la Secretaría del Ramo;

V. Considerar la disponibilidad de recursos financieros;

VI. Prever las obras principales, de infraestructura, complementarias y accesorias, así como las acciones necesarias para poner aquellas en servicio, estableciendo las etapas que se requieran para su terminación;

VII. Considerar la tecnología aplicable, en función de la naturaleza de las obras y la selección de materiales, productos, equipos y procedimientos de tecnología nacional preferentemente, que satisfagan los requerimientos técnicos y económicos del proyecto;

VIII. Preferir el empleo de los recursos humanos y la utilización de los materiales propios de la región donde se ubiquen las obras;

IX. Cuando así se requiera, ajustarse a lo establecido en el dictamen de impacto regional que emita la autoridad competente.

Artículo 12.13.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, verificarán previamente en sus archivos o en los de la Secretaría del Ramo, si existen esos estudios o proyectos.

En el supuesto de que existan estudios o proyectos que satisfagan los requerimientos de la dependencia, entidad o ayuntamiento, no procederá la contratación, con excepción de aquellos que sean necesarios para su adecuación, actualización o complemento.

Los contratos de servicios relacionados con la obra pública sólo se podrán celebrar cuando las dependencias, entidades o ayuntamientos no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal necesarios para llevarlos a cabo, lo que deberá justificarse a través del dictamen que para tal efecto emitan la Secretaría del Ramo o el ayuntamiento.

Artículo 12.14.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos que realicen obra pública o servicios relacionados con la misma, sea por contrato o por administración directa, considerarán los planes, políticas, normas oficiales y técnicas en materia de población, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, y de conservación ecológica y protección al ambiente.

Las dependencias, entidades y ayuntamientos, cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberán tramitar y obtener la liberación de los derechos de vía y la expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecute obra pública. En este supuesto, en las bases de licitación se precisarán los trámites que corresponda realizar al contratista.

Artículo 12.15.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, formularán los programas de obra pública o de servicios relacionados con la misma, así como sus respectivos presupuestos, con base en las políticas, objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo del Estado y municipios, considerando:

I. Entre las obras prioritarias, aquéllas que se encuentren en proceso de ejecución;

II. El resultado de los estudios que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, social, ecológica y ambiental de los trabajos;

III. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;

IV. Las acciones previas, simultáneas y posteriores a la ejecución de la obra pública, incluyendo, cuando corresponda, las obras principales, de infraestructura, inducidas, complementarias y accesorias, así como las acciones para poner aquellas en servicio;

V. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la obra pública, así como los resultados previsibles;

VI. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de trabajos o interrupción de servicios públicos;

VII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios y proyectos, ejecución de los trabajos y cobertura de los gastos de operación;

VIII. Las fechas de inicio y término de los trabajos;

IX. Las investigaciones, asesorías, consultorías, y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios;

X. La adquisición y regularización en su caso, de la tenencia de la tierra;

XI. La ejecución, que deberá comprender el costo estimado, incluyendo probables ajustes; las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipo o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos; los cargos para pruebas de funcionamiento, así como los indirectos de la obra o servicios relacionados con la misma;

XII. Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles a su cargo;

XIII. La accesibilidad, evacuación, libre tránsito sin barreras arquitectónicas para todas las personas; y cumplir con las normas de diseño y de señalización que se emitan, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con capacidades diferentes;

XIV. La forma de ejecución sea por contrato o por administración directa.

Artículo 12.16.- Las dependencias y entidades remitirán a la Secretaría de Finanzas, sus programas de obra pública o servicios relacionados con la misma.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a los ayuntamientos, tratándose de obra pública o servicios relacionados con la misma que se ejecuten con cargo a recursos estatales, total o parcialmente.

La información que se remita a la Secretaría de Finanzas, no implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado sin responsabilidad alguna para la dependencia, entidad o ayuntamiento de que se trate.

Para efectos informativos, la Secretaría del Ramo integrará y difundirá los programas anuales de obra pública o servicios relacionados con la misma, pudiendo requerir a las dependencias, entidades y ayuntamientos la información que sea necesaria respecto de las modificaciones a dichos programas.

Artículo 12.17.- En la obra pública o los servicios relacionados con la misma, cuya ejecución rebase un ejercicio presupuestal, las dependencias, entidades y ayuntamientos deberán determinar tanto el presupuesto total, como el relativo a los ejercicios subsecuentes, en los que además de considerar los costos que en su momento se encuentren vigentes, se deberán tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de costos y convenios que aseguren la continuidad de los trabajos.

El presupuesto actualizado de la obra pública o servicios relacionados con la misma, será la base para solicitar la asignación de cada ejercicio presupuestal subsecuente. La asignación presupuestal aprobada para cada ejercicio servirá de base para otorgar, en su caso, el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

Artículo 12.18.- Las dependencias y entidades sólo podrán convocar, adjudicar o contratar obra pública o servicios relacionados con la misma, cuando cuenten con la autorización respectiva por parte de la Secretaría de Finanzas, del presupuesto de inversión o de gasto corriente, conforme a los cuales deberán elaborarse los programas de ejecución y pago correspondientes.

Para tal efecto, se requerirá contar con los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente concluidos, o bien, con un avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una propuesta solvente y ejecutar ininterrumpidamente los trabajos hasta su terminación.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable a los ayuntamientos, tratándose de obra pública o servicios relacionados con la misma que se ejecuten con cargo a recursos estatales, total o parcialmente.

Artículo 12.19.- Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, así como los ayuntamientos, atendiendo al volumen de obra pública o servicios relacionados con la misma que programen, podrán auxiliarse de comités internos de obra pública, que se integrarán conforme con el Reglamento de este Libro y desempeñaran las funciones siguientes:

I. Revisar los proyectos de programas y presupuestos de obra pública o servicios relacionados con la misma, así como formular las observaciones y recomendaciones convenientes;

II. Dictaminar sobre la procedencia de inicio de procedimientos de invitación restringida o de adjudicación directa;

III. Elaborar y aprobar su manual de funcionamiento;

IV. Las demás que establezca el Reglamento respectivo.

CAPITULO TERCERO
De los procedimientos de adjudicación

Sección Primera
Disposiciones generales

Artículo 12.20.- Los contratos a que se refiere este Libro, se adjudicarán a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública.

Artículo 12.21.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán adjudicar contratos para la ejecución de obra pública o servicios relacionados con la misma, mediante las excepciones al procedimiento de licitación siguientes:

I. Invitación restringida;

II. Adjudicación directa.

Sección Segunda
De la licitación pública

Artículo 12.22.- En el procedimiento de licitación pública deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias, entidades y ayuntamientos, proporcionarles igual acceso a la información relacionada con dicho procedimiento, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Artículo 12.23.- Las licitaciones públicas podrán ser:

I. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, o

II. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjera.

Artículo 12.24.- Solamente se podrán llevar a cabo licitaciones internacionales:

I. Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados de que México sea parte;

II. Cuando la entidad, dependencia o ayuntamiento considere que existe la posibilidad de que empresas extranjeras pudieran presentar ofertas que convengan a sus intereses, previa investigación de mercado que realice la convocante.

En las licitaciones públicas podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de fabricación nacional por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la convocante.

Artículo 12.25.- Las convocatorias públicas que podrán referirse a una o más obras públicas o servicios relacionados con las mismas, se publicarán cuando menos en uno de los diarios de mayor circulación en la capital del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación nacional; así como a través de los medios electrónicos que para tal efecto disponga la Contraloría y contendrán:

I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia, entidad o ayuntamiento convocante;

II. El nombre y la descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos;

III. La indicación de si la licitación es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras del sector público de alguno de los Tratados de Libre Comercio celebrados por México con otras naciones y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones;

IV. El origen de los recursos para su ejecución;

V. La forma en que los interesados deberán acreditar su existencia legal, experiencia, capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos;

VI. La indicación de los lugares, fechas, horarios y medios electrónicos en que los interesados podrán obtener las bases de la licitación y en su caso, el costo y forma de pago de las mismas;

VII. El lugar, fecha y hora de celebración de los actos relativos a la presentación y apertura de proposiciones y a la vista al sitio de realización de los trabajos;

VIII. Plazo de ejecución de los trabajos, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos, así como el importe de la primera asignación, en el caso de que dicho plazo comprenda más de un ejercicio;

IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarán;

X. La indicación de las personas que estén impedidas a participar, conforme con las disposiciones de este Libro;

XI. La garantía que deberá otorgarse para asegurar la seriedad de la propuesta;

XII. Los ejercicios en que deberá pagarse la obra o servicio relacionados con la misma, cuando se trate de pago diferido;

XIII. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos.

La Contraloría hará pública la información referente a los procedimientos de adjudicación que determine, a través de los medios de difusión electrónica que establezca.

Artículo 12.26.- La evaluación de las proposiciones sólo podrá realizarse cuando éstas cumplan con los requisitos establecidos en las bases de licitación.

El Reglamento de este Libro establecerá los procedimientos y criterios para la evaluación de las propuestas y los requisitos de las bases de licitación, las que en todo caso deberán garantizar el cumplimiento del contrato y considerar costos de mercado.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable para los procedimientos de invitación restringida.

Artículo 12.27.- Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, la convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar la reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

Artículo 12.28.- El contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta cumpla con las bases de licitación y resulte idónea por asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Artículo 12.29.- Siempre que no se contravenga lo pactado en los Tratados Internacionales en que México sea parte, dentro de los procedimientos de adjudicación relativos a la ejecución de obra pública o de servicios relacionados con la misma, las dependencias, entidades y ayuntamientos optarán por el empleo de los recursos humanos del país y por la utilización de bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la región si las ofertas están en igualdad de condiciones.

Artículo 12.30.- En junta pública la convocante dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para su conocimiento.

Artículo 12.31.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos procederán a declarar desierta la licitación, cuando no se reciba propuesta alguna o las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación.

Artículo 12.32.- Las convocantes podrán cancelar un procedimiento de adjudicación por caso fortuito o causa de fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelarla cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia, entidad o ayuntamiento.

Sección Tercera
De las excepciones a la licitación pública

Artículo 12.33.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos, bajo su responsabilidad, podrán celebrar contratos a través de las modalidades de invitación restringida y adjudicación directa.

El acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación para el ejercicio de la opción, deberán hacerse constar mediante acuerdo del titular de la dependencia o entidad convocante o del cabildo.

En todo caso se invitará o adjudicará de manera directa a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar.

