Comunicado de Prensa No. 2421

Toluca de Lerdo, México, 05 de noviembre de 2020

Fortalecer el combate a la violencia familiar contra personas mayores, plantea el PRD

  • Araceli Casasola llamó a eliminar prejuicios sobre las capacidades físicas y cognitivas de este sector poblacional.
Fortalecer el combate a la violencia familiar contra personas mayores, plantea el PRD

Al exponer que las personas mayores son discriminadas en múltiples formas, incluso en el seno familiar, y que en muchos casos desconocen sus derechos o no se animan a exigirlos, la diputada Araceli Casasola Salazar propuso incorporar en la Ley del Adulto Mayor el concepto de violencia familiar como "el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a los adultos mayores, dentro o fuera del domicilio familiar".

De acuerdo con la iniciativa, remitida a la Comisión para la Atención de Grupos Vulnerables, en la entidad persisten numerosos prejuicios en torno a las personas mayores. "Por ejemplo, según datos de la Encuesta Nacional de Envejecimiento 2015, se cree que son dependientes, menos productivas y menos capaces para resolver problemas, que tienen la memoria deteriorada, que muestran peor higiene que otras generaciones, que ya no aprenden, que se irritan con facilidad o que pierden el interés en las cosas conforme envejecen", acotó.

A nombre de la bancada del PRD, explicó que en el país se cuentan casi 12 y medio millones de personas adultas mayores de 60 años, de estos, 1.7 millones viven solas. "México se está haciendo viejo" y, "desafortunadamente, el entorno y contexto de la gente de la tercera edad en nuestro territorio no es favorable, y sí, estamos llegando a edades más avanzadas pero en condiciones muy deterioradas".

Para la legisladora, la familia está obligada a fomentar la convivencia cotidiana y evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento o violencia, así como cualquier acto jurídico que ponga en riesgo a las personas mayores, sus bienes y derechos.

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