LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO.

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto establecer disposiciones para fiscalizar, auditar, revisar, substanciar, resolver y sancionar las cuentas y actos relativos a la aplicación de los fondos públicos del Estado y de los Municipios; así como los fondos públicos federales en los términos convenidos con dicho ámbito; asimismo, regular la organización, funcionamiento y atribuciones del órgano encargado de la aplicación de esta Ley.

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Poderes Públicos del Estado: Los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo comprendiendo sus unidades y dependencias;

II. Municipios: A los Municipios del Estado;

III. Organo Superior: Al Organo Superior de Fiscalización del Estado de México;

IV. Comisión: A la Comisión de Vigilancia de la Legislatura del Estado;

V. Entidades Fiscalizables: A los Poderes Públicos, Municipios, organismos autónomos, organismos auxiliares y demás entes públicos que manejen recursos del Estado y Municipios;

VI. Organismos Autónomos: A los organismos que por disposición constitucional estén dotados de autonomía;

VII. Organismos Auxiliares: A los organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos de la administración pública estatal y municipal;

VIII. Cuenta Pública: Los informes que rinden anualmente a la Legislatura, el Gobernador y los Presidentes Municipales, respecto de los resultados y la situación financiera del ejercicio fiscal inmediato anterior;

IX. Gestión Financiera: A la actividad de las Entidades Fiscalizables respecto de la administración, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos que utilicen para alcanzar los objetivos contenidos en sus planes y programas, en el periodo que corresponde a una cuenta pública;

X. Informe Trimestral: Al documento que como parte integrante de la cuenta pública, rinde el Ejecutivo del Estado de manera consolidada y trimestralmente en abril, julio, octubre y enero del año siguiente;

XI. Informe Mensual: Al documento que mensualmente envían para su análisis al Organo Superior de Fiscalización de la Legislatura, las Tesorerías Municipales y la Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración;

XII. Informe de Resultados: Al documento que contiene el resultado de la fiscalización de las cuentas públicas, que el Organo Superior, por conducto de la Comisión, presenta a la Legislatura;

XIII. Informes Especiales: Aquellos que en cualquier momento solicite la Legislatura, a través de la Comisión, al Organo Superior del Estado, en uso de sus facultades de fiscalización; y

XIV. Reglamento: Al Reglamento Interior del Organo Superior de Fiscalización.

Artículo 3.- La revisión, fiscalización y calificación de las cuentas públicas, es facultad de la Legislatura.

Para efectos de la fiscalización, se auxiliará del Organo Superior, dotado de autonomía técnica y de gestión.

El Organo Superior será vigilado y supervisado por una Comisión de la Legislatura, en los términos de la presente Ley y el Reglamento.

Artículo 4.- Son sujetos de fiscalización:

I. Los Poderes Públicos del Estado;

II. Los municipios del Estado de México;

III. Los organismos autónomos;

IV. Los organismos auxiliares;

V. Los demás entes públicos que manejen recursos del Estado y Municipios y, en su caso, de la Federación.

Artículo 5.- La fiscalización superior se realizará en forma posterior a la presentación de las cuentas públicas, de manera externa, independiente y autónoma de cualquier forma de control y evaluación internos de las entidades fiscalizables y de conformidad con lo establecido en la presente Ley.

Artículo 6.- El Organo Superior en el ejercicio de sus atribuciones, se regirá por los principios de legalidad, igualdad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, veracidad, buena fe, honradez, transparencia, reserva y respeto.

Los profesionistas independientes y los auditores externos que auxilien al Organo Superior, deberán conducirse por el principio de secrecía profesional.

Artículo 7.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará en forma supletoria, el Código Financiero del Estado de México y Municipios, el Código Administrativo del Estado de México, la Ley de Planeación del Estado de México, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y los Principios Generales de Derecho.

TÍTULO SEGUNDO
DEL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS ATRIBUCIONES

Artículo 8.- El Organo Superior tendrá las siguientes atribuciones:

I. Fiscalizar los ingresos y egresos de las entidades fiscalizables a efecto de comprobar que su recaudación, administración y aplicación se llevó con apego a las disposiciones legales, administrativas, presupuestales, financieras y de planeación aplicables;

II. Fiscalizar el ejercicio, la custodia y aplicación de los recursos estatales y municipales, así como los recursos federales, en términos de los convenios respectivos;

III. Revisar las cuentas públicas de las entidades fiscalizables y entregar a la Legislatura, a través de la Comisión, el informe de resultados;

IV. Consultar por acuerdo de la Legislatura, de manera casuística y concreta, la información y documentación relativa a los conceptos específicos de gasto, correspondientes a ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, cuando el programa o proyecto contenido en el presupuesto aprobado, abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales, sin que con este motivo se entienda para todos los efectos legales, abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio correspondiente a la revisión específica señalada;

V. Verificar que las entidades fiscalizables que hubieren recaudado, manejado, administrado o ejercido recursos públicos, se hayan conducido conforme a los programas aprobados y montos autorizados; y que los egresos se hayan ejercido con cargo a las partidas correspondientes y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

VI. Evaluar la eficacia en el logro de los objetivos contenidos en los programas y la eficiencia en el uso de los recursos públicos utilizados, la congruencia del ejercicio de los presupuestos con los programas y de éstos con los planes;

VII. Realizar revisiones que comprendan periodos trimestrales concluidos del ejercicio fiscalizado, las cuales tendrán carácter provisional, lo anterior, sin perjuicio del principio de anualidad al que hace referencia la fracción XXXII del Artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;

VIII. Corroborar que las operaciones realizadas por las entidades fiscalizables sean acordes con las leyes de ingresos y presupuestos de egresos del Estado y municipios, y se hayan efectuado con apego a las disposiciones legales aplicables;

IX. Revisar que los subsidios otorgados por las entidades fiscalizables, con cargo a sus presupuestos, se hayan aplicado a los objetivos autorizados;

X. Practicar las auditorías y revisiones, conforme a las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto público, con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, que le permitan la práctica idónea de las auditorías y revisiones;

XI. Establecer los lineamientos, criterios, procedimientos, métodos y sistemas para las acciones de control y evaluación, necesarios para la fiscalización de las cuentas públicas y los informes trimestrales;

XII. Verificar que las obras públicas, bienes, servicios y arrendamientos, hayan sido realizadas, adquiridos y contratados conforme a la Ley;

XIII. Conocer los informes de programas y procesos concluidos;

XIV. Verificar que las cuentas públicas y los informes trimestrales se hayan presentado en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias conducentes, y se hayan elaborado conforme a los principios de contabilidad aplicables al sector público;

XV. Rendir los informes a la Comisión sobre el resultado de la verificación de los informes trimestrales y de los estados de origen y aplicación de recursos de las entidades fiscalizables;