El titular de la dependencia o entidad autorizada por la Secretaría del Ramo de la contratación de los trabajos, dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, enviará a la Contraloría un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior.

Tendrán la misma obligación los ayuntamientos que contraten obra pública o servicios relacionados con la misma, con cargo total o parcial a recursos estatales.

El procedimiento de invitación restringida se desarrollará en los términos de la licitación pública, a excepción de la publicación de la convocatoria pública.

Sección Cuarta
De la invitación restringida

Artículo 12.34.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán contratar obra pública o servicios relacionados con la misma, mediante el procedimiento de invitación restringida, cuando:

I. Se hubiere declarado desierto un procedimiento de licitación; o

II. Las obras o servicios a contratar, no rebasen los montos establecidos por el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del ejercicio correspondiente.

Artículo 12.35.- El procedimiento a que se refiere el artículo anterior, comprende la invitación de tres personas, cuando menos, que serán seleccionadas de entre las que se inscriban en el catálogo de contratistas que para estos efectos opere la Secretaría del Ramo, en los términos que disponga la reglamentación de este Libro.

Artículo 12.36.- El procedimiento de invitación restringida se declarará desierto, cuando en el acto de apertura no se cuente con el mínimo de tres propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en las bases.

Sección Quinta
De la adjudicación directa

Artículo 12.37.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán adjudicar obra pública o servicios relacionados con la misma, mediante el procedimiento de adjudicación directa, cuando:

I. Se trate de restauración de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos;

II. Para la ejecución de la obra o servicios se requiera contratar al titular de una patente, derechos de autor u otros derechos exclusivos;

III. Se requiera de experiencia, materiales, equipos o técnicas especiales;

IV. Sea urgente la ejecución de la obra por estar en riesgo el orden social, la salubridad, la seguridad pública o el ambiente, de alguna zona o región del Estado; se paralicen los servicios públicos; se trate de programas de apoyo a la comunidad para atender necesidades apremiantes; o concurra alguna otra causa similar de interés público;

V. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes al erario;

VI. Pueda comprometerse información de naturaleza confidencial para el Estado o municipios, por razones de seguridad pública;

VII. Existan circunstancias extraordinarias o imprevisibles que generen riesgo o desastre. En este supuesto, la contratación deberá limitarse a lo estrictamente necesario para enfrentar tal eventualidad;

VIII. Se hubiere rescindido un contrato por causas imputables al contratista ganador en una licitación; o la persona que habiendo resultado ganadora no concurra a la celebración del contrato en el plazo que dispone este Libro.

En estos casos la dependencia, entidad o ayuntamiento podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la propuesta solvente más cercana a la ganadora y así sucesivamente; en todo caso, la diferencia de precio no deberá ser superior al diez por ciento respecto de la propuesta ganadora;

IX. Se hubiere declarado desierto un procedimiento de invitación restringida;

X. Cuando se aseguren condiciones financieras que permitan al Estado o municipios cumplir con la obligación de pago de manera diferida, sin que ello implique un costo financiero adicional; o bien que habiendo un costo financiero adicional éste sea inferior al del mercado; o

XI. Las obras o servicios a contratar, no rebasen los montos establecidos por el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del ejercicio correspondiente.

CAPITULO CUARTO
De la contratación

Artículo 12.38.- La adjudicación de la obra o servicios relacionados con la misma obligará a la dependencia, entidad o ayuntamiento y a la persona en que hubiere recaído, a suscribir el contrato respectivo dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del fallo.

Si la dependencia, entidad o ayuntamiento no firmare el contrato dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el licitante ganador podrá exigir que se le cubran los gastos que realizó en preparar y elaborar su propuesta.

Artículo 12.39.- El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que cuente con la autorización previa y expresa de la dependencia, entidad o ayuntamiento contratante, caso en el cual el contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos.

Artículo 12.40.- Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la dependencia, entidad o ayuntamiento.

Artículo 12.41.- En los contratos se estipularán las diversas consecuencias de la suspensión, terminación anticipada o rescisión por causas imputables a la contratista.

Artículo 12.42.- Los contratos de obra pública o de servicios relacionados con la misma, podrán ser de tres tipos:

I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el pago que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado;

II. A precio alzado, en cuyo caso el pago que deba cubrirse al contratista será por obra completa, desglosado en actividades principales terminadas;

III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado.

Los contratos a precio alzado no podrán ser modificados en monto o plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos.

Artículo 12.43.- Las obras cuya ejecución comprenda más de un ejercicio presupuestal, deberán ser materia de un solo contrato, con cargo a la asignación presupuestal del ejercicio que corresponda.

Artículo 12.44.- El otorgamiento y amortización del anticipo se deberá pactar en los contratos, conforme a las reglas siguientes:

I. El anticipo será entregado al contratista antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado;

II. El anticipo no podrá exceder del veinte por ciento del importe del contrato o de la asignación presupuestal aprobada, cuando la ejecución de las obras exceda de un ejercicio fiscal, para que el contratista, según sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos. Adicionalmente deberá otorgarse un anticipo que no podrá exceder del treinta por ciento del importe del contrato o de la asignación presupuestal aprobada, para la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipo que se instale permanentemente y demás insumos que se deban suministrar;

III. Podrá otorgarse anticipo en la contratación de servicios, cuyo monto será determinado por la contratante, atendiendo a los gastos inherentes a las características, complejidad y magnitud del servicio, y no podrá exceder del cincuenta por ciento del importe del contrato o de la asignación presupuestal aprobada, cuando la ejecución de las obras exceda de un ejercicio fiscal;

IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización por escrito y explícita del titular de la dependencia, entidad o ayuntamiento o de la persona en quien éste haya delegado tal facultad;

V. Podrán otorgarse anticipos en los convenios que se celebren para modificar montos en los contratos, sin que el importe del anticipo pueda exceder del porcentaje originalmente pactado.

En los contratos derivados de procedimientos de invitación restringida y adjudicación directa, las partes podrán dejar de pactar el otorgamiento del anticipo, quedando en estos casos la contratista liberada de la obligación de exhibir la garantía de anticipo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no exime a la contratante de establecer en la convocatoria de un procedimiento de invitación restringida, el anticipo correspondiente.

VI. El anticipo otorgado se amortizará mediante la deducción de un porcentaje igual al porcentaje que sirvió de base para determinar el anticipo, la que se aplicará sobre el importe de cada una de las estimaciones, que por trabajos ejecutados presente para su pago el contratista;

VII. En los casos de rescisión del contrato, el saldo del anticipo por amortizar se restituirá a la dependencia, entidad o ayuntamiento en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea notificada la resolución correspondiente o de la en que se haya firmado el convenio de terminación anticipada.

El contratista que no restituya el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá los intereses moratorios al tipo bancario que resulten a su cargo.

Artículo 12.45.- Los contratistas deberán garantizar:

I. Los anticipos que reciban. Esta garantía deberá constituirse por la totalidad del monto de los anticipos y otorgarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la firma del contrato o convenio;

II. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá constituirse por un diez por ciento del importe total contratado o convenido y otorgarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la firma del contrato o convenio.

La reglamentación de este Libro establecerá la naturaleza y requisitos a que se sujetarán las garantías que deban constituirse.

Artículo 12.46.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos mediante convenios podrán, por razones justificadas, modificar plazos y montos en contratos a precios unitarios, siempre que cuenten con recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por ciento del monto o plazo inicialmente pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable a los contratos mixtos únicamente en la parte que se refiere a precios unitarios.

En todo caso, si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del contrato, se podrá celebrar por una sola vez un convenio adicional.

Tratándose de contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauración de inmuebles considerados como monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, en los que no sea posible determinar el catálogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las especificaciones correspondientes o el programa de ejecución, los convenios podrán exceder el porcentaje establecido en el párrafo primero de este artículo.

Artículo 12.47.- Los contratos a precio alzado no podrán ser modificados en cuanto a monto y plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos; sin embargo, cuando con posterioridad a la celebración de un contrato, se presenten circunstancias económicas de tipo general ajenas a la responsabilidad de las partes, las dependencias, entidades y ayuntamientos, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, reconocer incrementos o requerir reducciones en monto e incluso en plazo, justificando su determinación.

El titular del área responsable de la contratación de los trabajos, dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, informará a la Contraloría y a la Secretaría de Finanzas de la celebración de los convenios.

Artículo 12.48.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos de obra pública o servicios relacionados con la misma, con las siguientes personas físicas o jurídicas:

I. Aquéllas con las que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de adjudicación o de la contratación, tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte, durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de que se trate;

II. Contratistas que por causas imputables a ellos tengan un atraso con respecto al programa de ejecución vigente igual o mayor al cincuenta por ciento;

III. Contratistas a los que por causas imputables a ellos, se les hubiere rescindido un contrato de obra pública o de servicios relacionados con la misma, o tengan adeudos con alguna de las contratantes;

IV. Las que hubieren proporcionado información que resulte falsa o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso de adjudicación de un contrato, en su celebración, durante la ejecución de los trabajos, o en el trámite de una inconformidad administrativa;

V. Las que participen en un procedimiento de adjudicación, perteneciendo a un mismo grupo empresarial o se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o socios comunes;

VI. Aquellas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a concurso de acreedores;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley;

VIII. Las demás que señale la reglamentación de este Libro.

En los términos que se precisarán en el Reglamento de este Libro, la Contraloría llevará el registro de las personas físicas o jurídicas que se encuentren en cualquiera de los supuestos a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo, dará a conocer a las dependencias y entidades y recibirá de éstas la información correspondiente para la integración y difusión de dicho registro.

Artículo 12.49.- Los contratos de obra pública o de servicios relacionados con la misma, pueden ser rescindidos:

I. Sin responsabilidad para la contratante, cuando el contratista incumpla con alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en este Libro y en el contrato correspondiente;

II. Sin responsabilidad para el contratista, cuando la contratante incumpla con las obligaciones contractuales a su cargo.

En el caso de la fracción I de este artículo, la contratante está facultada para rescindir el contrato en forma administrativa, otorgando garantía de previa audiencia al contratista en términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

En el supuesto de la fracción II, el contratista afectado podrá demandar la rescisión del contrato ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

CAPITULO QUINTO
De la ejecución

Artículo 12.50.- La ejecución de los trabajos contratados deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato. La dependencia, entidad o ayuntamiento contratante, proporcionará previamente al contratista el o los inmuebles en que deberán llevarse a cabo. El incumplimiento de la contratante diferirá en igual plazo la fecha originalmente pactada para la entrega de los trabajos.

