LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DEL EJERCICIO DEL PODER JUDICIAL

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Poder Judicial del Estado.

Artículo 2.- Corresponde a los Tribunales del Poder Judicial, en los términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la facultad de interpretar y aplicar las leyes en los asuntos del orden civil, familiar y penal del fuero común, lo mismo que del orden federal, en los casos en que expresamente los ordenamientos legales de esta materia les confieran jurisdicción.

Garantiza la supremacía y control de la Constitución Política del Estado y conocer y resolver las controversias y acciones de inconstitucionalidad a nivel local.

Artículo 3.- El Poder Judicial del Estado se integra por:

I. El Tribunal Superior de Justicia;

II. El Consejo de la Judicatura;

III. Los juzgados de primera instancia;

IV. Los juzgados de cuantía menor; y

V. Los servidores públicos de la administración de justicia, en los términos que establecen esta ley, los códigos de procedimientos civiles y penales y demás disposiciones legales.

Artículo 4.- El tribunal y los juzgados señalados en el artículo anterior, tendrán la competencia que les determine esta ley, la de los fueros común y federal y demás ordenamientos legales aplicables.

Artículo 5.- Son auxiliares del Poder Judicial:

I. Los presidentes, síndicos y delegados municipales;

II. La policía judicial y los cuerpos de seguridad pública estatal o municipales;

III. El Director General de Prevención y Readaptación Social y los servidores públicos de esa Dirección;

IV. El Director General del Registro Público de la Propiedad y los registradores;

V. El Director, los delegados regionales y los oficiales del registro civil;

VI. Los notarios y los corredores públicos;

VII. Los intérpretes y los peritos;

VIII. Los servidores públicos de carácter técnico de las dependencias del Poder Ejecutivo y el personal académico o de investigación científica o tecnológica de las instituciones de educación superior del Estado, que designen éstas, que puedan desempeñar el cargo de perito;

IX. Los síndicos e interventores de quiebras y de concursos;

X. Los tutores, curadores, depositarios, albaceas y los interventores judiciales, en las funciones que les sean asignadas por la ley; y

XI. Los mediadores y conciliadores, en los casos y términos establecidos en la ley;

XII. Los demás a quienes las leyes les confieran este carácter.

Artículo 6.- Los auxiliares del Poder Judicial cumplirán los mandamientos de la autoridad judicial y le proporcionarán el apoyo solicitado. En el caso de los corredores públicos, del personal de las instituciones de educación superior y de las dependencias del Poder Ejecutivo, el presidente del Consejo de la Judicatura establecerá con los representantes de aquéllas, las condiciones para la prestación del servicio.

Artículo 7.- Los árbitros conocerán de los asuntos que les encomienden los interesados, conforme a los términos de los compromisos respectivos y observarán en su trámite las formas y restricciones que fijen las leyes.

Artículo 8.- El Tribunal Superior de Justicia, los juzgados de primera instancia y de cuantía menor, tienen las siguientes obligaciones:

I. Ejercer la función jurisdiccional de manera pronta, completa, imparcial y gratuita;

II. Ajustar sus procedimientos y resoluciones a las leyes;

III. Realizar todas las acciones necesarias para la plena ejecución de sus resoluciones y solicitar, en su caso, el apoyo de las autoridades estatales y municipales;

IV. Auxiliar a los órganos jurisdiccionales de la federación y a las demás autoridades, en los términos de las disposiciones legales;

V. Diligenciar exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos en materia civil, mercantil, familiar o penal que les envíen los jueces del Estado, de otras entidades federativas o del extranjero que se ajusten a la ley procesal del Estado;

VI. Proporcionar a las autoridades competentes los datos e informes que soliciten, cuando proceda conforme a la ley;

VII. Oír a los interesados en los asuntos de que conozcan cuando les sea solicitado;

VIII. Disponer lo necesario para que los Magistrados y Jueces usen toga en las audiencia pública, reuniones del Tribunal y actos solemnes judiciales; y

IX. Las demás que los ordenamientos legales les impongan.

Artículo 9.- Ningún negocio judicial podrá tener más de dos instancias.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA DIVISION TERRITORIAL JURISDICCIONAL

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 10.- El territorio del Estado de México, para los efectos de esta ley, se divide en los distritos judiciales de: Chalco, Cuautitlán, Ecatepec de Morelos, El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Lerma, Nezahualcoyotl, Otumba, Sultepec, Temascaltepec, Tenango del Valle, Tenancingo, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Valle de Bravo y Zumpango. Los distritos judiciales tendrán como asiento de su cabecera los municipios del mismo nombre.

Artículo 11.- Los distritos judiciales comprenden los municipios siguientes:

I. Distrito de Chalco: Chalco, Amecameca, Atlautla, Ayapango, Cocotitlán, Ecatzingo, Ixtapaluca, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad;

II. Distrito de Cuautitlán: Cuautitlán, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Melchor Ocampo, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tultepec y Tultitlán;

III. Distrito de Ecatepec de Morelos: Ecatepec de Morelos y Coacaloc de Berriozábal;

IV. Distrito de El Oro: El Oro, Acambay, Atlacomulco y Temascalcingo;

V. Distrito de Ixtlahuaca: Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos y San Felipe del Progreso;

VI. Distrito de Jilotepec: Jilotepec, Aculco, Chapa de Mota, Polotitlán, Soyaniquilpan de Juárez, Timilpan y Villa del Carbón;

VII. Distrito de Lerma: Lerma, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Mateo Atenco y Xonacatlán;

VIII. Distrito de Nezahualcóyotl: Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y La Paz;

IX. Distrito de Otumba: Otumba, Axapusco, Nopaltepec, San Martín de las Pirámides, Tecámac y Temascalapa;

X. Distrito de Sultepec: Sultepec, Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Texcaltitlán, Tlatlaya y Zacualpan;

XI. Distrito de Temascaltepec: Temascaltepec, San Simón de Guerrero y Tejupilco;

XII. Distrito de Tenango del Valle: Tenango del Valle, Almoloya del Río, Atizapán, Calimaya, Capulhuac, Chapultepec, Joquicingo, Mexicaltzingo, Rayón, San Antonio la Isla, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco;

XIII. Distrito de Tenancingo: Tenancingo, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Ocuilan, Tonatico, Villa Guerrero y Zumpahuacán;

XIV. Distrito de Texcoco: Texcoco, Acolman, Atenco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Papalotla, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc y Tezoyuca;

XV. Distrito de Tlalnepantla: Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, Naucalpan y Nicolás Romero;

XVI. Distrito de Toluca: Toluca, Almoloya de Juárez, Metepec, Temoaya, Villa Victoria y Zinacantepec;

XVII. Distrito de Valle de Bravo: Valle de Bravo, Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Santo Tomás, Otzoloapan, Villa de Allende y Zacazonapan; y

XVIII. Distrito de Zumpango: Zumpango, Apaxco, Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan y Tequixquiac.

Artículo 12.- En cada distrito judicial funcionará, por lo menos, un juzgado de primera instancia y los juzgados de cuantía menor que determine el Consejo de la Judicatura.

Artículo 13.- Los juzgados de primera instancia tendrán jurisdicción en el territorio del distrito judicial al que pertenezcan o en la fracción o partido en que se divida, conforme lo determine el pleno del Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 14.- Los juzgados de cuantía menor tendrán jurisdicción en la circunscripción territorial que determine el pleno del Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 15.- Los jueces de primera instancia y los de cuantía menor, serán los necesarios para el despacho de los asuntos que les correspondan.

TÍTULO TERCERO
DE LAS DESIGNACIONES, INCOMPATIBILIDADES E INCAPACIDADES
DE LOS MAGISTRADOS Y DE LOS JUECES

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS DESIGNACIONES

Artículo 16.- Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los jueces serán designados por el Consejo de la Judicatura del Estado de México, previo examen de oposición.

Artículo 17.- Los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, se sujetarán a la aprobación de la Legislatura o de la Diputación Permanente, en su caso, la cual la otorgará o negará dentro del término improrrogable de diez días hábiles. Si no resolviere dentro de ese plazo, se tendrán por aprobados.

En caso de negativa, el Consejo de la Judicatura formulará una segunda propuesta y si tampoco es aprobada, quedará facultado para realizar un tercer nombramiento que surtirá efectos desde luego.

Artículo 18.- Sin la aprobación a que se refiere el artículo anterior y la protesta respectiva, no podrán tomar posesión los magistrados nombrados por el Consejo de la Judicatura, salvo el caso a que se refiere la parte final del precepto.

Artículo 19.- Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia deberán rendir la protesta de ley ante la Legislatura o la Diputación Permanente.

Artículo 20.- Los demás servidores públicos de la administración de justicia deberán rendir la protesta de ley, ante el presidente del Consejo de la Judicatura o la autoridad que éste determine, para ejercer las funciones que les correspondan.

Artículo 21.- Si la persona nombrada no se presentare a rendir la protesta, sin causa justificada, dentro del término de 10 días hábiles a partir de la fecha de la notificación de su nombramiento, éste se dejará sin efecto y se procederá a realizar una nueva designación.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS INCOMPATIBILIDADES E INCAPACIDADES

Artículo 22.- Los magistrados, jueces, secretarios del pleno, de la presidencia, de acuerdos, auxiliares y oficiales mayores de las salas, ejecutores, proyectistas de sentencias y notificadores, están impedidos para desempeñar otro empleo, cargo o comisión de la federación, del estado, del municipio o de particulares. Los demás servidores públicos tendrán los mismos impedimentos, pero tratándose de empleos con particulares podrán desempeñarlos siempre que no sean incompatibles con su función. El incumplimiento de esta disposición será causa de responsabilidad.

Quedan exceptuados de esta disposición los cargos honoríficos en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia; asimismo, los cargos docentes siempre que su desempeño no perjudique las funciones y labores propias de los servidores de la justicia.

Los magistrados no podrán ocupar otro cargo en la Administración Pública Estatal, durante el tiempo señalado para el ejercicio de su función, salvo que renuncien al cargo que desempeñan.

Artículo 23.- Ningún nombramiento para servidor público de la administración de justicia o auxiliar de ésta, podrá recaer en ascendientes, descendientes, cónyuges o colaterales dentro del cuarto grado por consanguinidad, segundo por afinidad o con parentesco civil, con los servidores que hagan la designación.

No podrán prestar sus servicios en la misma sala o juzgado, dos o más personas con el parentesco a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 24.- Los magistrados, jueces, secretarios del pleno, de la presidencia, de acuerdos, auxiliares, oficiales mayores de las salas, ejecutores, proyectistas de sentencias y notificadores están incapacitados para el ejercicio de la abogacía, salvo en causa propia, de su cónyuge o de sus familiares hasta el cuarto grado. Tampoco podrán ser agentes de cambio o ministros de algún culto religioso.

TÍTULO CUARTO
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES

CAPÍTULO PRIMERO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Artículo 25.- El Tribunal Superior de Justicia residirá en la capital del Estado, estará integrado por el número de magistrados que determine el Consejo de la Judicatura, designados en los términos previstos por la Constitución Política del Estado y esta ley.

Artículo 26.- Los magistrados que integren el Tribunal Superior de Justicia durarán en su cargo 15 años y serán sustituidos de manera escalonada.

Solamente podrán ser privados de sus cargos por la Legislatura del Estado a petición del Consejo de la Judicatura, por delitos o faltas u omisiones graves en el desempeño de sus funciones, por mala conducta o separados porque estén incapacitados física o mentalmente. La ley determinará el procedimiento correspondiente.

Artículo 27.- Si por cualquier motivo superveniente el nombramiento de un magistrado quedare sin efecto, el Consejo de la Judicatura lo informará a la Legislatura para los efectos legales conducentes. En este caso, los actos en que hubiere intervenido serán legalmente válidos.

Artículo 28.- Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia ejercerán sus funciones en pleno y en las salas donde estén adscritos. Podrán ser removidos de adscripción de sala, cuando así lo apruebe el Consejo de la Judicatura.

Artículo 29.- Los magistrados del Consejo de la Judicatura, no integrarán pleno ni sala durante el tiempo que desempeñen su encargo, y serán sustituidos en la sala de su adscripción por los magistrados que designe el Consejo de la Judicatura. El presidente integrará pleno.