XVI. Requerir, según corresponda, a los titulares de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo y de los demás órganos de control interno de las entidades fiscalizables, en términos de las disposiciones legales aplicables, los dictámenes de acciones de control y evaluación por ellos practicadas, relacionados con las cuentas públicas que el Organo Superior esté fiscalizando, así como las observaciones y recomendaciones formuladas, las sanciones impuestas y los seguimientos practicados;

XVII. Requerir, según corresponda, por conducto de los titulares de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo y de los demás órganos de control interno de las entidades fiscalizables, a los profesionistas independientes y auditores externos que sean autorizados legalmente, los dictámenes de las auditorías y revisiones por ellos practicadas;

XVIII. Requerir, en su caso, a los terceros que hubieren contratado obras, bienes o servicios, mediante cualquier título legal, con las entidades fiscalizables, la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria de las cuentas públicas, con la única finalidad de realizar la compulsa correspondiente;

XIX. Requerir a las entidades fiscalizables la información, documentación o apoyo necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones;

XX. Investigar los actos u omisiones que puedan implicar alguna conducta irregular respecto de la administración, ejercicio, custodia o aplicación de los recursos públicos, durante el periodo que comprenda las cuentas públicas que esté fiscalizando;

XXI. Fincar las responsabilidades resarcitorias que le correspondan en términos de esta Ley; y, en su caso, turnar a las autoridades competentes, los pliegos que hubiese formulado para que éstas procedan al fincamiento de las responsabilidades resarcitorias procedentes;

XXII. Promover ante las instancias competentes el fincamiento e imposición de las demás responsabilidades a que se refiere el Título Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;

XXIII. Conocer y resolver las quejas o denuncias que le sean presentadas por presuntas responsabilidades administrativas resarcitorias por parte de los servidores públicos, de los entes fiscalizables, o quienes hayan dejado de serlo, y las que se detecten de los profesionales y auditores externos autorizados por el Organo Superior;

XXIV. Conocer y resolver los procedimientos de auditoría por queja o denuncia conforme a lo establecido por la presente Ley y el Reglamento, dando informe del resultado a la Comisión;

XXV. Conocer y en su caso formular recomendaciones sobre los sistemas, procedimientos, controles y métodos de contabilidad, normas de control interno y de registros contables de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y gasto público de las entidades fiscalizables;

XXVI. Asesorar y proporcionar asistencia técnica de manera permanente a las entidades fiscalizables, así como promover y realizar cursos y seminarios de capacitación y actualización;

XXVII. Establecer coordinación, en términos de esta Ley, con:

a. Las Secretarías de Finanzas, Planeación y Administración y de la Contraloría, con las contralorías de los municipios y sus organismos auxiliares, órganos internos de control de los Poderes Legislativo y Judicial y de los organismos autónomos, a fin de determinar los procedimientos necesarios que permitan el eficaz cumplimiento de sus respectivas atribuciones;

b. Los órganos de fiscalización dependientes de las legislaturas de las entidades federativas y del Congreso de la Unión, para lograr el mejor cumplimiento de sus respectivas atribuciones, gozando de facultades para celebrar convenios de cooperación técnica o administrativa y en los aspectos relacionados con la capacitación de su personal; y

c. Las demás dependencias y organismos públicos y privados que en la aplicación de las leyes deban coordinarse con el Organo Superior, así como aquellas personas físicas y jurídicas colectivas vinculadas a las entidades fiscalizables por virtud de cualquier acto jurídico.

XXVIII. Suscribir acuerdos y convenios de coordinación y de cooperación técnica, administrativa o de capacitación, con los órganos de fiscalización equivalentes, dependientes de las legislaturas de las entidades federativas y del Congreso de la Unión, así como con las demás dependencias y organismos públicos y privados, así como con aquellas personas físicas y jurídicas colectivas vinculadas con las entidades fiscalizables, informando de ello a la Comisión;

XXIX. Implementar un sistema digitalizado de información que permita conocer la eficacia de las medidas preventivas y correctivas sugeridas, su seguimiento, así como los indicadores relativos al avance en la gestión administrativa y financiera de las entidades fiscalizables;

XXX. Ejercer las demás que expresamente señale la Constitución Política del Estado, la presente Ley, el Reglamento y las disposiciones aplicables.

Artículo 9.- Los servidores públicos del Organo Superior deberán guardar reserva de sus actuaciones, documentos y observaciones, hasta que se rindan los informes de resultados. Igual obligación deberán cumplir los profesionistas independientes y auditores externos que contrate el Organo Superior, con excepción de los requerimientos hechos por autoridades competentes.

Los servidores públicos, los profesionistas independientes y auditores externos, cuando incumplan la obligación de reserva, serán sancionados en términos de la legislación aplicable.

Los servidores públicos cuando incumplan con la obligación de reserva, serán sancionados con la destitución del cargo, independientemente de las responsabilidades administrativas o penales que resulten en términos de las disposiciones aplicables. Los profesionistas independientes y auditores externos, serán responsables de los daños y/o perjuicios que se ocasionen, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL AUDITOR SUPERIOR

Artículo 10.- El Organo Superior estará a cargo de un Auditor Superior, que será nombrado y removido por las dos terceras partes cuando menos de los integrantes de la Legislatura, a propuesta de la Junta de Coordinación Política.

Artículo 11.- Para ser Auditor Superior se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con una residencia efectiva en el Estado de México de por lo menos tres años anteriores a la fecha de la designación;

II. Tener más de treinta años de edad al día de su nombramiento;

III. No haber sido, durante los tres años anteriores a su designación, titular de dependencias u organismos auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado, Senador, Diputado al Congreso de la Unión o Local, Magistrado, Juez, Presidente Municipal, integrante de tribunales administrativos u organismos autónomos estatales, ni miembro o dirigente de partido político alguno;

IV. Poseer título y cédula profesional legalmente expedidos en cualquiera de las siguientes licenciaturas: Contaduría Pública, Derecho, Economía, Administración Pública, Administración de Empresas, o cualquier otra relacionada con las actividades de contraloría y contar con una experiencia mínima de cinco años en las mismas;

V. Tener por lo menos tres años de experiencia en funciones relacionadas con actividades de control y evaluación;

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso; y

VII. No haber sido destituido o inhabilitado para ocupar cargo público, como resultado de un procedimiento administrativo, cuya resolución haya quedado firme.

Artículo 12.- El Auditor Superior será nombrado de conformidad al procedimiento siguiente:

I. La Comisión emitirá convocatoria pública abierta para que se presenten los profesionistas que aspiren a desempeñar el cargo de Auditor Superior;

II. Concluido el plazo fijado en la convocatoria, la Comisión procederá a la revisión y análisis de cada una de las propuestas, para determinar las que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley;

III. La Comisión entrevistará por separado a los aspirantes que cumplan con los requisitos y los someterá a una evaluación integral;

IV. Con base en las entrevistas y la evaluación practicada, la Comisión publicará los resultados en la Gaceta Parlamentaria y procederá a integrar, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la evaluación, la terna que presentará a la Junta de Coordinación Política y ésta al Pleno de la Legislatura, debiendo establecer, para los efectos de la votación respectiva, el orden de prelación de los integrantes de la terna; y

V. El Pleno de la Legislatura elegirá de entre los integrantes de la terna en la siguiente sesión, a quien deba desempeñar el cargo de Auditor Superior. Cuando conforme al orden de prelación, alguno de los candidatos obtenga la aprobación de la mayoría establecida en la Constitución, se dará por concluida la votación. En caso de que ninguno de los aspirantes de la terna obtenga la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, la Comisión presentará otra, con nuevas propuestas, y así sucesivamente hasta que se designe al Auditor Superior.