Artículo 12.51.- Las dependencias y entidades deberán informar a las secretarías del Ramo, de Finanzas y a la Contraloría, o al ayuntamiento en su caso, el inicio, avance y conclusión de las obras que se realizan ya sea que se ejecuten por contrato o por administración directa.

Igual obligación tendrán los ayuntamientos para informar a la Secretaría del Ramo, independientemente del origen de los recursos; y respecto de las secretarías de Finanzas y de la Contraloría, sólo tendrá la obligación de proporcionar la información respectiva cuando se trate de trabajos que se ejecuten con cargo a recursos estatales, total o parcialmente.

Artículo 12.52.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos contratantes, formularán y autorizarán, las estimaciones de los trabajos ejecutados.

Las estimaciones serán pagadas por:

I. La Secretaría de Finanzas, cuando sean autorizadas por las dependencias;

II. Las entidades, cuando sean autorizadas por las mismas;

III. La tesorería municipal, cuando sean autorizadas por los ayuntamientos.

Artículo 12.53.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por causa justificada, determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

Las contratantes podrán en forma administrativa, dar por terminados anticipadamente los contratos cuando:

I. No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión;

II. Existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos;

III. Se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado o municipio; o

IV. Concurran otras razones de interés público.

En estos casos, las contratantes otorgarán al contratista garantía de previa audiencia en términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Artículo 12.54.- Notificada la resolución que determine la terminación anticipada o el inicio del procedimiento administrativo de rescisión del contrato, la dependencia, entidad o ayuntamiento, procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas.

Artículo 12.55.- Las dependencias y entidades, comunicarán a las secretarías del Ramo, de Finanzas y a la Contraloría, o al ayuntamiento en su caso, la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato.

Los ayuntamientos tendrán la misma obligación señalada en el párrafo anterior, respecto de aquellas obras que realicen con cargo total o parcial a fondos estatales.

Artículo 12.56.- Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico que determinen un aumento o reducción superior al cinco por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variación económica, conforme al programa pactado.

Dichos costos podrán ser revisados conforme al programa de obra, con arreglo a las disposiciones de la reglamentación de este Libro.

El aumento o reducción resultante deberá constar por escrito y constituirá la base de comparación para determinar la procedencia de subsecuentes aumentos o reducciones.

No darán lugar a ajuste de costos las cuotas compensatorias a las que de conformidad con la ley de la materia pudiera estar sujeta la importación de bienes afectos a la realización de los trabajos.

Las dependencias y entidades informarán de lo anterior a las secretarías del Ramo, de Finanzas y a la Contraloría o a los ayuntamientos en su caso.

Los ayuntamientos proporcionarán dicha información solamente sobre las obras que realicen con cargo total o parcial a fondos estatales.

Artículo 12.57.- El contratista comunicará por escrito a la dependencia, entidad o ayuntamiento contratante la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificación de los trabajos, la dependencia, entidad o ayuntamiento procederá a su recepción física, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Las dependencias y entidades estatales, lo harán del conocimiento de las Secretarías del Ramo, de Finanzas y a la Contraloría.

Los ayuntamientos están obligados a proporcionar dicha información, solamente de aquellas obras que realicen con cargo total o parcial a fondos estatales.

En la fecha señalada para la recepción, la dependencia, entidad o ayuntamiento contratante y el contratista suscribirán el finiquito correspondiente.

Artículo 12.58.- Entregados los trabajos el contratista quedará obligado a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en términos del presente Libro.

El cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, será garantizado por el contratista previamente a la recepción de los trabajos. La garantía se constituirá hasta por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados.

En caso de que el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo rebasen el importe de la garantía, las dependencias, entidades o ayuntamientos, además de hacer efectiva la garantía otorgada, podrán exigir el pago de la diferencia que resulte.

Las diferencias que resulten a favor de las contratantes tendrán el carácter de créditos fiscales, por lo que su cumplimento podrá hacerse efectivo a través del procedimiento administrativo de ejecución.

Artículo 12.59.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias, entidades y ayuntamientos vigilarán que la unidad que deba operarla reciba oportunamente de la responsable de su ejecución el bien en condiciones de operación, los planos de construcción actualizados, las normas y especificaciones aplicadas en su ejecución, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Las dependencias, entidades o ayuntamientos bajo cuya responsabilidad quede una obra pública concluida, estarán obligadas, por conducto del área responsable de su operación, a mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento.

Las dependencias y entidades deberán presentar a la Secretaría de Administración o a los ayuntamientos, una información detallada de las obras concluidas que se les entreguen para su operación, para los efectos de su asignación y registro en términos de la Ley de Bienes del Estado de México y sus Municipios.

CAPITULO SEXTO
De la administración directa

Artículo 12.60.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán realizar obras por administración directa, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios, consistentes en: maquinaria y equipo de construcción, personal técnico, trabajadores y materiales y podrán:

I. Utilizar mano de obra local complementaria, la que necesariamente deberá contratarse por obra determinada;

II. Alquilar equipo y maquinaria de construcción complementaria;

III. Utilizar preferentemente los materiales de la región;

IV. Contratar equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados y materiales u otros bienes que deban ser instalados, montados, colocados o aplicados;

V. Utilizar servicios de fletes y acarreos complementarios.

Artículo 12.61.- En la ejecución de los trabajos por administración directa serán aplicables en lo conducente, las disposiciones de este Libro relativas a la obra pública contratada.

Artículo 12.62.- En la obra por administración directa bajo ninguna circunstancia podrán participar terceros como contratistas, sean cuales fueren las circunstancias particulares, naturaleza jurídica o modalidades que éstos adopten.


CAPITULO SEPTIMO
De la información, verificación y control

Artículo 12.63.- La información que conforme a las presentes disposiciones, deban remitir las dependencias, entidades y ayuntamientos a la Contraloría y a la Secretaría de Finanzas, será en la forma y términos establecidos en la reglamentación de este Libro.

Artículo 12.64.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos conservarán, archivando en forma ordenada la documentación comprobatoria de los actos y contratos materia de este Libro, cuando menos por el lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de la recepción de los trabajos.

Artículo 12.65.- La Contraloría llevará a cabo el seguimiento de la obra pública y servicios relacionados con la misma, desde su planeación y programación hasta su recepción en los términos que señale la reglamentación de este Libro.

Artículo 12.66.- La Contraloría podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias, entidades y ayuntamientos en su caso, que ejecuten obra pública y servicios relacionados con la misma. Asimismo, podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas los datos e informes relacionados con los actos objeto de la visita o inspección.

CAPITULO OCTAVO
De los medios de defensa

Artículo 12.67.- Los licitantes y los convocados en un procedimiento de invitación restringida, podrán promover inconformidad administrativa en contra del procedimiento de licitación o invitación, por contravención a las disposiciones de este Libro, siempre que se trate del mismo procedimiento en el que hayan participado como licitantes o convocados, respectivamente.

La inconformidad administrativa se presentará ante la Contraloría, por escrito o por vía electrónica, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se de a conocer públicamente el fallo de adjudicación, en caso de que el inconforme haya asistido al acto de adjudicación, o en su defecto a la fecha en que haya sido notificado el fallo de adjudicación.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable tratándose de inconformidades que se promuevan en contra de actos provenientes de procedimientos de licitación, invitación restringida, para la contratación de obra o servicios relacionados con la misma, que se ejecuten o se pretendan ejecutar con recursos estatales total o parcialmente.

Tratándose de obras que se ejecuten o se pretendan ejecutar con recursos municipales, la inconformidad administrativa se presentará por escrito ante el ayuntamiento correspondiente.

Artículo 12.68.- El escrito de inconformidad deberá contener los datos siguientes:

I. Nombre del inconforme o de quien promueva en su representación;

II. Domicilio en el Estado de México para recibir notificaciones;

III. Número del concurso, nombre de la obra o servicio y el motivo de inconformidad;

IV. La fecha de celebración del acto de adjudicación o de la notificación del fallo;

V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos que sustenten la inconformidad;

VI. Las disposiciones legales violadas, de ser posible;

VII. Las pruebas que ofrezca;

VIII. La solicitud de suspensión del acto motivo de inconformidad, en su caso.

El inconforme deberá adjuntar a su escrito el documento que acredite su personalidad, cuando no gestione a nombre propio, así como los documentos que ofrezca como prueba.

Artículo 12.69.- La inconformidad administrativa suspenderá la contratación o en su caso la ejecución de la obra o servicios relacionados con la misma, cuando:

I. Lo solicite el inconforme, siempre que garantice a satisfacción de la Contraloría o el ayuntamiento, los daños o perjuicios que se puedan ocasionar a la hacienda pública o al licitante o convocado que haya resultado ganador;

II. Lo solicite la convocante, por considerar que de no suspender la contratación o ejecución de la obra o servicio, se puedan ocasionar mayores daños o perjuicios al erario estatal o municipal;

En todo caso, la suspensión se otorgará cuando no se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.

Artículo 12.70.- La Contraloría o los ayuntamientos podrán requerir información a las convocantes, quienes deberán remitirla dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento correspondiente.

La Contraloría o los ayuntamientos notificarán la interposición de la inconformidad administrativa a los licitantes o convocados que hayan resultado ganadores, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, concurran a exponer lo que a sus intereses convenga.

La inconformidad administrativa en lo no previsto por este Libro, se substanciará en los términos del recurso administrativo establecido en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Artículo 12.71.- En las materias reguladas en el presente Libro no procederá el recurso administrativo de inconformidad previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

En contra de la resolución que se dicte en la inconformidad administrativa, así como de los demás actos y resoluciones derivados de los contratos y convenios regulados por este Libro, procede juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

LIBRO DECIMO TERCERO
DE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

CAPITULO PRIMERO
PARTE GENERAL

Artículo 13.1.- Este Libro tiene por objeto regular los actos relativos a la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes, y la contratación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen:

I. Las secretarías y las unidades administrativas del Poder Ejecutivo del Estado;

II. La Procuraduría General de Justicia;

III. Los ayuntamientos de los municipios del Estado;

IV. Los organismos auxiliares y fideicomisos públicos, de carácter estatal o municipal;

V. Los tribunales administrativos.

También serán aplicables las disposiciones de este Libro a los particulares que participen en los procedimientos, operaciones o contratos regulados en este Libro.

Los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos, aplicarán las disposiciones de este Libro en lo que no se oponga a los ordenamientos legales que los regulan, sujetándose a sus propios órganos de control.