Artículo 30.- Para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia se requiere:

I. Cumplir con los requisitos exigidos por la Constitución Política del Estado;

II. No ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe formal, material y definitivamente de su ministerio, cuando menos cinco años antes del día de la designación;

III. No tener impedimento físico o enfermedad que lo imposibilite para el desempeño del cargo; y

IV. Haber aprobado el examen de oposición.

Artículo 31.- Los magistrados concurrirán al desempeño de sus labores los días hábiles y de acuerdo con el horario que determine el Consejo de la Judicatura, sin perjuicio de hacerlo en días y horas inhábiles cuando la urgencia o importancia de los asuntos así lo amerite.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PLENO DEL TRIBUNAL

Artículo 32.- El pleno del tribunal estará formado por los magistrados que integren las salas colegiadas y unitarias y por el presidente de ese cuerpo colegiado, o en su caso, por el magistrado que lo supla interinamente.

Artículo 33.- Corresponde al pleno del Tribunal Superior de Justicia:

I. Iniciar leyes o decretos relacionados con la organización y funcionamiento de la administración de justicia;

II. Determinar el ámbito territorial en el que ejercerán su competencia las salas y los juzgados;

III. Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre las salas;

IV. Expedir y modificar el reglamento interior del tribunal;

V. Previa licencia al cargo de magistrado que acuerde el Consejo de la Judicatura, conceder licencia al Presidente del Tribunal para separarse del cargo hasta por 15 días y nombrar al Presidente Interino;

VI. Adscribir a los juzgados de primera instancia y de cuantía menor a las salas que correspondan, en razón de la materia y del territorio;

VII. Calificar las excusas o impedimentos de sus miembros para conocer de los asuntos de la competencia del pleno y acordar en la sesión correspondiente la sustitución que proceda;

VIII. Acordar el registro de los títulos de licenciado en derecho en la secretaría de acuerdos del tribunal, cuando las personas en favor de quienes se hayan expedido desempeñen algún cargo en la administración de justicia;

IX. Adoptar los criterios y las medidas conducentes para el mejoramiento de la administración de justicia, formular las recomendaciones respectivas al Consejo de la Judicatura en los asuntos de su competencia y brindarle el auxilio que solicite en el desempeño de sus funciones de vigilancia;

X. Dirigir las labores de compilación y sistematización de leyes, precedentes y tesis de jurisprudencia, coordinando con el Consejo de la Judicatura las acciones necesarias a fin de lograr la difusión de las mismas; y

XI. Ejercer las atribuciones que le señalen esta ley y otros ordenamientos.

Artículo 34.- El pleno del tribunal podrá solicitar al Consejo de la Judicatura la información u opinión que requiera para el mejor desempeño de sus funciones.

Artículo 35.- El pleno del tribunal celebrará sesiones ordinarias una vez cada 30 días y cuantas extraordinarias se requieran, previa convocatoria del presidente, a iniciativa propia o a solicitud, cuando menos, de una tercera parte de los magistrados.

Artículo 36.- Para el funcionamiento del pleno del tribunal, será necesaria la concurrencia de por lo menos las dos terceras partes de sus miembros entre los que deberá estar el presidente o quien lo supla. Los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos si así lo determina la mayoría de los presentes. El presidente tendrá voto de calidad para el caso de empate.

Los magistrados asistentes podrán abstenerse de votar sólo que fundamenten su excusa para conocer del asunto de que se trate y ésta se admitirá o negará de acuerdo con la calificación que de la misma hagan los presentes. Los magistrados podrán formular voto particular, el cual se insertará al final del acta.

Artículo 37.- Las sesiones del pleno del tribunal serán públicas, salvo aquéllas en las que la índole del asunto de que se trate requiera que sean privadas, cuando así lo acuerde la mayoría de los magistrados que lo integren.

Artículo 38.- Para la presidencia y el pleno del tribunal habrá un secretario general de acuerdos y los secretarios auxiliares, así como el número de empleados que el Consejo de la Judicatura determine. El secretario general de acuerdos lo será también del Consejo de la Judicatura.

Artículo 39.- Para ser secretario general de acuerdos, se necesitan los mismos requisitos que exige la Constitución Política del Estado para ser juez de primera instancia.

CAPÍTULO TERCERO
DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

Artículo 40.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia será electo por mayoría de votos en forma abierta o secreta, por los magistrados que integren el Poder Judicial, según lo determine el Pleno del propio Tribunal, en la primera sesión que celebre durante el mes de enero del año que corresponda y durará en su encargo cinco años, al concluir éste, deberá integrarse a la función jurisdiccional que le corresponda.

Artículo 41.- Los acuerdos del presidente pueden reclamarse ante el pleno del tribunal, siempre que se haga por escrito, se funde en derecho y se interponga por la parte interesada dentro del término de tres días contados a partir de la fecha en que aquéllos se conozcan. El pleno resolverá la procedencia o improcedencia de la reclamación en un término de 15 días hábiles.

Artículo 42.- Son atribuciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia:

I. Vigilar que la administración de justicia se realice de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; dictar las providencias que los ordenamientos le autoricen, así como emitir los acuerdos y circulares que se requieran;

II. Convocar a los magistrados del pleno del Tribunal Superior de Justicia a sesiones ordinarias o extraordinarias, presidirlas, dirigir los debates y conservar el orden;

III. Tramitar los asuntos de la competencia del pleno del tribunal hasta su resolución y ejecutar sus acuerdos, informando de ello al pleno;

IV. Designar a los magistrados sustitutos de las salas en los casos de excusa, impedimento o recusación;

V. Vigilar que los presidentes de las salas colegiadas, los magistrados unitarios y los jueces proporcionen mensualmente los datos estadísticos de los asuntos de su competencia;

VI. Ordenar y coordinar la atención de la correspondencia del tribunal, así como el trámite, envío y diligenciación de exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, requisitorias o despachos;

VII. Presidir el Consejo de la Judicatura, coordinar sus acciones y ejecutar los acuerdos dictados por éste;

VIII. Proponer al Consejo de la Judicatura las medidas necesarias para mejorar la administración de justicia;

IX. Autorizar con el secretario general de acuerdos, las actas y resoluciones que se dicten en asuntos de la competencia del pleno y de la presidencia;

X. Desempeñar las atribuciones que esta ley le encomienda en lo relativo al archivo judicial del Estado;

XI. Informar anualmente al pleno del Tribunal Superior de Justicia sobre las actividades del Poder Judicial;

XII. Representar al Tribunal Superior de Justicia en los actos jurídicos y oficiales o designar, en su caso, representante para tal efecto; y

XIII. Solicitar a la Sala Colegiada respectiva, que ejerza la facultad de atracción para conocer de asuntos de la competencia de la Sala Unitaria;

XIV. Las demás que le confieran las leyes y otras disposiciones legales.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS SALAS COLEGIADAS Y UNITARIAS
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Artículo 43.- El Tribunal Superior de Justicia ejercerá sus funciones en las salas: constitucional, colegiadas y unitarias que determine el Consejo de la Judicatura, distribuidas en las regiones en el número y ubicación geográficas como lo estime necesario; para el despacho de los asuntos, la Sala Constitucional conocerá de los asuntos de esta índole; las Salas Civiles, conocerán de los asuntos civiles y mercantiles; salas penales, conocerán de los asuntos de este ramo; y salas familiares, de los asuntos de esta materia.

El Consejo de la Judicatura podrá, por necesidades del servicio, determinar que las salas regionales conozcan indistintamente de diversas materias.

Las salas colegiadas se integrarán por tres magistrados cada una y las unitarias por un solo magistrado, teniendo un número progresivo.

Artículo 44.- Corresponde a las salas colegiadas del Tribunal Superior de Justicia, conocer y resolver:

I. En materia civil, familiar y mercantil, de los recursos que se interpongan en contra de sentencias definitivas, dictadas por los jueces de primera instancia y de cuantía menor.

En materia penal, de los recursos que conforme a las leyes procesales se interpongan en contra de resoluciones dictadas sobre delitos graves, aun cuando concurra con otro no grave.

II. De los asuntos cuya competencia corresponda a las salas unitarias, cuando por su importancia y trascendencia lo determine el presidente del Tribunal Superior de Justicia.

III. De las recusaciones o excusas de sus miembros, de los magistrados unitarios de su adscripción, así como de la oposición de las partes y solicitar, en su caso, la designación del sustituto al presidente del Tribunal Superior de Justicia; y

IV. De los demás asuntos que les confieran esta ley, el reglamento interior del tribunal y otras disposiciones legales.

Artículo 44 Bis.- Corresponde a las Salas Unitarias del Tribunal Superior de Justicia, conocer y resolver:

I. En materia civil, familiar y mercantil, de los recursos que se interpongan en contra de resoluciones diversas a las sentencias definitivas, dictadas por los jueces de cuantía menor y de primera instancia.

En materia penal, de los recursos que se interpongan en contra de resoluciones dictadas en asuntos sobre delitos no graves; con excepción de lo previsto en la fracción II del artículo anterior.

II. De los conflictos de competencia que se susciten entre los juzgados pertenecientes a su adscripción. Cuando se trate de juzgados de distintas salas, conocerá la sala a la que pertenezca el juzgado que dio inicio al conflicto;

III. De las recusaciones de los jueces de su adscripción, así como de la oposición de las partes a las excusas; y

IV. De los demás asuntos que les confieran esta ley, el reglamento interior del Tribunal y otras disposiciones legales.

Artículo 44 bis-1.- Corresponde a la Sala Constitucional, conocer y resolver de las controversias y acciones de inconstitucionalidad, previstas en el artículo 88 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Artículo 45.- Cada sala colegiada elegirá anualmente en el mes de enero y en forma alterna de entre sus miembros un Presidente.

Artículo 46.- Son atribuciones de los presidentes de sala colegiada y de los magistrados de la sala unitaria:

I. Realizar los trámites que procedan en los asuntos de la competencia de la sala;

II. Derogada

III. Presidir las audiencias y las sesiones y dirigir los debates, conservando el orden durante éstos;

IV. Tener la representación de la sala y despachar la correspondencia oficial, rendir los informes previo y justificado, y en general proveer lo relativo a los juicios de amparo; y

V. Conocer de los asuntos que les encomiende esta ley y otros ordenamientos legales.

Artículo 47.- Los magistrados adscritos a cada sala colegiada desempeñarán por turno el cargo de magistrado semanero, quien proveerá lo conducente a las promociones de las partes, sometiendo los acuerdos a la aprobación de los demás integrantes de la misma.

Artículo 48.- Las resoluciones de las salas colegiadas se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal.

Si al llevarse a cabo la votación de un asunto no se obtuviere mayoría, el presidente de la sala colegiada lo turnará a otro magistrado para que formule un proyecto de resolución sobre el cual se decidirá en definitiva. El magistrado que disienta formulará voto particular, el cual se insertará en la ejecutoria respectiva.

Si a pesar de lo señalado en el párrafo anterior, no existe mayoría en la votación, se pasará el asunto a la Sala correspondiente más próxima, para que dicte la resolución.

Artículo 49.- La sala respectiva calificará las excusas e impedimentos de sus integrantes. Si con motivo de la excusa o del impedimento, el asunto no pudiere ser resuelto, se pedirá al presidente del tribunal que designe al magistrado que debe integrar sala en sustitución de aquél.

Los Presidentes de las salas colegiadas distribuirán por riguroso turno entre él y los demás miembros de la sala, los tocas para su estudio y presentación oportuna del proyecto de resolución.

Artículo 50.- Las salas del Tribunal Superior de Justicia contarán con el personal siguiente:

I. Un secretario de acuerdos;

II. Un secretario auxiliar;

III. Un oficial mayor;

IV. Un notificador; y

V. El número de empleados auxiliares que determine el Consejo de la Judicatura.

Artículo 51.- Los secretarios, oficiales mayores y notificadores de las salas, deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para ser juez de primera instancia, salvo la antigüedad del título y ejercicio profesional que será de un año.

Los auxiliares de las salas deberán ser ciudadanos mexicanos, estar capacitados para el empleo, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y de buena conducta.

CAPÍTULO QUINTO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Artículo 52.- La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura conforme a las bases que señala la Constitución Política del Estado y esta ley.

Artículo 53.- El Consejo de la Judicatura, se integra por:

I. Un presidente, que será el del Tribunal Superior de Justicia;

II. Dos magistrados nombrados mediante insaculación; y

III. Dos jueces de primera instancia, nombrados en los términos de la fracción anterior.

Artículo 54.- Salvo el presidente del Consejo de la Judicatura, los demás consejeros durarán en su encargo cinco años, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo período, por lo que al concluir éste, deberán reintegrarse a la función jurisdiccional que les corresponda.

Artículo 55.- El Consejo de la Judicatura funcionará en pleno o en comisiones.