Artículo 13.- El Auditor Superior tendrá las siguientes atribuciones:

I. Representar legalmente al Organo Superior ante toda clase de autoridades y personas, tanto físicas como jurídicas colectivas, e intervenir en toda clase de juicios y recursos en que éste sea parte;

II. Ejercer las atribuciones del Organo Superior, en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la presente Ley, el Reglamento y demás disposiciones legales aplicables;

III. Emitir y entregar a la Legislatura, por conducto de la Comisión, los informes relativos a la revisión de las cuentas públicas, en los plazos y términos previstos por la Ley;

IV. Formular los pliegos de observaciones y recomendaciones necesarias a las entidades fiscalizables, así como verificar su debida cumplimentación;

V. Substanciar los procedimientos de auditoría por queja o denuncia conforme a lo establecido por la presente Ley y el Reglamento, dando informe del resultado a la Comisión;

VI. Presentar denuncias y querellas penales en contra de servidores públicos y quienes hayan dejado de serlo, conforme a lo establecido por esta Ley y coadyuvar con el Ministerio Público en términos de la legislación penal, así como iniciar ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades;

VII. Imponer medidas de apremio y, fincar y promover la imposición de las responsabilidades administrativas que correspondan, en los casos establecidos por esta Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables;

VIII. Promover las medidas necesarias para la restitución al erario público del bien ilícito obtenido, en términos de la presente Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables;

IX. Promover el fincamiento e imposición de las demás responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar ante las instancias competentes;

X. Establecer, con base en el Reglamento, los criterios generales para determinar el monto de las cauciones o garantías que deben otorgar los tesoreros municipales y los servidores públicos que de acuerdo con la Ley deban hacerlo. Dichas cauciones o garantías deberán mantenerse vigentes hasta tres años después de la conclusión de sus cargos;

XI. Formular el Reglamento del Organo Superior, el cual será sometido a la consideración de la Comisión;

XII. Formular los manuales de operación y de procedimientos, los cuales deberán ser revisados y actualizados anualmente y sometidos a la consideración de la Comisión;

XIII. Elaborar el plan operativo anual del Organo Superior y hacerlo del conocimiento de la Comisión;

XIV. Presentar a la Comisión el anteproyecto de presupuesto anual del Organo Superior, conforme a las previsiones de gasto y recursos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de éste, a fin de que se integre a la iniciativa de presupuesto de egresos en los términos de la legislación aplicable;

XV. Ejercer el presupuesto aprobado, con sujeción a las disposiciones legales aplicables;

XVI. Dar cuenta a la Legislatura, por conducto de la Comisión, de la comprobación del presupuesto ejercido por el Organo Superior, durante el segundo período ordinario de sesiones;

XVII. Nombrar y remover a los servidores públicos del Organo Superior, con las salvedades a que se refiere esta Ley;

XVIII. Autorizar, conforme al Reglamento, a profesionistas independientes y auditores externos, para auxiliar en el desahogo de las funciones sustantivas del Organo Superior;

XIX. Solicitar a las autoridades correspondientes, el auxilio necesario para el ejercicio de sus funciones, en términos de esta Ley y la legislación aplicable;

XX. Expedir certificaciones de los documentos que obren en sus archivos, que no estén clasificados conforme a la legislación aplicable, ni sean materia de reserva;

XXI. Promover acciones tendientes al establecimiento del servicio civil de carrera; y

XXII. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento.

Artículo 14.- Corresponde originalmente al Auditor Superior, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, el cual podrá, para la mejor organización del trabajo, delegar en los servidores públicos subalternos cualquiera de sus atribuciones, excepto las señaladas en las fracciones VI, VII, X, XIV, XVI y XVII del artículo anterior y aquéllas que por disposición de la presente Ley y del Reglamento, deban ser ejercidas exclusivamente por él mismo.

Artículo 15.- El Auditor Superior durará en su encargo cuatro años, pudiendo ser ratificado hasta por cuatro años más, por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura.

Artículo 16.- El Auditor Superior requerirá de licencia de la Legislatura, o en su caso de la Diputación Permanente, para ausentarse temporal o definitivamente de su cargo.

Las faltas temporales que requieren licencia, serán mayores a los quince días naturales y no excederán de sesenta días naturales.

Las ausencias temporales mayores a los quince días naturales, serán cubiertas por el Auditor Especial nombrado en primer término.

En caso de falta definitiva o de remoción del Auditor Superior, ocurridas dentro de los tres primeros años del periodo, la Comisión dará cuenta a la Legislatura para que conforme al procedimiento señalado en esta Ley, se nombre a quien concluirá el encargo por lo que reste del periodo.

Si la falta definitiva o remoción del Auditor Superior, se presenta dentro del último año del periodo, la Legislatura nombrará sin mayor trámite a un Auditor sustituto que deberá concluir el periodo; quien así sea designado, podrá ser nombrado para el periodo inmediato siguiente, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 12 de esta Ley.

El Auditor sustituto deberá reunir los mismos requisitos que la Ley exige para el Auditor Superior.

En cualquier caso, hasta en tanto se hace la designación de Auditor Superior, a propuesta de la Comisión, uno de los Auditores Especiales cubrirá la ausencia.

Artículo 17.- Queda prohibido al Auditor Superior, durante el ejercicio de su cargo:

I. Ser miembro o dirigente de partido político alguno;

II. Participar en actos políticos partidistas o hacer cualquier tipo de promoción o proselitismo político;

III. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en los sectores público, privado o social, salvo los no remunerados de carácter docente, artístico, de beneficencia y en asociaciones científicas; y

IV. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, la información confidencial o reservada que tenga bajo su custodia, la cual sólo deberá utilizarse para los fines a que se encuentra afecta.

