LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURIA GENERAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DE LA PROCURADURIA Y SUS ÓRGANOS

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Lo dispuesto en esta Ley, tiene por objeto regular la organización, el funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones que corresponden a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Artículo 2.- La Procuraduría General de Justicia, es la dependencia del Poder Ejecutivo, en la que se integra la institución del Ministerio Público, cuyo titular es el Procurador, encargada del ejercicio de las atribuciones que se le otorgan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, determinadas en la presente Ley y demás disposiciones legales.

Artículo 3.- La aplicación y observancia de esta Ley, corresponde en el ámbito de sus respectivas atribuciones, al Procurador General de Justicia, Subprocurador General de Coordinación; Fiscales General de Asuntos Especiales, y de Supervisión y Control; Subprocuradores Regionales, Agentes del Ministerio Público, Policía Ministerial, Peritos, Directores Generales, Coordinadores Regionales, titulares de las unidades administrativas de la dependencia y, en general, a los servidores públicos que laboran en ella.

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Procuraduría: a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México;

II. Procurador: al Procurador General de Justicia del Estado de México;

III. Subprocurador General: al Subprocurador General de Coordinación;

IV. Subprocurador Regional: al Subprocurador Regional existente en cada zona en las que se divide el territorio del Estado;

V. Coordinador Regional: al Coordinador que integra el Consejo Técnico del Servicio Civil de Carrera o el Consejo Regional que corresponda;

VI. Policía Ministerial: a la Policía a que se refiere el segundo párrafo del artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y

VII. Instituto: al Instituto de Formación Profesional y Capacitación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

CAPÍTULO SEGUNDO
ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN

Artículo 5.- Son facultades y obligaciones de la Procuraduría:

a) Son facultades en ejercicio de Ministerio Público:

I. Coordinar su actuación con las autoridades federales o de otras entidades federativas, en la investigación de los delitos;

II. Intervenir en los juicios de naturaleza diversa a la materia penal, en la forma y términos que señalen las disposiciones legales correspondientes;

III. Impugnar, en los términos previstos por la ley, las resoluciones judiciales; y

IV. Las demás que señalen las disposiciones legales.

b) Son obligaciones en ejercicio de Ministerio Público:

I. Atender y recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito;

II. Investigar los delitos del orden común, cometidos dentro del territorio del Estado, con la ayuda de los auxiliares a que se refiere el artículo 21 de esta Ley, y otras autoridades, tanto federales como de las entidades federativas, en los términos de los convenios de colaboración;

III. Practicar las diligencias necesarias para la acreditación de los elementos que integran el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como para la reparación del daño y la indemnización del daño material y moral causado;

IV. Ordenar la detención y, en su caso, retener a los probables responsables de la comisión de delitos, en los términos establecidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Poner a disposición de la autoridad judicial, a las personas detenidas y aprehendidas, dentro de los plazos establecidos por la ley;

VI. Llevar a cabo el aseguramiento y tramitación del destino de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los términos de los artículos 129, 130 y 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables;

VII. Restituir provisionalmente al ofendido en el goce de sus derechos, en los términos de los artículos 403, 404 y 406 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México;

VIII. Conceder la libertad provisional a los indiciados, en los términos previstos por el artículo 20, inciso a), fracción I y penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IX. Solicitar al órgano jurisdiccional, las órdenes de cateo, las medidas precautorias de arraigo, el aseguramiento o embargo precautorio de bienes, que resulten imprescindibles para los fines de la averiguación previa, así como, en su caso y oportunidad, para el debido cumplimiento de la sentencia que se dicte;

X. Resolver el no ejercicio y desistimiento de la acción penal en los términos establecidos por el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México;

XI. Poner a disposición de la autoridad competente, a los menores de edad a quienes se impute la ejecución de un hecho delictuoso, en los términos de la Ley de Prevención Social y Tratamiento de Menores del Estado de México;

XII. Poner a los inimputables mayores de edad, a disposición del órgano jurisdiccional, y actuar en los términos establecidos por el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México;

XIII. Ejercer la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente, cuando exista denuncia o querella, existan datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad de quien o quienes en él hubieren intervenido, solicitando las órdenes de aprehensión o de comparecencia, en su caso;

XIV. Ser parte en los procesos penales, aportando las pruebas y promoviendo las diligencias conducentes para la debida comprobación de la existencia del cuerpo del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado; de la responsabilidad penal, de la existencia de los daños y perjuicios, así como para la fijación del monto de su reparación;

XV. Formular las conclusiones, en los términos señalados por la ley, y solicitar la imposición de las penas y medidas de seguridad que correspondan, así como el pago de la reparación del daño material y moral causado o, en su caso, plantear las causas de exclusión del delito o las que extinguen la acción penal;

XVI. Auxiliar a las autoridades del Ministerio Público Federal o de otras entidades federativas, cuando lo determine la ley o éstas lo soliciten;

XVII. Proporcionar orientación y asesoría jurídica a las víctimas del delito;

XVIII. Hacer efectivos los derechos del Estado e intervenir en los juicios que afecten a quienes las leyes otorgan especial protección; y

XIX. Las demás que determinen las leyes.

c) Son facultades en ejercicio de procuración de justicia:

I. Orientar a la población en la prevención del delito y combate a la delincuencia;

II. Fomentar la participación de la comunidad en los programas para la prevención del delito y combate a la delincuencia;

III. Celebrar convenios y otros instrumentos de coordinación con las autoridades federales, de otras entidades y municipales para la prevención y combate a la delincuencia organizada;

IV. Coordinar al Consejo Estatal de procuración de justicia; y

V. Las demás que señalen las disposiciones legales.

d) Son obligaciones en ejercicio de procuración de justicia:

I. Vigilar el respeto a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y en las leyes, tanto por parte de las autoridades del Estado, así como por los sujetos de la presente Ley Orgánica;

II. Elaborar y desarrollar la política criminal del Estado;

III. Organizar, actualizar y computarizar el Sistema Estatal de Información, Estadística e Identificación Criminal, en colaboración con dependencias de seguridad pública o de procuración de justicia a nivel federal, estatal y municipal intercambiando información entre sí;

IV. Desarrollar y promover la realización de acciones de prevención del delito y la drogadicción;

V. Establecer coordinación con instituciones del sector público, privado y social para la atención a las víctimas del delito;

VI. Promover la participación de la sociedad en el auxilio a las víctimas del delito;

VII. Vigilar el respeto a los derechos humanos en el ámbito de la procuración de justicia;

VIII. Proporcionar a las autoridades de seguridad pública los informes y datos que le sean solicitados para los registros de servidores públicos y de armamento y equipo, relacionados con funciones de policía;

IX. Profesionalizar y capacitar al personal de la Procuraduría;

X. Establecer el Servicio Civil de Carrera para los Agentes del Ministerio Público, para sus Secretarios, Policía Ministerial y Peritos;

XI. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad a lo que establece la ley de la materia; y

XII. Las demás que determinen las leyes.

Artículo 6.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Procuraduría se integra con:

I. Un Procurador General;

II. Un Subprocurador General de Coordinación;

III. Subprocuradores Regionales;

IV. Una Fiscalía General de Asuntos Especiales;

V. Fiscalías Especializadas para la persecución de los géneros de delitos que conforme a las clasificaciones del Código Penal del Estado de México, se determinen por acuerdo del Procurador encomendarse a dichas unidades. El número y materia que corresponda a cada Fiscalía especializada será determinada en el Reglamento de esta Ley o por el Procurador, mediante acuerdo escrito que deberá publicarse en la Gaceta del Gobierno del Estado;

VI. Una Fiscalía de Supervisión y Control;

VII. Agentes del Ministerio Público, Secretarios del Ministerio Público, Policías Ministeriales, y Peritos;

VIII. Coordinadores Regionales; y

IX. Direcciones Generales de:

a) Coordinación Interinstitucional;

b) Atención Ciudadana y Prevención del Delito;

c) Control de Personal Sustantivo;

d) Información, Estadística e Identificación Criminal;

e) Jurídica y Consultiva;

f) El órgano administrativo desconcentrado denominado Instituto de Servicios Periciales del Estado de México;

g) Policía Ministerial;

h) Visitaduría;

i) Responsabilidades;

j) Bienes Asegurados;

k) Derechos Humanos; y

l) Administración;

X. Las unidades técnicas y administrativas que se precisen en el Reglamento de esta Ley, particularmente la Unidad de Atención a Víctimas del Delito;

XI. El órgano administrativo desconcentrado denominado Instituto de Formación Profesional y Capacitación; y

XII. El personal administrativo que el servicio requiera.

La Procuraduría tendrá servidores públicos de carácter ministerial y administrativo. Los servidores públicos ministeriales serán el Procurador, los Subprocuradores General y Regionales; los Fiscales General de Asuntos Especiales y de Supervisión y Control; los Directores Generales de Coordinación Interinstitucional, Jurídico y Consultivo, de Servicios Periciales, de Policía Ministerial, de Visitaduría y de Responsabilidades, así como los que señale el Reglamento de esta Ley.

Los servidores públicos administrativos serán los Coordinadores Regionales; los Directores Generales de Atención Ciudadana y Prevención del Delito, de Control de Personal Sustantivo, de Información, Estadística e Identificación Criminal, de Bienes Asegurados, de Derechos Humanos y de Administración; el Director General del Instituto de Formación Profesional y Capacitación; y los que determine el Reglamento de esta Ley.

Los servidores públicos señalados en los párrafos anteriores serán de confianza, así como los Agentes del Ministerio Público, Secretarios del Ministerio Público, policías ministeriales y Peritos; el personal de apoyo administrativo del Procurador, Subprocuradores, Fiscales Especiales, Directores Generales y de Asesoría a los propios servidores; Directores de Area, Subdirectores, Jefes de Departamento; el personal técnico del Instituto, Jefes de Oficina adscritos a la Dirección de Administración, cajeros, pagadores, y todos aquellos que tengan a su cargo funciones de vigilancia, control, manejo de recursos, adquisiciones e inventarios; y, aquellos que atendiendo a sus funciones, sean considerados en la ley de la materia como de confianza.

CAPÍTULO TERCERO
DEL PROCURADOR, FACULTADES Y OBLIGACIONES

Artículo 7.- El Procurador, Titular del Ministerio Público, para tomar posesión de su cargo, será nombrado en términos de lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

El Procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo del Estado.

Artículo 8.- Para ser Procurador se requiere:

I. Ser mexicano por nacimiento y vecino del Estado, con residencia efectiva en su territorio, no menor de tres años;

II. Estar en pleno goce de sus derechos;

III. Tener más de treinta años de edad;

IV. Poseer título de licenciado en derecho expedido por Institución legalmente facultada para ello y tener, por lo menos, cinco años de ejercicio profesional;

V. Ser de honradez y probidad notorias;

VI. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme, en el desempeño de igual o similar cargo como servidor público, en ésta o en cualquiera otra entidad federativa o en la administración pública federal;

VII. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo; y

VIII. No haber sido condenado por sentencia que haya causado ejecutoria como responsable de un delito doloso, o por delito culposo calificado como grave por la Ley, ni estar sujeto a proceso penal.