El Consejo de la Judicatura integrará una Comisión Especial, cuando así lo estime conveniente a solicitud del titular del Ejecutivo o del Pleno de la Legislatura, para realizar la averiguación de hechos que pudieran constituir un ilícito o responsabilidad administrativa, de algún magistrado o juez del Poder Judicial; cuando la petición se derive del Pleno de la Legislatura, por conducto de su Comisión de Administración de Justicia, podrá hacer llegar a la Comisión Especial, los elementos de prueba y demás información a su alcance, a efecto de que se determine lo procedente por el Consejo.

Artículo 56.- El pleno del Consejo de la Judicatura celebrará sesiones ordinarias una vez cada 15 días y cuantas extraordinarias se requieran, previa convocatoria de su presidente, a iniciativa propia o a solicitud de cuando menos dos de sus integrantes.

Artículo 57.- El pleno del Consejo de la Judicatura se integrará con los cinco consejeros, pero bastará la presencia del presidente y dos más de sus miembros para que sesione.

Artículo 58.- Las decisiones del Consejo de la Judicatura serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a nombramientos que deban ser aprobados por la Legislatura.

Artículo 59.- Las resoluciones del Consejo de la Judicatura y de sus comisiones, constarán en acta autorizada por el secretario del consejo y deberán firmarse por los que en ella intervinieron.

Artículo 60.- Las resoluciones del Consejo de la Judicatura que deban notificarse, se harán personalmente a la parte interesada. La notificación y en su caso, la ejecución de las resoluciones, deberán realizarse por conducto de los órganos que el propio consejo determine. Siempre que el consejo estime que sus acuerdos sean de interés general, deberá ordenar su publicación en la Gaceta del Gobierno.

Artículo 61.- Las resoluciones del Consejo de la Judicatura se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los consejeros presentes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal o cuando no hayan estado presentes durante la discusión del asunto de que se trate. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.

El pleno del Consejo de la Judicatura calificará los impedimentos de sus miembros.

Artículo 62.- Las sesiones ordinarias del Consejo de la Judicatura serán públicas, salvo aquéllas en las que la naturaleza del asunto requiera que sean privadas, a juicio de la mayoría de los consejeros.

Artículo 63.- Son facultades del Consejo de la Judicatura:

I. Velar por la autonomía y la independencia de los miembros del Poder Judicial y evitar que se afecte su imparcialidad y libertad para juzgar;

II. Expedir los nombramientos de los magistrados y someterlos a la aprobación de la Legislatura o de la Diputación Permanente y designar a los jueces y al personal de los juzgados, mediante exámenes de oposición;

III. Determinar, por necesidades de la función jurisdiccional, las regiones geográficas en que deban ejercer sus funciones las salas regionales, adscribir a ellas los juzgados de primera instancia y de cuantía menor para cada una de las regiones; aumentar o disminuir su número, cambiar de materia o residencia las salas o juzgados, determinando su organización y funcionamiento publicando oficialmente los acuerdos respectivos; y crear o suprimir plazas de servidores públicos de la administración de justicia.

IV. Determinar la adscripción, de acuerdo con las necesidades del servicio, de los magistrados, jueces y personal de los juzgados; dar curso a las renuncias que presenten y determinar el cese de jueces de primera instancia y de cuantía menor en los casos previstos en esta ley;

IV bis. Designar de entre los magistrados que formen parte del Pleno, a los que en forma temporal integren la Sala Constitucional y dentro de ellos al instructor.

V. Solicitar a la Legislatura del Estado la destitución del magistrado que haya cometido delitos o faltas u omisiones graves en el desempeño de sus funciones por mala conducta, o su separación porque esté imposibilitado física o mentalmente.

Para este efecto el Consejo de la Judicatura allegará los elementos que fundamenten y motiven su petición;

VI. Resolver las renuncias que presenten los magistrados, remitiéndolas para su aprobación a la Legislatura o a la Diputación Permanente, así como las de los miembros del propio consejo, las de los jueces y demás servidores públicos del Poder Judicial;

VII. Imponer a los servidores públicos judiciales, previa la garantía de audiencia y defensa, las sanciones que procedan conforme a la ley y que no estén encomendadas expresamente a otras autoridades;

VIII. Fijar las bases, convocar y realizar el procedimiento de insaculación para cubrir las plazas vacantes de sus miembros, de acuerdo con lo establecido por esta ley y establecer las previsiones para su sustitución, en casos de ausencia temporal o absoluta;

IX. Suspender o destituir en el ejercicio de sus cargos a los jueces, secretarios, ejecutores y demás servidores judiciales, previa la garantía de audiencia y defensa, cuando a su juicio y comprobación de los hechos, hayan realizado actos de indisciplina, mala conducta, faltas graves o cuando incurran en la comisión de delito en el desempeño de sus funciones, denunciando, en su caso, los hechos al Ministerio Público;

X. Establecer oficialías de partes comunes, cuando en los distritos judiciales o poblaciones exista más de un juzgado de primera instancia o de cuantía menor, por materia;

XI. Otorgar estímulos y recompensas a los servidores públicos judiciales que se hayan destacado en el desempeño de su cargo;

XII. Autorizar anualmente el calendario y el horario oficial de labores del Poder Judicial;

XIII. Acordar licencias a los magistrados para separarse del cargo por menos de 15 días y nombrar a los interinos; cuando exceda de este término, pero no de 60 días, someterlas para su aprobación y designación de los interinos a la Legislatura o a la Diputación Permanente;

XIV. Conceder licencias a los jueces, secretarios y demás empleados de confianza, hasta por tres meses y a los empleados de base, de acuerdo con lo previsto por las leyes laborales aplicables;

XV. Nombrar, con el número ordinal que les corresponda, a los secretarios de las salas o juzgados, oficiales mayores, ejecutores y notificadores;

XVI. Adoptar las providencias necesarias para el eficiente manejo administrativo del Poder Judicial;

XVII. Aprobar el proyecto del presupuesto de egresos del Poder Judicial y acordar su estricta distribución, conforme a las partidas establecidas al efecto;

XVIII. Ejercer el presupuesto de egresos y el Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia con transparencia, eficacia, honradez y con estricto apego a las políticas de disciplina, racionalidad y austeridad;

XIX. Formar los cuadros de servidores públicos que requiera el Poder Judicial, mediante la impartición de los cursos de capacitación en el instituto;

XX. Facilitar los medios necesarios para que los cursos de capacitación que se impartan a los servidores públicos, se realicen adecuadamente;

XXI. Supervisar que la aplicación y evaluación de los exámenes de oposición que se practiquen a los aspirantes de nuevo ingreso o para promoverse a cargos superiores, se hagan con imparcialidad, objetividad y rigor académico;

XXII. Cuidar el cumplimiento y efectividad de la carrera judicial;

XXIII. Expedir los reglamentos, acuerdos generales en materia administrativa y los necesarios para llevar a cabo sus atribuciones;

XXIV. Llevar el registro y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos judiciales conforme a la ley de la materia;

XXV. Asignar a sus comisiones la atención de los asuntos de su competencia;

XXVI. Supervisar el funcionamiento de las salas y los juzgados;

XXVII. Pedir al pleno del Tribunal Superior de Justicia la información y opiniones que requiera para el mejor desempeño de sus funciones;

XXVIII. Solicitar de los magistrados del pleno del Tribunal Superior de Justicia su colaboración para el mejor desempeño de sus funciones de vigilancia; y

XXIX. Practicar visitas de supervisión al Centro de Mediación y Conciliación;

XXX. Las demás que le confiere esta ley y otros ordenamientos.

Artículo 64.- Son facultades y obligaciones del presidente del Consejo de la Judicatura:

I. Presidir al Consejo, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones;

II. Tramitar los asuntos de la competencia del Consejo y ejecutar sus acuerdos;

III. Autorizar con el secretario general de acuerdos, las actas y resoluciones que se dicten en los asuntos de la competencia del Consejo de la Judicatura;

IV. Representar al Consejo;

V. Vigilar el funcionamiento de las salas y de los juzgados; visitar los centros preventivos y de readaptación social y constatar el estado que guardan los procesos, pudiendo comisionar para esos efectos a los demás integrantes del Consejo;

VI. Expedir los nombramientos que apruebe el Consejo;

VII. Recibir, por conducto de la Dirección de la Contraloría, las quejas o informes sobre las demoras, excesos, omisiones y faltas administrativas que en el desempeño de sus funciones incurran los servidores públicos judiciales, a efecto de dictar las providencias que procedan;

VIII. Hacer del conocimiento del Consejo las ausencias temporales y absolutas de magistrados, jueces y demás servidores públicos del Poder Judicial;

IX. Cuidar que se integren en la secretaría de la presidencia, los expedientes de los servidores públicos judiciales que contengan las notas de mérito, o demérito por quejas fundadas, así como de las correcciones o sanciones disciplinarias que les hayan sido impuestas;

X. Vigilar el funcionamiento y las atribuciones del Instituto de Capacitación y Especialización Judicial, conforme a las normas aprobadas por el Consejo de la Judicatura;

XI. Analizar y, en su caso, autorizar los gastos de las salas, juzgados, secretarías y direcciones del tribunal conforme al presupuesto de egresos;

XII. Despachar la correspondencia oficial del Consejo; y

XIII. Las demás que le otorguen las leyes.

CAPÍTULO SEXTO
DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Artículo 65.- En cada distrito judicial habrá el número de juzgados de primera instancia que el Consejo de la Judicatura determine, los que tendrán competencia para conocer de los asuntos civiles, mercantiles, penales y de lo familiar que correspondan a su jurisdicción.

Artículo 66.- Los jueces de primera instancia durarán en su encargo seis años y únicamente podrán ser suspendidos o destituidos en sus funciones conforme a esta ley. El Consejo de la Judicatura podrá ratificarlos hasta por un período más de seis años, siempre que su función haya sido desempeñada con probidad, responsabilidad, eficiencia, capacidad, profesionalismo y que su expediente no tenga notas de demérito.

Artículo 67.- Si por cualquier motivo superveniente el nombramiento de un juez quedare sin efecto, el Consejo de la Judicatura acordará lo conducente. En este caso, los actos en que hubiere intervenido serán legalmente válidos.

Artículo 68.- Los jueces de primera instancia deberán reunir los mismos requisitos que los magistrados menos la edad, que bastará que sea de 28 años, cinco de poseer título de licenciado en derecho y de ejercicio profesional y haber aprobado el examen de oposición.

Artículo 69.- Los juzgados de primera instancia contarán con el personal siguiente:

I. Un juez; y

II. Los secretarios, ejecutores, notificadores y auxiliares que determine el Consejo de la Judicatura.

En los juzgados del ramo penal y familiar no habrá ejecutores.

Artículo 70.- Los secretarios, ejecutores y notificadores deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles;

II. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada, por delito intencional que amerite pena privativa de libertad, ni sancionado por responsabilidad administrativa;

III. No tener impedimento físico ni enfermedad que lo incapacite para el desempeño de su cargo;

IV. Poseer título de licenciado en derecho; y

V. Ser de buena conducta.

Los demás servidores públicos de los juzgados de primera instancia deberán reunir los mismos requisitos a que se refiere este artículo con excepción de la fracción IV.