No será aplicable lo dispuesto por este Libro en los actos objeto del mismo derivados de convenios celebrados entre dependencias, entidades y ayuntamientos, entre sí o con los de otros estados o de la Federación, excepto cuando sea parte un particular en los procedimientos o contratos respectivos.

Tampoco serán aplicables las disposiciones de este Libro en los actos que realicen los fideicomisos públicos en los que el Gobierno del Estado no sea fideicomitente único.

Artículo 13.2.- Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

I. Dependencia, a las secretarías y unidades administrativas del Poder Ejecutivo del Estado y a la Procuraduría General de Justicia;

II. Entidades, a los organismos auxiliares y fideicomisos públicos, de carácter estatal o municipal;

III. Propuesta solvente, a la proposición presentada por una persona en un procedimiento de licitación o de invitación restringida, que cumpla con las bases del concurso, garantice el cumplimiento del contrato y considere costos de mercado.

Artículo 13.3.- Para los efectos de este Libro, en las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos:

I. La adquisición de bienes muebles;

II. La adquisición de bienes inmuebles, a través de compraventa;

III. La enajenación de bienes muebles e inmuebles;

IV. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles;

V. La contratación de los servicios relacionados con bienes muebles que se encuentran incorporados o adheridos a bienes inmuebles, cuya instalación o mantenimiento no implique modificación al bien inmueble;

VI. La contratación de los servicios de reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles;

VII. La contratación de los servicios de maquila, seguros y transportación, así como de los de limpieza y vigilancia de bienes inmuebles;

VIII. La prestación de servicios profesionales, la contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, excepto la contratación de servicios personales de personas físicas bajo el régimen de honorarios.

En general, otros actos que impliquen la contratación de servicios de cualquier naturaleza.

Artículo 13.4.- Las dependencias, entidades estatales y tribunales administrativos llevarán a cabo los procedimientos de adquisición de bienes y servicios que requieran, conforme con sus respectivos programas de adquisiciones.

La Secretaría de Administración llevará a cabo los procedimientos de adquisición de bienes o servicios conjuntados en operaciones consolidadas.

En el ámbito de la administración pública central del Estado, corresponde a la Secretaría de Administración el trámite de los procedimientos de contratos, relativos a arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones de bienes muebles e inmuebles.

Las entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos, en el ámbito de su respectiva competencia, tendrán a su cargo el trámite de los procedimientos y la contratación de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones de bienes muebles e inmuebles.

Artículo 13.5.- Las secretarías de Administración y de la Contraloría, así como los ayuntamientos, podrán contratar asesoría técnica para la realización de investigaciones de mercado, verificación de precios, realización de pruebas de calidad y en general para el mejoramiento del sistema de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Las secretarías de Administración y de la Contraloría intercambiarán la información sobre los resultados de los trabajos derivados de los contratos de asesoría técnica.

Artículo 13.6.- Los contratos y convenios y las modificaciones a los mismos que se realicen en contravención a lo dispuesto por esta ley, serán nulos.

La invalidez podrá ser declarada administrativamente por las contratantes. Los particulares afectados podrán ocurrir a demandar la invalidez de los contratos y convenios ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 13.7.- Los actos a que se refiere el artículo 13.1 de este Libro que se realicen con cargo total o parcial a fondos del Gobierno Federal, se estará a lo dispuesto por la legislación federal.

Los actos a que se refiere el artículo 13.1 de este Libro que realicen los ayuntamientos con cargo total o parcial a fondos del Gobierno Estatal, el control y la vigilancia de los mismos estará a cargo de la Secretaría de la Contraloría.

Artículo 13.8.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Administración, la interpretación para efectos administrativos del presente Libro, y a la Secretaría de la Contraloría la vigilancia de su aplicación para su debida observancia.

La Secretaría de Administración establecerá las políticas y expedirá las normas técnicas y administrativas en las materias que regula el presente Libro.

Las políticas y normas administrativas a que se refiere el párrafo anterior, serán aplicables a los actos, contratos y convenios regulados por este Libro que realicen los ayuntamientos con cargo a recursos estatales, total o parcialmente.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA PLANEACION, PROGRAMACION
Y SISTEMATIZACION

Artículo 13.9.- Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que las dependencias, entidades, ayuntamientos y tribunales administrativos requieran para la realización de las funciones y programas que tienen encomendados, deberán determinarse con base en la planeación racional de sus necesidades y recursos.

Artículo 13.10.- Las dependencias, entidades, ayuntamientos y tribunales administrativos deberán programar sus adquisiciones, arrendamientos y servicios, tomando en consideración, según corresponda, lo siguiente:

I. Los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en el Plan de Desarrollo del Estado de México; los criterios generales de política social fijados por el titular del Poder Ejecutivo; y las previsiones contenidas en los programas sectoriales;

II. Los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en los planes de desarrollo municipal;

III. Las actividades sustantivas que desarrollen para cumplir con los programas prioritarios que tienen bajo su responsabilidad.

Artículo 13.11.- Las dependencias, entidades, ayuntamientos y tribunales administrativos al formular sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, además de lo establecido en otras disposiciones legales, deberán observar lo siguiente:

I. Los bienes, arrendamientos y servicios que solucionen de manera adecuada sus necesidades de operación;

II. Los recursos financieros y materiales y los servicios con los que se cuente;

III. Los plazos estimados en los que se requerirán los bienes, arrendamientos y servicios;

IV. Las políticas y normas administrativas que establezca la Secretaría de Administración y los ayuntamientos, en su caso, para optimizar las adquisiciones, arrendamientos y servicios;

V. Las demás previsiones que sean necesarias para la adecuada planeación, operación y ejecución de los programas y acciones correspondientes.

Las dependencias, entidades estatales y tribunales administrativos formularán sus programas de adquisiciones, arrendamientos y servicios, simultáneamente con sus programas anuales y proyectos de presupuestos de egresos.

Artículo 13.12.- La Secretaría de Administración tendrá a su cargo la elaboración y ejecución del programa anual de operaciones consolidadas.

Las dependencias deberán presentar a la Secretaría de Administración sus requerimientos de adquisiciones y servicios sujetos a operaciones consolidadas, conforme con sus programas de adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de un plazo de 10 días hábiles siguientes al en que se aprueben los presupuestos de egresos de sus unidades administrativas.

Artículo 13.13.- Unicamente se pueden tramitar, convocar, adjudicar o llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuando las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos, cuenten con saldo disponible dentro de su presupuesto aprobado.

Artículo 13.14.- En los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya ejecución rebase un ejercicio presupuestal, las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos, deberán determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios subsecuentes, en los que además de considerar los costos que en su momento se encuentren vigentes, se deberán tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de costos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

Artículo 13.15.- Los programas de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos, deberán contener lo siguiente:

I. La codificación y descripción de los bienes y servicios que requieran, conforme a los catálogos que se integren;

II. La calendarizacion de la adquisición y arrendamiento de bienes muebles y de la contratación de servicios;

III. El costo estimado de los bienes y servicios, cuyo monto total se ajustará a los importes presupuestales asignados;

IV. Los demás requisitos que establezca la reglamentación de este Libro.

Artículo 13.16.- Las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos que requieran contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, previamente verificarán si en sus archivos existen esos trabajos, estudios o investigaciones. Asimismo, deberán cerciorarse si al interior de la administración pública se cuenta con personal capacitado para llevar a cabo los trabajos, estudios o investigaciones.

En el supuesto de que existan trabajos, estudios o proyectos que satisfagan los requerimientos de la dependencia, entidad, tribunal administrativo o ayuntamiento, o personal capacitado para realizarlos, no procederá la contratación, con excepción de aquellos que sean necesarios para su adecuación, actualización o complemento.

CAPITULO TERCERO
DE LA SISTEMATIZACION

Artículo 13.17.- La Secretaría de Administración establecerá los instrumentos que permitan llevar a cabo la sistematización de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que se realicen con cargo a recursos estatales, total o parcialmente. Los ayuntamientos establecerán estos instrumentos cuando se trate de actos, contratos o convenios que se celebren con cargo a recursos municipales.

Artículo 13.18.- La sistematización de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios tendrá por objeto:

I. Disminuir los gastos que realicen los órganos públicos, así como los particulares participantes;

II. Controlar el gasto público;

III. Lograr mayor eficiencia y transparencia.


CAPITULO CUARTO
DE LAS OPERACIONES CONSOLIDADAS

Artículo 13.19.- Operación consolidada es aquella que conjunta en un sólo procedimiento, por su uso generalizado o volumen, la adquisición de bienes o servicios, con el objeto de obtener las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Corresponde a la Secretaría de Administración llevar a cabo las operaciones consolidadas, respecto de las adquisiciones de bienes o servicios que requieran las dependencias.

Los ayuntamientos en el ámbito de su respectiva competencia, llevarán a cabo las operaciones establecidas en este capítulo.

La reglamentación de este Libro establecerá los bienes y servicios sujetos a operaciones consolidadas.

CAPITULO QUINTO
DE LOS CATALOGOS

Artículo 13.20.- La Secretaría de Administración y los ayuntamientos establecerán y operarán el catálogo de bienes y servicios, de acuerdo con la reglamentación respectiva.

Artículo 13.21.- A fin de conocer la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica de las fuentes de suministro, la Secretaría de Administración y los ayuntamientos integrarán un catálogo de proveedores y prestadores de servicios.

Las personas que deseen inscribirse en este catálogo, deberán cumplir con los requisitos que establezca la reglamentación respectiva.

La falta de inscripción en dicho catálogo no limitará la libre concurrencia de los interesados a los procedimientos adquisitivos regulados por este Libro.

CAPITULO SEXTO
DE LA INTEGRACION Y FUNCIONES DE LOS COMITES

Artículo 13.22.- Los comités son órganos colegiados con facultades de opinión, que tienen por objeto auxiliar a las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos, en la preparación y substanciación de los procedimientos de adquisiciones, servicios, arrendamientos y enajenaciones.

En cada dependencia, entidad, tribunal administrativo y ayuntamiento, se constituirá un comité de adquisiciones y servicios.

La Secretaría de Administración se auxiliará de un comité central en los procedimientos relativos a las operaciones consolidadas, así como de un comité de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones.

Los ayuntamientos establecerán comités de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones.