Artículo 9.- Son facultades y obligaciones del Procurador, las siguientes:

a) Son facultades:

I. Ejercer autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Procuraduría;

II. Presidir el Ministerio Público y ejercer las facultades que correspondan a éste;

III. Proponer al Ejecutivo del Estado, proyectos de iniciativa de Ley o de reformas legislativas que estime necesarias para la exacta observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, y que estén vinculadas con las materias que sean competencia de la Institución;

IV. Acordar con el Gobernador del Estado, los asuntos de su competencia;

V. Proponer al Gobernador del Estado, a las personas que ocupen el cargo de Subprocurador General, Subprocurador Regional, Fiscales General de Asuntos Especiales y de Supervisión y Control, y Coordinador Regional;

VI. Nombrar y remover al personal de la Procuraduría, con excepción del Subprocurador General, Subprocuradores Regionales, Fiscales General de Asuntos Especiales y de Supervisión y Control, y Coordinadores Regionales, en cuyo caso se requerirá de la aprobación del Gobernador del Estado.

En el caso de baja del personal de la Procuraduría, deberá seguirse el procedimiento que esta Ley establece, respetándose siempre la garantía de audiencia en favor del afectado;

VII. Resolver sobre el ingreso, promoción, adscripción, renuncias, sanciones, estímulos y suplencias, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables y con las normas que resulten procedentes en materia del Servicio Civil de Carrera, así como de las que regulen las relaciones entre el titular y quienes presten sus servicios a la propia Institución;

VIII. Expedir los acuerdos, circulares, instructivos, manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público que sean necesarios para el mejor funcionamiento de la Institución. Dichas disposiciones administrativas, para su debido cumplimiento, deberán publicarse previamente en la Gaceta del Gobierno del Estado;

IX. Aprobar la elaboración de códigos de conducta para el Ministerio Público y sus auxiliares, en los cuales se establezcan normas de contenido ético, así como vigilar su cumplimiento;

X. Celebrar convenios de coordinación con instituciones nacionales y extranjeras, del Estado o de otras entidades, en materia de capacitación para el personal de la Procuraduría y otras diversas;

XI. Celebrar con la Federación, Estados y el Distrito Federal, convenios y acuerdos en materia de apoyo y colaboración, de conformidad con el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y otras disposiciones legales;

XII. Determinar las circunscripciones territoriales de las Subprocuradurías Regionales y de las Coordinaciones Regionales;

XIII. Crear, modificar o suprimir las unidades técnicas, administrativas u órganos de la Procuraduría. El acuerdo relativo, para su debido cumplimiento, deberá publicarse previamente en la Gaceta del Gobierno del Estado;

XIV. Fortalecer la coordinación con la Procuraduría General de la República, y las Procuradurías Generales de Justicia del Distrito Federal y de las Entidades Federativas;

XV. Convocar a la comunidad a participar en el mejoramiento de la procuración de justicia;

XVI. Conceder licencias y permisos al personal de la Procuraduría;

XVII. Brindar protección y seguridad a los Ex Procuradores Generales de Justicia del Estado, durante un término igual al de su gestión, así como a servidores públicos estatales, municipales y a particulares que señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes por el término que disponga el Procurador; y

XVIII. Las demás que determinen las leyes.

b) Son obligaciones:

I. Vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, así como vigilar la constitucionalidad de las leyes del Estado;

II. Vigilar que se respeten los derechos humanos en el ámbito de la procuración de justicia;

III. Establecer en el reglamento respectivo los procedimientos para que la sociedad vigile la conducta del personal de la Institución;

IV. Otorgar al personal de la Institución los estímulos que en cada caso establece esta Ley;

V. Imponer al personal de la Procuraduría, las sanciones que correspondan por infracciones cometidas a esta Ley y su Reglamento. En todo procedimiento sancionador deberá respetarse la garantía de audiencia a favor del afectado;

VI. Comparecer personalmente ante cualquiera de las comisiones de la Legislatura del Estado, a solicitud de éstas, para informar cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a las actividades del Ministerio Público. En esas comparecencias, y bajo su responsabilidad, el Procurador sólo podrá reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, conforme a lo que dispongan las leyes sobre la reserva de las actuaciones relativas a la averiguación previa;

VII. Representar a la Procuraduría General de Justicia del Estado en los juicios donde sea parte;

VIII. Formular y observar el presupuesto de la Institución; y

IX. Las demás que establezcan las leyes.

Los acuerdos por los cuales se deleguen atribuciones, para su debido cumplimiento, deberán publicarse previamente en la Gaceta del Gobierno del Estado.

El Procurador para la mejor organización y funcionamiento de la Institución, podrá delegar las atribuciones que señala este artículo en favor del Subprocurador General, de los Subprocuradores Regionales, de los Fiscales General de Asuntos Especiales y de Supervisión y Control, de los Coordinadores Regionales, y de los Directores Generales o personal bajo su mando.

Quedan exceptuadas de la delegación de atribuciones, aquellas que por disposición expresa de la ley deben ser ejercidas únicamente por el propio Procurador.

Artículo 10.- El no ejercicio de la acción penal, la formulación de conclusiones no acusatorias, así como las consultas que Agentes del Ministerio Público formulen o las prevenciones que la autoridad judicial acuerde, respecto de la omisión de formular conclusiones en los términos de ley, o de actos cuya consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absoluta del inculpado antes de que se pronuncie sentencia, se resolverán por los servidores públicos en los que el Procurador delegue esas funciones y aquellos que faculte el Reglamento.

CAPÍTULO CUARTO
DEL SUBPROCURADOR GENERAL, DE LOS SUBPROCURADORES REGIONALES, DE LOS FISCALES
ESPECIALES, DE LOS COORDINADORES REGIONALES Y SUS FACULTADES Y OBLIGACIONES

Artículo 11.- El Subprocurador General, los Subprocuradores Regionales, los Fiscales General de Asuntos Especiales, y de Supervisión y Control, y los Coordinadores Regionales, serán nombrados por el Gobernador del Estado a propuesta del Procurador.

Artículo 12.- Para ser Subprocurador General, Subprocurador Regional, Fiscal General de Asuntos Especiales, y de Supervisión y Control, y Coordinador Regional, se requiere cumplir los mismos requisitos señalados para el cargo de Procurador, excepto el de la ratificación por la Legislatura.

Artículo 13.- Son facultades y obligaciones genéricas del Subprocurador General, Fiscales General de Asuntos Especiales, y de Supervisión y Control, Coordinadores Regionales, y demás servidores públicos Ministeriales y Administrativos, las siguientes:

a) Facultades:

I. Planear, programar, controlar y evaluar las labores encomendadas a su cargo y establecer mecanismos de integración e interrelación que propicien el óptimo desarrollo de las responsabilidades que son competencia de la Procuraduría, así como formular los anteproyectos de programas y de presupuesto que, en su caso, les corresponda;

II. Acordar con su superior jerárquico el despacho de los asuntos de las unidades o áreas adscritas a su cargo y responsabilidad, desempeñando las funciones y comisiones que le encomienden y, en su caso delegue, informándole del cumplimiento de las mismas;

III. Proponer a su superior jerárquico la delegación, en servidores públicos subalternos, de funciones o atribuciones que se les hubieren encomendado o conferido; y

IV. Las demás que establezca el Reglamento de esta Ley.

Es facultad del Subprocurador General de Coordinación y de los servidores públicos ministeriales que se señalen en esta Ley o en el Reglamento, suplir al Procurador en caso de ausencia, en materia del juicio de amparo, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal.

b) Son obligaciones:

I. Someter a la consideración de su superior jerárquico, los estudios y proyectos que se elaboren en las unidades o áreas que tengan adscritas y así lo ameriten;

II. Vigilar que en los asuntos de sus competencias, se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y a las disposiciones legales que resulten aplicables;

III. Dictar las medidas necesarias para la modernización, simplificación, desconcentración y mejoramiento administrativo de las unidades o áreas que se le hubieren adscrito;

IV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades y aquellos que le sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia;

V. Auxiliar al Procurador, por conducto de los órganos competentes, en las atribuciones que en ejercicio de la procuración de justicia corresponden a la Institución; y

VI. Las demás que señale la ley y otros ordenamientos legales.

c) Son facultades específicas del Subprocurador General:

I. Las que corresponden al Procurador, durante las ausencias de éste;

II. Supervisar el desarrollo de los Programas de combate a la delincuencia; y

III. Planear, programar y vigilar la aplicación de los programas de auxilio y atención a las víctimas del delito.

d) Son obligaciones específicas del Subprocurador General:

I. Cuidar el respeto a las leyes por las autoridades del Estado;

II. Cuidar que los servidores públicos bajo su mando, realicen las funciones que les corresponden con estricto apego a lo dispuesto en las leyes;

III. Vigilar el respeto a los derechos humanos en el ámbito de la Procuración de justicia; y

IV. Las demás que establezcan las leyes, disposiciones reglamentarias y que le asigne el Procurador.

Artículo 14.- La circunscripción territorial de las Subprocuradurías Regionales se fijará en el Reglamento de esta Ley o por acuerdo expreso del Procurador, que deberá publicarse en la Gaceta del Gobierno del Estado.