Artículo 71.- Los jueces de primera instancia de la materia civil, conocerán y resolverán:

I. De los juicios civiles y mercantiles cuando el valor del negocio exceda de mil veces el salario mínimo vigente en el área geográfica respectiva o cuando no sea susceptible de cuantificarse en dinero, con excepción de los que correspondan al derecho familiar si hubiere en el lugar, juzgado de esta materia;

II. De los actos de jurisdicción voluntaria relacionados con inmatriculaciones, informaciones de dominio o ad perpetuam y juicios donde se ejerciten acciones posesorias, cualquiera que sea el valor del negocio;

III. De la diligenciación de exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos en materia civil o mercantil que envíen los jueces del Estado, de otras entidades federativas o del extranjero, que se ajusten a la ley procesal del Estado;

IV. De las diligencias preliminares de consignación, cuando el valor de los bienes o la cantidad que se ofrezca, exceda del monto señalado en la fracción I de este artículo; y

V. De los demás asuntos cuyo conocimiento les atribuyan las leyes.

Artículo 72.- Los jueces de primera instancia de la materia familiar conocerán y resolverán:

I. De los asuntos de jurisdicción voluntaria y contenciosa relacionados con el derecho familiar;

II. De los juicios sucesorios;

III. De las diligencias preliminares de consignación en materia familiar;

IV. De la diligenciación de exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos relacionados con el derecho familiar que envíen los jueces del Estado, de otras entidades federativas o del extranjero, que se ajusten a la ley procesal del Estado; y

V. De los demás asuntos familiares cuyo conocimiento les atribuyan las leyes.

Artículo 73.- Los jueces de primera instancia en materia penal conocerán y resolverán:

I. De todos los procesos de este ramo, con excepción de los que correspondan al conocimiento de los jueces de cuantía menor;

II. De la diligenciación de exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos en materia penal que le envíen los jueces del Estado, de otras entidades federativas o del extranjero, que se ajusten a la ley procesal del Estado; y

III. De los demás asuntos cuyo conocimiento les atribuyan las leyes.

Artículo 74.- Son obligaciones de los jueces de primera instancia:

I. Cumplir y hacer cumplir sin demora y con apego a la ley, los acuerdos y determinaciones que el pleno del Tribunal Superior de Justicia, las salas, el Consejo de la Judicatura y ellos emitan;

II. Dirigir el desarrollo de los procesos, presidir las audiencias de pruebas y dictar las resoluciones en términos de ley;

III. Diligenciar exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos que envíen los jueces del Estado, de otras entidades federativas o del extranjero, que se ajusten a las leyes procesales del Estado;

IV. Rendir al Tribunal Superior de Justicia y a las autoridades correspondientes, dentro de los primeros cinco días de cada mes, los datos estadísticos de los asuntos de su competencia iniciados y concluidos;

V. Remitir al archivo judicial, por conducto de la presidencia del tribunal, los expedientes concluidos;

VI. Visitar al menos una vez al mes a los centros preventivos y de readaptación social, para entrevistarse con los internos que estén a su disposición, e informarlo al Consejo de la Judicatura;

VII. Proponer al pleno del Tribunal Superior de Justicia proyectos de reformas y adiciones a las leyes de su materia;

VIII. Poner a los sentenciados a disposición del Ejecutivo del Estado para que compurguen la pena impuesta;

IX. Ordenar a los secretarios que verifiquen la puntual asistencia y el adecuado desempeño en el trabajo del personal del juzgado a su cargo;

X. Vigilar que los secretarios lleven al día los libros que sean necesarios a juicio del Consejo de la Judicatura;

XI. Asistir a los cursos de actualización y cumplir con los programas del Instituto de Capacitación y Especialización Judicial; y

XII. Conocer de los demás asuntos que les atribuyan las leyes.

Artículo 75.- En los casos de recusación o excusa de los jueces de primera instancia, una vez admitida, se remitirá el proceso al siguiente juzgado, en orden progresivo y agotado éste, en orden regresivo. Cuando se recusen o excusen todos los jueces de un mismo distrito, se remitirá el proceso al del distrito más cercano.

Artículo 76.- Los jueces de primera instancia actuarán en días y horas hábiles. En días y horas inhábiles, lo harán en aquellos asuntos que así lo ameriten y en los que señale la ley.

Artículo 77.- Las disposiciones de este CAPÍTULO se aplicarán en los asuntos mercantiles, sin perjuicio de las señaladas en el Código de Comercio y demás leyes de la materia.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LOS JUZGADOS DE CUANTIA MENOR

Artículo 78.- En cada distrito judicial habrá el número de juzgados de cuantía menor que determine el Consejo de la Judicatura.

Artículo 79.- Los juzgados de cuantía menor ejercerán su jurisdicción en el ámbito territorial que determine el pleno del Tribunal Superior de Justicia y tendrán la competencia que señale esta ley y los demás ordenamientos aplicables.

Artículo 80.- Los jueces de cuantía menor deberán cumplir los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado y aprobar el examen de oposición; durarán en su encargo tres años y podrán ser nombrados para otro período, siempre que su función haya sido desempeñada con probidad, responsabilidad, eficiencia, capacidad, profesionalismo y que su expediente no tenga notas de demérito.

Artículo 81.- Los juzgados de cuantía menor contarán con el personal siguiente:

I. Un juez;

II. Un secretario; y

III. Los servidores públicos que determine el Consejo de la Judicatura.

Artículo 82.- Los secretarios deberán cumplir los mismos requisitos que los de primera instancia; los demás servidores públicos de los juzgados de cuantía menor cumplirán con los requisitos que fije el Consejo de la Judicatura.

Artículo 83.- Los jueces de cuantía menor, dentro de su jurisdicción, tendrán competencia para conocer y resolver:

I. En materia civil y mercantil:

a). De todos los juicios civiles o mercantiles cuyo monto sea hasta mil veces el salario mínimo vigente en el área geográfica respectiva, exceptuando los asuntos que son de la competencia de los jueces de primera instancia.

b). De las diligencias de consignación, incluso pensiones alimenticias, cuando el valor de la cosa o la cantidad que se ofrezca sea hasta mil veces el salario mínimo vigente en el área geográfica respectiva. En los casos de prestaciones periódicas deberá estarse a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles.

II. En materia penal:

De los delitos que tengan como sanción:

a). Apercibimiento.

b). Caución de no ofender.

c). Pena alternativa.

d). Multa, en los términos que establezca el código de la materia.

e). Prisión y multa, en los términos que establezca el código de la materia, independientemente de cualquier otra sanción.

Artículo 84.- Son obligaciones de los jueces de cuantía menor:

I. Cumplir y hacer cumplir sin demora y con estricto apego a la ley, los acuerdos y determinaciones que el pleno del Tribunal Superior de Justicia, las salas, el Consejo de la Judicatura y ellos emitan;

II. Dirigir el desarrollo de los procesos, presidir las audiencias de pruebas y dictar las resoluciones oportunamente;

III. Diligenciar exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos que envíen los jueces del Estado, de otras entidades federativas o del extranjero, que se ajusten a las leyes procesales del Estado;

IV. Rendir al Tribunal Superior de Justicia y a las autoridades correspondientes, dentro de los primeros cinco días de cada mes, los datos estadísticos de los asuntos de su competencia iniciados y concluidos;

V. Remitir al archivo judicial, por conducto de la presidencia del tribunal, los expedientes concluidos;

VI. Visitar al menos una vez al mes a los centros preventivos y de readaptación social, para entrevistarse con los internos que estén a su disposición, e informarlo al Consejo de la Judicatura;

VII. Proponer al pleno del Tribunal Superior de Justicia proyectos de reformas y adiciones a las leyes de su materia;

VIII. Poner a los sentenciados a disposición del Ejecutivo del Estado para que compurguen la pena impuesta;

IX. Exigir a los secretarios que verifiquen la puntual asistencia y el adecuado desempeño en el trabajo del personal del juzgado a su cargo;

X. Vigilar que los secretarios lleven al día los libros que sean necesarios a juicio del Consejo de la Judicatura;

XI. Asistir a los cursos de actualización y cumplir con los programas del Instituto de Capacitación y Especialización Judicial; y

XII. Conocer de los demás asuntos que les atribuyan las leyes.

Artículo 85.- En los casos de recusación o excusa de los jueces de cuantía menor, una vez admitida, se remitirá el proceso al siguiente juzgado, en orden progresivo y agotado éste, en orden regresivo. Cuando se recusen o excusen todos los jueces de un mismo distrito, se remitirá el proceso al del distrito más cercano.

Artículo 86.- Los jueces de cuantía menor actuarán en días y horas hábiles. En días y horas inhábiles, lo harán en aquellos asuntos que así lo ameriten y en los que señale la ley.

Artículo 87.- Las disposiciones de este CAPÍTULO se aplicarán en los asuntos mercantiles, sin perjuicio de las señaladas en el Código de Comercio y demás leyes de la materia.

CAPÍTULO OCTAVO
DE LOS SECRETARIOS, OFICIALES MAYORES Y DEMAS SERVIDORES
PUBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Artículo 88.- Los secretarios tienen fe pública en el ejercicio de las funciones a su cargo; también la tienen los servidores públicos judiciales que en cada caso autoricen, la ley, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los presidentes de las salas colegiadas, los magistrados unitarios o el juez.

Artículo 89.- Son obligaciones de los secretarios:

I. Cumplir con el horario de labores fijado por el Consejo de la Judicatura, vigilar que sus subalternos también lo hagan y llevar el libro de asistencia para su control;

II. Recibir por sí o por conducto de la oficialía de partes, los escritos o promociones que se les presenten, anotar al calce la razón del día y la hora de presentación, expresando el número de hojas que contengan los documentos que se acompañen. También deberán asentar razón idéntica en la copia, con la firma del que recibe el escrito y el sello del juzgado o tribunal, para que quede en poder del interesado;

III. Dar cuenta diariamente dentro de las 24 horas siguientes de su recepción, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al presidente de la sala colegiada, al magistrado unitario, o al juez, según corresponda, con los escritos, promociones y avisos presentados por los interesados, así como con los oficios y demás documentos que se reciban y tramitar la correspondencia oficial;

IV. Autorizar los despachos, exhortos, actas, diligencias y autos, así como toda clase de resoluciones dictadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia o del pleno, magistrados de las salas o juez, según corresponda;

V. Asentar en los expedientes puntualmente las certificaciones, constancias y demás razones que la ley o el superior ordenen:

VI. Expedir las copias que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de mandamiento judicial;

VII. Conservar en su poder el sello de la oficina, sellar, foliar y rubricar en el centro, cada una de las hojas de los expedientes y demás documentos al término de cada actuación;

VIII. Guardar en el secreto del tribunal, sala o juzgado, los documentos, expedientes o valores que la ley o el superior disponga;

IX. Recoger, guardar e inventariar los expedientes;

X. Proporcionar a los interesados los expedientes en los que fueren parte, siempre que sea en su presencia, sin extraerlos de la oficina;

XI. Dar fe y autorizar en los juicios verbales las comparecencias de las partes;

XII. Dar fe y autorizar los actos de su inmediato superior en ejercicio de sus funciones;

XIII. Efectuar en el tribunal o juzgado, las notificaciones que les encomiende la ley o entregar para el mismo objeto los expedientes al notificador o, en su caso, al ejecutor;

XIV. Llevar al corriente los siguientes libros: el de gobierno, para anotar entradas, salidas y el estado de los asuntos en cada ramo; el de registro diario de promociones; el de entrega y recibo de expedientes y comunicaciones; el de exhortos para cada materia; el de entrega y recibo de expedientes al archivo judicial y los demás que sean necesarios para cada materia, a juicio del Consejo de la Judicatura;

XV. Conservar bajo su custodia, previo inventario, el mobiliario del tribunal o juzgado, y cuidar de su buen estado de conservación;

XVI. Ejercer la vigilancia necesaria en la oficina, para preservar los expedientes y documentos;

XVII. Cuidar el orden y el cumplimiento en el trabajo del personal a su cargo;

XVIII. Asistir a los cursos y cumplir con los programas del Instituto de Capacitación y Especialización Judicial; y

XIX. Autorizar y desempeñar las demás labores y servicios que las leyes o las autoridades judiciales les encomienden.

Artículo 90.- El secretario auxiliar en cada sala, sustituirá en sus faltas al secretario de acuerdos.

Artículo 91.- Los secretarios auxiliares desempeñarán las labores referentes a la secretaría. Los oficiales mayores, son auxiliares de los secretarios de las salas y tendrán las obligaciones que les señalen éstos para el mejor desempeño de sus labores; llevarán los libros de la sala en apoyo de los secretarios y tendrán a su cargo el cotejo de los testimonios de las ejecutorias con sus originales, asentando al margen su rúbrica, para acreditar la fidelidad de estos documentos.

Artículo 92.- Los ejecutores y notificadores tienen fe pública en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 93.- Los ejecutores, notificadores y los demás servidores desempeñarán las labores que la ley o sus superiores les encomienden.

CAPÍTULO NOVENO
DE LOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Artículo 94.- Son auxiliares de la administración de justicia, las autoridades, los servidores públicos y las personas que enumera esta ley, quienes deberán prestar sus servicios y apoyo a los órganos jurisdiccionales, mediante requerimiento judicial.

Artículo 95.- Los auxiliares de la administración de justicia, tendrán las facultades y obligaciones que les señalen los ordenamientos legales en los asuntos en que intervengan.

Artículo 96.- La emisión de los peritajes en los asuntos judiciales constituye una función pública. Los profesionales, los técnicos o prácticos en cualquier materia científica, arte u oficio, por el solo hecho de aceptar el cargo ante los tribunales, están obligados a dictaminar en ellos conforme a la ciencia, arte u oficio respectivo, salvo causa justificada que calificará el juez o tribunal. Su retribución se regulará por las leyes.