Artículo 13.23.- Los comités de adquisiciones y servicios, tendrán las funciones siguientes:

I. Dictaminar, sobre la procedencia de los casos de excepción al procedimiento de licitación pública;

II. Tramitar los procedimientos de licitación, invitación restringida y adjudicación directa, hasta dejarlos en estado de dictar el fallo correspondiente;

III. Emitir los dictámenes de adjudicación;

IV. Las demás que establezca la reglamentación de este Libro.

Artículo 13.24.- El comité central tendrá las funciones establecidas en el artículo anterior, en la preparación y substanciación de procedimientos de licitación, invitación restringida y adjudicación directa, respecto de operaciones consolidadas.

Artículo 13.25.- El comité de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones, tendrá las funciones siguientes:

I. Dictaminar, sobre la procedencia de los casos de excepción al procedimiento de licitación pública, tratándose de adquisición de inmuebles y arrendamientos;

II. Tramitar los procedimientos de licitación, invitación restringida y adjudicación directa, hasta dejarlos en estado de dictar el fallo correspondiente, tratándose de adquisición de inmuebles y arrendamientos;

III. Emitir los dictámenes de adjudicación, tratándose de adquisiciones de inmuebles y arrendamientos;

IV. Tramitar los procedimientos de subasta pública, hasta dejarlos en estado de dictar el fallo de adjudicación;

V. Las demás que establezca la reglamentación de este Libro.

Artículo 13.26.- La integración y funcionamiento de los comités a que se refiere el presente capitulo, se determinará en la reglamentación de este Libro.

CAPITULO SEPTIMO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION

SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13.27.- Las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se adjudicarán a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública.

Artículo 13.28.- Las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos podrán adjudicar adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante las excepciones al procedimiento de licitación que a continuación se señalan:

I. Invitación restringida;

II. Adjudicación directa.

SECCION SEGUNDA
DE LA LICITACION PUBLICA

Artículo 13.29.- En el procedimiento de licitación pública deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los licitantes.

Todo licitante que satisfaga los requisitos de la convocatoria y de las bases de la licitación tendrá derecho a presentar su propuesta. Las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos proporcionarán a los interesados igual acceso a la información relacionada con la licitación a fin de evitar favorecer a algún participante.

Artículo 13.30.- Las licitaciones públicas podrán ser:

I. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana;

II. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjera.

Artículo 13.31.- Solamente se podrán llevar a cabo licitaciones internacionales cuando:

I. Previa investigación de mercado que realice la convocante, no exista el bien o el servicio en el mercado nacional; no existan ofertas de empresas nacionales; o sea conveniente en términos de precio, calidad, financiamiento y oportunidad;

II. Resulte obligatorio por los tratados internacionales en que México sea parte o por convenios celebrados por el Gobierno del Estado.

Artículo 13.32.- La Secretaría de Administración, las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos, en términos de este Libro, serán los responsables de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública.

Artículo 13.33.- Las convocatorias podrán referirse a la celebración de una o más licitaciones públicas, se publicarán por una sola vez, cuando menos en uno de los diarios de mayor circulación en la capital del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación nacional, así como a través de los medios electrónicos que para tal efecto disponga la Secretaría de la Contraloría, y contendrán:

I. El nombre de la dependencia, entidad, tribunal administrativo o ayuntamiento convocante;

II. La descripción genérica de los bienes o servicios objeto de la licitación, así como la descripción específica de por los menos cinco partidas o conceptos de mayor monto, de ser el caso;

III. La indicación de si la licitación es nacional o internacional;

IV. El origen de los recursos;

V. El lugar y plazo de entrega, así como las condiciones de pago;

VI. La indicación de los lugares, fechas, horarios y medios electrónicos en que los interesados podrán obtener las bases de licitación y en su caso, el costo y forma de pago de las mismas;

VII. La fecha, hora y lugar de la junta aclaratoria, en su caso;

VIII. La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo;

IX. En el caso de contratos abiertos, las cantidades y plazos mínimos y máximos;

X. La indicación de las personas que estén impedidas a participar, conforme con las disposiciones de este Libro;

XI. La garantía que deberá otorgarse para asegurar la seriedad de la propuesta;

XII. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados, según las características y magnitud de los bienes y servicios.

La Secretaría de la Contraloría hará pública la información referente a los procedimientos de adquisición, a través de los medios de difusión electrónica que establezca.

Artículo 13.34.- Las bases de la licitación pública tendrán un costo de recuperación y contendrán los requisitos que se establezcan en la reglamentación de este Libro.

Artículo 13.35.- En los procedimientos de licitación pública se observará lo siguiente:

I. La presentación, apertura y evaluación de propuestas, así como la emisión del dictamen y fallo de adjudicación se realizará en un solo acto;

II. Los comités se declararán en sesión permanente a partir del inicio del acto hasta comunicar a los interesados el fallo de adjudicación;

III. Las bases de licitación se pondrán a la venta a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el día hábil anterior a la fecha de celebración de la junta de aclaraciones, o en su defecto del acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo;

IV. Las convocantes podrán modificar los plazos y términos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, hasta cinco días hábiles anteriores a la fecha de la celebración del acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo;

V. Las modificaciones no podrán limitar el número de licitantes, sustituir o variar sustancialmente los bienes o servicios convocados originalmente, ni adicionar otros distintos;

VI. Las modificaciones a la convocatoria o a las bases se harán del conocimiento de los interesados hasta tres días hábiles antes de la fecha señalada para el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo;

VII. Cuando la convocatoria prevenga la celebración de junta de aclaraciones, ésta tendrá verificativo a los tres días hábiles anteriores al de la celebración del acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo;

VIII. El acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se celebrará dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria;

IX. Los licitantes se podrán registrar hasta el día y la hora fijados para el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

Artículo 13.36.- El acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo, se celebrará en la forma siguiente:

I. Los licitantes presentarán por escrito y en sobre cerrado por separado, sus propuestas técnica y económica, así como los demás documentos requeridos en las bases de la licitación;

II. La apertura de propuestas podrá efectuarse cuando se haya presentado una propuesta cuando menos;

III. Se abrirán las propuestas técnicas, desechándose las que no cumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, poniéndolas a disposición del interesado conjuntamente con el sobre que contenga la propuesta económica;

IV. Se efectuará el análisis y evaluación de las propuestas técnicas;

V. Se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas;

VI. Se desecharán las propuestas económicas que no cumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, poniéndolas a disposición del interesado;

VII. Una vez efectuada la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, se formulará el dictamen que servirá con base para el fallo, en el que se hará constar la reseña cronológica de los actos del procedimiento y el análisis de las propuestas;

VIII. La convocante emitirá el fallo y lo dará a conocer a los licitantes presentes, levantándose el acta respectiva que firmarán los participantes, a quienes se entregará copia de la misma;

IX. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.

El reglamento de este Libro establecerá los criterios para la evaluación de las propuestas y el procedimiento para el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

Artículo 13.37.- En los casos en que las propuestas económicas estén por arriba del precio de mercado, la convocante lo hará de conocimiento de los participantes a fin de que reduzcan los precios de sus propuestas, hasta que se presente alguna propuesta que esté dentro de mercado, en caso contrario se procederá a declarar desierta la licitación.

La convocante procederá a adjudicar el contrato al licitante que presente la propuesta, que estando dentro del precio de mercado, sea la más baja.

Lo establecido en este artículo será aplicable en el procedimiento de invitación restringida.

Artículo 13.38.- La Secretaría de Administración, las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos procederán a declarar desierta la licitación, en los procedimientos que tramiten, cuando no reciban propuesta alguna o las presentadas no reúnan los requisitos exigidos en las bases de licitación.

Podrá declararse desierta una licitación parcialmente, cuando no se hubiese recibido propuesta alguna o las presentadas no reúnan los requisitos, respecto de una o varias partidas o conceptos.

Artículo 13.39.- Las convocantes podrán cancelar una licitación por caso fortuito o causa de fuerza mayor, o cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que produzcan la extinción de la necesidad de adquirir los bienes y servicios de que se trate, o que de continuarse con el procedimiento de licitación o contratación en su caso, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la administración pública estatal o municipal.

Las convocantes deberán comunicar la cancelación a los interesados mediante escrito, en el que se justifique la causa o causas de la misma.

En estos casos, la cancelación no implicará ninguna responsabilidad de carácter económico para las convocantes.

SECCION TERCERA
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA

Artículo 13.40.- Las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos, bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo procedimientos de adquisición de bienes o servicios a través de las modalidades de invitación restringida y adjudicación directa.

En todo caso se invitará o adjudicará de manera directa a personas que cuente con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las características y magnitud de las adquisiciones.

SECCION CUARTA
DE LA INVITACION RESTRINGIDA

Artículo 13.41.- Las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos podrán adquirir y contratar servicios mediante invitación restringida cuando:

I. Se hubiere declarado desierto un procedimiento de licitación; o

II. El importe de la operación no exceda de los montos establecidos por el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México del ejercicio correspondiente.

Las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos se abstendrán de fraccionar el importe de las operaciones, con el propósito de quedar comprendidos en este supuesto de excepción. La Secretaría de la Contraloría y los órganos de control interno, en el ámbito de su competencia, vigilarán el cumplimiento de esta disposición.

Artículo 13.42.- El procedimiento establecido en el artículo anterior, comprende la invitación de tres personas cuando menos, que serán seleccionadas de entre las que se inscriban en el catálogo de proveedores, la reglamentación de este Libro.

Artículo 13.43.- El procedimiento de invitación restringida se desarrollará en los términos de la licitación pública, a excepción de la publicación de la convocatoria pública.

Artículo 13.44.- El procedimiento de invitación restringida se declarará desierto, cuando no se presente propuesta alguna que cumpla con los requisitos establecidos en las bases.

SECCION QUINTA
DE LA ADJUDICACION DIRECTA

Artículo 13.45.- Las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos podrán adquirir bienes, arrendar bienes muebles e inmuebles y contratar servicios, mediante adjudicación directa cuando:

I. La adquisición o el servicio sólo puedan realizarse con una determinada persona, por tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, registros, marcas específicas, derechos de autor u otros derechos exclusivos;

II. La adquisición o el arrendamiento de algún inmueble sólo puedan realizarse con determinada persona, por ser el único bien disponible en el mercado inmobiliario, que reúne las características de dimensión, ubicación, servicios y otras que requieran las dependencias, entidades, tribunales administrativos o ayuntamientos para su buen funcionamiento o la adecuada prestación de los servicios públicos a su cargo;

III. Se trata de servicios que requieran de experiencia, técnicas o equipos especiales, o se trate de la adquisición de bienes usados o de características especiales, que solamente puedan ser prestados o suministrados por una sola persona;

IV. Sea urgente la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios por estar en riesgo el orden social, la salubridad, la seguridad pública o el ambiente, de alguna zona o región del Estado; se paralicen los servicios públicos, se trate de programas o acciones de apoyo a la población para atender necesidades apremiantes; o concurra alguna causa similar de interés público;

V. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes al erario;

VI. Pueda comprometerse información de naturaleza confidencial para el Estado o municipios, por razones de seguridad pública;

VII. Existan circunstancias extraordinarias o imprevisibles derivadas de riesgo o desastre. En este supuesto, la adquisición, arrendamiento y servicio deberá limitarse a lo estrictamente necesario para enfrentar tal eventualidad;

VIII. Se hubiere rescindido un contrato por causas imputables al proveedor; o la persona que habiendo resultado ganadora en una licitación no concurra a la suscripción del contrato dentro del plazo establecido en este Libro.