Son facultades y obligaciones de los Subprocuradores Regionales, en el ámbito territorial que les corresponda:

a) Facultades:

I. Autorizar los acuerdos de incompetencia, acumulación, libertad provisional y otros incidentes procesales;

II. Dirigir a través de los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría, a los elementos de la Policía Ministerial que se encuentren bajo su autoridad y mando inmediato;

III. Ejercer las facultades del Ministerio Público en materia de investigación y persecución del delito, de conformidad con lo señalado en los artículos 5, apartado a) y 20 de esta ley; y

IV. Las demás que señalen los ordenamientos legales y reglamentarios.

b) Obligaciones:

I. Cumplir con las obligaciones del Ministerio Público en materia de investigación y persecución del delito, de conformidad a lo señalado en los artículos 5 apartado b), y 20 de esta Ley;

II. Vigilar y dar seguimiento al trámite de los procedimientos penales de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda al Agente del Ministerio Público que esté conociendo del expediente;

III. Coordinar a los Agentes del Ministerio Público que correspondan a la Subprocuraduría Regional;

IV. Dictaminar para la resolución definitiva del Procurador en los casos que expresamente establecen los artículos 259 y 260 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México;

V. Resolver, previo acuerdo del Procurador, en aquellos casos en que se proponga el sobreseimiento del proceso o cualquier otro incidente procesal que tuviere como resultado la libertad absoluta, antes de que se pronuncie sentencia definitiva;

VI. Resolver en los términos de las disposiciones aplicables del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, sobre la aprobación del no ejercicio de la acción penal y de la reserva; y

VII. Las demás que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 15.- Son facultades y obligaciones de los Fiscales General de Asuntos Especiales; y, de Supervisión y Control, las siguientes:

a) Facultades:

I. Determinar la organización y funcionamiento de la Fiscalía y coordinar el desarrollo y cumplimiento de las funciones de las unidades que la integran, vigilando que se observen los ordenamientos legales y demás disposiciones aplicables;

II. Establecer mecanismos de coordinación y de interrelación con otras áreas de la Procuraduría, para el óptimo cumplimiento de las funciones que le corresponden;

III. Nombrar a los servidores públicos de la Fiscalía, previo acuerdo del Procurador, de conformidad con las disposiciones legales correspondientes;

IV. Expedir los acuerdos, circulares, manuales e instructivos necesarios para el debido cumplimiento y difusión de las funciones de la Fiscalía; y

V. Las demás que señalen los ordenamientos legales y reglamentarios.

b) Obligaciones:

I. Coordinar el desarrollo y cumplimiento de las funciones de las unidades que la integran, vigilando que se observen los ordenamientos legales y demás disposiciones aplicables;

II. Investigar y perseguir los delitos del orden común que por su importancia y trascendencia sean considerados como Especiales, previo acuerdo del Procurador, o aquellos que correspondan a su Fiscalía, en los términos de los artículos 5, apartado b) y 20 de esta ley;

III. Vigilar y dar seguimiento al trámite de los procedimientos penales de los asuntos considerados como Especiales, o aquellos que correspondan a su Fiscalía, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda al Agente del Ministerio Público adscrito que esté conociendo del expediente;

IV. Atender el despacho de los asuntos competencia de la Fiscalía;

V. Informar al Procurador sobre los asuntos encomendados a la Fiscalía; y

VI. Las demás que señalen los ordenamientos legales y reglamentarios.

Las Fiscalías Especializadas para la persecución de los géneros de delitos que conforme a las clasificaciones del Código Penal del Estado de México, se determinen por acuerdo del Procurador, tendrán las facultades y obligaciones a que se refiere el artículo 5 de esta Ley y las que se precisen en su Reglamento.

Artículo 16.- La circunscripción territorial de las Coordinaciones Regionales se fijará en el Reglamento de esta Ley o por acuerdo expreso del Procurador, que deberá publicarse en la Gaceta del Gobierno del Estado.

Son facultades y obligaciones del Coordinador Regional, las siguientes:

a) Facultades:

I. Acordar con el Procurador los asuntos de su competencia;

II. Integrar el Consejo Técnico del Servicio Civil de Carrera y el Consejo Regional, en los términos de esta Ley;

III. Ejecutar los planes y programas que en ejercicio de la procuración de justicia le corresponden a la Institución;

IV. Proponer al Procurador la emisión de los manuales y circulares administrativas que requiera la actuación del personal administrativo de la Coordinación; y

V. Las demás que señalen los ordenamientos legales y reglamentarios.

b) Obligaciones:

I. Rendir al Procurador informes sobre la incidencia, comportamiento y tendencias de las conductas antisociales y proponer alternativas para su tratamiento, combate y disminución;

II. Someter a la consideración del Procurador acciones para mejorar la eficiencia y calidad en la actuación de los servidores públicos;

III. Formular y vigilar la aplicación de los programas de auxilio y atención a las víctimas del delito;

IV. Cuidar que los servidores públicos administrativos realicen las funciones que les corresponden con estricto apego a las disposiciones legales y reglamentarias; y

V. Las demás que determinen los ordenamientos legales y reglamentarios.

CAPÍTULO QUINTO
DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, SECRETARIOS, AGENTES
DE LA POLICIA MINISTERIAL Y AUTORIDADES AUXILIARES

Artículo 17.- Los Agentes del Ministerio Público, sus Secretarios, Policías Ministeriales y Peritos serán nombrados y removidos por el Procurador, de conformidad con las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 18.- Para los efectos de esta Ley, son Agentes del Ministerio Público:

I. El Procurador, el Subprocurador General, los Subprocuradores Regionales, los Fiscales General de Asuntos Especiales y de Supervisión y Control, y los Directores Generales; y

II. Los Directores y Subdirectores de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, así como los Jefes de Departamento de esas áreas; aquellos servidores públicos a los que expresamente se les confiera por el Procurador dicha calidad y los que se determinen en el Reglamento respectivo.

Artículo 19.- Para ingresar y permanecer como Agente del Ministerio Público, se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Contar con título de Licenciado en Derecho expedido y registrado legalmente, con la correspondiente cédula profesional;

III. Acreditar que se han cumplido los requisitos de ingreso, relativos a la selección de Agente, siendo indispensable la aprobación del concurso de ingreso que establezca el Servicio Civil de Carrera, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables;

IV. Ser de honradez y probidad notorias;

V. No haber sido condenado por sentencia que haya causado ejecutoria, como responsable de un delito doloso, o por delito culposo calificado como grave por la ley, ni estar sujeto a proceso penal;

VI. No estar suspendido, ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme, en el desempeño de igual o similar cargo como servidor público, en ésta o en cualquier otra entidad federativa o en la Administración Pública Federal;

VII. En su caso, tener acreditado el servicio militar nacional;

VIII. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo; y

IX. Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.

Artículo 20.- Son facultades y obligaciones de los Agentes del Ministerio Público:

a) Facultades:

I. Determinar el no ejercicio y desistimiento de la acción penal en los términos establecidos por el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México;

II. Impugnar, en los términos previstos por la ley, las resoluciones judiciales;

III. Auxiliar a las autoridades del Ministerio Público Federal o de otras entidades federativas, cuando lo determine la ley o éstas lo soliciten;

IV. Deberá fomentar la conciliación de las partes en los delitos de querella;

V. Ejercer el mando directo o inmediato de la Policía Ministerial; y

VI. Las demás que establezca el Reglamento de esta Ley.

b) Obligaciones:

I. Recibir y atender denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito;

II. Investigar los delitos del orden común, cometidos dentro del territorio del Estado, con la ayuda de los auxiliares a que se refiere el artículo 21 de esta Ley, y otras autoridades, tanto federales como de las entidades federativas, en los términos de los convenios de colaboración;

III. Practicar las diligencias necesarias para la acreditación de los elementos que integran el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como para la reparación del daño y la indemnización del daño material y moral causado;

IV. Ordenar la detención y, en su caso, retener a los probables responsables de la comisión de delitos, en los términos establecidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Poner a disposición de la autoridad judicial, a las personas detenidas y aprehendidas, dentro de los plazos establecidos por la ley;

VI. Llevar a cabo el aseguramiento, tramitación y destino de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los términos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables;

VII. Restituir provisionalmente al ofendido en el goce de sus derechos, en los términos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México;

VIII. Conceder la libertad provisional a los indiciados, en los términos previstos por el artículo 20, fracción I, y penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IX. Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, las medidas precautorias de arraigo, el aseguramiento o embargo precautorio de bienes que resulten imprescindibles para los fines de la averiguación previa, así como, en su caso y oportunidad, para el debido cumplimiento de la sentencia que se dicte;

X. Poner a disposición de la autoridad competente, a los menores de edad a quienes se impute la ejecución de un hecho delictuoso, en los términos de la Ley de Prevención Social y Tratamiento de Menores del Estado de México;

XI. Poner a los inimputables mayores de edad, a disposición del órgano jurisdiccional y actuar en los términos establecidos por el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México;

XII. Ejercer la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente, cuando exista denuncia o querella, existan datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad de quien o quienes en él hubieren intervenido, solicitando las órdenes de aprehensión o de comparecencia, en su caso;

XIII. Ser parte en los procesos penales, aportando las pruebas y promoviendo las diligencias conducentes para la debida comprobación de la existencia del cuerpo del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado; de la responsabilidad penal, de la existencia de los daños, así como para la fijación del monto de su reparación;

XIV. Formular las conclusiones, en los términos señalados por la ley, y solicitar la imposición de las penas y medidas de seguridad que correspondan, así como el pago de la reparación de los daños, o en su caso, plantear las causas de exclusión del delito o las que extinguen la acción penal;

XV. Coordinar su actuación con las autoridades federales o de otras entidades federativas, en la investigación de los delitos;

XVI. Proporcionar orientación y asesoría jurídica a las víctimas del delito;

XVII. Hacer efectivos los derechos del Estado e intervenir en los juicios que afecten a quienes las leyes otorgan especial protección;

XVIII. Verificar el estado material de los bienes asegurados y la información que hubieren proporcionado las autoridades respectivas;

XIX. Solicitar la autorización de intervención de comunicaciones privadas en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La solicitud respectiva sólo podrá formularse por el Procurador General de Justicia; y

XX. Las demás que establezca el Reglamento de esta ley, así como otras disposiciones legales.

Artículo 21.- Son autoridades auxiliares del Ministerio Público:

I. Los síndicos municipales; y

II. Los cuerpos de seguridad pública estatal y municipales.

Artículo 22.- Los auxiliares del Ministerio Público deberán, bajo su responsabilidad, dar aviso de inmediato a éste, en todos los casos, sobre los asuntos en que intervengan con ese carácter, haciendo de su conocimiento los elementos que conozcan con motivo de su intervención.

Artículo 23.- En el cumplimiento de sus atribuciones, el Ministerio Público podrá requerir informes, documentos y elementos de prueba en general, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado, y a otras autoridades y personas que puedan suministrar elementos para el debido ejercicio de dichas atribuciones.

Es obligatorio proporcionar los informes que solicite el Ministerio Público y que se realicen con las formalidades de la ley. En caso de incumplimiento, la autoridad correspondiente incurrirá en responsabilidad en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 24.- Para ingresar y permanecer como Secretario del Ministerio Público, se requiere cumplir los mismos requisitos señalados para el cargo de Agente del Ministerio Público.

Artículo 25.- Son facultades y obligaciones de los Secretarios del Ministerio Público:

I. Intervenir en todo acto de que deba dejarse constancia en los autos de la averiguación, en los términos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México;

II. Hacer constar la hora, el día, mes y año en que se lleva a cabo una diligencia o actuación o se recibe un escrito, dando cuenta de él al Ministerio Público, a más tardar, dentro del término de veinticuatro horas, sin perjuicio de hacerlo de inmediato, cuando se trate de un asunto urgente;

III. Llevar a cabo las actuaciones, ajustándose estrictamente a las formalidades exigidas por el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México y, en su caso, a las disposiciones procesales aplicables en materia civil y familiar;

IV. Cotejar las copias o testimonios de constancias que se manden expedir, autorizándolas en unión del Ministerio Público, con su firma y el sello correspondiente;

V. Cuidar que los expedientes que se llevan en la Agencia, sean exactamente foliados al agregarse cada una de las hojas; rubricar o firmar todas éstas en el centro del escrito; y estampar el sello respectivo en el centro del cuaderno de manera que abarque las dos caras;

VI. Guardar con la seguridad debida, bajo su responsabilidad, los expedientes, objetos, libros y documentos que existan en la oficina y archivo correspondiente. Cuando por disposición de la ley o del Ministerio Público, deba entregar alguno de los mencionados objetos, expedientes, libros y documentos a otro funcionario o empleado, recabará recibo para su resguardo. En este caso la responsabilidad pasará a la persona que los reciba;

VII. Dar fe de las actuaciones del Ministerio Público; y

VIII. Las demás que establezca el Reglamento de esta Ley.

CAPÍTULO SEXTO

SECCIÓN PRIMERA
DE LA POLICIA MINISTERIAL

Artículo 26.- La Policía Ministerial del Estado actuará bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo auxiliarlo en la investigación de los delitos del orden común.