CAPÍTULO DECIMO
DE LAS LICENCIAS, SUSTITUCIONES Y RENUNCIAS DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS DEL PODER JUDICIAL

Artículo 97.- Las licencias para los servidores públicos del Poder Judicial, se concederán cuando estuvieren fundadas a juicio del Consejo de la Judicatura o conforme a las leyes laborales aplicables.

Artículo 98.- A los magistrados podrá concederse licencia por enfermedad justificada hasta por un año. El Consejo de la Judicatura someterá la licencia y el nombramiento del interino respectivo a la aprobación de la Legislatura o de la Diputación Permanente.

Artículo 99.- En las licencias con goce de sueldo, el interino percibirá el sueldo de su plaza cuando la suplencia no exceda de un mes; y cuando sobrepase este término, percibirá el correspondiente al cargo que desempeñe.

Artículo 100.- En las licencias sin goce de sueldo los interinos percibirán el sueldo que corresponda a quien sustituyan.

Artículo 101.- Concluido el plazo de una licencia o el de la prórroga que se hubiere concedido, si el interesado no se presenta al desempeño de sus labores, quedará sin efecto su nombramiento.

Artículo 102.- Las licencias de los magistrados que excedan de 15 días, pero no de 60 serán acordadas por el Consejo de la Judicatura y sometidas a la aprobación de la Legislatura o de la Diputación Permanente, en su caso.

Artículo 103.- Las renuncias de los magistrados, jueces y servidores públicos del Poder Judicial se presentarán ante el Consejo de la Judicatura, el que calificará y resolverá lo procedente.

CAPÍTULO DECIMO PRIMERO
DE LAS AUSENCIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL PODER JUDICIAL

Artículo 104.- Las ausencias de los servidores públicos judiciales serán suplidas en los términos que ordena la presente ley. Las ausencias se dividen en temporales y absolutas. Son temporales cuando no se concurre al despacho, por enfermedad, comisión, causa de fuerza mayor, vacaciones, suspensión del empleo o cargo, o por cualquier otra causa justificada a juicio del Consejo de la Judicatura. Son absolutas, en los casos de renuncia, destitución, imposibilidad física o mental, o muerte.

Artículo 105.- Las ausencias temporales de los magistrados, se suplirán:

I. Las del presidente del Tribunal Superior de Justicia, por el magistrado que designe el pleno del tribunal;

II. Las de los presidentes de las salas, por el magistrado de las mismas que designe la sala correspondiente; y

III. Las de los demás magistrados del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, por los jueces de primera instancia que designe el propio Consejo, el que también designará a los interinos en las ausencias de los jueces que lo integran.

Artículo 106.- La vacante que deje en la sala el magistrado que resulte electo presidente del Tribunal Superior de Justicia, será cubierta por el que designe el Consejo de la Judicatura, el que hará la reubicación del saliente de acuerdo con su especialidad y conveniencia del servicio.

Artículo 107.- Cuando los jueces, secretarios, ejecutores, notificadores y auxiliares administrativos del Poder Judicial se ausentaren de sus labores por más de tres días consecutivos sin causa justificada, serán cesados de su empleo y quedará vacante el cargo para los efectos del nuevo nombramiento. La ausencia se comunicará a la autoridad correspondiente.

Artículo 108.- Las ausencias temporales de los servidores públicos del Poder Judicial se suplirán en la forma siguiente:

I. Las de los jueces que no excedan de tres meses dentro del juzgado en que ocurra, por el primer secretario de acuerdos; en su defecto, por los demás secretarios en su orden o bien por el juez que designe el Consejo de la Judicatura;

II. La del secretario general de acuerdos, por el secretario de la sala que designe el Consejo de la Judicatura;

III. Las de los secretarios de acuerdos de las salas del tribunal, por los secretarios auxiliares de las mismas y en defecto de éstos, por el secretario interino que designe el Consejo de la Judicatura;

IV. Las de los secretarios de los juzgados, por el servidor público que le siga en jerarquía, o por el secretario interino que designe el Consejo de la Judicatura; y

V. Las de los demás servidores judiciales, por quien designe el Consejo de la Judicatura.

Artículo 109.- Las ausencias absolutas de los servidores públicos del Poder Judicial, se suplirán en la siguiente forma:

I. La del presidente del Tribunal Superior de Justicia, por el magistrado que elija el pleno; y las de los magistrados, por quienes reuniendo los requisitos constitucionales, designe el Consejo de la Judicatura con la aprobación de la Legislatura o de la Diputación Permanente;

II. Las de los jueces de primera instancia y las de los de cuantía menor, por quienes reuniendo los requisitos legales, designe el Consejo de la Judicatura y, entre tanto se hace ésta, se procederá en la forma establecida para las ausencias temporales; y

III. Las de los secretarios del tribunal y de los juzgados así como de los demás servidores públicos, por quienes reuniendo los requisitos legales, designe el Consejo de la Judicatura y entre tanto se hace ésta, se procederá en la forma establecida para los casos de ausencias temporales.

TÍTULO QUINTO
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 110.- La responsabilidad de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura por delitos o faltas u omisiones graves en que incurran durante el ejercicio de sus funciones, se sustanciará ante la Legislatura, en términos de la Constitución Política del Estado.

Artículo 111.- Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, jueces y servidores del Poder Judicial, serán responsables administrativamente de las faltas que cometan en el ejercicio de sus cargos y quedarán sujetos al procedimiento y sanciones que determina la presente ley o las que sean aplicables.

Artículo 112.- Son faltas administrativas del presidente del Tribunal Superior de Justicia, de los magistrados y de los presidentes de las salas, las acciones u omisiones siguientes:

I. Incurrir en conductas que atenten contra la autonomía y la independencia de los miembros del Poder Judicial y poner en riesgo su imparcialidad y libertad para juzgar;

II. Ejercer influencia para que el nombramiento del personal de las salas o juzgados recaiga en persona determinada o que no reúna los requisitos legales o de capacidad;

III. Dictar resoluciones o trámites infundados o notoriamente innecesarios que sólo tiendan a dilatar el proceso;

IV. Admitir, en los casos que prescriben las leyes, garantías de personas que no acrediten su solvencia;

V. Actuar en los negocios en que estuvieren impedidos por las causas previstas en los ordenamientos legales;

VI. Señalar la celebración de vistas o audiencias, fuera de los plazos establecidos por la ley;

VII. Desechar los recursos y medios de impugnación procedentes;

VIII. Evidenciar una conducta parcial en la tramitación del procedimiento;

IX. Asignar a los servidores públicos judiciales, labores ajenas a sus funciones;

X. Faltar a las sesiones del pleno o ausentarse de ellas;

XI. Ausentarse de las vistas o audiencias en las salas, una vez iniciadas;

XII. Abstenerse de dictar dentro de los términos señalados por la ley, las resoluciones que provean legalmente las promociones de las partes, o las sentencias definitivas o interlocutorias en los negocios de su conocimiento;

XIII. Abstenerse de admitir o desahogar las pruebas ofrecidas, cuando reúnan los requisitos previstos en la ley;

XIV. No asistir al desempeño de sus labores o incumplir con el horario reglamentario de trabajo; y

XV. No cumplir con los términos señalados en los ordenamientos legales.

Artículo 113.- Si la falta se cometiere porque los magistrados de las salas colegiadas no dicten sus resoluciones dentro del término legal, solamente será responsable el ponente, cuando no presentare oportunamente el proyecto respectivo a la consideración de los otros magistrados; los tres serán responsables, si al haberse presentado la ponencia correspondiente, no concurrieren a la discusión del negocio o no emitieren su voto sin causa justificada.

Artículo 114.- Son faltas administrativas de los jueces, además de las señaladas en el artículo 112, las acciones u omisiones siguientes:

I. Decretar providencias provisionales notoriamente improcedentes o fuera de los casos previstos por la ley;

II. Admitir demandas o promociones de partes que no acrediten su personalidad o desecharlas a quien la hubiere acreditado legalmente;

III. Hacer declaración de rebeldía en juicio o tener por confesa a alguna de las partes, sin que los emplazamientos o citaciones hayan sido hechas en forma legal o con antelación al término previsto por la ley;

IV. Decretar embargos o la ampliación de los mismos sin que se reúnan los requisitos de ley o negar su reducción o levantamiento, cuando se compruebe en autos la procedencia legal;

V. Dejar inconclusa la instrucción de los procesos de su conocimiento;

VI. Abstenerse de revisar de oficio las actuaciones de sus secretarios, ejecutores y notificadores en los casos que ordena la ley; y

VII. No presidir las audiencias de pruebas, las juntas de peritos u otras diligencias en las que la ley determine su intervención.

Artículo 115.- Son faltas administrativas de los secretarios de acuerdos, las acciones u omisiones siguientes:

I. Dar cuenta, fuera del término legal, con los oficios y documentos oficiales dirigidos al juez y con los escritos y promociones de las partes;

II. Asentar en autos, las certificaciones que procedan de oficio o por mandato judicial, sin sujetarse a los plazos señalados en la ley o abstenerse de hacerlas;

III. Retardar la entrega de los expedientes para notificación personal o su diligenciación, cuando las actuaciones deban efectuarse fuera del juzgado;

IV. Abstenerse de dar cuenta al juez o al presidente de la sala que corresponda, de las faltas u omisiones que personalmente hubieren observado en los servidores subalternos de la oficina;

V. Negarse a realizar las notificaciones que procedan dentro del término de ley, cuando las partes concurran al tribunal o juzgado;

VI. Rehusarse a mostrar los expedientes a las partes, cuando lo soliciten o cuando se hubiera publicado en el boletín del día el acuerdo correspondiente; y

VII. No cumplir con los términos señalados en los ordenamientos legales.

Artículo 116.- Son faltas administrativas de los ejecutores y de los notificadores, las acciones u omisiones siguientes:

I. Dar preferencia a alguno de los litigantes, en la práctica de las diligencias;

II. Realizar emplazamientos por cédula o instructivo, en lugar distinto del señalado en autos, y sin cerciorarse por cualquier medio que el demandado tiene su domicilio en donde se efectúa la diligencia;

III. Llevar a cabo embargos, aseguramientos, retención de bienes o lanzamientos a personas físicas o morales que no sean las designadas en el auto respectivo o cuando en el momento de la diligencia o antes de retirarse el servidor público judicial, se le demuestre que esos bienes son ajenos;

IV. Dejar de hacer con la debida oportunidad, las notificaciones personales o abstenerse de practicar las diligencias encomendadas, cuando éstas deban efectuarse fuera del tribunal o juzgado;

V. Retardar indebidamente las notificaciones, emplazamientos, embargos o diligencias de cualquier clase que les fueren encomendadas; y

VI. No cumplir con los términos señalados en los ordenamientos legales.

Artículo 116 Bis.- Son faltas administrativas de los mediadores y conciliadores, las siguientes:

I. Revelar los informes, datos, comentarios, opiniones, conversaciones y acuerdos de las partes de que tengan conocimiento con motivo del trámite de mediación o conciliación en el que intervengan;

II. Violar los principios de imparcialidad, neutralidad, confidencialidad y respeto a las partes en los asuntos en los que intervengan;

III. Tratar con descortesía a los litigantes, abogados patronos y al público;

IV. Consumir alimentos o realizar compra o ventas en el interior de la oficina en el horario de trabajo;

V. No concurrir en las horas reglamentarias al desempeño de sus labores y no asistir puntualmente a la celebración de ceremonias o actos oficiales del Poder Judicial o cursos de capacitación, congresos, conferencias o reuniones de trabajo;

VI. Incumplir las instrucciones de sus superiores jerárquicos relacionadas con las funciones del Centro de Mediación y Conciliación;

VII. Incumplir con las obligaciones inherentes a su cargo.

Artículo 117.- Son faltas administrativas de los demás servidores públicos del Poder Judicial, las acciones u omisiones siguientes:

I. Tratar con descortesía a los litigantes, abogados patronos y al público;

II. Despachar tardíamente los oficios; retardar las diligencias que se les encomienden o negarse a practicarlas;

III. Retardar el turno de las promociones a los juzgados correspondientes;

IV. Consumir alimentos o realizar compras o ventas en el interior del recinto de la sala, juzgado u oficina en el horario de trabajo;

V. No concurrir en las horas reglamentarias al desempeño de sus labores, y no asistir puntualmente a la celebración de ceremonias o actos oficiales del poder judicial o cursos de capacitación, conferencias o reuniones de trabajo;

VI. No mostrar los expedientes a las partes, o a las personas autorizadas cuando lo soliciten, siendo los encargados de hacerlo; y

VII. Incumplir las instrucciones de sus superiores jerárquicos relacionadas con las funciones del juzgado o tribunal.

Artículo 118.- El procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos del Poder Judicial, deberá iniciarse:

I. Por denuncia, que en su caso se ratificará, la cual deberá constar por escrito, bajo protesta de decir verdad y estar suscrita por el denunciante, con indicación de su domicilio.