En estos supuestos, la dependencia, entidad, tribunal administrativo o ayuntamiento podrán adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la propuesta solvente más cercana a la ganadora y así sucesivamente. En todo caso, la diferencia de precio no deberá ser superior al diez por ciento respecto de la propuesta ganadora, en caso contrario se procederá adjudicar directamente el contrato a otra persona.

IX. Se hubiere declarado desierto un procedimiento de invitación restringida;

X. Cuando se aseguren condiciones financieras que permitan al Estado o municipios cumplir con la obligación de pago de manera diferida, sin que ello implique un costo financiero adicional o que habiéndolo, sea inferior al del mercado; o

XI. El importe de la operación no rebase los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del ejercicio correspondiente. Tratándose de arrendamientos de inmuebles se entenderá por importe de la operación el monto mensual de la renta.

Las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos se abstendrán de fraccionar el importe de las operaciones, con el propósito de quedar comprendidos en este supuesto de excepción. La Secretaría de la Contraloría y los órganos de control interno, en el ámbito de su competencia, vigilarán el cumplimiento de esta disposición.

Las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos, con el auxilio de sus respectivos comités de adquisiciones, deberán comprobar que las adjudicaciones directas que realicen, se encuentren en alguno de los supuestos normativos previstos en este artículo.

Artículo 13.46.- El procedimiento de adjudicación directa se substanciará con arreglo a la reglamentación de este Libro.

Artículo 13.47.- Las disposiciones relativas a los procedimientos de adquisición establecidas en este capítulo serán aplicables a los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, con arreglo a la reglamentación de este Libro.


CAPITULO OCTAVO
DE LAS ENAJENACIONES

Artículo 13.48.- Las enajenaciones de bienes muebles e inmuebles del Estado y municipios se realizarán a través de subasta pública.

Artículo 13.49.- Quedan exceptuadas de la disposición establecida en el artículo anterior, las operaciones siguientes:

I. La transmisión de dominio de bienes muebles e inmuebles a favor de los gobiernos federal, estatales y municipales;

II. La transmisión de dominio a favor de entidades que tengan a su cargo desarrollar programas de interés social para atender necesidades colectivas;

III. La permuta para satisfacer necesidades públicas;

IV. La donación en favor de asociaciones e instituciones privadas que realicen actividades de interés social y no persigan fines de lucro;

V. La enajenación de bienes muebles e inmuebles, para la creación, fomento o conservación de una empresa que beneficie a la colectividad;

VI. La donación de bienes en cumplimiento de programas sociales o de acciones de apoyo a la comunidad;

VII. La transmisión de dominio de inmuebles que realicen las entidades, en cumplimiento de su objeto, cuando así lo dispongan las leyes;

VIII. La transmisión de dominio de bienes muebles e inmuebles, derivada de los procedimientos de liquidación de las entidades;

IX. Las enajenaciones a título oneroso que realicen el Estado y los municipios, por conducto de terceros, en términos de la reglamentación de este Libro;

X. La transmisión de dominio de bienes muebles e inmuebles en cumplimiento de sentencias dictadas por tribunales federales y estatales;

XI. La dación en pago por concepto de indemnización, en los términos previstos por la Ley de Expropiación para el Estado de México;

XII. El importe de la enajenación no rebase los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del ejercicio correspondiente;

XIII. Las demás que señalen otras disposiciones legales.

SECCION PRIMERA
DE LA SUBASTA PUBLICA

Artículo 13.50.- En el procedimiento de subasta pública de bienes muebles e inmuebles, deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes.

Toda persona que satisfaga los requisitos de la convocatoria y de las bases de la subasta pública, tendrá derecho a presentar posturas. La Secretaría de Administración, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos proporcionarán a los interesados igual acceso a la información relacionada con la subasta.

Artículo 13.51.- La Secretaría de Administración, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos, tendrán a su cargo el trámite de los procedimientos de subasta pública.

Artículo 13.52.- Las convocatorias públicas podrán referirse a la celebración de una o más subastas públicas, se publicarán por una sola vez, cuando menos en uno de los diarios de mayor circulación en la capital del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación nacional, así como a través de los medios electrónicos que para tal efecto se disponga y contendrán:

I. El nombre de la convocante;

II. La descripción genérica de los bienes muebles e inmuebles;

III. El valor de los bienes que servirá de base para la subasta;

IV. La indicación de los lugares, fechas, horarios y medios electrónicos en que los interesados podrán obtener las bases de subasta pública, así como su costo y forma de pago;

V. La fecha, hora y lugar para la celebración de la visita de inspección y de la junta aclaratoria;

VI. La fecha, hora y lugar de celebración del acto de subasta;

VII. La indicación de las personas que estén impedidas a participar, conforme a las disposiciones de este Libro;

VIII. La garantía que deberá otorgarse para asegurar la seriedad de la postura;

IX. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados, según las características de los bienes.

Artículo 13.53.- Las bases de la subasta pública contendrán los requisitos que se establezcan en la reglamentación de este Libro y se pondrán a la venta a partir del día hábil siguiente al de la última publicación de la convocatoria y hasta un día hábil anterior a la fecha de la visita de inspección de los bienes.

Artículo 13.54.- Para determinar el valor de los inmuebles que servirá de base para la subasta se tomará en cuenta el avalúo que emita el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México.

El valor de los muebles que servirá de base para la subasta se determinará conforme con el avalúo que apruebe la convocante, en términos de la reglamentación de este Libro.

Artículo 13.55.- En el procedimiento de subasta pública se observará lo siguiente:

I. La presentación, apertura y evaluación de posturas, emisión del dictamen y fallo de adjudicación se realizará en un solo acto;

II. El comité de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones, se declarará en sesión permanente a partir del inicio del acto hasta comunicar a los interesados el fallo de adjudicación;

III. El acto de presentación, apertura y evaluación de posturas, dictamen y fallo, se celebrará dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la última publicación de la convocatoria;

IV. Los interesados deberán registrarse el día y la hora fijados para el acto de presentación, apertura y evaluación de posturas, dictamen y fallo; tratándose de bienes muebles el registro se realizará simultáneamente con la venta de las bases de la subasta;

V. Los participantes al inicio del acto de presentación, apertura y evaluación de posturas, dictamen y fallo, entregarán a la convocante en sobre cerrado sus posturas;

VI. Las posturas se abrirán y se desecharán las que no cubran los requisitos establecidos en las bases de la subasta pública;

VII. La convocante pasará lista de las personas que hubieren presentado posturas haciendo saber a los asistentes las que fueron calificadas como legales y les dará a conocer cuál es la mejor postura, concediendo plazos sucesivos hasta que la última postura no sea mejorada;

VIII. La convocante fincara el remate a favor de quien hubiera hecho la mejor postura;

IX. El acta presentación, apertura y evaluación de posturas, dictamen y fallo de adjudicación, se dará a conocer a las personas que hayan presentado posturas, la cual se firmará por los participantes, a quienes se entregará copia de la misma;

X. La falta de firma de algún postor no invalidará el contenido y efectos del acta.

Artículo 13.56.- La Secretaría de Administración, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos, procederán a declarar desierta la subasta pública, cuando no reciban propuesta alguna o las presentadas no reúnan los requisitos exigidos en las bases.

Artículo 13.57.- Las convocantes podrán cancelar una subasta por caso fortuito o causa de fuerza mayor, o cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que produzcan la extinción de la necesidad de enajenar los bienes, o que de continuarse con el procedimiento de subasta pública, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la administración pública estatal o municipal.

Las convocantes deberán comunicar la cancelación a los interesados mediante escrito, en el que se justifique la causa o causas de la misma.

En estos casos, la cancelación no implicará ninguna responsabilidad de carácter económico para las convocantes.

Artículo 13.58.- La Secretaría de Administración, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos podrán enajenar bienes mediante adjudicación directa en términos de la reglamentación de este Libro, cuando se hubiere declarado desierto un procedimiento de subasta pública.

CAPITULO NOVENO
DE LOS CONTRATOS

Artículo 13.59.- La adjudicación de los contratos derivados de los procedimientos de adquisiciones de bienes o servicios, obligará a la convocante y al licitante ganador a suscribir el contrato respectivo dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del fallo.

Artículo 13.60.- Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, no podrán cederse en forma parcial ni total.

El contratista no podrá subcontratar total o parcialmente, el suministro de bienes o la prestación de servicios, salvo que cuente con la autorización previa y expresa de la contratante, en cuyo caso el contratista será el único responsable del cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Artículo 13.61.- En los contratos se pactarán penas convencionales a cargo del contratista por incumplimiento de sus obligaciones. En los contratos en que se pacte ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado.

El contratista estará obligado a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y servicios.

Artículo 13.62.- En los contratos se estipularán las diversas consecuencias de la cancelación, terminación anticipada o rescisión por causas imputables a la contratista.

Los contratos contendrán los elementos que establezca la reglamentación de este Libro y se elaborarán conforme con los modelos que establezca la Secretaría de Administración o los ayuntamientos, en su caso.

Artículo 13.63.- En los contratos deberá pactarse la condición de precio fijo.

Los contratos no podrán ser modificados en cuanto a monto y plazo, ni estarán sujetos a ajustes de precios y costos.

Cuando con posterioridad a la celebración de los contratos se presenten circunstancias económicas de tipo general ajenas a la responsabilidad de las partes y que incidan en las condiciones pactadas, las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, reconocer incrementos o exigir reducciones en monto o plazo.

En los contratos abiertos se podrán pactar ajustes al importe de los bienes o servicios contratados, en caso de aumento o decremento en los precios, dentro del presupuesto autorizado.