Artículo 27.- Para ingresar y permanecer como Agente de la Policía Ministerial del Estado, se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y que no adquiera otra nacionalidad;

II. Ser mayor de veinticinco años y contar con el perfil físico, médico, ético y de personalidad que las disposiciones sobre carrera policial establezcan como necesarias para realizar las actividades policiales;

III. Acreditar con el certificado oficial debidamente legalizado, que se han concluido, por lo menos, los estudios correspondientes a la enseñanza preparatoria o su equivalente;

IV. Ser de honradez y probidad notorias;

V. No haber sido condenado por sentencia que haya causado ejecutoria, como responsable de un delito doloso, o por delito culposo calificado como grave por la ley, ni estar sujeto a proceso penal;

VI. No estar suspendido, ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme en el desempeño de igual o similar cargo, como servidor público, en ésta o en cualquier otra entidad federativa o en la Administración Pública Federal;

VII. En su caso, tener acreditado el servicio militar nacional;

VIII. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo;

IX. Acreditar que se han cumplido los requisitos de ingreso, relativos a la selección, formación, capacitación y adiestramiento de policía ministerial, siendo requisito indispensable para acceder al cargo, la aprobación del curso de ingreso en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

X. No tener antecedentes negativos en los Registros Nacional y Estatal de Personal de Seguridad Pública; y

XI. Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.

Artículo 28.- Son obligaciones de los Agentes de la Policía Ministerial, las siguientes:

I. Cumplir los mandatos del Ministerio Público;

II. Investigar los delitos del fuero común cometidos dentro del territorio del Estado, bajo la autoridad y mando directo e inmediato del Ministerio Público;

III. Ejecutar las órdenes de aprehensión, los cateos y otros mandamientos que emita la autoridad judicial;

IV. Ejecutar las órdenes de detención y retensión emitidas por el Ministerio Público, en los términos del artículo 16 de la Constitución Federal; así como las órdenes de comparecencia y presentación dictadas por la propia autoridad;

V. Cumplir los términos de la determinación de arraigo dictada por la autoridad judicial, en auxilio del Ministerio Público;

VI. Participar en las tareas de ejecución de la política criminal del Estado y en el combate a la delincuencia, en los términos de lo dispuesto por esta Ley y en su Reglamento;

VII. Colaborar en operativos con otras corporaciones policiales, y otorgarles el apoyo que conforme a derecho proceda y de acuerdo con los convenios que para ese efecto se celebren;

VIII. Observar en el desempeño de sus funciones, respeto absoluto a los derechos humanos;

IX. Llevar a cabo el desarrollo de sus funciones exclusivamente en vehículos oficiales debidamente identificados; y

X. Las demás que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 29.- Derogado.

Artículo 30.- Derogado.

Artículo 31.- Derogado.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LOS DIRECTORES GENERALES Y SUS ATRIBUCIONES

Artículo 32.- Los titulares de las Direcciones Generales serán nombrados y removidos libremente por el Procurador General de Justicia.

Artículo 33.- Para ser titular de las Direcciones Generales a que se refiere esta Ley, se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Ser vecino del Estado de México, con residencia efectiva en su territorio no menor de tres años;

III. Tener más de veinticinco años;

IV. Ser de honradez y probidad notorias;

V. Tener por lo menos tres años de experiencia de ejercicio profesional en el área que corresponda a su dirección;

VI. No haber sido condenado por sentencia que haya causado ejecutoria, como responsable de un delito doloso, o por delito culposo calificado como grave por la ley, ni estar sujeto a proceso penal;

VII. No estar suspendido, ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme en el desempeño de igual o similar cargo, como servidor público en ésta o en cualquier otra entidad federativa o en la Administración Pública Federal;

VIII. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo;

IX. En su caso tener acreditado el servicio militar nacional; y

X. Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.

Los titulares de las Direcciones Generales de Coordinación Interinstitucional, Jurídica y Consultiva, de Policía Ministerial, de Visitaduría; de Responsabilidades, de Bienes Asegurados y de Derechos Humanos, además de cumplir con los requisitos anteriores, deberán tener título de Licenciado en Derecho y contar con la cédula profesional correspondiente. Los restantes Directores deberán tener título legalmente expedido y registrado por la autoridad competente que lo faculte para llevar a cabo las atribuciones propias de su Dirección, así como contar con la cédula profesional respectiva.

Artículo 34.- Son facultades y obligaciones del Director General de Coordinación Interinstitucional, las siguientes:

a) Facultades:

I. Representar a la Procuraduría ante los órganos y entidades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública;

II. Elaborar y actualizar convenios con las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, para establecer sistemas de comunicación e intercambio de información; y

III. Las demás que establezca el Reglamento de esta Ley.

b) Obligaciones:

I. Coordinar la ejecución de acciones institucionales derivadas de los acuerdos suscritos con las diversas autoridades del Estado y los sectores social y productivo del mismo;

II. Promover la coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, para establecer políticas en materia de seguridad pública, así como vigilar la aplicación, seguimiento y evaluación de estos instrumentos;

III. Elaborar el Programa Sectorial de procuración de justicia y dar cuenta con él al Procurador; y

IV. Las demás que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 35.- Son facultades y obligaciones del Director General de Atención Ciudadana y Prevención del Delito, las siguientes:

a) Facultades:

I. Formular y ejecutar programas y campañas de prevención de conductas ilícitas, así como evaluar sus resultados de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de esta Ley;

II. Colaborar con las unidades administrativas responsables de la elaboración de convenios de coordinación con las Procuradurías General de la República, Estatales, del Distrito Federal y con Instituciones Académicas para promover programas de prevención del delito;

III. Promover la coordinación con dependencias federales, de las entidades federativas y municipales, para ampliar y facilitar el acceso de la comunidad a los servicios requeridos en el ámbito local, dentro de la competencia de la Procuraduría;

IV. Diseñar programas de vinculación del Ministerio Público y de la Policía Ministerial con la sociedad;

V. Proponer al Procurador las políticas para el tratamiento del fenómeno criminal en el Estado y las medidas que deben adoptarse a corto, mediano y largo plazo;

VI. Realizar foros de consulta social y participar en el sistema de evaluación interinstitucional; y

VII. Las demás que establezca el Reglamento de esta Ley.

b) Obligaciones:

I. Establecer módulos de atención a víctimas del delito en las instalaciones de la Institución, haciéndoles saber sobre los derechos que tienen y las obligaciones de los servidores públicos ministeriales en el respeto irrestricto de los derechos humanos;

II. Establecer los comités de colaboración comunitaria y demás mecanismos para la recepción de información ciudadana sobre la posible comisión de los delitos, en los términos previstos por las disposiciones reglamentarias;

III. Establecer módulos de atención a detenidos que se encuentren a disposición del Ministerio Público o en las instalaciones de la Institución, vigilando el respeto irrestricto de sus derechos humanos;

IV. Recibir quejas y denuncias ciudadanas en relación al desarrollo de las actividades de la Procuraduría para su atención; y

V. Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias.

Artículo 36.- Son facultades y obligaciones del Director General de Control de Personal Sustantivo, las siguientes:

a) Facultades:

I. Proponer al Consejo Técnico ajustes a los procedimientos para el ingreso, permanencia, promoción y adscripción de los Agentes del Ministerio Público, Secretarios del Ministerio Público, Agentes de la Policía Ministerial y Peritos;

II. Determinar, previo acuerdo con el Director General de Policía Ministerial, la asignación de armamento, municiones, parque vehicular y equipo policial destinados al desarrollo de actividades propias del personal policial;

III. Elaborar anteproyectos de acuerdos, circulares, instructivos y manuales para regular la actuación de los Agentes del Ministerio Público, de sus Secretarios, de la Policía Ministerial y de los Peritos para determinación del Procurador;

IV. Coordinarse con el Instituto para proponer los procedimientos de ingreso del personal de carrera a la Institución;

V. Integrar los expedientes de las propuestas de adscripción y promoción de Agentes del Ministerio Público, Secretarios del Ministerio Público, Agentes de la Policía Ministerial y Peritos; y

VI. Las demás que determinen los ordenamientos legales y reglamentarios.

b) Obligaciones:

I. Operar y mantener actualizados los registros únicos del personal que participa dentro del Sistema de Seguridad de la Institución, así como actualizar el Registro de las Autorizaciones Individuales de Portación de Armas de Fuego, de conformidad con los lineamientos de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

II. Verificar que las personas a quienes se les otorgue la autorización de portación de armas cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como solicitar el número de inscripción en el Registro Nacional del Personal Policial de Seguridad Pública;

III. Promover, regular, controlar y eficientar el Servicio Civil de Carrera en los términos que indique el Consejo Técnico; certificar y evaluar los procedimientos de ingreso de Agentes del Ministerio Público, de sus Secretarios, de la Policía Ministerial y Peritos, para que sean de conformidad con la normatividad vigente, así como, en su caso, de reingreso; y

IV. Las demás que determinen los ordenamientos legales y reglamentarios.

Artículo 37.- Son atribuciones del Director General de Información, Estadística e Identificación Criminal las siguientes:

a) Facultades:

I. Coordinar y realizar reuniones periódicas de evaluación con los titulares de las unidades que proporcionen información estadística e identificación criminal del Estado, Federación y Municipios;

II. Coordinar con otras áreas los sistemas de información y estadística de la Institución; y

III. Las demás que establezca el Reglamento de esta Ley.

b) Obligaciones:

I. Diseñar, organizar, actualizar mensualmente y eficientar el Compendio Informativo Estadístico y de Identificación Criminal;

II. Cumplir con los convenios de intercambio de información criminal, establecidos en términos de ley;

III. Coordinar con las demás Direcciones de la Procuraduría la información, la estadística criminal, la mayor incidencia delictiva, las regiones críticas en procuración de justicia, para elaborar y evaluar los planes y programas institucionales sobre combate a la delincuencia y la política criminal;

IV. Proporcionar información sobre antecedentes penales, órdenes de presentación y aprehensión pendientes de cumplimentarse, vehículos robados, personas desaparecidas, a Instituciones de Seguridad Pública y Tránsito o similares de procuración de justicia o del Poder Judicial de la Federación, Estados o Municipios con las limitaciones establecidas en la ley;