Están legitimados para formular denuncias por faltas administrativas:

a). Las partes en el procedimiento.

b). El Ministerio Público, en los procesos en que intervenga.

c). El ofendido, en los procesos penales.

Si falta alguno de los requisitos anteriores, la denuncia será desechada de plano.

II. Por acta levantada con motivo de las visitas practicadas a las salas y a los juzgados o por hechos que se desprendan del ejercicio de la función de los servidores.

Artículo 119.- Toda denuncia o acta levantada en contra de algún servidor público del Poder Judicial, se presentará ante la Dirección de la Contraloría o su delegación correspondiente, la que dará cuenta dentro del término de 24 horas al presidente del Consejo de la Judicatura, quien designará a alguno de sus miembros como instructor, para que se encargue de la sustanciación del expediente respectivo, pudiendo auxiliarse, en su caso, de la Contraloría Interna. El procedimiento se instruirá en los términos siguientes:

I. Se iniciará con la denuncia o acta en la que se ofrecerán las pruebas respectivas;

II. Se le hará saber al servidor público el contenido de la denuncia o del acta, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación rinda un informe por escrito y ofrezca las pruebas que estime pertinentes;

III. Se citará al servidor público y al denunciante, en su caso, a una audiencia que se celebrará dentro de un plazo igual al que se refiere la fracción anterior, y en ella se les oirá y se desahogarán las pruebas tendientes a la comprobación de la falta administrativa o de la justificación de la conducta del servidor público;

Si el denunciante no comparece a la audiencia sin causa justificada y las pruebas aportadas no acreditan plenamente por si solas la responsabilidad del servidor público, se sobreseerá el procedimiento;

IV. El instructor podrá llevar a cabo la práctica de cualquier diligencia probatoria que considere necesaria para el esclarecimiento de los hechos; y

V. De no existir diligencias probatorias adicionales, el instructor formulará su opinión de responsabilidad o de no responsabilidad administrativa, así como de la propuesta de sanción dentro de un plazo de 10 días hábiles. Con lo anterior se dará cuenta al pleno del Consejo de la Judicatura en la siguiente sesión, para que se dicte la resolución que proceda y la cumplimente.

Artículo 120.- La resolución de responsabilidad administrativa dictada por el Consejo de la Judicatura, determinará la inhibición del servidor público en el conocimiento del asunto en el cual se originó, ordenando la anotación respectiva en su expediente, y precisará, en su caso, la aplicación de las sanciones señaladas en esta ley.

Artículo 121.- La resolución de no responsabilidad administrativa, deberá ser publicada gratuitamente en extracto en el Boletín Judicial y, en su caso, sujetará al denunciante a las responsabilidades civiles y penales correspondientes.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS SANCIONES

Artículo 122.- Las faltas señaladas en el capítulo anterior, serán sancionadas con:

I. Amonestación;

II. Apercibimiento;

III. Sanción económica de tres a 500 días de salario mínimo diario vigente en el área geográfica respectiva;

IV. Suspensión del cargo hasta por un mes;

V. Destitución del cargo; y

VI. Inhabilitación.

Cuando además de las faltas, los servidores públicos hayan incurrido en hechos que puedan ser constitutivos de delito, se pondrá en conocimiento del Ministerio Público, para los efectos legales respectivos.

Artículo 123.- Para la aplicación de las sanciones, se tomará en cuenta la gravedad de la falta cometida, la incidencia o reincidencia de la misma y la conducta anterior del servidor público.

TÍTULO SEXTO
DEL ARCHIVO, BOLETIN JUDICIAL, BIBLIOTECA Y JURISPRUDENCIA

CAPÍTULO PRIMERO
DEL ARCHIVO Y BOLETIN JUDICIAL

Artículo 124.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia tendrá bajo su dependencia el Archivo Judicial y tomará las medidas que estime convenientes para el desempeño eficiente de su servicio.

La oficina estará a cargo de un jefe, quien deberá tener conocimientos en archivonomía y será auxiliado por el personal necesario a juicio del Consejo de la Judicatura.

Artículo 125.- Se depositarán en el Archivo Judicial:

I. Todos los expedientes del orden civil, mercantil, familiar y penal concluidos por los tribunales del Estado;

II. Los expedientes en materia civil, mercantil o familiar en los que se haya dejado de promover por más de un año; y

III. Los demás documentos que las leyes determinen.

Artículo 126.- Los tribunales, al remitir los expedientes para su resguardo al Archivo Judicial, además de hacer las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, llevarán otro libro en el cual asentarán en forma de inventario, lo que contenga cada remisión. El jefe del archivo pondrá al calce de este inventario, una constancia de recibo, y dará cuenta inmediata por escrito al presidente del tribunal.

Artículo 127.- Los expedientes y documentos recibidos en el Archivo Judicial, serán anotados en un libro de entradas destinado para cada juzgado y una vez clasificados y arreglados se colocarán en el lugar que les corresponda, evitando que se deterioren.

Artículo 128.- Por ningún motivo se extraerá expediente alguno del Archivo Judicial, salvo a petición de la autoridad que lo haya remitido o de otra competente, en cuyo caso se insertará en el oficio relativo la determinación que motiva el pedimento; su salida será autorizada por la presidencia del tribunal y la orden se anotará en el libro respectivo y se agregará al expediente solicitado.

Artículo 129.- La vista o examen de libros, documentos o expedientes del archivo serán autorizados por el presidente del tribunal y podrá permitirse a los interesados, en presencia del encargado de la oficina y dentro de ella. La expedición de copias será autorizada por el secretario general de acuerdos.

Artículo 130.- Por ningún motivo los empleados del archivo podrán extraer documentos o expedientes. La infracción de esta disposición ameritará sanción administrativa, sin perjuicio de la denuncia penal correspondiente.

Artículo 131.- Los jueces que no remitan los expedientes que deben ser depositados en el Archivo Judicial serán sancionados por el Consejo de la Judicatura.

Artículo 132.- Cualquier defecto o irregularidad que advierta el jefe del archivo en los expedientes y documentos que se le remitan para su depósito, lo comunicará inmediatamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 133.- El reglamento respectivo fijará las atribuciones de los empleados del archivo judicial y determinará la forma y términos de los registros, índices y libros que en la misma oficina deban llevarse para su funcionamiento.

Artículo 134.- El Boletín Judicial es el órgano encargado de publicar las listas de los acuerdos y de las resoluciones de las salas y de los juzgados que determine el pleno del tribunal, con efectos de notificación en términos del Código de Procedimientos Civiles; la jurisprudencia del tribunal y demás disposiciones de interés general.

El jefe de la oficina del Boletín Judicial será el responsable de su publicación y distribución oportuna; para tal efecto, contará con el personal necesario. El incumplimiento de esta obligación será sancionada por el Consejo de la Judicatura.

Para desempeñar el cargo de jefe de la oficina del Boletín Judicial se deberá cumplir con los mismos requisitos de un secretario de juzgado de primera instancia.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA BIBLIOTECA

Artículo 135.- La biblioteca del Poder Judicial dependerá del Consejo de la Judicatura.

Artículo 136.- La biblioteca estará al servicio del Poder Judicial y del público, pero sólo los servidores de aquél, podrán solicitar a préstamo los libros, de acuerdo con el sistema de control que se establezca.

Artículo 137.- La biblioteca estará bajo el control de un jefe especializado en el conocimiento y manejo de esta materia y de los servidores públicos necesarios para su funcionamiento.

Artículo 138.- Corresponde al jefe de la biblioteca:

I. Formar el inventario de todos los libros y documentos, así como del mobiliario y equipo;

II. Clasificar y ordenar las obras, formar el catálogo y el fichero respectivos;

III. Conservar, asegurar y custodiar el acervo bibliográfico;

IV. Proponer al Consejo de la Judicatura la adquisición de obras que sean convenientes para la prestación del servicio;

V. Llevar la estadística de asistencia de usuarios; y

VI. Distribuir las labores entre él y su personal para un mejor funcionamiento.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL

Artículo 139.- La jurisprudencia que establezca el tribunal Superior de Justicia funcionando en Pleno, será obligatoria para las salas regionales y los juzgados. La que establezca funcionando en salas, será obligatoria para los juzgados.

Habrá jurisprudencia, cuando lo resuelto por una sala colegiada se sustente en cinco sentencias consecutivas no interrumpidas por otra en contrario y haya sido aprobada por unanimidad de votos, con excepción de las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional.

Artículo 140.-Cuando dos o más de las salas sustenten tesis contradictorias, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en un plazo no mayor de cien días contados a partir de la fecha en que fuera formulada la denuncia, deberán pronunciarse a favor de alguna de ellas o bien, establecer la que deba regir. La contradicción será resuelta por mayoría de votos de los magistrados.

La tesis del Pleno del Tribunal Superior de Justicia que resuelva la contradicción, tendrá el carácter de jurisprudencia, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 139 de esta ley.

La resolución que dirima la controversia no afectará por ningún motivo las situaciones jurídicas concretas definidas en juicio con anterioridad a la misma.

Artículo 141.- La contradicción de tesis deberá denuncirse por escrito al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, señalándose las salas que incurren en contradicción y en qué consiste; el nombre del denunciante y su relación con el asunto. El Presidente analizará la procedencia de la denuncia y dará cuenta de ella al Pleno del Tribunal, en la siguiente sesión.

La contradicción de tesis podrá ser denunciada por:

I.- Las salas que intervengan en ella o cualquiera de los magistrados que las integren;

II.- Las partes en el juicio donde ésta surja o sus legítimos representantes;

III.- Los jueces del Estado cuando después de haber dictado resolución en el asunto de su competencia, adviertan la contradicción;

IV.- El Procurador General de Justicia del Estado , cuando considere que se afecta el interés de la sociedad; y

V.- El Coordinador General de Compilación y Sistematización de Tesis del Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 142.- La jurisprudencia sustentada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia o por las salas colegiadas, se interrumpirá y dejará de ser obligatoria, siempre que el órgano que la estableció así lo acuerde, se cumplan los mismos requisitos para integrarla y se expresen las razones que existen para su interrupción. También se interrumpirá la jurisprudencia de las salas cuando el Pleno del Tribunal lo determine al resolver la contradicción de tesis.

La jurisprudencia sustentada por las salas unitarias se interrumpirá y dejará de ser obligatoria, siempre que una de las salas participantes en su formación así lo acuerde, debiéndose proceder como en el caso de criterios contradictorios.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DEL FONDO AUXILIAR
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 143.- La Dirección de Administración dependerá del Consejo de la Judicatura y contará con el personal siguiente:

I. Un director;

II. Jefes de departamento; y

III. El personal que a juicio del propio consejo se requiera.

Las atribuciones de la dirección serán determinadas por el pleno del Consejo de la Judicatura y el reglamento respectivo.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Artículo 144.- Se constituye el patrimonio social denominado Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.

Artículo 145.- El Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia se integra con:

I. Fondo propio, constituido por:

a). El monto de las cauciones otorgadas para garantizar la libertad provisional, que se hagan efectivas en los casos señalados por el Código de Procedimientos Penales.

b). El monto de las cantidades otorgadas para obtener los beneficios de la conmutación de las sanciones y de la suspensión condicional de la condena, que se haga efectiva en los casos previstos por el Código Penal.

c). Las multas que por cualquier causa impongan las salas del Tribunal Superior de Justicia o los jueces.

d). Los rendimientos que se generen por las inversiones de los depósitos en dinero o valores que se efectúen ante los tribunales judiciales.

e). El producto de los objetos o instrumentos materia del delito que sean de uso lícito, en la forma y términos previstos por el Código Penal.

f). Los muebles y valores depositados por cualquier motivo ante los tribunales judiciales que no fueren retirados por quien tenga derecho a ellos, dentro del término de un año computado a partir de la fecha en que haya causado ejecutoria la resolución definitiva.

g). El monto de la reparación del daño, cuando la parte ofendida renuncie al mismo o no lo reclame dentro del término de un año a partir de la fecha en que tenga derecho a obtenerlo, siempre que le hubiere sido notificado.