Artículo 18.- Son causas de remoción del Auditor Superior, las siguientes:

I. Ubicarse en los supuestos de prohibición establecidos en el artículo anterior;

II. Incumplir con las atribuciones no delegables de su cargo;

III. Utilizar en beneficio propio o de terceros, la documentación o información clasificada como confidencial o reservada en los términos de Ley;

IV. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación o información que por razón de su cargo, tenga a su cuidado o custodia o que exista en el Organo Superior, con motivo del ejercicio de sus atribuciones;

V. Omitir formular pliegos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, cuando corresponda fincarlas al Organo Superior y se tengan elementos para presumir la existencia de la responsabilidad y para identificar al presunto responsable;

VI. Admitir la injerencia de agentes externos en los actos y resoluciones derivados del ejercicio de las atribuciones del Organo Superior;

VII. Dejar de señalar si existe responsabilidad sobre actos u omisiones derivadas del uso y manejo de recursos públicos, así como dejar sin causa justificada de determinar responsabilidades resarcitorias o de imponer medidas de apremio en el ámbito de su competencia y en los casos previstos en la presente Ley y disposiciones reglamentarias, cuando esté debidamente comprobado el daño patrimonial o el incumplimiento a sus determinaciones;

VIII. Conducirse con parcialidad en el proceso de revisión de la cuenta pública y en los procedimientos de fiscalización e imposición de medidas de apremio a que se refiere esta Ley; y

IX. Ausentarse por más de quince días naturales sin mediar licencia de la Legislatura o, en su caso, de la Diputación Permanente.

Artículo 19.- Cuando la Comisión tenga conocimiento de alguna o algunas de las causas a que se refiere el artículo anterior, solicitará la remoción del Auditor Superior al Pleno de la Legislatura, por conducto de la Junta de Coordinación Política.

Artículo 20.- La remoción del Auditor Superior se sujetará al procedimiento siguiente:

I. La Junta de Coordinación Política citará al Auditor Superior a garantía de audiencia;

II. En el citatorio se expresará el lugar día y hora en que se realizará la audiencia, la causa o causas de remoción, el derecho del compareciente de aportar pruebas y de alegar en la audiencia por sí o por medio de defensor;

III. Entre la fecha de citación y de la audiencia, deberá mediar un plazo no menor de cinco días hábiles;

IV. En la audiencia la Junta de Coordinación Política dará a conocer al compareciente las constancias que obran en el expediente respectivo; se admitirán y desahogarán las pruebas que éste ofrezca y se escucharán sus alegatos, levantándose el acta correspondiente;

V. En el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, se aplicarán las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Administrativos;

VI. En caso de que el citado no comparezca en el día y hora señalados en el citatorio, se tendrá por satisfecha la garantía de audiencia;

VII. Dentro de los treinta días hábiles siguientes al desahogo de la garantía de audiencia, la Junta de Coordinación Política con auxilio de la Comisión, preparará un proyecto de resolución, para ser sometido al Pleno de la Legislatura en la siguiente sesión; y

VIII. En caso de que se acredite fehacientemente alguna o algunas de las causas establecidas en esta Ley, se requerirá del voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, para que proceda la remoción del Auditor Superior.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL ORGANO SUPERIOR

Artículo 21.- El Auditor Superior para el eficaz desempeño de sus funciones será auxiliado por dos Auditores Especiales: de Cumplimiento Financiero y de Evaluación de Programas; una Unidad de Asuntos Jurídicos y las demás unidades administrativas que establezca el Reglamento.

Artículo 22.- Para ser Auditor Especial deberán reunirse los requisitos que esta Ley establece para el Auditor Superior, con excepción del plazo mínimo de experiencia en materia de control y evaluación, que será de dos años.

Los Auditores Especiales y el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos serán designados y removidos por la Comisión a propuesta del Auditor Superior.

Artículo 23.- Sin perjuicio del ejercicio directo por parte del Auditor Superior, los Auditores Especiales tendrán las facultades genéricas siguientes:

I. Planear, conforme a los programas aprobados por el Auditor Superior, las actividades relacionadas con la revisión de las cuentas públicas; y elaborar los análisis que sirvan para la preparación del informe de resultados;

II. Requerir a las entidades fiscalizables y a los terceros que hubieren celebrado operaciones con aquéllas, la información y documentación que sea necesaria para realizar la función de fiscalización;

III. Ordenar y practicar auditorías, visitas e inspecciones a las entidades fiscalizables, conforme al programa aprobado por el Auditor Superior;

IV. Formular pliegos de observaciones, en los términos de esta Ley;

V. Determinar y cuantificar los daños y perjuicios causados a las haciendas públicas o al patrimonio de las entidades fiscalizables que detecten en ejercicio de sus funciones, y formular los pliegos correspondientes, para que se inicien los procedimientos resarcitorios a que haya lugar;

VI. Preparar las denuncias y querellas penales, con los elementos y pruebas con que cuente respecto de hechos presuntamente constitutivos de delito, observados en ejercicio de sus funciones;

VII. Informar al Auditor Superior, de las demás responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar;

VIII. Designar al personal encargado de practicar las auditorías, visitas e inspecciones a su cargo o, en su caso, celebrar los contratos de prestación de servicios de conformidad con la presente Ley y el Reglamento;

IX. Revisar y analizar la información incluida en las cuentas públicas;

X. Formular los proyectos de informes de resultados, así como los demás documentos que se les indique; y

XI. Las demás que señale esta Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 24.- Sin perjuicio del ejercicio directo por parte del Auditor Superior, el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, tendrá las facultades siguientes:

I. Revisar y fiscalizar las cuentas públicas del año anterior, incluidos los informes mensuales y trimestrales, que rindan las entidades fiscalizables;

II. Realizar, conforme a los programas, las actividades relacionadas con la revisión de las cuentas públicas; y elaborar los análisis que sirvan para la preparación de los informes de resultados;

III. Revisar y analizar la información programática incluida en las cuentas públicas;

IV. Ordenar y practicar auditorías, visitas e inspecciones a las entidades fiscalizables, conforme al programa aprobado por el Auditor Superior;

V. Designar al personal encargado de practicar las auditorías, visitas e inspecciones a su cargo o, en su caso, celebrar los contratos de prestación de servicios de conformidad con la presente Ley y el Reglamento;

VI. Formular las recomendaciones y/o los pliegos de observaciones que deriven de los resultados de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, de las auditorías practicadas, y de los informes mensuales y trimestrales; las cuales se notificarán a las entidades fiscalizables;

VII. Substanciar la etapa aclaratoria a que se refiere esta Ley, derivada de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, informes mensuales, trimestrales y de las auditorías que practique. En el caso de que en esta etapa las observaciones no hayan sido debidamente solventadas, dará cuenta a la Unidad de Asuntos Jurídicos para que de inicio al procedimiento resarcitorio;

VIII. Asesorar a las entidades fiscalizables en la entrega recepción de las administraciones y vigilar el debido cumplimiento de las mismas;

IX. Determinar y cuantificar los daños y perjuicios causados a las haciendas públicas o al patrimonio de las entidades fiscalizables, y formular los pliegos correspondientes, para que se inicien los procedimientos administrativos resarcitorios; y

X. Las demás que le señale esta Ley, el Reglamento y las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Artículo 25.- Sin perjuicio del ejercicio directo por parte del Auditor Superior, el Auditor Especial de Evaluación de Programas, tendrá las facultades siguientes:

I. Realizar la evaluación del impacto económico y social de los programas gubernamentales y municipales, de acuerdo a sus reglas de operación e indicadores;

II. Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas;