V. Tener el enlace directo con los académicos e instituciones de investigación jurídica;

VI. Diseñar y elaborar programas y políticas criminales; y

VII. Las demás que señalen los ordenamientos legales y reglamentarios.

Artículo 38.- Son atribuciones del Director General Jurídico y Consultivo, las siguientes:

I. Formular anteproyectos de reformas legales en la materia que le corresponde a la Procuraduría;

II. Representar jurídicamente al Procurador ante las autoridades administrativas, Tribunales Contencioso Administrativo y Judiciales, con excepción del Juicio de Amparo;

III. Representar los intereses de la Procuraduría en las controversias laborales que se planteen directamente por la Institución o que se generen por los afectados, contra determinaciones que en esa materia dicte el Procurador;

IV. En materia laboral, dictaminar sobre la procedencia de la terminación de los efectos del nombramiento de los servidores públicos de la Institución, a excepción de los Agentes del Ministerio Público, sus Secretarios, personal policial y pericial, para la resolución definitiva del Procurador;

V. Formular y revisar las bases de coordinación, convenios y contratos, que celebre la Procuraduría, así como los proyectos de reformas legales y demás instrumentos normativos;

VI. Llevar el registro de los acuerdos, circulares y otras disposiciones jurídico-administrativas dictadas por el Procurador;

VII. Gestionar la publicación de los acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídico-administrativas del Procurador, en la Gaceta del Gobierno del Estado;

VIII. Intervenir con los servidores públicos subordinados a su cargo, como delegado en los juicios de amparo en los que figure como parte el Procurador o alguna otra autoridad de la Institución, en los términos de la Ley de Amparo, reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IX. Elaborar los informes previos y justificados que deba rendir el Procurador o alguna otra autoridad de la Institución, así como los recursos que legalmente procedan y cualquier otro acto procesal en el que deban intervenir personalmente las citadas autoridades;

X. Suplir en caso de ausencia al Procurador y al Subprocurador General de Coordinación, en materia del juicio de amparo, en los términos de la ley de la materia;

XI. Iniciar y tramitar hasta dejarlos en estado de resolución, los procedimientos administrativos sancionadores que se instruyan en contra de los servidores públicos de la Institución en los términos del Título Tercero de esta Ley;

XII. Elaborar el proyecto de resolución definitiva que deba dictarse en los procedimientos administrativos a que se refiere la fracción anterior, para determinación de Procurador; y

XIII. Las demás que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 39.- Son facultades y obligaciones del Director General de Servicios Periciales, las siguientes:

a) Facultades:

I. Dirigir el Laboratorio Central de Servicios Periciales;

II. Elaborar y actualizar las guías y manuales para la formulación de dictámenes periciales;

III. Proponer el equipo adecuado para el desarrollo de los servicios periciales y promover la cooperación en la materia, con las Procuradurías General de la República, de los Estados, del Distrito Federal, así como con otras instituciones;

IV. Proponer la capacitación, actualización y optimización científico-técnica del personal especializado en materia pericial y criminalística, ante el Instituto;

V. Planear la evolución, renovación y actualización de los servicios periciales en coordinación con la unidad administrativa que el Procurador designe, así como autorizar las propuestas sobre adquisición de nuevos equipos para los servicios periciales;

VI. Supervisar que los dictámenes periciales se emitan con prontitud, celeridad e imparcialidad y además que cumplan con las normas; y

VII. Las demás que señalen los ordenamientos legales y reglamentarios.

b) Obligaciones:

I. Coordinar, eficientar y supervisar el funcionamiento de los servicios periciales de la Procuraduría;

II. Auxiliar al Ministerio Público en la búsqueda, preservación y obtención de indicios y pruebas tendientes a la acreditación de los elementos del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad;

III. Emitir los criterios que deben observar los peritajes, así como proceder, a la brevedad posible, a la formulación de los mismos, a requerimiento de la autoridad competente, dentro del marco de la autonomía técnica de estos servicios;

IV. Operar, con reportes mensuales de sus movimientos, los bancos de datos criminalísticos de la Procuraduría que se integren al Sistema de Información, Estadística Criminal e Identificación Criminal y al Sistema Nacional de Seguridad Pública, especialmente los de identificación dactiloscópica y fotográfica, así como todos los necesarios para la investigación y prosecución de los ilícitos; y

V. Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias.

Artículo 40.- Son facultades y obligaciones del Director General de Policía Ministerial, las siguientes:

a) Facultades:

I. Dirigir los servicios de Policía Ministerial, para la atención de los asuntos que le encomiende el Procurador, el Subprocurador General de Coordinación, los Subprocuradores Regionales, los Fiscales General de Asuntos Especiales y de Supervisión y Control;

II. Vigilar la conducta y desempeño de los elementos de policía ministerial; y

III. Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias.

b) Obligaciones:

I. Vigilar que la Policía Ministerial actúe permanentemente bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público, como lo establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Supervisar la transparencia, objetividad y eficiencia de las diligencias policiales que se practiquen durante la averiguación previa, exclusivamente para los fines de ésta, así como cumplir con las citaciones, notificaciones y presentaciones que le ordenen;

III. Ejecutar las órdenes de aprehensión, los cateos y otros mandamientos que emita la autoridad judicial y las órdenes de detención y presentación que, en los casos a que se refiere el párrafo quinto del artículo 16 constitucional, dicte el propio Ministerio Público. Invariablemente se actuará con pleno respeto a las garantías individuales, así como de las normas y medidas que rijan esas actuaciones;

IV. Realizar la planeación estratégica de la Policía Ministerial, así como supervisar y evaluar los resultados de los operativos, a través de la revisión permanente de la información de acciones y hechos que se realicen en cada una de las zonas;

V. Establecer, vigilar y aplicar los programas y cursos de actualización del personal de la policía ministerial; y

VI. Las demás que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 41.- Son facultades y obligaciones del Director General de Visitaduría, las siguientes:

a) Facultades:

I. Formular opinión en la elaboración de los anteproyectos de manuales de actuación ministerial, policial y pericial; y

II. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos.

b) Obligaciones:

I. Aplicar la normatividad en materia de evaluación técnico-jurídica, y practicar visitas de control y evaluación en esta materia;

II. Formular las instrucciones y recomendaciones técnico-penales que subsanen las deficiencias detectadas en las visitas y verificar su cabal observancia;

III. Dictar las medidas preventivas y correctivas derivadas de la incidencia de irregularidades encontradas durante las visitas de control y evaluación, dando a conocer a la Contraloría Interna las que probablemente constituyan faltas administrativas y a las autoridades competentes las que probablemente constituyan ilícitos penales, dándoles el seguimiento que corresponda;

IV. Llevar a cabo la vigilancia, con auxilio de los Coordinadores Regionales y los Agentes del Ministerio Público adscritos a los juzgados y tribunales, de la aplicación de la ley en los lugares de detención, prisión preventiva o reclusión de reos del fuero común; y

V. Las demás que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 42.- Son facultades y obligaciones del Director General de Responsabilidades, las siguientes:

a) Facultades:

I. Ejercer las facultades de Ministerio Público en materia de investigación y persecución del delito, de conformidad a lo señalado en los artículos 5 apartado a), y 20 de esta Ley; y

II. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos.

b) Obligaciones:

I. Cumplir con las obligaciones de Ministerio Público en materia de investigación y persecución del delito, de conformidad a lo señalado en los artículos 5 apartado b), y 20 de esta ley;

II. Investigar las conductas indebidas en que se relacionen los servidores públicos de la Institución;

III. Organizar, supervisar y eficientar la actuación de los Agentes del Ministerio Público de su adscripción, en la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos estatales y municipales y de los organismos auxiliares, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas;

IV. Denunciar ante la Contraloría Interna las infracciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, cometidas por los servidores públicos de la Institución; y

V. Las demás que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 43.- Son facultades y obligaciones del Director General de Bienes Asegurados, las siguientes:

a) Facultades:

I. Asignar a las unidades administrativas que determine el Procurador, los bienes asegurados que sean otorgados en depósito para su uso racional, a la Institución;

II. En coordinación con las unidades administrativas competentes, llevar el control y registro de los seguros que contrate la Procuraduría, para el caso de pérdida o daño de los bienes asegurados otorgados en depósito a la Institución; y

III. Las demás que establezca el Reglamento de esta Ley.

b) Obligaciones:

I. Llevar el control, registro y clasificación internos de los bienes asegurados por el Ministerio Público, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

II. Requerir a los Agentes del Ministerio Público informes sobre el aseguramiento de bienes y su situación jurídica, así como la documentación relacionada con el aseguramiento decretado y el estado de los bienes;

III. Verificar el estado material de los bienes asegurados y la información que hubieren proporcionado las autoridades respectivas misma que se considera de carácter público;

IV. Recibir e inventariar los bienes asegurados que, conforme a las disposiciones aplicables, se otorguen en depósito a la Procuraduría; llevar el control y registro internos de los mismos, y rendir los informes periódicos mensuales que correspondan a la autoridad competente para su administración;

V. Denunciar ante las autoridades correspondientes las irregularidades que detecte con motivo del ejercicio de sus funciones;

VI. Aplicar las medidas necesarias para la conservación de los bienes asegurados; y

VII. Las demás que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 44.- Son facultades y obligaciones del Director General de Derechos Humanos, las siguientes:

I. Fomentar entre los servidores públicos de la Institución una cultura de respeto a los derechos humanos;

II. Establecer las relaciones de la Institución con las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos y los Organismos no Gubernamentales;

III. Intervenir, conforme a las normas aplicables, en la investigación, resolución y seguimiento de quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones, así como en las visitas que envíe la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y

IV. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos.