II. Fondo ajeno, constituido por depósitos en efectivo o en valores, que por cualquier causa se realicen o se hayan realizado ante los tribunales judiciales.

Artículo 146.- Para los efectos de la fracción II del artículo anterior, el tribunal, juzgado o cualquiera de sus órganos, que por algún motivo reciba un depósito de dinero o en valores, deberá remitirlo o integrarlo al fondo, por conducto del Consejo de la Judicatura.

Artículo 147.- Las sumas o valores que se reciban en el renglón de fondo ajeno, serán reintegradas a los depositantes o beneficiarios, según proceda, mediante orden por escrito de la sala o juzgado ante el que se haya otorgado el depósito, en el término máximo de cinco días hábiles.

Artículo 148.- El Consejo de la Judicatura tendrá la administración y manejo del fondo, conforme a las siguientes atribuciones:

I. Recibir mensualmente del Coordinador Administrativo, la información financiera sobre:

a). La integración individual del fondo propio y del fondo ajeno.

b). La identificación de los movimientos contables correspondientes, apoyados con la documentación que los justifique para el informe que deba rendir el presidente del Tribunal Superior de Justicia.

II. Celebrar los fideicomisos que sean convenientes con las instituciones de crédito autorizadas para garantizar la conservación e incremento de los fondos propio y ajeno;

III. Solicitar del pleno del Tribunal Superior de Justicia, los requerimientos por satisfacer con los recursos del fondo auxiliar;

IV. Autorizar las licitaciones y concursos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y demás disposiciones relativas; y

V. Solicitar la práctica de auditorías tanto del registro original como de los movimientos trimestrales de los dos fondos; ordenar la apertura de la contabilidad correspondiente y el nombramiento y registro profesional de los responsables, independiente de la contabilidad y de los ingresos percibidos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos.

Artículo 149.- El presidente del Consejo de la Judicatura firmará las operaciones activas o pasivas para el registro y vigencia del fondo y otro miembro del propio Consejo fungirá como Coordinador Administrativo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia en su informe anual, dará a conocer el resultado del rendimiento de los fondos propio y ajeno, así como de las erogaciones efectuadas, validadas por el Consejo de la Judicatura.

CAPÍTULO TERCERO
BASES PARA LA APLICACIÓN DEL FONDO AUXILIAR
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Artículo 150.- El Consejo de la Judicatura tendrá a su cargo y bajo su responsabilidad el manejo y administración del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, conforme a las siguientes bases:

I. Podrá invertir las cantidades que integran el fondo en la adquisición de títulos de renta fija o a plazo fijo, en representación del Poder Judicial, quien será el titular de los certificados y documentos que expidan las instituciones de crédito con motivo de las inversiones, constituyendo con las instituciones fiduciarias, los fideicomisos de administración de estos recursos;

II. En el informe anual que rendirá el presidente del Tribunal Superior de Justicia, comunicará el resultado de los ingresos y rendimientos de las inversiones, así como de las erogaciones efectuadas; y

III. El Consejo de la Judicatura ordenará la práctica de las auditorías internas o externas que considere necesarias para verificar que el manejo del fondo se haga en forma conveniente, honesta y transparente.

Artículo 151.- Los productos y los rendimientos del fondo auxiliar, se aplicarán a los siguientes conceptos:

I. Adquisición, construcción o remodelación de inmuebles, para el establecimiento de salas, juzgados u oficinas del tribunal, no consideradas en el presupuesto del Poder Judicial;

II. Compra del mobiliario y equipo que se requiera en las salas, juzgados y oficinas, o de libros para la biblioteca del Poder Judicial;

III. Pago de rentas de locales para las salas, juzgados y oficinas cuyo gasto no esté considerado en su presupuesto;

IV. Capacitación y especialización profesional de los servidores públicos del Poder Judicial;

V. Pago de sueldos y gasto corriente de salas, juzgados y oficinas no contemplados en el presupuesto de egresos, así como para el otorgamiento de estímulos y recompensas económicas a los servidores del Poder Judicial, autorizados por el Consejo de la Judicatura;

VI. Viáticos para los magistrados y jueces que participen en congresos, cursos, conferencias; y

VII. Los demás que a juicio del Consejo de la Judicatura se requieran para la mejor administración de justicia.

Artículo 152.- El presidente del Consejo de la Judicatura podrá solicitar a los integrantes del propio consejo y a los auditores, la revisión conjunta del manejo de valores y depósitos.

TÍTULO OCTAVO

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA ESCUELA JUDICIAL

Artículo 153.- La Escuela Judicial, es un órgano desconcentrado del Consejo de la Judicatura que tiene por objeto la capacitación, formación, actualización y profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Judicial, así como: investigar, preservar, transmitir y extender el conocimiento de todos aquellos preceptos y actuaciones que conforman la estructura doctrinaria, teórica y práctica de la función jurisdiccional.

Artículo 154.- La Escuela Judicial contará con un Director General designado por el Consejo de la Judicatura de entre los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, o alguna persona que reúna el perfil académico, técnico y profesional para desempeñar la función; durará en el cargo cinco años.

Artículo 154 Bis.- La Escuela Judicial podrá contar con las Unidades Académicas y Administrativas que se establezcan en su Reglamento Interior.

Artículo 155.- La Escuela Judicial contará con un Comité General Académico conformado por seis personas de reconocida experiencia profesional y académica, designadas por el propio Consejo y procurando que, éstos sean expertos en las diferentes materias que conforman la actividad jurisdiccional; durarán en el cargo tres años.

Artículo 156.- La Escuela Judicial del Estado de México tendrá como atribuciones, el establecer:

I. Programas específicos de capacitación, formación, actualización y profesionalización de los Servidores Públicos Judiciales;

II. Programas que contribuyan a desarrollar la vocación de servicio y el ejercicio de los valores y principios éticos inherentes a la función judicial, así como al mejoramiento de las técnicas administrativas;

III. Programas académicos de educación superior especializada orientados a la profesionalización de la función jurisdiccional y al análisis, reflexión, asesoría y consultoría en materia de impartición de justicia;

IV. Planes y programas de estudio que de manera integral, adopten a la función jurisdiccional como centro de desarrollo profesional de la actividad institucional;

V. Programas de capacitación y formación profesional orientados a la constitución de claustros docentes especializados en materia de impartición de justicia;

VI. Procedimientos eficientes y oportunos para el fortalecimiento de la promoción, selección, formación y evaluación de la Carrera Judicial, así como orientados a la ampliación de sus categorías tradicionales, de acuerdo a los rangos de especialización que requiere la impartición de justicia;

VII. Mecanismos claros que procuren el fortalecimiento de programas de investigación tanto básica como aplicada, procurando su interacción con la docencia, la difusión y la extensión;

VIII. Mecanismos claros que procuren el fortalecimiento de programas de difusión de la cultura jurídica y de extensión de los servicios, propiciando mecanismos de corresponsabilidad y colaboración;

IX. Cursos continuos de preparación para las distintas categorías de la Carrera Judicial.

TÍTULO NOVENO

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA CARRERA JUDICIAL

Artículo 157.- El ingreso y promoción para las categorías que conforman la Carrera Judicial, se realizarán invariablemente mediante concursos de oposición, previa la aprobación de los cursos impartidos por la Escuela Judicial.

La Escuela Judicial, velará por brindar la oportunidad de acceder a una carrera judicial a todo ciudadano, con la única limitante de satisfacer los requisitos que la ley exija a cada categoría judicial.

Artículo 158.- La promoción de los servidores del Poder Judicial, se hará mediante el sistema de carrera judicial, en la que se considerarán factores como capacidad, eficiencia, preparación, probidad y antigüedad.

Artículo 159.- La carrera judicial está integrada por las siguientes categorías:

I. Magistrado;

II. Juez de primera instancia;

III. Juez de cuantía menor;

IV. Secretario de acuerdos;

V. Secretario judicial y auxiliar proyectista;

VI. Oficiales mayores de salas;

VII. Ejecutores;

VIII. Notificadores; y

IX. Personal auxiliar administrativo.

Artículo 160.- El Consejo de la Judicatura establecerá, de acuerdo con su presupuesto y mediante disposiciones generales, un sistema de estímulos para aquellas personas comprendidas en las categorías señaladas en el artículo anterior.

Para el otorgamiento de los estímulos se tomará en cuenta el desempeño en el ejercicio de la función, los cursos realizados dentro del Instituto de Capacitación y Especialización Judicial y los impartidos por las instituciones de enseñanza superior, grado académico, permanencia en el servicio y los demás que el propio Consejo de la Judicatura estime necesarios.

Artículo 161.- Los concursos de oposición para el ingreso y promoción dentro de las categorías señaladas, se sujetarán al siguiente procedimiento:

I. El Consejo de la Judicatura emitirá un convocatoria por lo menos con treinta días naturales de anticipación, misma que deberá ser publicada en la Gaceta del Gobierno y en dos de los principales diarios de circulación estatal. En la convocatoria deberá especificarse que se trata de un concurso de oposición, la categoría y el número de vacantes sujetas a concurso; el lugar, el día y hora en que se llevarán a cabo los exámenes, así como el plazo, lugar y requisitos para la inscripción y, en general, todos los demás elementos que se estimen necesarios.

II. Los aspirantes inscritos deberán resolver por escrito un cuestionario cuyo contenido versará sobre materias que se relacionen con la función de la plaza para la que concursan. De entre el número total de aspirantes, sólo tendrán derecho a pasar a las siguientes etapas las personas que hayan obtenido calificación aprobatoria;

III. Los aspirantes aprobados en términos de la fracción anterior, resolverán los casos prácticos que se les asignen y presentarán un examen oral y público que practicará el jurado, mediante preguntas que realizarán sus miembros, sobre toda clase de cuestiones relativas a la función jurisdiccional que les corresponda, de acuerdo con la categoría sobre la que están concursando;

IV. La calificación final se determinará con el promedio de las calificaciones aprobatorias en los exámenes y serán considerados para la promoción respectiva, quienes hayan obtenido los más altos promedios;

V. Los aspirantes que hayan aprobado el examen, tendrán derecho a que se les asigne una plaza, dentro del año siguiente;

VI. Quienes no hayan aprobado los exámenes respectivos, podrán volver a concursar para la misma categoría, sólo en dos ocasiones más;

VII. En el caso de que ninguno de los aspirantes obtuviera calificación aprobatoria, se declarará desierto el concurso y se procederá a realizar un nuevo examen en el plazo que estime pertinente el Consejo de la Judicatura; y

VIII. De todo lo anterior se levantará un acta y el presidente del jurado declarará, quién o quiénes han resultado aprobados y se procederá a la realización de los trámites respectivos.

Artículo 162.- En la organización y celebración de los exámenes de oposición, participarán los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los integrantes del Instituto de Capacitación y Especialización Judicial, en términos de las bases que determine el Consejo de la Judicatura y de conformidad con lo que disponen esta ley y el reglamento respectivo.

Artículo 163.- El jurado encargado de la aplicación y calificación de los exámenes de oposición, se integrará por:

I. Un miembro del Consejo de la Judicatura, designado por su presidente, quien lo presidirá;

II. Dos magistrados designados por el pleno del Tribunal Superior de Justicia; y

III. Dos personas que determine el Instituto de Capacitación y Especialización Judicial.

Por cada miembro titular se nombrará un suplente.

Artículo 164.- En el caso de que existiere impedimento en alguno de los integrantes del jurado para la realización de su función, será calificado por éste y resolverá lo conducente.

Artículo 165.- El presidente del jurado tiene facultades para decidir lo conducente, de presentarse cualquier situación no prevista en esta ley o en el reglamento, que pudiere afectar el buen desarrollo de los exámenes.

TÍTULO DECIMO
DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMPUTACIÓN E INFORMATICA
Y DE OFICIALIA DE PARTES Y ESTADISTICA

CAPÍTULO PRIMERO
DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN E INFORMATICA

Artículo 166.- El Departamento de Computación e Informática del Poder Judicial, dependerá del Consejo de la Judicatura y estará bajo el control de una persona especializada en el conocimiento y manejo de esta materia, auxiliado por el personal técnico administrativo necesario.