III. Promover y coadyuvar a la generación de indicadores de medición de impacto de los programas a cargo de las entidades fiscalizables;

IV. Solicitar a las entidades fiscalizables responsables de la ejecución de los programas, información suficiente y detallada sobre los proyectos, acciones, metas y objetivos de los mismos;

V. Solicitar al Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, la información necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones;

VI. Formular las recomendaciones o los pliegos de observaciones que deriven de los resultados de la revisión de los programas a cargo del Estado y de los Municipios; los cuales se notificarán a las entidades fiscalizables;

VII. Substanciar la etapa aclaratoria a que se refiere esta Ley, derivada de la revisión de los programas a cargo del Estado y de los Municipios. En el caso de que en esta etapa las observaciones no hayan sido debidamente solventadas se dará cuenta a la Unidad de Asuntos Jurídicos para que de inicio al procedimiento administrativo resarcitorio;

VIII. Realizar los informes del resultado de la evaluación de los programas de las entidades fiscalizables; y

IX. Las demás que señale esta Ley, el Reglamento y las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Artículo 26.- El Organo Superior contará con una Unidad de Asuntos Jurídicos cuyo titular tendrá las siguientes facultades:

I. Asesorar y representar en materia jurídica al Organo Superior;

II. Substanciar los procedimientos para el fincamiento de las responsabilidades administrativas resarcitorias en que incurran los servidores públicos, por actos u omisiones de los que resulte un daño o perjuicio estimable en dinero, que afecte al Estado o municipios en sus haciendas públicas o al patrimonio de las entidades fiscalizables, conforme a los ordenamientos legales y reglamentarios aplicables;

III. Cuando de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, de los informes mensuales, trimestrales y de la evaluación de los programas, se detecten hechos presuntamente constitutivos de delito, dará cuenta de los mismos al Auditor Superior a efecto de que realice lo conducente.

En el caso de servidores públicos de elección popular, se actuará conforme al Título Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;

IV. Ejercitar las acciones judiciales en los juicios en los que el Organo Superior sea parte, contestar demandas, presentar pruebas y alegatos, y actuar en defensa de los intereses jurídicos del propio Organo, dando el debido seguimiento a los procesos y juicios en que actúe;

V. Promover las medidas necesarias para la restitución al erario público de los bienes obtenidos por actos o conductas ilícitas, en términos de la presente Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables;

VI. Informar al Auditor Superior de las demás responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar;

VII. Conocer y substanciar el recurso de inconformidad, presentando el proyecto de resolución al Auditor Superior para que éste resuelva; y

VIII. Las demás que le señale esta Ley, el Reglamento y las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Artículo 27.- Los Auditores Especiales y el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, durante el ejercicio de su cargo, tendrán las mismas prohibiciones establecidas en esta Ley para el Auditor Superior.

Artículo 28.- Son causas de remoción de los Auditores Especiales y del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, además de las establecidas en esta Ley para el Auditor Superior, las siguientes:

I. Incumplir con las atribuciones propias de su cargo; y

II. Ausentarse por más de quince días naturales, sin contar con la licencia del Auditor Superior.

Los Auditores Especiales y el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos podrán ser removidos por la Comisión, a solicitud del Auditor Superior, previa garantía de audiencia que se desahogará conforme a las reglas establecidas en esta Ley.

Artículo 29.- El Organo Superior propondrá a la Comisión su proyecto de presupuesto anual, el cual será remitido por el Auditor Superior a más tardar el 15 de agosto de cada año, para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Legislativo.

TÍTULO TERCERO
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA NATURALEZA, OBJETO Y ATRIBUCIONES
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

Artículo 30.- La Comisión será el enlace entre la Legislatura y el Organo Superior, para coordinar, evaluar, vigilar y controlar las actividades del mismo.

Artículo 31.- Son facultades de la Comisión, las siguientes:

I. Evaluar los informes de resultados elaborados por el Organo Superior y participar en la formulación de los dictámenes para la calificación de las cuentas públicas del Estado y de los municipios, y turnarlos a la Legislatura para el trámite correspondiente;

II. Conocer y evaluar el cumplimiento del plan anual de actividades del Organo Superior;

III. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas del Organo Superior, así como fiscalizar, por sí o a través de servicios de auditoría externos, la debida aplicación de los recursos a cargo de ésta;

IV. Proporcionar a los Diputados integrantes de la Legislatura, la información que requieran del Organo Superior en un plazo no mayor de diez días hábiles;

V. Ordenar la práctica de auditorías especiales que no formen parte de los programas anuales de auditorías y determinar sus alcances;

VI. Citar, por conducto de su Presidente, al Auditor Superior para conocer en lo específico los informes de las revisiones practicadas;

VII. Proporcionar a los integrantes de la Legislatura del Estado, la información requerida por éstos, respecto de la integración, funcionamiento y ejercicio de atribuciones del Organo Superior, en un plazo no mayor a diez días hábiles;

VIII. Recibir a más tardar el 15 de agosto, el proyecto del presupuesto anual del Organo Superior;

IX. Recibir, a más tardar el 15 de marzo, el informe anual del presupuesto ejercido del Organo Superior, revisarlo y remitirlo a la Junta de Coordinación Política para los efectos legales conducentes;

X. Evaluar si el Organo Superior cumple con las funciones que conforme a la Constitución del Estado, esta Ley y el Reglamento le corresponden; y proveer lo necesario para garantizar su autonomía técnica y de gestión;

XI. Vigilar que el funcionamiento del Organo Superior y la conducta de sus servidores públicos se apeguen a lo dispuesto por esta Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables;

XII. Dictaminar y turnar a la Junta de Coordinación Política la solicitud de licencia o remoción del Auditor Superior, de acuerdo con la presente Ley;

XIII. Designar y remover a los Auditores Especiales y al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos a propuesta del Auditor Superior;

XIV. Vigilar que el monto y el período de las cauciones o garantías que deban otorgar los servidores públicos, se realice conforme a lo que establece la Ley y el Reglamento; y

XV. Las demás que establezca esta Ley.

TÍTULO CUARTO
DE LAS CUENTAS PÚBLICAS, SU REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Artículo 32.- El Gobernador del Estado, por conducto del titular de la dependencia competente, presentará a la Legislatura la cuenta pública del Gobierno del Estado del ejercicio fiscal inmediato anterior, a más tardar el quince de mayo de cada año.

Los Presidentes Municipales presentarán a la Legislatura las cuentas públicas anuales de sus respectivos municipios, del ejercicio fiscal inmediato anterior, dentro de los quince primeros días del mes de marzo de cada año; asimismo, los informes mensuales los deberán presentar dentro de los veinte días posteriores al término del mes correspondiente.

Artículo 33.- La Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración y las Tesorerías Municipales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, expedirán las bases y normas de carácter administrativo para la baja de documentos justificativos y comprobatorios para efecto de guarda o custodia de los que deban conservarse, microfilmarse o procesarse electrónicamente, sujetándose a las disposiciones legales establecidas en la materia.