Artículo 45.- Son facultades y obligaciones del Director General de Administración, las siguientes:

a) Facultades:

I. Proponer al Procurador los cambios en materia de organización interna y modernización administrativa, manuales de organización y de eficiencia, de procedimientos y de servicios al público, así como el anteproyecto del presupuesto anual de la Procuraduría;

II. Conducir y proponer las buenas relaciones laborales de la Procuraduría de conformidad con los lineamientos que al efecto establezca el titular de la misma;

III. Expedir las constancias de los nombramientos de los servidores públicos de la Institución, autorizar los movimientos del personal y resolver, previo acuerdo del Procurador, los casos de terminación de los efectos del nombramiento. En este último caso, deberá recabarse dictamen de la Dirección General Jurídica y Consultiva;

IV. Proponer el otorgamiento de los reconocimientos y recompensas que determine la Ley y las condiciones generales de trabajo;

V. Acordar, vigilar y ejecutar la liquidación y pago de cualquier remuneración al personal de la Procuraduría. En caso de liquidaciones derivadas de juicios laborales o de cualquier procedimiento administrativo, deberá consultarse a la Dirección General Jurídica y Consultiva;

VI. Suscribir los convenios y contratos en los que la Procuraduría sea parte y que afecten su presupuesto, así como los demás documentos que impliquen actos de administración;

VII. Adquirir, contratar y proporcionar los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los programas de la Institución, de acuerdo a lo que establezcan las disposiciones aplicables;

VIII. Suscribir certificación de documentos o constancias relacionadas con su función administrativa, que obren en los archivos de la Procuraduría, previa consulta con la Dirección General Jurídica y Consultiva;

IX. Solicitar tramitar y obtener ante la autoridad administrativa federal que corresponda, la licencia colectiva de portación de armas, así como suscribir, conjuntamente con el Procurador, las credenciales que acrediten la personalidad de los servidores públicos de la Institución; y

X. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos.

b) Obligaciones:

I. Dictar las normas, sistemas y procedimientos en materia de administración de recursos humanos, materiales y financieros; coordinar y supervisar los procesos internos de programación, presupuestación, evaluación presupuestal e informática, así como delegar y desconcentrar aspectos administrativos;

II. Establecer normas y procedimientos sobre desarrollo e identificación del personal administrativo; definir el catálogo de puestos, sus perfiles y requerimientos de los mismos, autorizar las erogaciones y vigilar el ejercicio del presupuesto y llevar su contabilidad;

III. Intervenir en representación de la Procuraduría, en todos y cada uno de los trámites y gestiones que se lleven a cabo ante la compañía aseguradora que corresponda, respecto de los contratos de seguro celebrados por aquella y los siniestros que afecten el patrimonio de la Institución;

IV. Administrar, manejar y vigilar el Fondo Auxiliar para la procuración de justicia;

V. Vigilar la conservación, actualización de inventarios de los activos fijos con que cuente la Procuraduría; y

VI. Las demás que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 46.- Son facultades y obligaciones de los titulares de las Fiscalías Especializadas, independientemente de los géneros de los delitos que conforme a la clasificación del Código Penal del Estado de México les correspondan, las siguientes:

a) Facultades:

I. Coordinar a los Agentes del Ministerio Público que correspondan a la Fiscalía Especializada;

II. Aprobar los acuerdos de incompetencia, acumulación, libertad provisional y otros incidentes procesales;

III. Dirigir a través de los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía, a los elementos de la Policía Ministerial que se encuentren bajo su autoridad y mando inmediato;

IV. Ejercer las atribuciones del Ministerio Público en materia de investigación y persecución del delito, de conformidad a lo señalado en los artículos 5 apartado a), y 20 de esta Ley; y

V. Las demás que le confieran las leyes y reglamentos.

b) Obligaciones:

I. Cumplir con las obligaciones de Ministerio Público en materia de investigación y persecución del delito, de conformidad a lo señalado en los artículos 5 apartado b), y 20 de esta ley;

II. Vigilar y dar seguimiento al trámite de los procedimientos penales de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda al Agente del Ministerio Público que esté conociendo del expediente;

III. Dictaminar para la resolución definitiva del Procurador en los casos que expresamente establecen los artículos 259 y 260 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México;

IV. Resolver, previo acuerdo del Procurador, en aquellos casos en que se proponga el sobreseimiento del proceso o cualquier otro incidente procesal que tuviere como resultado la libertad absoluta, antes de que se pronuncie sentencia definitiva;

V. Dictaminar para efectos de su resolución por el Subprocurador Regional que corresponda, en los términos de las disposiciones aplicables del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, sobre la aprobación del no ejercicio de la acción penal y de la reserva; y

VI. La demás que establezcan las leyes y reglamentos.

CAPÍTULO OCTAVO
DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN

Artículo 47.- El Instituto de Formación Profesional y Capacitación es un órgano administrativo desconcentrado por función de la Procuraduría, jerárquicamente subordinado a ella, con las facultades específicas que se determinen en esta Ley y en su Reglamento.

Artículo 48.- El Instituto estará a cargo de un Director General designado por el Gobernador a propuesta del Procurador de una terna de las instituciones de educación superior del Estado, en los términos que señale el reglamento, quién tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

a) Facultades:

I. Proponer, operar y controlar los métodos y sistemas de reclutamiento, selección y evaluación, como única instancia de ingreso a la Institución;

II. Elaborar y proponer al Procurador la celebración de convenios con organismos e Instituciones nacionales o extranjeras, públicas o privadas, relativos al intercambio y asesoría que se requiera para la capacitación de los servidores públicos de la Institución;

III. Vigilar y eficientar la aplicación de los planes y programas que correspondan a sus atribuciones; y

IV. Las demás que le confiera la ley y reglamentos.

b) Obligaciones:

I. Intervenir en el sistema integral de evaluación de los servidores públicos de la Institución, con el objeto de obtener la información necesaria para su formación y evaluación, así como coadyuvar con las demás áreas competentes en la promoción, mediante la evaluación académica;

II. Elaborar y desarrollar los programas de formación, actualización y especialización de los agentes del Ministerio Público, Secretarios, de los elementos de la policía ministerial, de los peritos y otros servidores públicos que disponga el Procurador, de acuerdo con lo dispuesto por el Servicio Civil de Carrera y de conformidad con los principios que señala la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los reglamentos aplicables;

III. Observar, aplicar y eficientar el Servicio Civil de Carrera; y

IV. Las demás que se señalen en la presente Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales.

CAPÍTULO NOVENO
DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA

Artículo 49.- El Servicio Civil de Carrera de la Procuraduría comprende el relativo a Agente del Ministerio Público, a Secretario del Ministerio Público y Perito, así como el de carrera de Agente de la Policía Ministerial del Estado de México, y se sujetará a las disposiciones siguientes:

I. Constituye el elemento básico para el ingreso, promoción, permanencia y formación de los integrantes de la Institución, Agentes del Ministerio Público, Secretarios del Ministerio Público, Policía Ministerial y Peritos;

II. Tendrá carácter obligatorio y permanente;

III. Se regirá por los principios y criterios de equidad, igualdad de oportunidades, méritos y capacidad;

IV. En su instrumentación y desarrollo deberán observarse los principios de excelencia, objetividad, profesionalismo, imparcialidad, legalidad, eficiencia y honradez, así como de antigüedad, en su caso;

V. Comprenderá los requisitos y procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia, promoción, reconocimiento y separación del servicio público, así como su evaluación;

VI. Desarrollará su organización observándose lo dispuesto en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones legales aplicables, así como en los convenios, acuerdos o resoluciones, que en su caso se celebren y tomen con fundamento en las leyes;

VII. Establecerá los programas, impartirá los cursos y realizará los exámenes y concursos correspondientes a las etapas a que se refiere la fracción V de este artículo, por sí o con la coadyuvancia de instituciones públicas o privadas, bajo la dirección del Procurador o del servidor público en quien delegue esta facultad;

VIII. El contenido teórico y práctico de los programas de formación, en todos sus niveles, deberá fomentar el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios para un desempeño profesional;

IX. En la formación de los servidores públicos deberá promoverse la observancia de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la actuación del Ministerio Público, fomentando el respeto irrestricto a los derechos humanos, la honestidad, eficiencia y la plena conciencia sobre el efecto social de la responsabilidad; y

X. Promoverá la celebración de convenios de colaboración con la Federación, los Estados, los Municipios, el Gobierno del Distrito Federal y otras autoridades que concurran en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, tendientes a la profesionalización del Ministerio Público, de sus Secretarios, Policía Ministerial y Peritos.

Artículo 50.- Los Agentes del Ministerio Público, sus Secretarios, los Agentes de la Policía Ministerial y Peritos del Servicio Civil de Carrera, al ingresar a la Institución serán nombrados por el tiempo de hasta dos años, al término del cual serán sometidos a una nueva evaluación y, en caso de resultar satisfactoria, se les expedirá el nombramiento definitivo.

Artículo 51.- Tratándose de personas con amplia experiencia profesional probada, el Procurador podrá, en casos excepcionales, designar Agentes del Ministerio Público, sus Secretarios, Agentes de la Policía Ministerial o Peritos, dispensando la presentación de los concursos de ingreso. Dichas personas deberán estar en pleno ejercicio de sus derechos y satisfacer, en su caso, los requisitos exigidos por los artículos 19, 24, 27 y 30 de esta Ley, con excepción de los relativos a la acreditación de los concursos de ingreso. Las personas designadas en los términos de este artículo no serán miembros del Servicio Civil de Carrera, a menos que acredite los concursos y evaluaciones que se les practiquen, en los términos de las disposiciones aplicables.

En cualquier momento, se podrán dar por terminados los efectos del nombramiento de las personas designadas por este artículo.

Artículo 52.- Previo al ingreso de toda persona al Servicio Civil de Carrera de la Procuraduría, será obligatorio que la autoridad competente realice la consulta respectiva al Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, en los términos previstos en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 53.- Para permanecer en el Servicio Civil de Carrera de la Procuraduría, como Agente del Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público, Agente de la Policía Ministerial o Perito, los interesados deberán participar en los programas de formación profesional y en los concursos de promoción a que se convoquen.

Esta obligación también corresponde a los servidores públicos designados en los términos del artículo 51 de esta Ley, con excepción de la participación en los concursos de promoción, que será potestativa.

Artículo 54.- Se crea el Consejo Técnico del Servicio Civil de Carrera, como órgano de la Procuraduría responsable del desarrollo y operación del propio Servicio. El Consejo Técnico tendrá las facultades que establezca esta Ley, su Reglamento y los Acuerdos que dicte el Procurador.

Artículo 55.- El Consejo Técnico del Servicio Civil de Carrera, constituye la instancia normativa, de supervisión, control y evaluación de la operación del propio Servicio, y se integrará por:

I. El Procurador;

II. Dos Subprocuradores Regionales designados por el Procurador;

III. El Fiscal de Supervisión y Control;

IV. El Coordinador Regional que designe el Procurador;

V. El Director General de Visitaduría;

VI. El Director General de Administración;

VII. El Contralor Interno;

VIII. El Director General del Instituto de Formación Profesional y Capacitación;

IX. Dos Agentes del Ministerio Público, dos Agentes de la Policía Ministerial y dos Peritos, todos de reconocido prestigio profesional, buena reputación y desempeño excelente en la Institución, designados por el Procurador; y

X. Los demás funcionarios que, en su caso, determine el Reglamento o el Procurador por acuerdo expreso.

Artículo 56.- El Consejo Técnico del Servicio Civil de Carrera contará con Consejos Regionales que lo auxiliarán en la ejecución de las normas del propio Servicio, cuyo funcionamiento se determinará en el Reglamento de esta Ley.

Cada Consejo Regional del Servicio Civil de Carrera, corresponderá a las circunscripciones territoriales de las Coordinaciones Regionales establecidas en el Reglamento de esta Ley o en el acuerdo respectivo del Procurador y se integrará por:

I. El Subprocurador Regional que territorialmente corresponda;

II. El Coordinador Regional responsable de la Zona;

III. Un representante de los funcionarios señalados en las fracciones I, II, V, VI, VII y VIII del artículo anterior; y

IV. El número de Agentes del Ministerio Público, Secretarios del Ministerio Público, de la Policía Ministerial y de Peritos que el Consejo determine tomando en cuenta las características de cada circunscripción.