El Departamento tendrá las siguientes funciones:

I. Capturar los datos procedentes de las salas del Tribunal Superior de Justicia, así como de los juzgados, relativos a los procesos que ante ellos se tramiten, con el fin de efectuar el seguimiento de los mismos, por medio del sistema de computación;

II. Proporcionar a las partes interesadas o autorizadas, con base en los registros computarizados, información actualizada del estado de los procesos en que intervengan;

III. Mantener y conservar actualizados registros estadísticos de procesos por materia, por sala o por juzgado;

IV. Computarizar las acciones del tribunal en áreas de personal, contabilidad, recursos materiales y otras que se requieran;

V. Llevar el registro computarizado de todas aquellas actividades de apoyo al servicio de la administración de justicia, que se determine por el Consejo de la Judicatura; y

VI. Capturar y sistematizar la legislación y la jurisprudencia de los tribunales federales y estatales.

Artículo 167.- Para hacer eficiente el servicio de computación, el Consejo de la Judicatura autorizará las oficinas que fueren necesarias, dependientes del Departamento de Computación e Informática.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES Y ESTADISTICA

Artículo 168.- El departamento de oficialía de partes y estadística, dependerá del Consejo de la Judicatura y estará a cargo de una persona especializada en la materia y contará con el personal que determine el propio consejo.

El Departamento tendrá las siguientes funciones:

I. Coordinar las oficialías de partes civiles, penales y familiares establecidas en los diferentes distritos judiciales, para vigilar la recepción y equitativa distribución de los asuntos entre los juzgados;

II. Proporcionar a las partes interesadas o autorizadas, con base en los registros existentes, la información estadística;

III. Capturar, en coordinación con el Departamento de Computación e Informática, los datos procedentes de las salas, juzgados de primera instancia y de cuantía menor, relativos a los diversos juicios que en ellos se ventilan; y

IV. Conservar actualizados los registros estadísticos de los procesos, para proporcionar al presidente del Consejo de la Judicatura los reportes necesarios.

TÍTULO DECIMO PRIMERO
DE LA DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA INTERNA
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 169.- La Dirección de la Contraloría Interna del Tribunal Superior de Justicia, depende del Consejo de la Judicatura y tiene a su cargo la identificación e investigación de las responsabilidades establecidas en esta ley y contará con el personal siguiente:

I. Un director;

II. Un jefe de departamento; y

III. El personal que a juicio del Consejo de la Judicatura se requiera para la atención de sus funciones.

La organización y funcionamiento de la dirección será determinada por el reglamento respectivo.

TÍTULO DECIMO SEGUNDO
DE LA DIRECCIÓN DE PERITOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 170.- La Dirección de Peritos del Tribunal Superior de Justicia, depende del Consejo de la Judicatura y tiene a su cargo el ejercicio de funciones técnicas en apoyo de la actividad jurisdiccional de las salas y de los juzgados, y contará con el personal siguiente:

I. Un director; y

II. Los peritos que determine el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con las necesidades y el presupuesto destinado al respecto.

Artículo 171.- Los peritos del Tribunal Superior de Justicia se constituyen en auxiliares del juzgador en la tarea de administrar justicia y, por lo tanto, deberán cumplir eficazmente y sin demora los mandamientos de la autoridad judicial y prestar el apoyo solicitado.

Artículo 172.- Para ser perito se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Tener conocimiento, capacidad y preparación en la ciencia, arte u oficio sobre el que va a dictaminar y poseer, en su caso, título profesional expedido por una institución de enseñanza superior legalmente facultada para ello;

III. Tener una antigüedad de cuando menos cinco años en la práctica de la materia sobre la que va a dictaminar;

IV. No haber sido condenado por delito doloso;

V. No tener impedimento físico o enfermedad que lo imposibilite para el ejercicio de su cargo; y

VI. No ser ministro de ningún culto religioso.

Artículo 173.- Los peritos del tribunal intervendrán únicamente en los casos de rebeldía de la parte demandada o como terceros en discordia, cuando así lo soliciten los magistrados o los jueces que requieran de su intervención.

Artículo 174.- Los peritos del Tribunal Superior de Justicia, desempeñarán sus funciones con prontitud y bajo los principios de objetividad, probidad y profesionalismo; estarán sujetos en el desempeño de sus funciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Artículo 175.- En caso necesario, los tribunales y los jueces podrán auxiliarse del personal académico o técnico de las instituciones de enseñanza superior del Estado, o de los servidores públicos de carácter técnico de las dependencias del Poder Ejecutivo, que puedan desempeñar el cargo de perito y que designen éstas.

Artículo 176.- Los emolumentos de los peritos serán cubiertos de acuerdo al presupuesto del Poder Judicial.

Artículo 177.- Los peritos podrán ejercer libremente su profesión, pero estarán impedidos para dictaminar por nombramiento de alguna de las partes, en los tribunales del Poder Judicial del Estado.

TÍTULO DECIMO TERCERO
DEL CENTRO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 178.- El Centro de Mediación y Conciliación es un órgano del Poder Judicial que tendrá a su cargo los servicios de mediación y conciliación extrajudicial.

Prestará sus servicios de mediación y conciliación a la ciudadanía en general, sin ser requisito que medie un proceso judicial y contará con centros que determine el Consejo de la Judicatura, distribuidos estratégicamente para atender las necesidades de los habitantes del Estado.

Artículo 179.- El Centro de Mediación y Conciliación tiene a su cargo la prestación de los siguientes servicios:

I. Evaluar las peticiones de los interesados para determinar el medio idóneo del tratamiento de sus diferencias, recabando la conformidad por escrito de las partes para la atención y búsqueda de soluciones correspondientes;

II. Instrumentar y operar servicios de mediación y conciliación extrajudicial, en los asuntos susceptibles de transacción cuyo conocimiento está encomendado por la ley a los tribunales del Poder Judicial;

III. Substanciar procedimientos de mediación y conciliación que pongan fin a las controversias judiciales en los términos de la fracción anterior;

IV. Modificar el medio elegido cuando de común acuerdo con las partes resulte conveniente emplear un método alterno distinto al inicialmente seleccionado;

V. Dar por terminado el procedimiento de mediación o conciliación cuando alguna de las partes lo solicite;

VI. Redactar los acuerdos o convenios a que hayan llegado las partes a través de la mediación o de la conciliación, los cuales deberán ser firmados por ellas y huella digital, autorizados por el mediador o conciliador que intervino y revisados por el Director del Centro de Mediación y conciliación, delegado o subdirector correspondiente;

VII. Brindar asesoría técnica en materia de mediación y conciliación a los oficiales calificadores y conciliadores de los Ayuntamientos.

VIII. Las demás que establezcan los ordenamientos legales.

Artículo 180.- El Centro de Mediación y Conciliación desarrollará sus funciones conforme al Reglamento del Centro de Mediación y Conciliación, conforme a los manuales de organización, de procedimientos y demás disposiciones que emita el Consejo de la Judicatura.

Artículo 181.- El Centro de Mediación y Conciliación dependerá del Consejo de la Judicatura.

Artículo 182.- El Centro de Mediación y Conciliación estará a cargo de un Director designado por el Consejo de la Judicatura y contará con el personal que se autorice.

Artículo 183.- El Director del Centro de Mediación y Conciliación deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Tener cuando menos 35 años el día de la designación;

III. Ser licenciado en derecho y tener estudios en la materia de mediación y conciliación;

IV. Aprobar el curso y concurso de oposición que realice el Instituto de Capacitación y Especialización Judicial en materia de mediación y conciliación;

V. Ser de reconocida buena conducta y solvencia moral;

VI. No haber sido condenado por delito intencional.

Artículo 184.- Para ser mediador o conciliador se debe reunir los mismos requisitos que se establecen para el Director del Centro de Mediación y Conciliación, con excepción de la edad, que será cuando menos de 30 años y la profesión, pudiendo ser licenciado en derecho, en psicología, en sociología, en antropología, en trabajo social o en comunicación.

Artículo 185.- Los mediadores y conciliadores tendrán fe pública en todo lo relativo al desempeño de sus funciones, debiendo firmar junto con los interesados todo acuerdo o convenio.

Artículo 186.- La sujeción a la mediación y conciliación son voluntarias.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta del Gobierno.

SEGUNDO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta del Gobierno.

TERCERO.- Se abroga la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, publicada en la Gaceta del Gobierno el 12 de diciembre de 1986.

CUARTO.- Los jueces de primera instancia y los de cuantía menor del Poder Judicial del Estado, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que el Consejo de la Judicatura acuerde los nuevos nombramientos de manera escalonada, en los siguientes términos: una tercera parte de ellos dentro del término de un semestre; otra tercera parte al semestre siguiente y la tercera parte restante al tercer semestre, a partir de la fecha del inicio de la vigencia de la presente ley.

QUINTO.- El Consejo de la Judicatura actuará respecto de los secretarios en la forma prevista en el artículo anterior.

SEXTO.- Las salas regionales del Tribunal Superior de Justicia, quedarán debidamente instaladas e iniciarán su funcionamiento dentro de los 15 días siguientes a que entre en vigor esta ley; en tanto, las actuales salas seguirán conociendo de los asuntos de su competencia en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado que se abroga.

Los asuntos que por su cuantía se encuentren en trámite en los juzgados de primera instancia al entrar en vigor esta ley, se seguirán sustanciando por el mismo juez, hasta la resolución definitiva correspondiente.

Instaladas las salas en sus regiones, los asuntos en trámite se enviarán, en el estado procesal en que se encuentren a las que les corresponda por razón de territorio.

SÉPTIMO.- El magistrado que resultó electo presidente del Tribunal Superior de Justicia en términos del artículo tercero transitorio del decreto número 79 publicado en la Gaceta del Gobierno, el 29 de junio de 1995, deberá concluir el período de su ejercicio en términos de la ley que se abroga.

OCTAVO.- El magistrado que resulte electo presidente del Tribunal Superior de Justicia en términos del artículo 40 de esta ley, por única vez durará en su cargo hasta la primera sesión del pleno que se celebre en el mes de enero de 2000, en la cual será sustituido.

NOVENO.- Para cumplir con lo previsto por el artículo 54 de la presente ley, por esta única vez, los jueces que forman parte del Consejo de la Judicatura, durarán en su encargo tres años a partir de la vigencia de esta ley, para permitir su sustitución de manera escalonada.


ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 160 POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

(Publicado en la "Gaceta del Gobierno", el 13 de septiembre de 1996)

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la "Gaceta del Gobierno.

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la "Gaceta del Gobierno".


ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 139 POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

(Publicado en la "Gaceta del Gobierno", el 24 de diciembre de 1999)

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO.- EL presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la "Gaceta del Gobierno".

TERCERO.- El Magistrado que se desempeña actualmente como Presidente del Tribunal Superior de Justicia, actuará como tal hasta la celebración de la primera sesión a que se refiere el artículo 40 de esta Ley.

CUARTO.- El Ejecutivo del Estado, el Tribunal Superior de Justicia y/o el Consejo de la Judicatura, tomarán las medidas correspondientes y proveerán lo necesario en la esfera administrativa y jurisdiccional, para que a la brevedad posible queden debidamente organizados los nuevos Distritos Judiciales.


FE DE ERRATAS DEL DECRETO NÚMERO 139, PUBLICADA EN LA "GACETA DEL GOBIERNO" EL 5 DE ENERO DE 2000.


ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 114 POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

(Publicado en la "Gaceta del Gobierno", el 10 de diciembre de 2002)

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la "Gaceta del Gobierno".


ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 127 POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

(Publicado en la "Gaceta del Gobierno", el 31 de diciembre de 2002)

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

TERCERO.- En cualquier modalidad en la que se mencione el Instituto de Capacitación y Especialización Judicial en el texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Libre y Soberano de México, deberá ser sustituido por el término "Escuela Judicial".


ARTÍCULOS TRANSITORIERO 131 POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO.LOS DEL DECRETO NÚM

(Publicado en la "Gaceta del Gobierno", el 8 de mayo de 2003)

ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la "Gaceta del Gobierno".

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la "Gaceta del Gobierno".

ARTÍCULO TERCERO.- El Consejo de la Judicatura estará facultado para determinar el inicio de las funciones de las Salas Unitarias, conforme a las necesidades del servicio. Entretanto se establezcan las Salas Unitarias en cada región judicial, las Salas Colegiadas seguirán conociendo de los asuntos que conforme a ésta Ley son competencia de las Salas Unitarias.

ARTÍCULO CUARTO.- Los asuntos que estén en trámite ante las Salas Colegiadas al entrar en funciones las Salas Unitarias y que sean de la competencia de éstas últimas, se seguirán sustanciando por la Sala Colegiada respectiva, hasta la resolución definitiva.


FE DE ERRATAS DEL DECRETO NÚMERO 131 PUBLICADO EN LA "GACETA DEL GOBIERNO", EL DÍA 27 DE MAYO DE 2003.