Los microfilms y los archivos guardados mediante procesamiento electrónico a que se refiere el párrafo anterior, tendrán el valor que, en su caso, establezcan las disposiciones legales aplicables a las operaciones en que aquellos se apliquen.

Artículo 34.- El Organo Superior conservará en su poder las cuentas públicas del Estado y municipios de cada ejercicio fiscal y los informes de resultados de su revisión, en tanto no prescriban las responsabilidades derivadas de las irregularidades que se observen en las operaciones objeto de revisión. Asimismo, conservará las copias autógrafas de los pliegos que formulen y copias de los trámites que hubiere realizado ante las instancias competentes para la presentación de denuncias o querellas penales derivadas del ejercicio de sus funciones.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Artículo 35.- La revisión y fiscalización de las cuentas públicas tiene por objeto determinar:

I. Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados;

II. Si las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, se ajustan o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas;

III. El cumplimiento de los programas autorizados;

IV. Si los recursos provenientes del financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por la Ley y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos;

V. La gestión financiera de las entidades fiscalizables, en sus programas y procesos concluidos;

VI. Si la gestión financiera cumple con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales;

VII. Si se ajustan a la Ley la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos estatales y municipales, y los federales en términos de los convenios respectivos; los actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones que las entidades fiscalizables celebraron o realizaron; y

VIII. Las conductas que den lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas y, en su caso, a la imposición de sanciones.

Artículo 36.- Las cuentas públicas serán remitidas a la Legislatura y presentadas al Organo Superior por conducto de la Comisión, para su revisión y fiscalización superior en la forma y plazos establecidos por la Ley.

Artículo 37.- Respecto de los informes trimestrales, el Organo Superior auditará los conceptos reportados en ellos como procesos concluidos. Al efecto, el Organo Superior realizará observaciones, disponiendo las entidades fiscalizables de hasta cuarenta y cinco días hábiles para formular los comentarios que procedan.

Si transcurrido el plazo que como límite señala el párrafo precedente, la entidad fiscalizable, sin causa justificada, no presenta los comentarios respectivos el Auditor Superior impondrá la medida de apremio que estime conveniente.

Artículo 38.- Las observaciones a que se refiere el artículo anterior, deberán notificarse a las entidades fiscalizables dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que haya concluido la revisión de que se trate, con el propósito de que sus comentarios se integren al informe de resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente.

Artículo 39.- El Organo Superior, en ejercicio de sus atribuciones de fiscalización, podrá realizar visitas y auditorías en relación con el ejercicio fiscal sujeto a revisión, respecto de los procesos concluidos.

Artículo 40.- Calificada por la Legislatura la cuenta pública del Estado, cesa toda responsabilidad por parte del Gobernador respecto del contenido de la misma, subsistiendo en la que hayan incurrido los responsables directos del manejo de fondos y recursos que les resulte de la revisión de las cuentas parciales que cada uno haya rendido.

Artículo 41.- Cuando conforme a esta Ley y demás disposiciones legales aplicables, los órganos de control interno de las entidades fiscalizables deban colaborar con el Organo Superior en lo que concierne a la revisión de las cuentas públicas, deberá establecerse una coordinación entre ésta y aquellos, a fin de garantizar el intercambio de información que sea necesario y otorgar las facilidades que permitan al Organo de Superior de Fiscalización el ejercicio de sus funciones.

Artículo 42.- La información que proporcionen las entidades fiscalizables al Organo Superior, sólo será utilizada para el cumplimiento de las disposiciones previstas en esta Ley.

Artículo 43.- Las auditorías, visitas e inspecciones que se efectúen en los términos de este título, se practicarán por el personal expresamente comisionado por el Organo Superior, que estará formado por servidores públicos adscritos al Organo o por profesionistas independientes y auditores externos.

Artículo 44.- Las personas a que se refiere el artículo anterior, tendrán el carácter de representantes del Organo Superior en lo concerniente a la comisión conferida. Para tal efecto, deberán presentar previamente el oficio de comisión respectivo e identificarse plenamente como personal actuante del mismo.

Artículo 45.- Durante sus actuaciones, los comisionados que hubieren intervenido en las revisiones, deberán levantar acta circunstanciada, en presencia de dos testigos, en la que harán constar los hechos u omisiones que hubieren encontrado. Las actas, declaraciones, manifestaciones o hechos en ellas contenidos, harán prueba en los términos de Ley.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Artículo 46.- Sin perjuicio de las atribuciones que en materia de cuenta pública tienen conferidas los Presidentes Municipales, los municipios coordinarán sus acciones con el Organo Superior a través de sus Síndicos y Tesoreros.

Artículo 47.- Los Presidentes Municipales y los Síndicos estarán obligados a informar al Organo Superior, dentro de los quince primeros días del mes de enero de cada año, el presupuesto aprobado. Asimismo, deberán informar de las modificaciones al presupuesto, dentro de los cinco días siguientes a su aprobación.

Artículo 48.- Los informes mensuales y la cuenta pública de los municipios, deberán firmarse por el Presidente Municipal, él o los Síndicos según corresponda; el Tesorero y el Secretario del Ayuntamiento.

Quienes firmen la cuenta pública o el informe de que se trate y no estén de acuerdo con su contenido, tendrán derecho a asentar las observaciones que tengan respecto del documento en cuestión en el cuerpo del mismo, debiendo fundar y motivar cada una de ellas.

Artículo 49.- Los informes mensuales o la cuenta pública municipal, según corresponda, así como la documentación comprobatoria y justificativa que los ampare, quedarán a disposición de los sujetos obligados a firmarlos, para que puedan revisarlos y en su caso, anotar sus observaciones.

Los tesoreros municipales deberán notificar por escrito esta situación a los sujetos obligados a firmar dichos documentos y apercibirlos de que en caso de que no acudan a hacerlo, se tendrá por aceptada la documentación de que se trate en los términos señalados en el informe o cuenta pública respectiva.

Dichos documentos estarán disponibles en las oficinas de la Tesorería Municipal, cuando menos con cinco o con treinta días de anticipación a su presentación, según se trate de los informes o de la cuenta pública, respectivamente.

CAPÍTULO CUARTO
DEL INFORME DE RESULTADOS

Artículo 50.- El Organo Superior tendrá un plazo improrrogable que vence el 30 de junio del año en que se entreguen las cuentas públicas, para realizar su examen y rendir a la Legislatura, por conducto de la Comisión, el correspondiente informe de resultados, mismo que tendrá carácter público; mientras ello no suceda, el Organo Superior deberá guardar reserva de sus actuaciones e informaciones.