Artículo 13.64.- La contratante deberá verificar que el proveedor cumpla con la entrega de los bienes o servicios en las condiciones pactadas. Podrá recibir bienes o servicios que superen o mejoren las especificaciones estipuladas siempre que se respete el precio de los contratados.

Artículo 13.65.- Los contratos pueden ser rescindidos:

I. Sin responsabilidad para la contratante, cuando el contratista incumpla con alguna de las obligaciones a su cargo; o

II. Sin responsabilidad para el contratista, cuando la contratante incumpla con las obligaciones contractuales a su cargo.

En el caso de la fracción I, la contratante estará facultada para rescindir el contrato en forma administrativa, otorgando garantía de previa audiencia al contratista en términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

En el supuesto de la fracción II, el contratista afectado podrá demandar la rescisión del contrato ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 13.66.- En los casos de rescisión del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado se reintegrará a las contratantes en un plazo no mayor de treinta días hábiles, contado a partir de la fecha en que le sea notificada la rescisión al proveedor.

Si el proveedor no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida anualmente en la Ley de Ingresos del Estado de México o la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, para los casos de prórroga en el pago de créditos fiscales.

Artículo 13.67.- Las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos con las personas siguientes:

I. Aquellas en las que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de adquisición o de la contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda obtener algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que las personas antes referidas formen parte, durante los dos años previos a la fecha de la celebración de procedimiento del que se trate;

II. Los contratistas que por causas imputables a ellos tengan un atraso en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios;

III. Las que por causas imputables a ellas mismas no formalicen, en el plazo que establece el presente Libro, los contratos que se les hayan adjudicado;

IV. Aquellas que por causas imputables a ellas mismas se les hubiere rescindido un contrato;

V. Las que se encuentren en situación de mora o adeudo en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios, o en general, hayan incumplido con sus obligaciones contractuales respecto a las materias objeto de esta ley, por causas imputables a ellas mismas;

VI. Las que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo o mala fe en alguna etapa del procedimiento para la adjudicación de un contrato, en su celebración, durante su vigencia o en el trámite de alguna inconformidad administrativa;

VII. Las que en virtud de la información con que cuenten los órganos de control interno hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por este Libro;

VIII. Aquellas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra, o sujetas a concurso de acreedores;

IX. Las que participen en un procedimiento de adquisición perteneciendo a un mismo grupo empresarial, o se encuentren vinculadas por algún socio o socios comunes;

X. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley.

En los términos que se precisarán en el reglamento de este Libro, la Secretaría de la Contraloría llevará el registro de las personas que se encuentren en cualquiera de los supuestos a que se refieren las fracciones II, IV, VI, y VII, dará a conocer a las dependencias y entidades y recibirá de éstas la información correspondiente para la integración y difusión de dicho registro.

Los ayuntamientos podrán establecer en su reglamentación el registro a que se refiere el párrafo anterior.

Es aplicable a las enajenaciones lo dispuesto en las fracciones I, III, IV, V, VI, IX, y X de este artículo. Asimismo será aplicable lo señalado en la fracción VIII, cuando se pacte a plazos la obligación de pago.

Artículo 13.68.- En las adquisiciones y arrendamientos de los bienes inmuebles y enajenación de bienes muebles e inmuebles, el otorgamiento del contrato se sujetará a las disposiciones del Código Civil del Estado de México.

CAPITULO DECIMO
DE LAS GARANTIAS

Artículo 13.69.- Los proveedores que celebren los contratos de adquisiciones y servicios a que se refiere este Libro, deberán garantizar a favor de la contratante:

I. El anticipo que reciban;

II. Los bienes o materiales que reciban;

III. El cumplimiento de los contratos;

IV. Los defectos o vicios ocultos de los bienes o servicios.

Las garantías a que se refieren las fracciones I y II deberán constituirse por la totalidad del monto del anticipo o del importe de los bienes o materiales. En el caso de la fracción III las garantías se constituirán por el diez por ciento del importe total del contrato; y en la hipótesis de la fracción IV las garantías se constituirán hasta por el diez por ciento del importe total del contrato.

Tratándose de contratos abiertos la garantía de cumplimiento se constituirá por el diez por ciento de la cantidad máxima o del importe del plazo máximo; y la garantía de defectos y vicios ocultos se constituirá hasta por el diez por ciento de la cantidad máxima o del importe del plazo máximo.

Las clases, constitución, reajustes y devolución de las garantías a que se refiere este artículo, serán establecidas por la reglamentación de este Libro.

Artículo 13.70.- Las contratantes podrán exceptuar a los contratistas de otorgar la garantía de cumplimiento del contrato, siempre que suministren antes de la suscripción del contrato, la totalidad de los bienes o servicios y el monto del contrato no exceda de dos mil veces el salario mínimo vigente en la capital del Estado.

Artículo 13.71.- En caso de que el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores derivadas de defectos o vicios ocultos, rebasen el importe de la garantía, las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos, además de hacer efectiva la garantía otorgada, podrán exigir el pago de la diferencia que resulte.

Las diferencias que resulten a favor de las contratantes tendrán el carácter de créditos fiscales, por lo que su cumplimiento podrá hacerse efectivo a través del procedimiento administrativo de ejecución.

CAPITULO DECIMO PRIMERO
DE LOS CONTRATOS ABIERTOS

Artículo 13.72.- Los contratos abiertos son aquellos instrumentos que permiten a las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos, adquirir bienes o contratar servicios por una cantidad y plazo indeterminados, fijando mínimos y máximos, dentro de la asignación presupuestal correspondiente.

Artículo 13.73.- Para la celebración de contratos abiertos se observará lo siguiente:

I. Se deberá determinar, de manera previa a la iniciación del procedimiento adquisitivo correspondiente, la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o el plazo mínimo y máximo de la prestación de servicios, así como la asignación presupuestal disponible;

II. El programa de suministro que formará parte del contrato, establecerá las cantidades mínimas y máximas de los bienes o los plazos mínimos y máximos de prestación de servicios, y en su caso los precios unitarios;

III. En general, los contratos tendrán una vigencia que no excederá del ejercicio fiscal en que se suscriba;

IV. Podrá rebasar un ejercicio fiscal, en cuyo caso las contratantes en sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberán determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios subsiguientes, en los que además de considerar los costos vigentes, tomarán en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de costos que aseguren la continuidad del suministro;

V. El proveedor suministrará los bienes y servicios en las cantidades y fechas que determine la contratante;

CAPITULO DECIMO SEGUNDO
DE LA INFORMACION Y VERIFICACION

Artículo 13.74.- Las dependencias y entidades estatales, así como los tribunales administrativos, proporcionarán a:

I. La Secretaría de la Contraloría la información relacionada con los procedimientos de adjudicación que realicen, a través de los medios que establezca la propia dependencia;

II. La Secretaría de la Contraloría la información a que se refieren las fracciones II, IV, VI y VII del artículo 13.67;

III. La Secretaria de la Contraloría y a los órganos de control interno, la información que les soliciten relacionada con los actos, procedimientos y contratos regulados por este Libro.

Artículo 13.75.- Las dependencias, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos conservarán, en sus archivos en forma ordenada la documentación comprobatoria de los actos, procedimientos y contratos materia de este Libro, cuando menos por el lapso de cinco años, contado a partir de la fecha de su celebración.

Artículo 13.76.- La Secretaría de la Contraloría y los ayuntamientos, a través de sus órganos de control interno, llevarán acabo el seguimiento de los actos, procedimientos y contratos en los términos que señale la reglamentación de este Libro.

Asimismo, podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a las convocantes, contratantes, licitantes, proveedores y prestadores de servicios, a efecto de verificar que los actos, procedimientos y contratos se hayan celebrado conforme a las disposiciones de este Libro.

Artículo 13.77.- Las convocantes y contratantes podrán verificar, en cualquier tiempo, que los actos, procedimientos y contratos se hayan celebrado conforme a las disposiciones de este Libro; ordenar visitas de inspección a los establecimientos de los licitantes, proveedores y prestadores de servicios, y requerir los datos e informes que estime necesarios.

CAPITULO DECIMO TERCERO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 13.78.- Los particulares que infrinjan las disposiciones contenidas en éste Libro, serán sancionadas por la Secretaría de Administración, dependencias, entidades, ayuntamientos y tribunales, en el ámbito de su competencia, con multa equivalente a la cantidad de treinta a tres mil veces el salario mínimo general vigente en la capital del Estado en la fecha de la infracción.

Lo anterior sin perjuicio de las penas convencionales pactadas en los contratos.


CAPITULO DECIMO CUARTO
DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD

Artículo 13.79.- Los licitantes y los convocantes en un procedimiento de licitación pública o invitación restringida, podrán promover inconformidad administrativa en contra del procedimiento de licitación o invitación, por contravención a las disposiciones de este Libro, siempre que se trate del mismo procedimiento en el que hayan participado como licitantes o convocados, respectivamente.

La inconformidad administrativa se presentará ante la Contraloría, por escrito o por vía electrónica, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se de a conocer públicamente el fallo de adjudicación, en caso de que el inconforme haya asistido al acto de adjudicación, o en su defecto al en que le haya sido notificado el fallo de adjudicación.

Tratándose de procedimientos de licitación o invitación restringida que realicen las autoridades municipales, la inconformidad administrativa se presentará por escrito ante el ayuntamiento correspondiente.

Artículo 13.80.- El escrito de inconformidad deberá contener los datos siguientes:

I. Nombre del inconforme o de quien promueva en su representación;

II. Domicilio en el Estado de México para recibir notificaciones;

III. El motivo de inconformidad;

IV. La fecha de celebración del acto de adjudicación o de la notificación del fallo;

V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos que sustenten la inconformidad;

VI. Las disposiciones legales violadas, de ser posible;

VII. Las pruebas que ofrezca;

VIII. La solicitud de suspensión del acto motivo de inconformidad, en su caso.

El inconforme deberá adjuntar a su escrito el documento que acredite su personalidad, cuando no gestione a nombre propio, así como los documentos que ofrezca como prueba.

Artículo 13.81.- La inconformidad administrativa suspenderá la contratación o en su caso la adquisición de bienes o la prestación de servicios, cuando:

I. Lo solicite el inconforme, siempre que garantice a entera satisfacción de la Secretaría de la Contraloría o del ayuntamiento, los daños o perjuicios que se puedan ocasionar a la hacienda pública o al licitante o convocado que haya resultado ganador;

II. Lo solicite la convocante, por considerar que de no suspender la contratación o ejecución de la obra o servicio, se puedan ocasionar mayores daños o perjuicios al erario estatal o municipal.