Artículo 57.- Las disposiciones sobre el Servicio Civil de Carrera de la Procuraduría deberán:

I. Determinar, en su caso, categorías de servidores públicos a fin de ser considerados para el acceso a las categorías básicas de Agentes de Ministerio Público, Secretarios del Ministerio Público, Policías Ministeriales y Peritos, por medio de concurso de ingreso;

II. Determinar, en su caso, categorías de los servidores públicos señalados en la fracción anterior, en función de su especialización, responsabilidad asignada, años mínimos de ejercicio profesional y otros criterios que permitan establecerlas;

III. Establecer mecanismos que, previamente a la sustentación del concurso de ingreso o de promoción, permitan seleccionar a los aspirantes más aptos por plaza;

IV. Regular las características del concurso de ingreso o de promoción con exámenes prácticos, escritos u orales;

V. Determinar la integración de los órganos responsables de la preparación y sustentación de los concursos correspondientes;

VI. Expedir las reglas sobre contenidos de convocatorias, características del concurso de ingreso o promoción, determinación de calificaciones y demás necesarias; y

VII. Establecer los criterios de evaluación curricular y en particular de los cursos desarrollados por el sustentante, su desempeño y grado académico.

Artículo 58.- Las categorías superiores de Agente del Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público del Servicio Civil de Carrera, de Policía Ministerial y Perito, serán determinadas en el Reglamento de esta Ley o por acuerdo del Procurador.

Artículo 59.- El ingreso y promoción para la categoría superior a que se refiere el artículo anterior, se realizará a través de concurso interno de oposición o de oposición libre, en el porcentaje que determine el Consejo Técnico del Servicio Civil de Carrera.

En los concursos internos de oposición para las categorías superiores de Agente de Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público, Policía Ministerial y Perito, únicamente podrán participar los servidores públicos de la categoría inmediata inferior, y para acceder a ésta por la misma vía, sólo podrán hacerlo los de nivel inmediato anterior.

Artículo 60.- Para el ingreso a la categoría básica de Agente del Ministerio Público, se realizará concurso de ingreso por oposición interna o libre. Al primero sólo tendrán acceso los secretarios del Ministerio Público.

Artículo 61.- Los niveles de los Agentes de la Policía Ministerial se determinarán atendiendo a su especialización, responsabilidad asignada y otros criterios que permitan establecerlas.

Para el ingreso al nivel básico de Agente de la Policía Ministerial, se realizará concurso de ingreso con las características que determinen las disposiciones aplicables.

Artículo 62.- Las categorías de Peritos se determinarán por materia, y dentro de ellas se establecerán los rangos atendiendo a la especialización, años mínimos de práctica, grado académico en la disciplina de que se trate y otros criterios que permitan establecerlos. El rango básico de cada categoría se identificará con la primer letra del alfabeto.

Para el ingreso al rango básico de cada categoría se realizará concurso de ingreso, con las características que determinen las disposiciones aplicables.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS SUPLENCIAS, IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS SUPLENCIAS

Artículo 63.- Las ausencias temporales del Procurador, Subprocurador General, Subprocuradores Regionales, Fiscales General de Asuntos Especiales y de Supervisión y Control, Coordinadores Regionales, Directores Generales y servidores públicos en general, serán suplidas de la siguiente forma:

I. Las del Procurador por el Subprocurador General, mismo que en caso de ausencia definitiva del Procurador, continuará en ejercicio de esas funciones, hasta que sea designado un nuevo titular de la Procuraduría, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables;

II. Las del Subprocurador General, de los Subprocuradores Regionales, de los Fiscales General de Asuntos Especiales y de Supervisión y Control y de los Coordinadores Regionales por la persona que determine el Procurador, quien deberá cumplir con los requisitos para ser Subprocurador. En caso de ausencia definitiva, el Procurador dará cuenta al Gobernador, quedando encargado del despacho el servidor público suplente, hasta en tanto el Gobernador del Estado hace la designación correspondiente;

III. Los Directores Generales, serán suplidos por las personas que determine el Procurador, quienes deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 33 de esta Ley. En caso de ausencia definitiva, se procederá a la designación de un nuevo servidor público; y

IV. Las de los demás servidores públicos por la persona que determine el superior jerárquico. En caso de ausencia definitiva, se procederá a la designación de un nuevo servidor público.

Las faltas temporales y definitivas serán determinadas conforme a la legislación laboral en la que se regulan las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores públicos.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES

Artículo 64.- El Procurador, el Subprocurador General, los Subprocuradores Regionales, los Fiscales General de Asuntos Especiales y de Supervisión y Control, los Directores Generales, los Agentes del Ministerio Público, los Secretarios de esta Institución y los Peritos no son recusables.

Artículo 65.- Los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, se declararán impedidos para conocer de los asuntos, cuando concurra cualquiera de las causas señaladas en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México o en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Artículo 66.- Cuando proceda alguna causal de impedimento, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos que regulan la suplencia.

Artículo 67.- Cuando el ofendido o el indiciado objeten el impedimento, tratándose del Procurador, éste será calificado por el Gobernador del Estado y cuando se trate de los demás servidores públicos de la Procuraduría, será calificado por el titular de la misma o por los Subprocuradores o en quien se delegue esa atribución.

Artículo 68.- Los servidores públicos de la Procuraduría no podrán desempeñar otro empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado, de los municipios o de particulares, incluyendo el ministerio de algún culto religioso.

Quedan exceptuados de esta disposición los cargos honoríficos en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia; asimismo, los cargos docentes, siempre que su desempeño no perjudique las funciones y labores propias de los servidores públicos de la Procuraduría.

Artículo 69.- Los Licenciados o Pasantes en Derecho, que presten sus servicios en la Procuraduría, estarán impedidos para el ejercicio de la abogacía, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina, concubinario o sus familiares hasta el cuarto grado.

Ningún servidor público de la Institución podrá ser agente de cambio, depositario o albacea judicial, excepto cuando sea heredero o legatario.

TÍTULO TERCERO
DE LA REMOCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURIA

CAPÍTULO UNICO

Artículo 70.- El Procurador sólo podrá ser privado de su encargo en la forma y términos que determina el Título Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Artículo 71.- Serán causas de imposición de sanciones y, en su caso, de remoción o baja administrativa de los servidores públicos de la Procuraduría:

I. Realizar conductas que atenten contra la autonomía del Ministerio Público o contra la independencia de la función de procuración de justicia, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación indebida respecto de alguna persona, de la misma Procuraduría o ajena a ella, o autoridad;

II. Inmiscuirse indebidamente en asuntos que competan legalmente a otros órganos de la Procuraduría;

III. Tener una notoria negligencia en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar;

IV. Impedir en las actuaciones ministeriales o de procuración de justicia, que los interesados ejerzan los derechos que legalmente les correspondan;

V. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;

VI. No preservar la dignidad, imparcialidad, honestidad y profesionalismo propios de la función de procuración de justicia, en el desempeño de sus labores;

VII. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;

VIII. Dejar de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo, sin causa justificada;

IX. Distraer de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, recursos, elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o de la Institución;

X. Incumplir con alguno de los requisitos de permanencia que establezca esta Ley o su Reglamento, para el cargo correspondiente;

XI. Al que retrase y obstaculice los trámites y observancia de la ley a que este obligado; y

XII. Las demás que determine la ley y reglamentos.

Artículo 72.- Son obligaciones genéricas de los Agentes del Ministerio Público, de los Secretarios del Ministerio Público y de los Agentes de la Policía Ministerial, en cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez en el desempeño de sus funciones, las siguientes:

I. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos;

II. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;

III. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo;

IV. Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes, independientemente de la razón que se aduzca para hacerlo;

V. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario;

VI. Desempeñar su función sin solicitar ni aceptar compensaciones y pagos distintos a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción;

VII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención o retención de persona alguna, sin cumplir con los requisitos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los ordenamientos legales aplicables;

VIII. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas o puestas a su disposición;

IX. Participar en operativos de coordinación con otras autoridades o corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;

X. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos dictadas en ejercicio de sus atribuciones;

XI. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, con las excepciones que determinen las leyes;

XII. Abstenerse en el desempeño de sus funciones, del auxilio de personas no autorizadas por la ley;

XIII. Usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de sus funciones, así como conservarlo;

XIV. Abstenerse de abandonar sin causa justificada las funciones, comisión o servicio que tengan encomendado; y

XV. Abstenerse de proporcionar información confidencial a persona no autorizada, relacionada con los asuntos de su competencia.

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la sanción correspondiente en los términos de este Capítulo.

En lo conducente, estas obligaciones serán aplicables a los peritos de los servicios periciales.

Artículo 73.- El Procurador, el Subprocurador General, los Subprocuradores Regionales, los Fiscales General de Asuntos Especiales y de Supervisión y Control, podrán sancionar con amonestación pública o privada, que se integrará al expediente o a la hoja de servicio, o con suspensión hasta por quince días, cuando a su juicio, el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior no amerite la baja. Antes de la imposición de la sanción deberá oírse en defensa al afectado, en los términos del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México.

Los Consejos Regionales del Servicio Civil de Carrera, a petición de los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior, podrán determinar la baja o remoción del empleo, cargo o comisión.

Artículo 74.- Las sanciones se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos:

I. La gravedad de la infracción en que se incurra;

II. La necesidad de suprimir prácticas que vulneren el funcionamiento de la Institución;

III. La reincidencia del responsable;

IV. El nivel jerárquico, el grado académico y la antigüedad en el servicio;

V. La trascendencia del hecho atribuido; y

VI. Las circunstancias y medios de ejecución.

Artículo 75.- El procedimiento que culmine con la determinación de la remoción o baja a que se refiere este Capítulo, se llevará a cabo en los términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

En cualquier momento, dentro del procedimiento o anterior a él, los funcionarios a que se refiere el artículo 73 podrán determinar, como medida precautoria, la suspensión temporal del presunto responsable, siempre que a su juicio así convenga para el mejor cumplimiento del servicio público de procuración de justicia o para la conducción o continuación de las investigaciones; suspensión que cesará si así lo resuelve el Consejo Técnico del Servicio Civil de Carrera o el Consejo Regional respectivo, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este artículo. La suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la misma.

Si el servidor público suspendido conforme a este precepto no resultare responsable, será restituido en el goce de sus derechos y se le cubrirán las percepciones que debiera haber recibido durante el tiempo que se hallara suspendido.

Artículo 76.- En contra de las resoluciones por las que se imponga alguna sanción conforme a las disposiciones de este Capítulo, se podrá interponer el recurso de inconformidad ante el Consejo Técnico del Servicio Civil de Carrera, de acuerdo con las disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

TÍTULO CUARTO
DEL FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

CAPÍTULO UNICO

Artículo 77.- Se constituye el patrimonio social denominado Fondo Auxiliar para la Procuración de justicia.