Artículo 51.- El informe a que se refiere el artículo anterior, deberá contener como mínimo lo siguiente:

I. El resultado de la revisión de la respectiva cuenta pública;

II. El apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, respecto de la consecución de sus objetivos y metas, así como de la satisfacción de las necesidades correspondientes;

III. Los resultados de la gestión financiera;

IV. La comprobación de que las entidades fiscalizadas, se ajustaron a lo dispuesto en las respectivas leyes de ingresos, presupuestos de egresos y en las demás normas aplicables en la materia;

V. En su caso, el análisis de las desviaciones presupuestales;

VI. Los comentarios de los auditados;

VII. Las irregularidades que se detecten en el uso y manejo de los recursos; y

VIII. Las observaciones y recomendaciones que se deriven de la revisión.

El informe de resultados deberá elaborarse considerando los principios de contabilidad gubernamental y las disposiciones legales aplicables.

Artículo 52.- El Organo Superior en el informe de resultados, dará cuenta a la Legislatura de los pliegos de observaciones que hubiere formulado, de las responsabilidades resarcitorias que hubiere fincado, así como de los procedimientos que las autoridades competentes hubieren iniciado para el fincamiento de responsabilidades y la imposición de sanciones.

TÍTULO QUINTO
DE LAS RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA ETAPA DE ACLARACIÓN

Artículo 53.- Si del ejercicio de las atribuciones de fiscalización del Organo Superior, se observa o determina alguna irregularidad que implique daño a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de las entidades fiscalizables, se deberá iniciar una etapa de aclaración en cualquier momento, previo al inicio del procedimiento resarcitorio.

La etapa de aclaración tiene como finalidad dar oportunidad a las entidades fiscalizables para solventar y aclarar el contenido de las observaciones o la determinación del daño y, en su caso, cubrir el monto a que ascienda y quede resarcido.

Artículo 54.- La etapa de aclaración se desarrollará de la siguiente manera:

I. El Auditor Superior o el Auditor Especial correspondiente, notificará el contenido de la observaciones o la determinación del daño y concederá a la entidad fiscalizable un plazo no menor de veinte días ni mayor a cuarenta y cinco días hábiles, para que las solvente o repare, y manifieste lo que a su interés convenga;

II. La entidad fiscalizable, dentro del plazo concedido, presentará los elementos que considere necesarios para justificar o aclarar las observaciones efectuadas, para acreditar la reparación o inexistencia del daño. En caso de no hacerlo, se entenderá que la entidad fiscalizable acepta en sus términos lo expuesto por el Organo Superior y éste procederá conforme a derecho;

III. Si el Organo Superior concluye que las observaciones han quedado debidamente solventadas o el daño reparado, dictará la determinación correspondiente, misma que notificará a la entidad fiscalizable; y


IV. Si el Organo Superior concluye que las observaciones no fueron debidamente solventadas o el daño reparado, iniciará o promoverá en su caso, el procedimiento resarcitorio.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 55.- Para los efectos de esta Ley incurren en responsabilidad resarcitoria:

I. Los servidores públicos o quienes hayan dejado de serlo o las personas físicas o jurídicas colectivas que reciban, administren o manejen recursos del erario, cuyos actos u omisiones causen daño y/o perjuicio a las haciendas públicas, o al patrimonio de las demás entidades fiscalizables, los cuales serán fijados en cantidad líquida;

II. Los servidores públicos de las entidades fiscalizables, o quienes hayan dejado de serlo, que omitan rendir sus informes acerca de la solventación de los pliegos preventivos formulados y remitidos por el Organo Superior, que no sean solventados dentro de los plazos correspondientes, o bien, la documentación y argumentos presentados no sean suficientes o procedentes para justificarlos, conforme a una valoración debidamente fundada y motivada que lleve a cabo el Organo Superior;

III. Los servidores públicos del Organo Superior, o quienes hayan dejado de serlo, cuando, con motivo de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas, no hubieren formulado las observaciones correspondientes, sobre las situaciones irregulares de las que tuvieron conocimiento; y

IV. Los servidores públicos de las entidades fiscalizables y del Organo Superior, o quienes hayan dejado de serlo, y los profesionistas independientes y auditores externos contratados que divulguen información, presenten datos falsos en informes y se causen daños y/o perjuicios estimables en cantidad líquida al Estado o municipios en sus haciendas públicas, o al patrimonio de las entidades fiscalizables.

Artículo 56.- Las responsabilidades resarcitorias derivadas de esta Ley, se fincarán independientemente de las que siendo de naturaleza diversa, procedan con base en otras leyes y de las sanciones de carácter penal que imponga la autoridad judicial.

Artículo 57.- Las responsabilidades resarcitorias que se finquen a los servidores públicos de las entidades fiscalizables y del Organo Superior, no eximen a éstos ni a las empresas privadas o a los particulares, de sus demás obligaciones, cuyo cumplimiento se les exigirá aún cuando dichas responsabilidades resarcitorias, se hubieren hecho efectivas total o parcialmente, procediéndose en los términos que al efecto señalen otros ordenamientos legales o la presente Ley.

Artículo 58.- El Organo Superior informará a las entidades fiscalizables, por conducto de sus áreas financieras, sobre los pliegos que hubiese formulado y las responsabilidades que haya fincado con base en esta Ley y el Reglamento, para los efectos contables y legales a que hubiere lugar.

Artículo 59.- El Organo Superior, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer de manera fundada y motivada, los medios de apremio siguientes:

I. Amonestación por escrito;

II. Multa de 10 a 100 días de salario mínimo vigente en el área geográfica en que labore el servidor público o tenga su residencia particular;

III. Auxilio de la fuerza pública; y

IV. Apercibimiento de que en caso de no cumplir, se hará acreedor al procedimiento administrativo disciplinario correspondiente, el cual procederá conforme a lo establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.

Artículo 60.- Además de lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, incurren en responsabilidad administrativa disciplinaria los servidores públicos que:

I. Omitan cumplir su obligación de informar al Organo Superior;

II. Se abstengan de fincar las responsabilidades resarcitorias que se hubieren detectado, sin causa justificada; y

III. Se abstengan de cumplir cualquiera de las obligaciones que esta Ley les impone.

Estas responsabilidades se fincarán y sancionarán, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.

CAPÍTULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO DE FINCAMIENTO DE
RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS

Artículo 61.- El fincamiento de las responsabilidades resarcitorias a que haya lugar con motivo de la aplicación de esta Ley, se substanciará con arreglo al procedimiento previsto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, salvo en lo que se refiere al plazo para resolver, que será de 30 días hábiles siguientes al desahogo de las pruebas.

Artículo 62.- Serán competentes para conocer y resolver los procedimientos resarcitorios originados con motivo de la aplicación de esta Ley, así como para fincar las responsabilidades resarcitorias correspondientes:

I. La Legislatura, por conducto del Organo Superior, cuando el presunto responsable sea servidor público de elección popular o se trate de titulares de organismos autónomos;

II. La Secretaría de la Contraloría, cuando el presunto responsable sea servidor público estatal; o siendo servidor público municipal, el daño se haya causado al erario del Estado o al patrimonio de algún organismo auxiliar estatal;

III. Los órganos de control interno de los poderes Legislativo, Judicial y de los organismos autónomos, según corresponda, cuando el presunto responsable sea servidor público de su adscripción; y

IV. Los presidentes municipales, con el auxilio de sus contralorías municipales, cuando el presunto responsable sea servidor público municipal, siempre y cuando no se trate de uno de elección popular.