En todo caso, la suspensión se otorgará cuando no se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.

Artículo 13.82.- La Contraloría o los ayuntamientos podrán requerir información a las convocantes, quienes deberán remitirla dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento correspondiente.

La Contraloría o los ayuntamientos notificarán la interposición de la inconformidad administrativa a los licitantes o convocados que hayan resultado ganadores, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, concurran a exponer lo que a sus intereses convenga.

La inconformidad administrativa en lo no previsto por este Libro, se substanciará en los términos del recurso administrativo establecido en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Artículo 13.83.- En las materias reguladas en el presente Libro no procederá el recurso administrativo de inconformidad previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

En contra de la resolución que se dicte en la inconformidad administrativa, así como de los demás actos y resoluciones que se dicten durante la contratación y la vigencia de los contratos regulados por este Libro, procede juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.


T R A N S I T O R I O S

ARTICULO PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”.

ARTICULO SEGUNDO.- El Código Administrativo del Estado de México entrará en vigor a los noventa días naturales siguientes al de su publicación en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”.

ARTICULO TERCERO.- El artículo 1.20 entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales siguientes al de la publicación de este decreto en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”.

ARTICULO CUARTO.- Se abrogan los ordenamientos legales siguientes:

Ley del Ejercicio Profesional para el Estado de México, publicada el 24 de abril de 1957.

Ley sobre la Fabricación, Uso, Venta, Transporte y Almacenamiento de Artículos Pirotécnicos en el Estado de México, publicada el 6 de enero de 1965.

Ley de Tránsito y Transportes del Estado de México, publicada el 21 de abril de 1971.

Ley de Parques Estatales y Municipales, publicada el 29 de mayo de 1976.

Ley del Mérito Civil del Estado de México, publicada el 24 de agosto de 1983.

Ley de Salud del Estado de México, publicada el 31 de diciembre de 1986.

Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México, publicada el 8 de julio de 1987.

Ley que Crea el Instituto Mexiquense de Cultura, publicada el 3 de septiembre de 1987.

Ley que Crea la Junta de Caminos del Estado de México, publicada el 11 de septiembre de 1989.

Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE), publicada el 13 de junio de 1990.

Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México, publicada el 1 de marzo de 1993.

Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, publicada el 10 de octubre de 1994.

Ley para el Fomento Económico del Estado de México, publicada el 16 de octubre de 1995.

Ley Agrícola y Forestal del Estado de México, publicada el 19 de enero de 1996.

Ley de Fomento Ganadero del Estado de México, publicada el 19 de enero de 1996.

Ley de Asociaciones de Productores Rurales del Estado de México, publicada el 19 de enero de 1996.

Ley de Educación del Estado de México, publicada el 10 de noviembre de 1997.

Ley para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de México, publicada el 26 de noviembre de 1997.

Ley de Protección del Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de México, publicada el 27 de noviembre de 1997.

Ley de Turismo del Estado de México, publicada el 9 de marzo de 1999.

Ley de Protección Civil del Estado de México, publicada el 1 de febrero de 1994.

ARTICULO QUINTO.- Se derogan las disposiciones legales que se opongan a los preceptos de este Código.

ARTICULO SEXTO.- El Ejecutivo del Estado expedirá los reglamentos necesarios para la aplicación del presente Código. Asimismo, el Ejecutivo procurará que los reglamentos contengan un glosario de los términos técnicos empleados por este Código.

ARTICULO SEPTIMO.- En tanto se expiden los reglamentos a que se refiere el artículo anterior, se aplicarán las disposiciones reglamentarias en vigor, que no sean contrarias a las previsiones de este Código.

ARTICULO OCTAVO.- Los procedimientos y recursos administrativos iniciados al amparo de las leyes que se derogan, que se encuentren en trámite al entrar en vigor el presente ordenamiento, se sustanciarán y resolverán conforme las disposiciones legales anteriores.

ARTICULO NOVENO.- En relación con las disposiciones del Libro Cuarto "De la conservación ecológica y protección al ambiente" se estará a lo siguiente:

La administración de los parques estatales y municipales existentes deberá ajustarse a lo dispuesto en el Libro Cuarto, sin perjuicio de que se observen las disposiciones legales aplicables en materia de bienes del dominio público del Estado y de los municipios.

En tanto se expiden los ordenamientos ecológicos locales, serán de observancia obligatoria los ordenamientos ecológicos regionales.

En tanto se expide el acuerdo mediante el cual se determina la clasificación de las actividades que deban considerarse riesgosas a que se refiere el artículo 4.58 deberá estarse a los listados que hasta el momento aplique la Secretaría de Ecología.

ARTICULO DECIMO.- En cuanto a las disposiciones del Libro Quinto "Del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población" se observará lo siguiente:

Los planes de centros de población estratégicos seguirán conservando su vigencia hasta que sean sustituidos por los planes municipales de desarrollo urbano o los de centros de población.

Los titulares de los fraccionamientos que a la entrada en vigor del presente Código, no hayan realizado las obras de urbanización y equipamiento, para el inicio y ejecución de las mismas deberán acompañar a la solicitud de autorización dictámenes actualizados de factibilidad de servicios públicos.

Los fraccionamientos autorizados que se encuentren en proceso a la entrada en vigor del presente Código, se regularán por las disposiciones de éste aplicables a los conjuntos urbanos.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- La Secretaría de Transporte, atendiendo a las necesidades públicas, emitirá las disposiciones pertinentes para reordenar y regularizar el transporte en sus diversas modalidades, incluyendo la autorización de prórroga de concesiones, así como expedir los actos administrativos que para tal efecto se requieran.


ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 108 POR EL QUE SE ADICIONA EL CÓDIGO ADMINISTRTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

(Publicado en la “Gaceta del Gobierno”, el 6 de diciembre de 2002)

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

TERCERO.- Las Secretarías de Finanzas y Planeación, de Administración y de la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, proveerán lo necesario para la instrumentación y ejecución de los programas de becas para la atención de personas con capacidades diferentes, en especial para niños mexiquenses con alguna limitación física, sensorial o intelectual.


ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 115 POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

(Publicado en la “Gaceta del Gobierno”, el 11 de diciembre de 2002)

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

TERCERO.- El Ejecutivo del Estado expedirá el reglamento de los servicios gubernamentales por vía electrónica, dentro del plazo de 90 días siguientes a la publicación de este Decreto.

CUARTO.- Se derogan las disposiciones legales de igual o menor rango que se opongan al presente Decreto.


ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 166 POR EL QUE SE ADICIONA EL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

(Publicado en la “Gaceta del Gobierno”, el 7 de agosto de 2003)

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la “Gaceta del Gobierno”.


ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 173 POR EL QUE SE ADICIONA EL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

(Publicado en la “Gaceta del Gobierno”, el 2 de septiembre de 2003)

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno “.

TERCERO.- Se abroga la Ley de Obras Públicas del Estado de México, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 26 de septiembre de 1984.

CUARTO.- Los procedimientos, contratos, convenios e inconformidades administrativas, iniciados al amparo de la Ley que se abroga se substanciarán y resolverán conforme a las disposiciones del mismo ordenamiento.

QUINTO.- El Ejecutivo del Estado, en las materias de su competencia, expedirá el reglamento de este Libro dentro de los sesenta días siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

SEXTO.- En tanto se expide la reglamentación a que se refiere el artículo anterior, se aplicarán las disposiciones reglamentarias en vigor que no sean contrarias a las previsiones de este Libro.


ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 174 POR EL QUE SE ADICIONA EL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

(Publicado en la “Gaceta del Gobierno”, el 3 de septiembre de 2003)

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor el 1º de enero de 2004.

TERCERO.- Se abroga la Ley de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios del Estado de México, publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 22 de marzo de 2000.

CUARTO.- Se derogan las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

QUINTO.- Los procedimientos, contratos, convenios e inconformidades administrativas iniciados al amparo de la Ley que se abroga, se substanciarán y resolverán conforme a las disposiciones del mismo ordenamiento.

SEXTO.- El Ejecutivo del Estado, en las materias de su competencia, expedirá el reglamento respectivo para la aplicación del presente Libro.


ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 46 POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

(Publicado en la “Gaceta del Gobierno”, el 30 de abril de 2004)

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

SEGUNDO.- La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y las reformas al Código Administrativo del Estado de México y a la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de México tendrán vigencia, hasta en tanto entren en vigor los párrafos segundo y tercero, adicionados al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, aprobados por esta Legislatura.

TERCERO.- Los Consejeros del Instituto deberán ser designados dentro de los tres meses siguientes al inicio de la vigencia de la presente Ley e iniciarán sus funciones un mes después de su designación

CUARTO.- El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los Municipios, los órganos autónomos y los Tribunales Administrativos, emitirán las disposiciones reglamentarias correspondientes a la presente Ley, dentro de los seis meses siguientes al inicio de su vigencia.

QUINTO.- Los Sujetos Obligados deberán nombrar a los responsables de las Unidades de Información, o su equivalente y, a los integrantes de los comités de información, así como designar a los servidores públicos habilitados a más tardar tres meses después de la designación de los Consejeros y del Consejero Presidente.

La conformación de las estructuras a que se refiere a esta disposición deberá hacerse con los recursos humanos, materiales y financieros asignados, por lo que no deberá implicar erogaciones adicionales.

SEXTO.- La información pública de oficio a que se refiere la presente Ley deberá estar disponible a más tardar un año después de la designación de los Consejeros y del Consejero Presidente.

SÉPTIMO.- Los Sujetos Obligados deberán elaborar el catálogo de información a que se refiere la presente Ley, a más tardar un año después de la designación de los Consejeros y del Consejero Presidente.

OCTAVO.- Los particulares podrán presentar solicitudes de acceso a la información pública y corrección de datos personales en términos de la presente Ley, después de un año de la designación de los Consejeros y del Consejero Presidente.

NOVENO.- El Instituto expedirá su reglamento interior dentro de los tres meses siguientes a su integración.


ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 60 POR EL QUE SE ADICIONA EL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

(Publicado en la “Gaceta del Gobierno”, el 11 de agosto de 2004)

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

TERCERO.- El Consejo Estatal de Población, en la materia de su competencia, expedirá el reglamento interior dentro de los 90 días siguientes a su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

CUARTO.- En tanto se expida la reglamentación a que se refiere el artículo anterior, se aplicarán las disposiciones reglamentarias en vigor que no sean contrarias al presente Decreto.