Artículo 78.- El Fondo Auxiliar para la Procuración de Justicia, se integra con:

I. Fondo propio, constituido por:

a) El monto de las cauciones otorgadas ante el Ministerio Público para garantizar la libertad provisional, que se hagan efectivas en los casos señalados por el Código de Procedimientos Penales del Estado de México;

b) Las multas que por cualquier causa imponga el Ministerio Público;

c) Los rendimientos que se generen por las inversiones de los depósitos en dinero o en valores que se efectúen ante el Ministerio Público;

d) El cincuenta por ciento del producto de la venta de los objetos o instrumentos materia del delito que sean de uso lícito, que hubieran sido asegurados por el Ministerio Público, en la forma y términos previstos por el Código Penal.

El restante cincuenta por ciento se destinará para el mejoramiento de la administración de justicia, en los términos de las disposiciones aplicables del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México;

e) El cincuenta por ciento del monto de la reparación del daño, en los términos del Código Penal del Estado de México, cuando la parte ofendida renuncie al mismo o no lo reclame dentro del término de un año a partir de la fecha en que tenga derecho a obtenerlo, siempre que le hubiere sido notificado.

El restante cincuenta por ciento, se destinará para el mejoramiento de la administración de justicia, en los términos de las disposiciones aplicables de los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado de México;

II. Fondo ajeno, constituido por depósitos en efectivo o en valores que por cualquier causa se realicen o se hayan realizado ante el Ministerio Público; y

III. Por la enajenación de los bienes no reclamados en las averiguaciones previas que se inicien y prescriban conforme al Código Penal y de Procedimientos Penales.

Artículo 79.- Para los efectos de la fracción II, del artículo anterior, el Ministerio Público que por algún motivo reciba un depósito de dinero o en valores, deberá remitirlo o integrarlo al fondo, por conducto de la Dirección General de Administración.

Artículo 80.- Las sumas o valores que se reciban en el renglón de fondo ajeno, serán reintegradas a los depositantes o beneficiarios, según proceda, mediante orden por escrito de la Dirección General de Administración, o bien remitirlo a la autoridad judicial, al momento del ejercicio de la acción penal.

Artículo 81.- La Dirección General de Administración tendrá la vigilancia, administración y manejo del Fondo, conforme a las atribuciones que se establezcan en el Reglamento, de acuerdo a las siguientes bases:

I. Invertirá las cantidades que integran el Fondo en la adquisición de títulos de renta fija o a plazo fijo, en representación de la Procuraduría, quien será titular de los certificados y documentos que expidan las Instituciones de Crédito con motivo de las inversiones con mayor rendimiento, constituyendo con las Instituciones Fiduciarias, los fideicomisos de administración de estos recursos;

II. En el informe que rinda el Procurador, comunicará el resultado de los ingresos y rendimientos de las inversiones, así como de las erogaciones efectuadas; y

III. La Contaduría General de Glosa del Poder Legislativo ordenará la práctica de las auditorias internas o externas que considere necesarias para verificar que el manejo del fondo se haga en forma conveniente, honesta y transparente.

Artículo 82.- Los productos y rendimientos del Fondo Auxiliar, se aplicarán a los siguientes conceptos:

I. Adquisición, construcción o remodelación de inmuebles para el establecimiento de Agencias del Ministerio Público y oficinas, no consideradas en el presupuesto de la Procuraduría;

II. Compra de mobiliario y equipo que se requiera en las Agencias del Ministerio Público y oficinas de la Procuraduría;

III. Pago de renta de locales para Agencias del Ministerio Público y oficinas cuyo gasto no esté considerado en el presupuesto;

IV. Capacitación y especialización profesional de los servidores públicos de la Procuraduría;

V. Pago de sueldos, mejora constante de salarios de mandos medios e inferiores de la Procuraduría y gasto corriente de Agencias del Ministerio Público y oficinas no contempladas en el presupuesto de egresos, así como para el otorgamiento de estímulos y recompensas económicas a los servidores de la Procuraduría, en los términos de esta Ley;

VI. Programas de atención y rehabilitación a víctimas del delito, con un porcentaje de un quince por ciento del fondo;

VII. Pago de compensaciones a viudas, hijos y dependientes de servidores públicos de la Institución caídos en el cumplimiento de su deber; y

VIII. Las demás que a juicio del Procurador se requieran para mejorar la procuración de justicia.

TÍTULO QUINTO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 83.- Para los efectos del Título Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, son sujetos de las responsabilidades a que se refiere dicho Título y la legislación aplicable, los funcionarios y empleados y, en general, toda persona que desempeñe un cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza en la Procuraduría.

Artículo 84.- En el ejercicio de sus funciones, el personal del Ministerio Público, Secretarios de Ministerio Público, Policías Ministeriales y Peritos, observarán las obligaciones inherentes a su calidad de servidores públicos y actuarán con la diligencia y eficacia necesarias para la pronta, completa y debida procuración de justicia.

Artículo 85.- Se podrán imponer a los Policías Ministeriales, por las faltas en que incurran en el desempeño de su cargo o comisión, las sanciones disciplinarias que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, pero el servidor público encargado del mando o la supervisión de dicha policía, podrá imponer correctivos disciplinarios consistentes en arresto hasta de treinta y seis horas y retención en el servicio o privación de permisos de salida, hasta por quince días, si la gravedad de la falta lo amerita.

Cuando la conducta de que se trate, entrañe la posible comisión del delito, se dará vista al Ministerio Público para que proceda como corresponda.

Artículo 86.- En contra de los correctivos disciplinarios a que se refiere el artículo anterior, se podrá interponer el recurso de inconformidad, conforme al procedimiento establecido en el artículo 76 de esta Ley. La interposición del recurso no suspenderá los efectos del arresto, pero tendrá por objeto que los correctivos impuestos no aparezcan en el expediente u hoja de servicios, sin perjuicio de la sanción que el Consejo Regional aplique al servidor público que las hubiera impuesto injustificadamente.

Artículo 87.- Los servidores públicos de la Procuraduría, los agentes del Ministerio Público, sus secretarios, los agentes de la Policía Ministerial y peritos, que estén sujetos a proceso penal como probables responsables de algún delito, serán separados de sus cargos y suspendidos de sus derechos, desde que se dicte el auto de formal prisión o sujeción a proceso y hasta que se pronuncie sentencia ejecutoriada. En caso de que ésta fuere condenatoria serán destituidos en forma definitiva del cargo; si por el contrario, fuese absolutoria, se les restituirá.

Artículo 88.- La desobediencia o resistencia a las órdenes legalmente fundadas del Ministerio Público, dará lugar al empleo de medidas de apremio o a la imposición de correcciones disciplinarias, según sea el caso, en los términos que previenen las normas aplicables. Cuando la desobediencia o resistencia constituyan delito, se iniciará la averiguación previa.

Artículo 89.- El Ministerio Público podrá expedir copias certificadas de constancias o registros que obren en su poder, cuando exista mandamiento de autoridad competente que funde y motive su requerimiento o cuando lo soliciten el denunciante o el querellante, la víctima o el ofendido, el indiciado o su defensor y quienes tengan interés jurídico, para el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones previstas por la ley, debiendo asentar la razón y causa de la expedición.

Artículo 90.- El procedimiento sancionador en contra de los servidores públicos de la Institución a que se refiere esta Ley, así como el procedimiento administrativo que se siga ante los Consejos Regionales, y el de revisión administrativa ante el Consejo Técnico del Servicio Civil de Carrera, se substanciará y decidirá con arreglo a las formas y procedimientos que se determinan en la presente Ley, a falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Artículo 91.- La Contraloría Interna es un órgano de control interno en la Procuraduría, con las atribuciones que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, y el Reglamento de esta Ley. Dicho órgano debe ejercer las normas de control interno de la Institución, de acuerdo a las políticas que determine el Procurador y la Secretaría de la Contraloría.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones administrativas a que se refiere esta Ley y para la aplicación de las sanciones disciplinarias que señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, se desarrollarán autónomamente según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda. No podrá sancionarse a un servidor público dos veces por la misma conducta, debiendo estarse a lo dispuesto por el artículo 76 de esta Ley.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- Publíquese la presente Ley en la Gaceta del Gobierno.

SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta del Gobierno.

TERCERO.- Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, publicada en la Gaceta del Gobierno el 10 de abril de 1996.

CUARTO.- Se derogan las disposiciones legales de igual o menor rango que se opongan a la presente Ley.

QUINTO.- El Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento a que se refiere esta Ley, dentro del plazo de noventa días hábiles contados a partir de la fecha en que entre en vigor; en tanto, seguirá aplicándose el vigente siempre y cuando no se oponga a las disposiciones de la misma.

SEXTO.- Los procedimientos administrativos que se sigan en contra de servidores públicos de la Institución, en ejercicio de la facultad sancionadora, que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley se encuentren radicados en algún órgano de la Institución, deberán remitirse de inmediato al órgano competente para su trámite y resolución.

SÉPTIMO.- Los acuerdos, circulares y demás disposiciones administrativas dictadas por el Procurador, con fundamento en la Ley Orgánica que se abroga mediante el presente decreto, continuarán en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley, hasta que aquél dicte las normas administrativas que correspondan.

OCTAVO.- Los expedientes, averiguaciones y cualquier otro asunto que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se encuentren radicados y sean del conocimiento de los órganos existentes conforme a la Ley que se abroga, deberán remitirse de inmediato a los nuevos órganos para su tramitación y resolución.

NOVENO.- Los servidores públicos que ocupen los cargos de nueva creación establecidos en esta Ley, serán nombrados en los términos de la misma por la autoridad que corresponda, dentro de los treinta días siguientes a su publicación en la Gaceta del Gobierno.

DECIMO.- El presupuesto y personal con que actualmente cuenta el Instituto, pasará a formar parte del órgano administrativo desconcentrado por función creado en esta Ley. El Director del Instituto será nombrado por el Procurador dentro de los treinta días siguientes a la publicación de la presente Ley.

DECIMO PRIMERO.- Los derechos laborales de los Secretarios del Ministerio Público, conforme a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, subsistirán en los mismos términos que la propia Ley establece. Respecto de los servidores públicos que ingresen a la Institución con el mismo cargo a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, únicamente quedarán tutelados por lo que hace a las medidas de protección al salario y los beneficios de la seguridad social que otorga el Estado.


ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 55 POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO.

(Publicado en la "Gaceta del Gobierno", el 10 de agosto de 2004)

PRIMERO.- Publíquese la presente Ley en el Periódico Oficial, "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO.- La presente ley entrará en vigor a los noventa días siguientes de su publicación en el Periódico Oficial, "Gaceta del Gobierno".

TERCERO.- Se abroga la Ley del Registro de Antecedentes Penales y Administrativos del Estado de México.

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

QUINTO.- El personal y bienes de la actual dirección de Servicios Periciales pasarán a formar parte del Instituto de Servicios Periciales en los términos y condiciones de la presente Ley.