Artículo 63.- Los responsables de tramitar y resolver los procedimientos resarcitorios que se originen con motivo de esta Ley, deberán informar mensualmente al Organo Superior de las acciones que hayan tomado y del avance de las mismas, respecto de los asuntos que dicho Organo les hubiere turnado.

En todos los casos, se deberá informar al Organo Superior lo siguiente:

I. Acuerdo de inicio de procedimiento;

II. Datos relativos a la garantía de audiencia;

III. Relación de las pruebas ofrecidas y desahogadas;

IV. Resolución dictada informando sobre su sentido y alcances; y

V. Fecha en que las resoluciones hubieren quedado firmes.

Artículo 64.- Las entidades fiscalizables, por conducto de sus áreas de recaudación, informarán al Organo Superior lo referente a las acciones que hayan tomado para la ejecución y cobro de los créditos fiscales derivados del fincamiento de responsabilidades administrativas resarcitorias.

Artículo 65.- La indemnización invariablemente deberá ser suficiente para cubrir los daños y/o perjuicios causados y se actualizará para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Artículo 66.- Independientemente de la información a que se refieren los artículos anteriores, las entidades fiscalizables deberán proporcionar al Organo Superior la información que éste les solicite, respecto de un asunto en particular de aquellos que le hubieren turnado, dentro de los diez días hábiles siguientes a que reciban la solicitud.

CAPÍTULO CUARTO
DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

Artículo 67.- En contra de los actos del Organo Superior y del fincamiento de responsabilidades resarcitorias que impongan las autoridades competentes, procederá recurso de revisión.

Artículo 68.- El recurso de revisión se presentará por escrito ante el Organo Superior o ante la autoridad que haya fincado la responsabilidad resarcitoria, dentro del plazo de 15 días hábiles, contando a partir de la fecha en que el afectado haya tenido conocimiento del acto o resolución que se impugne.

Artículo 69.- Con la interposición del recurso de revisión podrán suspenderse los actos o resoluciones impugnados, siempre que:

I. Lo solicite el recurrente y éste garantice, por cualquier medio, el monto de los posibles daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública estatal o municipal; y

II. Con la suspensión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

Artículo 70.- El escrito de recurso contendrá:

I. Nombre y domicilio del recurrente, en su caso, la persona o personas que éste autorice para recibir notificaciones;

II. Descripción del acto o resolución impugnado, autoridad que lo emitió y fecha en que se tuvo conocimiento del mismo;

III. Razones o motivos de la inconformidad;

IV. Señalamiento de las pruebas que en su caso se ofrezcan; y

V. Firma del recurrente, requisito sin el cual, no se dará trámite al recurso.

Al escrito del recurso, deberán acompañarse copia del escrito que contenga el acto o resolución impugnado, así como las pruebas documentales ofrecidas.

En materia de notificaciones y de pruebas, se aplicarán las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Administrativos.

Artículo 71.- El Organo Superior o la autoridad que conozca del recurso de revisión, resolverá en definitiva dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de interposición del recurso.

Artículo 72.- Las resoluciones que se dicten en materia del recurso de revisión no admitirán medio de defensa ordinario alguno.

Artículo 73.- En caso de responsabilidad penal el procedimiento se iniciará por denuncia de:

a) La Junta de Coordinación Política, a solicitud del Auditor Superior, en contra de servidores públicos de elección popular que se encuentren en funciones o hayan dejado de fungir como tales, así como de los demás servidores públicos referidos en el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;

b) El Auditor Superior contra los servidores públicos que no sean de elección popular o que hayan dejado de fungir como tales.

CAPÍTULO QUINTO DE LA PRESCRIPCIÓN

Artículo 74.- Las facultades del Organo Superior para fincar responsabilidades e imponer las sanciones a que se refiere este título, prescribirán en cinco años.

El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en la responsabilidad, o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo.

En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al iniciarse el procedimiento de responsabilidad resarcitorio establecido en esta Ley, o por cada trámite que el Organo Superior realice al ente fiscalizable sujeto a procedimiento.

Artículo 75.- Para el caso del procedimiento administrativo de ejecución, la prescripción será de cinco años. Cualquier gestión de cobro que haga la autoridad competente al responsable, interrumpe la prescripción, la que comenzará a computarse a partir de dicha gestión.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno". SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente en que la reforma constitucional cause sus efectos legales. TERCERO.- Se abroga la Ley Orgánica para la Contaduría General de Glosa del Poder Legislativo del Estado de México, publicada en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno el 15 de octubre de 1991.

CUARTO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo dispuesto en este decreto.

QUINTO.- Toda referencia a la Contaduría General de Glosa en las disposiciones legales o administrativas, contratos, convenios o actos, expedidas o celebrados con anterioridad a la vigencia del presente decreto, se entenderá hecha al Organo Superior de Fiscalización del Estado de México.

SEXTO.- Los procedimientos iniciados por la Contaduría General de Glosa, que se encuentren en trámite al entrar en vigor este ordenamiento, se resolverán por el Organo Superior de Fiscalización, conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica para la Contaduría General de Glosa del Poder Legislativo del Estado de México.

SÉPTIMO.- Dentro de un plazo, que no exceda de ciento veinte días naturales, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, la Legislatura del Estado designará al Auditor Superior del Estado de México. En tanto se nombra al Auditor Superior, dicha función será ejercida de manera provisional por el Contador General de Glosa de la Legislatura.

OCTAVO.- El Organo Superior de Fiscalización dentro del plazo que no exceda de ciento ochenta días naturales, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto, expedirá su Reglamento interior y lo someterá a la consideración de la Comisión de Vigilancia. NOVENO.- Las cuentas públicas del Estado y Municipios relativas al ejercicio fiscal de dos mil cuatro, serán revisadas, fiscalizadas y calificadas, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica para la Contaduría General de Glosa del Poder Legislativo del Estado de México y demás leyes en la materia aplicables.

DÉCIMO.- La H. Legislatura del Estado de México proveerá lo necesario para determinar el presupuesto necesario para la operación del Organo Superior de Fiscalización.

DÉCIMO PRIMERO.- Los Diputados integrantes de la Comisión de Inspección de la Contaduría General de Glosa pasarán a formar parte de la Comisión de Vigilancia de la Legislatura del Estado.


DÉCIMO SEGUNDO.- El personal que labora actualmente en la Contaduría General de Glosa quedará adscrito al Organo Superior de Fiscalización, quedando a salvo sus derechos laborales.

DÉCIMO TERCERO.- Los recursos financieros y materiales con que cuenta la Contaduría General de Glosa, así como los archivos, expedientes, documentos y papeles, pasarán al Organo Superior de Fiscalización, quedando destinados al cumplimiento de sus fines.